La caída de SNAP en Estados Unidos: políticas, números y la realidad detrás del descenso

En el último año se produjo una de las mayores reducciones recientes en la participación del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos: cerca de 4.3 millones de personas dejaron de figurar como beneficiarias entre enero de 2025 y enero de 2026. A simple vista, algunos responsables políticos han atribuido ese descenso a mejoras económicas y a la supuesta eliminación de fraude. Sin embargo, una mirada más atenta muestra que las modificaciones legislativas y administrativas —en particular las incluidas en la ley conocida como H.R. 1 o “One Big Beautiful Bill Act”— son el factor dominante detrás del cambio.

Un desplome numérico y su cronología

En enero de 2025, poco después de la asunción del presidente, el total de participantes en SNAP rondaba los 42.83 millones. Para enero de 2026 esa cifra se había reducido hasta aproximadamente 38.55 millones: una caída cercana al 10% en un año. Según los datos preliminares publicados por el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), la mayor parte de la disminución ocurrió en la segunda mitad de 2025, tras la promulgación de H.R. 1 en julio.

Desglosado por periodos: entre enero y junio de 2025 la reducción fue de alrededor de 743,572 personas; entre julio de 2025 y enero de 2026 el descenso ascendió a unos 3.47 millones. Esa concentración temporal es una primera señal de que algo más que simples tendencias económicas estaba empujando la participación a la baja.

¿Qué cambió con H.R. 1 y por qué importa?

H.R. 1 introdujo una batería de cambios en los requisitos de elegibilidad y en las exenciones de trabajo para SNAP. Entre los más relevantes:

• Endurecimiento de los requisitos de trabajo para los adultos aptos sin dependientes: ahora deben trabajar o participar en un programa laboral al menos 80 horas al mes para conservar el beneficio.
• Aumento de la edad límite para exenciones: la excepción que antes aplicaba a adultos aptos mayores de 54 años se elevó hasta los 64 años, lo que deja fuera a un segmento importante de personas mayores sin dependientes.
• Reducción de la edad de los hijos que permiten la exención: pasó de 18 a 14 años, de modo que menos padres califican para exenciones por cuidado de menores.
• Eliminación o restricción de exenciones para veteranos, personas sin hogar y antiguos menores en hogares de acogida.
• Limitaciones a la elegibilidad de ciertos inmigrantes y cambios administrativos que dificultan el acceso.

Los expertos alertaron desde el principio que estas modificaciones no solo endurecerían el acceso sino que provocarían bajas por no cumplimiento administrativo (lo que se conoce como "procedural churn") y por salida efectiva de los listados aunque la necesidad alimentaria siguiera presente.

¿Y el fraude? ¿puede explicar la caída?

Una narrativa oficial señaló que parte del descenso se debía a la detección y eliminación de fraude en el sistema. No obstante, los datos disponibles muestran que el fraude es, comparativamente, un fenómeno marginal dentro de SNAP. En el año fiscal 2023 fueron descalificados por fraude 41,476 participantes de un total de más de 42 millones: menos del 1% del total. Por tanto, incluso una depuración completa de los casos por fraude no puede explicar una pérdida de 4.3 millones de beneficiarios.

Como señaló la investigadora Caitlin Caspi, asociada de la Universidad de Connecticut: “No veo evidencia que respalde una reducción significativa del fraude como motor del descenso en la participación de SNAP” (University of Connecticut, declaración pública citada en reportes de prensa).

Economía y precios: ¿una mejora real para todos?

Otro argumento frecuente es que la mejora de la economía hizo innecesaria la ayuda para millones de hogares. Si bien algunos indicadores macroeconómicos muestran mejoría —el crecimiento del PIB recuperó impulso tras una primera mitad de 2025 difícil, y en marzo la subida salarial anual fue de 3.4% frente a una inflación anual del 3.3%—, esos promedios esconden enormes desigualdades. Los beneficios de la recuperación se concentraron en los tramos de ingresos más altos, mientras que los hogares de bajos ingresos enfrentaron alzas importantes en precios, sobre todo de alimentos.

