Fort Bliss y la carrera por centros de datos: ¿qué significa para El Paso y la seguridad nacional?

El anuncio de un posible centro de datos de 3 gigavatios en Fort Bliss ha puesto a la región de El Paso en el centro de una discusión que mezcla seguridad nacional, desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y preocupaciones comunitarias. La propuesta —promovida como parte de una iniciativa del Departamento del Ejército para ampliar la infraestructura que soporta la inteligencia artificial (IA) en entornos militares— plantea preguntas difíciles sobre electricidad, agua, emisiones y la gobernanza local frente a proyectos estratégicos de alcance nacional.

Un proyecto gigante con objetivos militares y civiles

En esencia, la idea es que Carlyle Group —una firma de inversión global— financie y opere un complejo de centros de datos en terrenos de Fort Bliss bajo un contrato de tipo “enhanced use lease” (arrendamiento de uso mejorado). El Ejército tendría acceso a una porción segura de la instalación para alojar cargas sensibles y apoyar aplicaciones de IA que van desde el procesamiento de inteligencia hasta la gestión logística, mientras que la mayor parte de la capacidad se usaría con fines comerciales.

Funcionarios del Ejército han señalado que la creciente capacidad de cómputo es “estratégica”: “El estado de la guerra moderna y la guerra futura dependerá en gran medida de la capacidad para capturar, procesar y utilizar cantidades masivas de datos”, dijo David Fitzgerald, subsecretario adjunto del Ejército, durante reuniones con la prensa. Esa es la lógica que impulsa la prisa por construir infraestructura especializada en instalaciones militares.

La magnitud eléctrica y por qué preocupa

Uno de los elementos más controvertidos es la demanda energética proyectada: 3 gigavatios (GW) para el complejo en Fort Bliss. Para ponerlo en contexto, la red de El Paso Electric cuenta con una capacidad instalada total que se ha reportado en torno a 2.9 GW, y la demanda máxima histórica registrada superó los 2.3 GW durante el verano de 2023. Si la estimación de 3 GW se confirma, el nuevo centro por sí solo requeriría más energía que la capacidad total actual de la red regional, lo que plantea interrogantes sobre quién produciría esa energía y cómo se integraría (o aislaría) del sistema existente.

Los dirigentes militares han mencionado que la generación mediante turbinas de gas de ciclo combinado es “la opción más probable”. Sin embargo, esa alternativa tiene implicaciones ambientales claras: grandes emisiones de CO2 y contaminantes locales (óxidos de nitrógeno, material particulado), además del debate sobre la sostenibilidad de agregar cientos o miles de megavatios de generación fósil en una región ya afectada por la calidad del aire.

¿Agua para enfriar servidores? El dilema del acuífero

Los centros de datos requieren refrigeración masiva. En zonas áridas como El Paso, eso significa preguntar de dónde vendrá el agua. Fort Bliss obtiene la mayor parte de su agua de pozos dentro de la propia instalación; no obstante, los documentos del proyecto reconocen que el “riesgo hídrico” para El Paso es “extremadamente alto” y que el acuífero Hueco Bolson —fuente principal regional— ya sufre presión por extracción.

Fitzgerald ha afirmado que el Ejército aspira a que la instalación sea “water neutral” (neutral en consumo de agua), pero no se han presentado detalles concretos sobre cómo se llegaría a esa neutralidad. Se ha mencionado la planta de desalinización Kay Bailey Hutchison, coadministrada por El Paso Water y el Ejército, como una posible herramienta para compensar usos, pero las autoridades locales han indicado que no hay definiciones ni compromisos claros aún.

Impacto local y participación comunitaria

Una de las críticas recurrentes entre residentes y líderes locales es que las decisiones se toman con rapidez y sin suficiente diálogo. “¿Están los elpasoenses de acuerdo con la rápida construcción de otro centro de datos aquí?” fue la pregunta que sintetiza la inquietud ciudadana. En reuniones comunitarias, representantes de Carlyle no siempre han proporcionado respuestas detalladas, lo que alimenta desconfianzas sobre efectos en salud pública, calidad del aire y recursos hídricos.

