Homekey: la audacia, los éxitos y los fracasos de la apuesta masiva de California contra la calle

El verano de 2020 quedó marcado en California por una decisión política y humanitaria de escala inédita: lanzar Homekey, un programa estatal que destinó miles de millones de dólares para comprar y convertir moteles, hoteles y otros inmuebles en viviendas para personas en situación de calle. Cinco años después, la historia de Homekey es una mezcla de logros palpables y desenlaces dolorosos que dejan preguntas abiertas sobre supervisión, financiación a largo plazo y lecciones para futuros esfuerzos.

El origen: urgencia, creatividad y ruptura con lo habitual

Homekey nació en plena emergencia sanitaria. Con la COVID-19 extendiéndose sin control y con miles de personas previamente alojadas en moteles temporales (a través del programa Project Roomkey), el gobierno de California quiso evitar un regreso masivo a las calles. La apuesta fue radical: enviar fondos por adelantado —más de $3.8 mil millones en premios iniciales— para que municipios y condados compraran y reconvirtieran edificios con rapidez y sin pasar por todos los trámites habituales de la construcción.

La lógica era clara: menos papeleo, menos demoras y la posibilidad de poner techos sobre cabezas en semanas o meses, no años. Como dijo el gobernador Gavin Newsom en 2021, “lo que estamos haciendo hoy es múltiplos de lo que cualquier estado en la historia americana ha comprometido para abordar esta crisis de la falta de vivienda” (CalMatters).

Resultados concretos: cifras que importan

Según datos del Departamento de Vivienda de California citados en la investigación de CalMatters, cerca de 13,500 personas viven ahora en sitios financiados por Homekey. Son vidas que en muchos casos se estabilizaron gracias a la combinación de vivienda y servicios sociales locales. Para comunidades pequeñas y rurales, Homekey representó la primera fuente concreta de recursos para alojar a sus residentes sin techo.

Pero la rapidez tuvo contrapuntos: alrededor de 3,000 unidades prometidas —aproximadamente una de cada cinco— no estaban terminadas a finales de 2024, y otras 2,000 permanecían ocupadas de forma temporal sin haber sido convertidas formalmente en vivienda permanente, el objetivo declarado del programa.

Casos de éxito: cuándo la fórmula funcionó

Donde Homekey fue bien, lo fue porque los gobiernos locales añadieron recursos y capacidad operativa al dinero estatal. En Mendocino, por ejemplo, la conversión del antiguo Best Western en Live Oak Apartments no sólo ofreció techo, sino terapias, atención médica y hasta entrenamiento de conducta para mascotas, pagados con fondos locales. El condado decidió operar el proyecto directamente, con personal in situ que facilitó la inscripción en Medi-Cal, el acceso a salud mental y el acompañamiento continuado —una fórmula que, aunque costosa, demostró mayor estabilidad para los residentes.

Ventura es otro ejemplo: el edificio El Portal, antes una propiedad con cientos de infracciones, hoy alberga 29 unidades y funciona como red de contención para familias y personas con discapacidades. “Esto fallar hubiera sido inaceptable”, dijo la directora de desarrollo inmobiliario de Ventura Housing, Karen Flock; su éxito obedeció a la suma de fondos, servicios y trabajo local intensivo.

El reverso de la moneda: proyectos que colapsaron

Sin embargo, no todos los caminos fueron tan sólidos. La investigación periodística muestra proyectos que terminaron en litigios, foreclosures y edificios vendidos a entidades sin compromiso con la misión social original. Un caso paradigmático fue el de Shangri-La Industries, una empresa que obtuvo cerca de $115 millones en contratos para construir cientos de viviendas. Posteriormente, su exdirector financiero fue acusado en una investigación federal por presunta malversación de fondos y estilo de vida lujoso financiado con dinero público (según documentos judiciales citados en reportes de prensa).

En algunos proyectos asociados a Shangri-La, los edificios terminaron en procesos de ejecución hipotecaria porque no se registraron las restricciones que garantizan la permanencia de la vivienda como asequible. El resultado fue que cientos de habitaciones destinadas originalmente a personas sin hogar quedaron en el limbo, algunas adquiridas luego por propietarios sin obligación social.

