Cuando llamar al 911 no es suficiente: la crisis de salud mental y la respuesta policial en Michigan

En los últimos años Michigan ha vivido con crudeza el choque entre problemas de salud mental y un sistema de respuesta de emergencia diseñado para situaciones que muchas veces no encajan con la complejidad clínica. Historias como la de la familia Piersing —que llamó al 911 en busca de ayuda para su hijo en plena crisis y terminó con un proceso penal— evidencian fallos sistémicos que van desde la falta de coordinación hasta recursos insuficientes para ofrecer alternativas a la detención o la violencia en la intervención.

El problema en números y por qué importa

Según datos estatales citados en reportes recientes, casi 12,5 millones de llamadas al 911 se registraron en Michigan en 2024. Aunque las estadísticas oficiales no clasifican con precisión cuántas de esas llamadas estuvieron relacionadas con emergencias de salud mental, estimaciones de investigadores sitúan en al menos el 10% la proporción de llamadas vinculadas a crisis conductuales. En la ciudad de Detroit, la policía respondió a más de 16.000 llamadas relacionadas con salud mental en 2024 —un promedio aproximado de 40 llamadas por día— lo que da una idea de la presión que recae sobre los servicios de seguridad pública y salud comunitaria.

Ese volumen tiene consecuencias: cuando agentes de policía son los primeros y a veces únicos llamados a intervenir en crisis mentales, aumenta el riesgo de resultados adversos para la persona en crisis y para los propios agentes. Además, la experiencia de quienes pasan por estos procesos —familias desesperadas, afectados y profesionales clínicos— muestra que la criminalización de conductas asociadas con padecimientos psiquiátricos es frecuente y costosa, en términos personales y presupuestarios.

Modelos alternativos: co-respuesta y equipos de intervención en crisis

Ante este escenario, varios condados y ciudades de Michigan han puesto en marcha alternativas. Un modelo repetido es el de la co-respuesta: equipos formados por agentes policiales capacitados junto con especialistas en salud mental que acuden juntos a las llamadas. Detroit, por ejemplo, ha desarrollado una unidad de co-respuesta que empareja oficiales con personal conductual para mejorar la atención en el lugar y reducir la necesidad de arrestos o uso de fuerza. Otras comunidades (Washtenaw, Oakland, Ottawa) han adoptado líneas de ayuda locales gestionadas por autoridades de salud mental o equipos de intervención especializados.

Los equipos de intervención en crisis (CIT, por sus siglas en inglés) son otra estrategia respaldada por evidencia: consisten en entrenamientos intensivos —normalmente 40 horas presenciales— que capacitan a policías y otros primeros intervinientes en reconocer trastornos mentales, técnicas de desescalada y recursos de derivación. Estudios y experiencias locales muestran que los lugares que adoptan el modelo CIT experimentan mayores derivaciones a servicios de salud mental, reducción en el uso de la fuerza y en las lesiones tanto de civiles como de oficiales.

Capacitación sí, pero no como solución mágica

No obstante, la capacitación no garantiza resultados consistentes. Hay ejemplos angustiosos: en algunos casos, incluso equipos con certificación CIT han estado involucrados en incidentes letales o en intervenciones cuestionadas por la comunidad. Como lo explicó Matt Saxton, director ejecutivo de la Michigan Sheriffs' Association, la realidad tras décadas de cierre de hospitales psiquiátricos estatales es que la policía se encuentra cada vez más en la primera línea de estas crisis, a menudo sin recursos clínicos inmediatos: "Law enforcement, to a great extent, tries everything that they can do to use the least amount of force necessary and try to de-escalate the situations", dijo Saxton en entrevistas públicas citadas por medios locales.

Asimismo, el efecto de la capacitación depende de factores estructurales: disponibilidad de servicios comunitarios, posibilidad de derivación a camas hospitalarias o programas ambulatorios y la continuidad del financiamiento. Un ejemplo crítico es la oficina estatal creada para apoyar la formación y la implementación de equipos de crisis, que opera con un presupuesto de 500.000 dólares y cuya continuidad depende de la aprobación presupuestaria posterior a octubre. Kevin Fischer, director ejecutivo de la oficina estatal de CIT y de NAMI Michigan, ha advertido: “A half million dollars is a drop in the bucket compared to the return on investment... It’s anywhere from three to 10 times more expensive to incarcerate a person with a mental illness than it is to get them services through the community mental health system" (Bridge Michigan).

