El Faro bajo asedio: cuándo la auditoría fiscal se convierte en herramienta de represalia

La reciente congelación de activos a dos miembros del equipo del emblemático medio investigativo salvadoreño El Faro —entre ellos una cuenta bancaria y una propiedad— ha encendido las alarmas sobre el uso de medidas fiscales y administrativas con fines políticos en El Salvador. El director del medio, Carlos Dada, calificó la medida como “otro nivel de ataque” y aseguró que “no son medidas fiscales, son medidas políticas” diseñadas para acallar a quienes investigan al poder.

Un patrón regional: auditorías y confiscaciones como táctica

Lo ocurrido a El Faro no aparece en el vacío. En América Latina existen precedentes en los que los gobiernos han recurrido a auditorías fiscales, procesos judiciales y regulaciones administrativas para presionar, silenciar o desarticular a medios independientes, organizaciones civiles y opositores políticos. En Nicaragua, por ejemplo, las autoridades han utilizado multas, auditorías y cierres administrativos para paralizar a ONG y medios críticos durante la última década.

En el caso salvadoreño, las autoridades han sostenido que El Faro evadió aproximadamente $200,000 en impuestos, una acusación que el medio ha negado públicamente. Sin embargo, la forma en que la medida fue conocida —a través de consultaciones en el registro de propiedades y el banco, y no por una notificación formal— alimenta la percepción de que se trata de una acción punitiva más que de una investigación fiscal estándar.

Contexto: represión y estado de excepción

El ambiente para la prensa independiente en El Salvador se ha vuelto más hostil desde la llegada al poder del presidente Nayib Bukele. Según reportes y organizaciones de derechos humanos, la política de mano dura que Bukele implementó —incluyendo un estado de excepción que comenzó en 2022— ha resultado en detenciones masivas: fuentes citadas en coberturas periodísticas señalan que más de 91,000 personas habían sido encarceladas bajo ese régimen a mediados de 2025. Esta cifra, aunque sujeta a la metodología de conteo y a verificación independiente, ilustra el amplio alcance del dispositivo estatal y el clima de intimidación que puede derivar de él.

En paralelo, El Faro y sus periodistas han sido objetivo de ataques digitales. En 2022 se detectó el software espía Pegasus en más de 20 teléfonos de periodistas del medio, un hallazgo que llevó a la organización a demandar al fabricante NSO Group en tribunales estadounidenses. El uso de spyware contra periodistas no es solo una violación grave de la privacidad; es un mecanismo de vigilancia y control que erosiona la confidencialidad de las fuentes y la seguridad de las investigaciones periodísticas.

Exilio y protección: la mudanza de El Faro a Costa Rica

Ante el contexto represivo, El Faro tomó la difícil decisión de reubicar su sede a Costa Rica y mantener a su equipo trabajando desde el exilio. Ese movimiento responde tanto a la seguridad física como a la necesidad de operar con mayor libertad editorial. Sin embargo, el exilio es un remedio imperfecto: limita la presencia en terreno, encarece operaciones y no neutraliza las herramientas legales que un gobierno puede emplear contra periodistas que mantienen activos financieros o propiedades dentro del país.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y otras organizaciones han asumido la representación de El Faro ante instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claudia Paz y Paz, directora del CEJIL, ha calificado las medidas en contra de El Faro de “represalia” y ha advertido sobre las consecuencias que tiene para el pluralismo informativo cuando un Estado utiliza la fiscalidad y la regulación para intimidar a la prensa.

¿Por qué importan los ataques a un medio investigativo?

• Transparencia y rendición de cuentas: Los medios independientes que investigan corrupción, colusión o abuso de poder son esenciales para la salud democrática y el control ciudadano.
• Seguridad de las fuentes: Las revelaciones periodísticas dependen de fuentes dispuestas a hablar. La vigilancia tecnológica y la persecución administrativa minan esa confianza.
• Pluralidad informativa: La limitación de medios críticos empobrece el debate público y permite que narrativas oficiales se consoliden sin contrapesos.

Como señaló en la conferencia de prensa Carlos Dada, director de El Faro, “esto busca silenciarnos”. La afirmación, además de una denuncia institucional, plantea una pregunta más amplia: ¿qué queda del ejercicio periodístico cuando los costos financieros, legales y de seguridad se vuelven prohibitivos?

Consecuencias jurídicas y diplomáticas

Las medidas contra El Faro también abren un frente jurídico internacional que puede obligar a El Salvador a explicar ante organismos multilaterales el fundamento y la proporcionalidad de sus intervenciones. La presentación de casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos u otros foros puede derivar en recomendaciones, medidas cautelares o incluso en presión diplomática. Pero los procesos internacionales suelen ser largos y no siempre producen cambios inmediatos en políticas nacionales.

Además, el uso reiterado de auditorías y procesos administrativos para perseguir a críticos tiende a erosionar la confianza de inversores y organismos multilaterales en la gobernanza del país. La percepción de riesgos políticos y la posibilidad de arbitrariedad institucional pueden tener un costo económico y reputacional acumulativo.

Qué puede hacer la comunidad internacional y la sociedad civil

1. Exigir transparencia: solicitar que las autoridades presenten evidencias públicas y procedimientos claros frente a cualquier acusación fiscal, evitando medidas discrecionales o sorpresivas.
2. Proteger fuentes y periodistas: impulsar protocolos de seguridad digital y legal para los equipos de investigación, apoyados por organizaciones especializadas en libertad de prensa.
3. Vigilancia internacional: fortalecer mecanismos de monitoreo por parte de organismos regionales y defensores de derechos humanos para detectar patrones de intimidación.
4. Solidaridad editorial: medios de la región y del mundo pueden amplificar investigaciones y denunciar presiones, dificultando que las autoridades aíslen a medios incómodos.

La protección efectiva del periodismo independiente requiere tanto respuestas locales —por ejemplo, controles judiciales independientes y leyes que garanticen la libertad de prensa— como apoyo global. En ausencia de estos, los costos para quienes investigan pueden aumentar hasta el punto en que la autogestión y la autocensura se conviertan en la norma.

Reflexión final

El caso de El Faro ilustra un fenómeno preocupante: la conversión de herramientas administrativas y fiscales en armas políticas contra la prensa. Cuando el Estado que debe proteger el pluralismo informativo utiliza sus facultades para acorralar a quienes interrogan al poder, la democracia se debilita. Defender el periodismo independiente no es solo proteger a periodistas particulares: es salvaguardar el derecho de la sociedad a estar informada, a recibir cuentas claras y a participar con criterio propio en la vida pública.

Para seguir el caso y consultar información adicional sobre la cobertura regional, puede consultarse el repositorio de noticias sobre América Latina en AP Noticias - Latin America y las publicaciones de El Faro.