En 2025, los precios de los alimentos subieron 3.1% y se proyectó un aumento adicional cercano al 2.9% en 2026. Para muchas familias de recursos limitados, esos incrementos erosionan cualquier ganancia nominal en salarios. Kate Bauer, de la Universidad de Michigan, lo resuma así: “Tenemos un problema persistente de pobreza y enormes disparidades económicas; aun en tiempos favorables, muchas familias no salen de la inseguridad” (University of Michigan, entrevista).

Impactos y consecuencias reales

Los cambios en SNAP no solo reducen números; afectan cotidianeidad y salud pública. La inseguridad alimentaria se asocia con peores resultados de salud, mayor hospitalización, dificultades de aprendizaje en niños y mayores costos a largo plazo para los sistemas sanitarios y sociales. Programas como SNAP ejercen un efecto amortiguador en crisis económicas y son un componente central de la red de seguridad social estadounidense.

Adicionalmente, las modificaciones que aumentan las exigencias laborales —sin invertir en creación de empleos locales, formación profesional o servicios de cuidado infantil— corren el riesgo de penalizar a quienes viven en comunidades con escasez de empleos de tiempo parcial y sin flexibilidad. Como señaló la nutricionista Kate Bauer, “no puedes exigir 80 horas al mes a personas que no encuentran trabajos disponibles en su entorno o que carecen de las competencias requeridas” (declaración pública, University of Michigan).

Proyecciones y evidencia previa

Las estimaciones previas ya advertían el alcance del impacto. El Congressional Budget Office (CBO) proyectó en agosto de 2025 que las disposiciones de H.R. 1 reducirían la participación en SNAP en aproximadamente 2.4 millones de personas en un mes promedio durante el periodo 2025-2034. Esa cifra —una estimación técnica basada en supuestos de comportamiento y de implementación— ya anticipaba una caída sustancial; lo que finalmente se observó en los datos reales fue incluso mayor, por la combinación de cambios y de medidas administrativas aplicadas con rapidez.

¿Qué dicen los expertos sobre soluciones?

Analistas y académicos coinciden en varios puntos de diagnóstico y en propuestas para mitigar daños:

• Mejorar la comunicación y la asistencia en los procesos para evitar expulsiones por razones administrativas: muchas bajas ocurren porque los beneficiarios no reciben o no comprenden la documentación necesaria.
• Combinar requerimientos laborales con inversión en capacitación, servicios de intermediación laboral y cuidado infantil, de modo que cumplir las horas exigidas sea viable.
• Monitorear de forma granular el impacto por condado y por demografía para ajustar políticas y evitar que grupos vulnerables queden desprotegidos.
• Evaluar programas piloto que vinculen incentivos al empleo con apoyo alimentario temporal para transiciones hacia la estabilidad laboral.

Reflexión final: política pública y bienestar

La rápida reducción de beneficiarios de SNAP en 2025-2026 es, ante todo, un recordatorio de que las decisiones legislativas y administrativas moldean, de forma inmediata, el acceso a redes de protección social. Atribuir simplistamente la caída a una “mejor economía” o a la “corrupción de beneficiarios” no explica la evidencia: los cambios normativos —diseñados sin suficientes medidas complementarias para facilitar la adaptación de hogares vulnerables— son los principales motores.

Si la sociedad estadounidense aspira a reducir la inseguridad alimentaria de manera sostenible, será imprescindible combinar criterios de responsabilidad fiscal con políticas que reconozcan las barreras estructurales al empleo y que protejan la salud y el desarrollo de los más vulnerables. De lo contrario, las cifras podrían seguir bajando, mientras que la necesidad alimentaria real permanece —y se traduce en peores resultados de salud, mayor inequidad y costos sociales a largo plazo.

Fuentes citadas: datos preliminares del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA); proyección del Congressional Budget Office (CBO), agosto de 2025; cifras de descalificaciones por fraude en SNAP, año fiscal 2023; declaraciones de investigadores universitarios citadas en informes periodísticos y análisis públicos.