La nueva era del gerrymandering: cómo la anulación parcial de la Ley de Derechos Electorales reabre la guerra por los distritos

El fallo del Tribunal Supremo en Louisiana v. Callais ha desatado una reacción en cadena en la política estadounidense: gobernadores republicanos convocan sesiones especiales, estados del sur estudian borrar distritos mayoritariamente negros y las reglas que limitaban —aunque de forma imperfecta— la manipulación partidista de los mapas electorales parecen desmoronarse. Lo que se presenta como una disputa técnica sobre líneas en un mapa no es un asunto menor: es, en realidad, una redefinición de quién tiene voz y poder político en comunidades enteras.

¿Qué cambió y por qué importa?

La Ley de Derechos Electorales (Voting Rights Act) había sido durante décadas una de las herramientas federales más importantes para proteger que las minorías raciales pudieran elegir representantes que reflejaran sus preferencias. Con la decisión del Tribunal Supremo —en la que la mayoría conservadora sostuvo que ciertas configuraciones de distritos estaban excesivamente basadas en la raza— quedó debilitado un requisito práctico que obligaba a dibujar distritos donde las minorías, cuando existía un patrón claro de voto racialmente polarizado, tuvieran la oportunidad de elegir a su candidato preferido.

El resultado inmediato: legislaturas controladas por republicanos, como las de Tennessee y Alabama, se apresuraron a convocar sesiones especiales con la intención explícita de redibujar distritos y eliminar asientos representados por demócratas, muchos de ellos en distritos mayoritariamente negros. El presidente Donald Trump alentó la maniobra, afirmando en redes sociales que su partido podría ganar hasta 20 escaños con nuevos mapas.

Gerrymandering: el arma antigua con nueva potencia

El gerrymandering —el diseño de distritos para favorecer a un partido o grupo— es tan antiguo como la propia república. Desde principios de la historia estadounidense, legisladores han manipulado líneas para consolidar poder. Sin embargo, las últimas décadas introdujeron frenos jurídicos y normas informales que mitigaban su uso extremo: comisiones independientes en algunos estados, intervención judicial en otros y las protecciones de la Ley de Derechos Electorales en casos de discriminación racial.

Con esas barreras debilitadas, expertos advierten que el resultado puede ser un “juego absoluto” de poder. Rick Hasen, profesor de Derecho en UCLA, lo resumió: la ausencia de límites claros abre la puerta a que el gerrymandering partidista prospere sin control.

Consecuencias prácticas: qué puede cambiar en los próximos ciclos

• Redistribución de escaños: En estados donde hay distritos mayoritariamente negros o de otras minorías, los legisladores podrían fragmentarlos y redistribuir a sus votantes entre distritos dominados por la otra parte, reduciendo así la posibilidad de que elegiesen a representantes de su preferencia.
• Polarización ampliada: Los distritos «seguros» aumentan, los incentivos para negociar disminuyen y la política se endurece hacia extremos. Un académico citado en el debate afirmó que “es difícil saber dónde termina esto” porque las instituciones que antes moderaban la contienda están debilitadas.
• Busca de represalias: Los demócratas han amenazado con redibujar mapas en estados que controlan —por ejemplo, Nueva York o Illinois— como respuesta, lo que podría desencadenar una espiral de represalias entre estados.

El caso de Tennessee y Alabama: ejemplos inmediatos

En Tennessee, la bancada republicana anunció una sesión especial para deshacer el único distrito congresional controlado por demócratas, centrado en Memphis y con mayoría negra. En Alabama, la estrategia es similar: los líderes estatales buscan revertir mapas impuestos por jueces federales, que habían ordenado la creación de un segundo distrito con una población significativa de votantes negros.