El Ejército ha intentado minimizar el conflicto: la intención declarada es colaborar con autoridades municipales y estatales para encontrar “puntos en común” que beneficien tanto a la base como a la comunidad circundante. Pero muchas de las decisiones clave (conexiones eléctricas, permisos ambientales, contratos de agua) aún están en revisión, y el cronograma planteado por la propia administración militar es estrecho: operación inicial objetivo para finales de 2027, lo que implicaría comenzar construcción en un plazo relativamente corto.

¿Quién paga y quién gana? Aspectos fiscales y económicos

El arreglo financiero propuesto —un socio privado que financia y opera en territorio militar mediante un arrendamiento— complicará la respuesta sobre impuestos. La tierra en instalaciones federales no está sujeta a impuestos estatales o locales, pero la ley permite que la propiedad edificada por un arrendatario bajo este tipo de contratos pueda ser gravada por gobiernos locales. En la práctica, si Carlyle construye y mantiene la propiedad, podría resultar en pagos fiscales; si la estructura se diseña para que el Ejército sea propietario de los edificios, la carga podría evitarse.

Para Carlyle la apuesta no es menor: es una firma con cientos de miles de millones de dólares bajo gestión, y los centros de datos son activos con flujos de ingresos estables cuando están bien ubicados y protegidos. Para El Paso, la promesa de empleo, inversiones y desarrollo de infraestructura puede ser atractiva, pero la comunidad exige claridad sobre mitigaciones ambientales y beneficios locales reales.

El impulso nacional por infraestructura de IA

El proyecto de Fort Bliss no es único: responde a una política federal más amplia que busca acelerar la construcción de infraestructuras de IA en terrenos militares y en zonas seleccionadas del país. Propuestas similares han aparecido en otras bases como Dugway (Utah) y se han anunciado solicitudes de propuestas para terrenos en Fort Hood, Fort Bragg y varias ubicaciones de la Fuerza Aérea. La lógica estratégica es que las instalaciones militares ofrecen seguridad física y control que las empresas comerciales valoran para cargas de datos sensibles.

El argumento de seguridad también incluye la necesidad de proteger datos críticos —desde operaciones de combate hasta bases de datos administrativas— en servidores con niveles rigurosos de ciberseguridad. “Los centros de datos son partes esenciales de la proyección de poder”, dijo el comandante general de la 1.ª División Blindada, Maj. Gen. Curtis Taylor, subrayando la dimensión estratégica del proyecto.

Retos regulatorios y ambientales por delante

Antes de que la maquinaria de construcción arranque, el plan deberá superar revisiones ambientales federales y cumplir con requisitos regulatorios sobre emisiones, uso del agua y manejo de residuos. También habrá que definir si la energía provendrá de la red regional (lo que exigiría inversiones en generación y transmisión) o de fuentes aisladas construidas por desarrolladores privados. Cada alternativa acarrea implicaciones distintas para emisiones, costos y control operativo.

Además, el debate público sobre la sostenibilidad y la transición energética añade presión: la ciudadanía y grupos ambientales exigirán que proyectos de esta magnitud incorporen mejores prácticas, mitigaciones y planes claros para reducir su huella de carbono y proteger recursos hídricos limitados.

Qué observar en los próximos meses

1. Decisiones sobre la fuente de energía: si se opta por turbinas de gas, generación aislada u otra alternativa.
2. Compromisos formales sobre agua: ¿habrá garantías de neutralidad hídrica verificables?
3. Estructura fiscal y de propiedad: cómo se diseña la titularidad y qué obligaciones tributarias surgirán.
4. Transparencia en la negociación con Carlyle y cronogramas de construcción que permitarán una participación pública real.

Fort Bliss podría convertirse en un nodo crucial de la infraestructura de IA estadounidense, pero su éxito dependerá tanto de los criterios técnicos y de seguridad como de la capacidad de los responsables de integrar soluciones ambientales, rendición de cuentas y beneficios comunitarios. Si el proyecto avanza sin respuestas claras a las preguntas sobre electricidad, agua y emisiones, la tensión entre prioridades nacionales y protección del entorno local probablemente crecerá.

Este es un momento decisivo: la región y sus gobernantes enfrentan la oportunidad de articular condiciones que permitan aprovechar inversiones estratégicas sin sacrificar recursos ni legitimidad social.