Factores que explican el fracaso

• Vetting insuficiente: el mecanismo de emergencia y la velocidad redujeron la profundidad del escrutinio financiero y técnico de contratos y contratistas.
• Presupuestos subestimados: Homekey fijó límites por unidad pensados para conversiones, pero muchos inmuebles requerían reconstrucciones casi totales; así, muchos proyectos quedaron sin recursos antes de concluir.
• Capacidad local variada: no todos los municipios estaban preparados para asumir la gestión de grandes proyectos inmobiliarios y operativos.
• Falta de supervisión continuada: después de desembolsar la plata, la fiscalización estatal resultó insuficiente en varios casos, según testimonios locales.

Historias humanas: entre la esperanza y la pérdida

Tras las cifras y los balances, están las vidas. En Mendocino, Sherry Collins, de 66 años, hoy tiene un apartamento y servicios que le permiten afrontar problemas de salud tras perder una pierna por diabetes. En Vallejo, la promotora Taryn Sandulyak vio su sueño comunitario transformarse en una pesadilla financiera: su organización Firm Foundation Community Housing asumió deudas millonarias y terminó disolviéndose pese a que su proyecto terminó abriendo 47 unidades tras años de retrasos y un costo final 70% por encima del presupuesto original.

Para Sandulyak, la contradicción fue cruel: Homekey prometía velocidad y escala, pero sus reglas —plazos de un año para completar obra y 90 días para poblarla— forzaron presupuestos hechos antes de contar con planos definitivos. “Usted puede tener dos de las tres cosas: rapidez, calidad y bajo costo”, comentó la promotora; “no las tres a la vez”.

Transparencia y auditoría: la ausencia que pesa

Aunque el programa fue uno de los mayores experimentos estatales para combatir la falta de vivienda, no hubo una auditoría pública exhaustiva que evaluara, proyecto por proyecto, costos, eficacia y trayectorias de los residentes. En 2024 se hizo una auditoría limitada sobre ocho proyectos que sugirió que el costo promedio por unidad era de alrededor de $144,000, cifra inferior a la construcción totalmente nueva en muchas zonas de California. No obstante, la muestra es reducida y no responde a preguntas clave: ¿cuántas unidades permanecen ocupadas al año? ¿Cuántos residentes lograron estabilidad a largo plazo?

Un intento legislativo para exigir una auditoría más amplia (Assembly Bill 505) fue rechazado por la Asamblea en 2024, dejando sin respuesta la demanda pública de evaluación rigurosa.

Homekey+ y el futuro: ajustes y dudas

El estado lanzó una versión renovada, Homekey+, que incorpora mayor flexibilidad temporal (extiende de uno a dos años el plazo para nueva construcción) y permite presupuestos mayores para proyectos de veteranos, entre otras modificaciones. También hay promesas de mejorar la vetting de aplicaciones. Como resumió la secretaria de Salud y Servicios Humanos de California, Kim Johnson: “Estamos mejorando nuestro proceso de evaluación para asegurar que estos proyectos tengan éxito.”

Pese a ello, persiste una pregunta crítica: la sostenibilidad financiera. Muchos proyectos operan con modelos de pago por uso y no con financiamientos a largo plazo (10 o 15 años) que cubran servicios sociales y mantenimiento. Sin fuentes garantizadas de financiación operativa, existe un “precipicio financiero” que amenaza la continuidad de miles de unidades.

Lecciones para la política pública

1. Velocidad no puede reemplazar supervisión: los procesos de emergencia requieren controles proporcionales para evitar abusos y fracasos costosos.
2. Fondos de capital deben acompañarse de fondos operativos: la vivienda por sí sola no resuelve la crisis; los servicios continuos son esenciales para la estabilidad.
3. Multiplicidad de financiadores, multiplicidad de garantías: la reducción de actores financieros ahorró tiempo, pero también ojos que hubieran detectado riesgos a tiempo.
4. Auditoría pública y transparencia: para aprender y escalar soluciones, el Estado necesita datos abiertos y evaluaciones independientes.

Homekey es, hoy, una mixtura de humanidad salvada y contratos fallidos; de edificios que ofrecen una segunda oportunidad y de proyectos que quedaron a medias. Si la idea central —poner a las personas primero y moverse con urgencia— conserva su estatura moral, la ejecución dejó claro que la buena intención necesita acompañarse de mejores procesos, recursos permanentes y vigilancia pública. La lección es clara: la experimentación en políticas sociales puede y debe coexistir con responsabilidad fiscal y rendición de cuentas. Solo así será posible transformar el atajo de la emergencia en una vía sostenible para terminar con la crisis de la vivienda en California.

Fuentes principales: investigación de CalMatters y reportes publicados en prensa sobre Homekey y Homekey+ (CalMatters, AP News, documentos estatales del Departamento de Vivienda de California).