Estas maniobras no sólo son tácticas partidistas: se proponen antes de elecciones cruciales, lo que desencadena demandas por “conveniencia administrativa” y tensiones legales sobre si es constitucional cambiar las reglas electorales tan cerca de una votación. Como dijo la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, en defensa de la convocación: “Alabama conoce mejor a su pueblo y sus distritos”. Sus críticos, sin embargo, lo califican como un intento abierto de eliminar escaños representados por demócratas negros.

Aspectos legales y política judicial

La vida del gerrymandering partidista se desarrolla hoy en gran medida dentro de los tribunales. Desde la decisión de 2019 que limitó la capacidad de los tribunales federales para frenar el gerrymandering partidista, hasta la más reciente en Louisiana, las repuestas judiciales han sido mixtas. Académicos como Jonathan Cervas (Carnegie Mellon) insisten en que la democracia estadounidense se fundó en “la idea de la regla de la mayoría con derechos de las minorías”; sin límites, dijo Cervas, “no tenemos realmente elecciones”.

La pregunta central para jueces y abogados será: ¿dónde trazar la línea entre el uso legítimo de criterios como la contigüidad, la comunidad de interés y la integridad municipal, y la manipulación deliberada que diluye la representación de minorías raciales o de opinión política distinta?

Datos y antecedentes históricos

Algunas cifras y antecedentes ayudan a dimensionar el problema:

• Después del ciclo de redistritación posterior a 2010, el control republicano de muchas legislaturas estatales permitió a la GOP diseñar mapas que consolidaron su ventaja en la Cámara de Representantes durante gran parte de la década siguiente. Investigaciones del Brennan Center for Justice documentan cómo las manipulaciones de mapas pueden producir discrepancias sostenidas entre el voto popular y la distribución de escaños.
• La Ley de Derechos Electorales (1965) supuso un cambio decisivo: instauró supervisión federal sobre prácticas que discriminaban a votantes por su raza. Decisiones judiciales posteriores y la propia sección 2 de la ley fueron instrumentos para crear o mantener distritos donde las minorías pudieran elegir representantes preferidos.
• Tras la decisión en Louisiana, se estima que más de una decena de distritos mayoritariamente de minorías (principalmente en el sur) podrían ser rediseñados en el corto plazo, afectando la representación política de comunidades enteras.

¿Qué opciones quedan para defender la representación de minorías?

Frente a esta ofensiva, hay varias líneas de respuesta posibles:

1. Litigio estratégico: Organizaciones de derechos civiles y coaliciones estatales pueden seguir llevando casos a tribunales estatales y federales, apelando a cláusulas constitucionales y precedentes que protejan votos contra prácticas discriminatorias.
2. Reformas institucionales: Impulsar comisiones independientes o bipartidistas para el trazado de mapas, con criterios públicos y procesos transparentes que limiten la intervención de legisladores interesados.
3. Movilización cívica: Presión pública, campañas locales y voto informado pueden cambiar el balance político que determina quiénes controlan el proceso de redistritación en primer lugar.

Reflexión final: más que líneas en un mapa

Lo que está en juego no es sólo la composición numérica del Congreso; son las garantías de que comunidades históricamente marginadas tengan una voz real en la formulación de políticas que afectan salud, educación, empleo y seguridad. Como señaló el senador Raphael Warnock desde la histórica Ebenezer Baptist Church al mencionar el fallo: esto recuerda a métodos usados para revertir avances del movimiento por los derechos civiles; “no es un método nuevo, es un método viejo”, afirmó (discurso público, Ebenezer Baptist Church).

Si la democracia se mide por la capacidad de traducir la voluntad pública en representación efectiva, la actual oleada de redistritación deja un interrogante inquietante: ¿será esta una carrera hacia una mayor erosión de la igualdad política o el punto de inflexión que reactive reformas profundas para proteger la representación y la integridad electoral? El desenlace dependerá tanto de tribunales y legisladores como de la energía cívica de comunidades y organizaciones que ven en esa representación algo más que una ventaja partidista: la posibilidad de participar con plena dignidad en la vida democrática.