Bajo vigilancia y en la mira: el auge de los intentos de asesinato contra disidentes rusos en Europa

La sensación de inseguridad ya no es una metáfora para muchos disidentes rusos que viven en Europa. Desde rastreos con dispositivos ocultos hasta patrullas que vigilan barrios enteros, un patrón reciente de operaciones —según fuentes judiciales y agentes de seguridad europeos— muestra un aumento preocupante en intentos de neutralizar a críticos del Kremlin en el extranjero. Este artículo explora cómo operan esas campañas, por qué las víctimas rehúsan “desaparecer” por seguridad y qué implicaciones tiene esto para la soberanía y la seguridad en Europa.

El nuevo mapa del temor

Casos recientes en Francia, Lituania, España, Alemania y Polonia ilustran un fenómeno que ya no es episódico: Vladimir Osechkin, activista que vive en el suroeste de Francia y que dirige proyectos sobre abusos en prisiones rusas, necesita escolta policial para salir a hacer compras o llevar a sus hijos al colegio. En abril de 2025, un grupo de hombres vinculados a la región del Cáucaso ruso realizó labores de vigilancia prolongada alrededor de su vivienda en Biarritz, según documentos judiciales franceses.

En Lituania, un activista encontró un dispositivo de rastreo —un AirTag— escondido en su coche; días después la policía detuvo a un presunto asesino que, según las autoridades, aguardaba con un arma cerca de su domicilio. Otro activista lituano fue objeto, según pesquisas, de un plan para colocar una bomba en su buzón. En España, la muerte de un piloto helicóptero que había desertado de Rusia levantó sospechas sobre la implicación de operativos rusos; y en Alemania y Polonia se desbarataron complots contra figuras relacionadas con el conflicto en Ucrania.

¿Qué ha cambiado desde 2022?

Expertos en inteligencia coinciden en que la invasión rusa de Ucrania en 2022 marcó un punto de inflexión. Las prioridades de los servicios de seguridad rusos y la dinámica geopolítica alimentaron un entorno donde la represión de opositores en el exterior ganó nuevas modalidades y mayor contundencia. Entre los factores que explican este cambio están:

• La intensificación del conflicto y la ampliación de la lista de objetivos: ya no solo se persiguen desertores y exagentes, sino también activistas, promotores del apoyo a Ucrania y líderes de minorías que reivindican autonomía.
• La utilización de intermediarios y proxies: contratar a individuos con antecedentes criminales o redes del crimen organizado para ejecutar tareas en el extranjero reduce la trazabilidad directa hacia oficiales estatales.
• La combinación de técnicas tradicionales (vigilancia humana, operaciones encubiertas) con tecnologías comerciales de bajo costo (rastreadores, cámaras, drones), lo que permite un acoso más constante y sigiloso.

El uso de proxies: ventaja operativa y riesgo diplomático

El recurso a intermediarios no es nuevo, pero su extensión tiene consecuencias prácticas y políticas. Desde el punto de vista operativo, encargar tareas a agentes locales o mercenarios facilita adaptar acciones sin exponer a oficiales del Estado; desde el punto de vista diplomático, sin embargo, plantea un dilema: cuando se descubren y desarticulan esas células, los países afectados deben responder con detenciones, juicios y expulsiones, lo que desvela patrones y erosiona relaciones internacionales.

Un precedente relevante es el caso de Sergei Skripal en 2018: el ataque con un agente nervioso en Salisbury atribuido por el gobierno británico a agentes rusos impulsó una ola de expulsiones diplomáticas que, según analistas, complicó las operaciones tradicionales de los servicios de inteligencia rusos en Europa. La consecuencia, sostienen investigadores y exfuncionarios, fue que Moscú comenzó a apoyarse más en terceros o en redes criminales para mantener presión sobre disidentes. (Ver análisis sobre el caso Skripal en BBC.)