Brechas en alcance y equidad: la realidad rural vs. urbana

Las iniciativas piloto y las unidades de co-respuesta tienden a concentrarse en áreas urbanas donde existe mayor disponibilidad de especialistas en salud mental y mayores recursos. En comunidades rurales o condados pequeños, la adopción de modelos alternativos es mucho más difícil: la falta de personal, la dispersión geográfica y los presupuestos limitados complican la contratación de clínicos que acompañen a las patrullas.

En el caso de Ottawa County, por ejemplo, existe desde 2021 un equipo de intervención y un programa de co-respuesta operativo durante horario laboral que atiende entre 1.200 y 1.500 llamadas anuales en ese período. Sin embargo, estimaciones basadas en promedios nacionales sugieren que el volumen real de llamadas que podrían beneficiarse de respuesta conductual asciende a entre 10.000 y 20.000 al año si se contara con cobertura 24/7 y recursos suficientes. Expansión, no parches: esa es la demanda de gestores locales que intentan convertir iniciativas puntuales en servicios confiables para la población.

La importancia de la intervención temprana

Expertos y jueces jubilados que han trabajado en el sistema proponen como prioridad la intervención temprana y la coordinación entre todos los actores que entran en contacto con personas con trastornos mentales: hospitales, servicios de emergencias, policías, tribunales, equipos comunitarios y escuelas. Milton Mack, exjuez de la corte de sucesiones del condado de Wayne, lo sintetiza con dureza: “We should treat people before they become homeless, before they get incarcerated, before they become permanently disabled” (Bridge Michigan). La lógica es que las medidas preventivas y la atención ambulatoria oportuna reducen la frecuencia de crisis agudas y la necesidad de respuestas policiales.

En la práctica, esa intervención temprana requiere cambios legislativos y administrativos: simplificación de criterios para ingreso voluntario o involuntario en programas de salud mental, mayor financiación para tratamiento ambulatorio, expansión de tribunales de salud mental y programas de desvío. Algunos proyectos de ley presentados en el Capitolio estatal buscan precisamente facilitar el acceso a tratamiento fuera del proceso penal y extender la autoridad de las agencias de salud comunitaria para intervenir antes de que la situación escale.

Desafíos y vías de mejora

1. Financiamiento sostenible: pasar de proyectos pilotos vulnerables al corte presupuestario a programas con financiamiento pluriannual que permitan ampliar cobertura. Los defensores calculan que cada dólar invertido en salud mental comunitaria puede ahorrar varios en costos carcelarios y hospitalarios.
2. Coordinación interinstitucional: establecer protocolos claros entre 911, servicios de salud, policías y urgencias hospitalarias para que las respuestas sean consistentes y centradas en la recuperación, no en la contención punitiva.
3. Expansión de co-respuesta y alternativas no policiales: donde sea viable, promover equipos mixtos y líneas telefónicas gestionadas por clínicos; en áreas rurales, habilitar telepsiquiatría y herramientas móviles que conecten a oficiales con especialistas en tiempo real.
4. Capacitación basada en evidencia y evaluación: formar a los primeros intervinientes con modelos probados, pero también auditar y evaluar su implementación para asegurar adherencia a buenas prácticas.
5. Enfoque en desvío y recuperación: fortalecer tribunales de salud mental y programas de desvío para que la respuesta penal no sea la primera ni la única opción.

Historias que muestran la urgencia

La familia Piersing relató cómo una llamada para ayudar a su hijo en crisis terminó con una pelea, un taser y cargos penales. Tras años de intentar acceder a servicios, la experiencia les dejó desconfianza: “If this is their help, yeah, I don’t want it,” dijo Bill Piersing en declaraciones recogidas por medios locales. Historias como esa no son excepciones aisladas; reflejan la realidad de familias que, ante la falta de opciones, recurren al 911 y terminan en un circuito que a menudo no resuelve la causa raíz del problema.

En definitiva, Michigan enfrenta una encrucijada: mantener un sistema cuya primera respuesta a las crisis mentales suele ser policial, con todas sus limitaciones, o invertir de forma decidida en alternativas que prioricen la salud, la seguridad y la recuperación. Los ejemplos de co-respuesta y de equipos de intervención que funcionan muestran que hay caminos viables, pero convertirlos en norma exige voluntad política, recursos y una visión que ponga la salud mental en el centro de la política pública.