Santa Marta y la encrucijada del fin de los combustibles fósiles: ¿cómo pagar la transición?

Santa Marta fue más que una reunión: fue un punto de inflexión simbólico. Por primera vez en décadas, gobiernos, comunidades indígenas, activistas y expertos financieros se sentaron deliberadamente a discutir no solo cuánto recortar emisiones, sino cómo reducir la producción global de combustibles fósiles y, sobre todo, quién pagará la factura de esa transformación.

Un cambio de foco: de la demanda a la oferta

Las cumbres climáticas tradicionales han girado históricamente en torno a metas de reducción de emisiones —es decir, la demanda—: cuánto contaminamos y con qué rapidez debemos bajar. En Santa Marta, la conversación avanzó un paso más: abordar la oferta de combustibles fósiles, el motor estructural detrás del calentamiento global.

Como señaló Tzeporah Berman, fundadora de la iniciativa por un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, “esta conferencia es, en 30 años de negociaciones climáticas, la primera vez que países se reúnen para hablar de cómo asegurar un fin de los combustibles fósiles”. Esa observación sintetiza la novedad del proceso: pasar de aspiraciones generales a preguntas concretas sobre cerrarlas canillas de petróleo, gas y carbón.

Financiación: el talón de Aquiles

Si había consenso en Santa Marta fue este: la financiación es la barrera más inmediata y difícil. Países del Sur Global, con altos costos de endeudamiento y acceso limitado a capitales, siguen invirtiendo en nuevos proyectos fósiles para sostener ingresos fiscales y servicio de deuda. Nick Robins, del World Resources Institute, lo expresó con claridad: “La financiación es clave; esto es un problema de inversión”.

La matemática detrás del problema es compleja: según el Banco Mundial, muchas economías en desarrollo destinan una proporción considerable de sus ingresos fiscales a deuda y subsidios energéticos, lo que limita su margen para inversiones en energías renovables y en la reconversión laboral que exige una transición justa (fuente: Banco Mundial, 2024, https://www.worldbank.org).

Además, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha documentado que, en buena parte del mundo, la energía renovable ya es competitiva en costes operativos respecto a los fósiles, pero las inversiones iniciales y el acceso al crédito siguen siendo un obstáculo. La conclusión es doble: la tecnología para sustituir combustibles fósiles existe, pero el dinero y las condiciones financieras no están alineadas para permitirlo de forma equitativa (fuente: IEA, 2023, https://www.iea.org).

Un nuevo tipo de coalición

Una de las virtudes del encuentro fue su heterogeneidad. No fue una cumbre únicamente de gobiernos; reunió a economías emisoras, naciones vulnerables, autoridades subnacionales, pueblos indígenas, jóvenes y sector privado. “Por primera vez se trae a estos grupos juntos como una comunidad con un objetivo compartido”, dijo Robins, subrayando el carácter inclusivo que muchos participantes consideran esencial.

La composición de la coalición —países exportadores y consumidores, ricos y vulnerables— es estratégica: sin un diálogo que incluya a quienes dependen económicamente de la extracción, cualquier plan de cierre masivo de yacimientos estaría condenado al fracaso político. Ese enfoque reconoce que la transición no es solo técnica, sino profundamente política y social.

Trabajo y justicia territorial: lo que no puede fallar

Una transición creíble debe integrar empleo, derechos y reparación. En Santa Marta se habló sobre políticas de reconversión laboral para trabajadores del sector fósil, fondos para revitalizar economías locales y protección de comunidades que históricamente han sufrido la contaminación y el despojo.

Patricia Suárez, asesora de una organización indígena amazónica, alertó sobre el riesgo de que los procesos institucionales marginen los saberes indígenas: “¿Cómo van a participar los pueblos indígenas en ese espacio? Somos quienes, desde nuestros territorios, sostenemos la vida”. Suárez enfatiza que una transición sin justicia territorial no será legítima ni sostenible.

De la diplomacia formal a la colaboración práctica

Participantes coincidieron en que el tono del encuentro fue distinto al de las sesiones formales de la ONU: más conversacional, menos anclado en posiciones rígidas. Mary Robinson, ex presidenta y figura del activismo por la justicia climática, destacó esa atmósfera colaborativa, apuntando que las discusiones parecían “más humanas” que las típicas negociaciones multilaterales.

El salto —dijo Robinson— debe ser de una declaración política a mecanismos concretos: instrumentos financieros específicos, garantías de crédito, condonación o reestructuración de deuda ligada a la transición, y mecanismos que reduzcan el riesgo para inversores en energías limpias en mercados emergentes.

Opciones de financiamiento que surgieron en el debate

1. Reestructuración y alivio de deuda condicionado: vincular alivio o reprogramación de deuda a objetivos de descarbonización y proyectos de energía renovable.
2. Instalación de garantías multilaterales: para reducir el riesgo percibido por inversores privados y bajar los costes de capital para proyectos limpios.
3. Fondos de transición justa: recursos dirigidos a formación laboral, reinversión regional y compensación ambiental en territorios afectados.
4. Mecanismos de compra de activos fósiles: esquemas en que países o coaliciones compren reservas y activos para retirarlos del mercado de forma ordenada.

La política importa: por qué esto puede chocar con intereses establecidos

La resistencia al abandono de los combustibles fósiles no es solo económica; es también geopolítica e institucional. Estados cuyos presupuestos dependen de exportaciones o regalías pueden ver un cierre prematuro como una amenaza mayor que el cambio climático. Además, sectores empresariales y cadenas de suministro consolidadas ponen presión sobre gobiernos para mantener la producción.

Por eso, las soluciones deben ofrecer alternativas viables y sostenibles: no se trata de imponer cierres abruptos, sino de diseñar caminos con plazos, apoyo financiero y medidas sociales que mitiguen impactos. Sin ese andamiaje, la reacción política puede revertir cualquier avance.

¿Qué sigue después de Santa Marta?

Los organizadores anunciaron que la próxima reunión se celebrará en Tuvalu, coorganizada con Irlanda. Esa elección simboliza la necesidad de unir voces de países extremadamente vulnerables al aumento del nivel del mar con aliados de economías desarrolladas dispuestos a poner recursos y liderazgo diplomático sobre la mesa.

El desafío práctico es convertir la diplomacia emergente en instrumentos ejecutables: acuerdos sobre financiamiento, plazos y gobernanza de los mecanismos anunciados en Santa Marta. Sin concreciones, el momentum político corre el riesgo de desvanecerse.

Una oportunidad histórica con riesgos y responsabilidades

Santa Marta abrió una ventana crítica: por primera vez, una conversación global organizada y explícita sobre la reducción de la oferta de combustibles fósiles está en marcha. Sin embargo, la transición confiable, justa y duradera exige recursos, voluntad política y atención a comunidades vulnerables.

Como recordó una y otra vez el debate, la tecnología está disponible; la política financiera y la equidad son el verdadero reto. Si los países logran coordinar alivio de deuda, garantías de inversión y fondos de transición, la transición puede acelerarse sin desestabilizar economías ni dejar atrás a las personas más afectadas. Si no, más acuerdos sobre emisiones se quedarán en buenas intenciones.

Fuentes y referencias:

• Datos sobre competitividad de las energías renovables: Agencia Internacional de la Energía (IEA), https://www.iea.org
• Información sobre finanzas públicas y deuda en países en desarrollo: Banco Mundial, https://www.worldbank.org
• Declaraciones de participantes y organizadores del encuentro en Santa Marta (septiembre‑abril 2026, reuniones internacionales sobre transición de combustibles fósiles).