Vivir con protección: la decisión entre continuar o desaparecer

Las autoridades europeas ofrecen a víctimas potenciales soluciones drásticas: programas de reubicación, cambio de identidad, protección policial reforzada o, en casos extremos, la opción de «desaparecer» para salvar la vida. Pero muchos activistas rechazan esa vía por razones morales y estratégicas. Ruslan Gabbasov, defensor de la autonomía de Bashkortostán, expresó que desaparecer significaría traicionar a quienes lo siguen y dejar el movimiento sin liderazgo en un momento crucial. Otros activistas señalan que la renuncia a su trabajo político equivale a una “muerte social” y concede la victoria simbólica al agresor.

Impacto psicológico y social

Más allá del peligro físico, el acoso constante genera agotamiento emocional, trastornos de ansiedad y una erosión de la vida comunitaria. Las familias de los objetivos también sufren: la necesidad permanente de vigilancia, mudanzas, revisiones de seguridad y la imposibilidad de llevar una vida normal altera los vínculos y las trayectorias laborales y educativas de los hijos. Cuando un activista necesita escolta para llevar a sus hijos al colegio, la intimidad y la cotidianidad están irremediablemente afectadas.

Reacciones estatales y cooperación internacional

Las fuerzas de seguridad europeas han logrado desbaratar varios complots, lo que evidencia capacidad de investigación y cooperación transfronteriza. Los procesos judiciales abiertos en Lituania y Francia, por ejemplo, han identificado presuntos vínculos entre los sospechosos y estructuras que apuntan hacia órdenes provenientes de servicios militares o de inteligencia.

No obstante, estas fiscalizaciones consumen recursos importantes y plantean preguntas sobre la resiliencia estatal: ¿cómo proteger mejor a la sociedad civil sin militarizar la vida pública? ¿Qué instrumentos legales y tecnológicos son proporcionales y efectivos? Y, de forma más amplia, ¿cómo equilibrar la protección de derechos con la necesidad de mantener el orden público y la seguridad?

Además del miedo: el efecto político y estratégico

El objetivo de estas operaciones va más allá de eliminar individuos: busca silenciar, dispersar y desalentar la oposición. Las campañas de acoso tienen un efecto multiplicador: obligan a los activistas a gastar tiempo y recursos en seguridad, reducen la visibilidad pública de sus causas y, en el mejor de los casos para el agresor, inducen la autocensura entre quienes podrían tomar la posta. Como resultado, la sociedad civil pierde capacidad de presión, y los exponentes de la disidencia se ven cada vez más aislados.

Medidas prácticas para mitigar riesgos

Si bien no existe una fórmula única para neutralizar el riesgo de manera absoluta, hay medidas que reducen la vulnerabilidad:

1. Fortalecer la coordinación policial y de inteligencia entre países europeos para compartir alertas tempranas y patrones de modus operandi.
2. Capacitar a activistas y ONG en seguridad digital y física: detección de rastreadores, protocolos al identificar vehículos sospechosos, y prácticas de comunicación seguras.
3. Invertir en protección legal y asistencial para quienes reciben amenazas, incluyendo asistencia psicológica y programas de apoyo familiar.
4. Transparencia y rendición: documentar y publicar, cuando sea posible, los intentos de injerencia para generar presión diplomática y concesiones multilaterales.

El desafío a futuro

Europa enfrenta un dilema estratégico: proteger a individuos en riesgo sin abdicar de los principios de libertad de expresión y refugio político, y al mismo tiempo confrontar tácticas híbridas que mezclan crimen organizado, tecnología de consumo y encubrimiento estatal. La persistencia de estos ataques —y su sofisticación creciente— exige respuestas coordinadas, no solo policiales, sino también políticas y sociales.

Mientras tanto, para muchos activistas, la elección continúa siendo dolorosa: seguir en la mira defendiendo una causa o renunciar para salvar la vida personal. Esa disyuntiva es, en muchos sentidos, la propia victoria que buscan quienes ordenan estas operaciones.