Parques nacionales y armas: la orden que amplía la caza en tierras federales y desata alarma

La reciente orden del Secretario del Interior, Doug Burgum, que insta a eliminar “barreras administrativas o regulatorias innecesarias” para la caza y la pesca en tierras federales ha encendido un debate que toca seguridad pública, conservación y la tradición de los deportes cinegéticos en Estados Unidos. A primera vista, la directiva se presenta como una apertura para armonizar normas estatales y federales y para ampliar el acceso de cazadores y pescadores a espacios gestionados por el gobierno. Sin embargo, al analizarla con más detalle surgen preguntas: ¿Qué consecuencias prácticas puede tener en la seguridad de los visitantes, en la protección de recursos naturales y en la gobernanza participativa de los parques?

Qué propone la orden y dónde aplica

La orden emitida en enero por el Departamento del Interior ordena a las agencias revisar regulaciones y retirar restricciones que el departamento considere innecesarias, salvo que exista una justificación legal y documentada para mantenerlas. Según un recuento de la National Parks Conservation Association (NPCA), la directiva afecta a 55 unidades del Servicio de Parques Nacionales (NPS) en los 48 estados contiguos.

Entre los cambios ya reportados en distintas unidades se encuentran:

• Levantamiento de prohibiciones sobre plataformas de caza que dañan árboles (tree stands).
• Permisos ampliados para el entrenamiento de perros de caza dentro de algunas reservas.
• Autorización para el uso de vehículos para recuperar animales abatidos.
• Permisos para cazar en proximidad de senderos y áreas frecuentadas por visitantes.

Casos concretos que han llamado la atención mediática incluyen la intención de extender la temporada de caza en Cape Cod National Seashore (Massachusetts) durante primavera y verano, permitir limpieza de presas en baños del Lake Meredith National Recreation Area (Texas) y autorizar la caza de caimanes en Jean Lafitte National Historical Park and Preserve (Luisiana).

Motivaciones declaradas: conservación, economías rurales y acceso

En la carta acompañante de la orden, Burgum escribió que “expandir las oportunidades para que el público cace y pesque en tierras administradas por el Departamento no solo fortalece los resultados de conservación, sino que también apoya economías rurales, la salud pública y el acceso a los espacios al aire libre de Estados Unidos.” Esa afirmación resume la narrativa oficial que ve la caza y la pesca como aliados de la conservación y del desarrollo rural.

Organizaciones pro-caza celebraron la medida. La Theodore Roosevelt Conservation Partnership y Ducks Unlimited dijeron que la orden ayuda a armonizar regulaciones federales con las estatales y preserva el acceso público para actividades tradicionales. En palabras de Ducks Unlimited: “Este proceso simplificará las regulaciones federales, las hará más consistentes con las reglas estatales existentes y ofrecerá más acceso a tierras públicas para la recreación al aire libre.”

La otra cara: riesgos para visitantes y gestión científica

Gestores veteranos y científicos expresan inquietud. Dan Wenk, exsuperintendente de Yellowstone y exsubdirector de operaciones del NPS, señaló que las normas internas de parques se construyen con amplia participación de partes interesadas y responden a equilibrios concretos entre usos (recreativo, conservacionista y de seguridad). “Me gustaría saber cuál es el problema que intentamos resolver —dijo Wenk—. Entonces podría entender los costos que implicará solucionarlo en términos de recursos y seguridad de los visitantes.”

Por su parte, Elaine Leslie, exjefa de recursos biológicos del NPS, criticó la medida por socavar procesos previos basados en buena fe y por alejar las decisiones de la evidencia científica. Leslie expresó: “Hay un tiempo y un lugar para la caza, trampas y pesca... pero eso no significa que todo lugar tenga que estar abierto a toda actividad, especialmente si es a costa de otros usuarios y de la degradación de recursos públicos.”

Estas preocupaciones no son triviales. El Servicio de Parques Nacionales gestiona áreas que atraen a millones de visitantes al año; muchas de ellas combinan senderos, miradores, campamentos y zonas de alto valor ecológico. Permitir prácticas como limpiar animales en baños públicos o trasladar cadáveres a través de estacionamientos podría afectar la experiencia pública y la percepción de seguridad.

Contexto: la caza en declive y la economía de la conservación

Los defensores de la ampliación señalan una realidad incontrovertible: la participación en la caza ha ido disminuyendo. Según un análisis conjunto del U.S. Fish and Wildlife Service y datos del Censo de EE. UU., en 2024 apenas alrededor del 4.2% de la población mayor de 16 años se identificó como cazador. Esa disminución tiene consecuencias presupuestarias porque gran parte de la financiación para programas de conservación estatales proviene de la venta de licencias y de impuestos federales sobre armas y municiones (excise taxes) vinculados a la caza.

Ante esa erosión de la base de financiamiento, agencias estatales y grupos conservacionistas pro-caza han buscado estrategias para sostener la tradición: atraer a mujeres y jóvenes, crear temporadas para más especies y ampliar el acceso a tierras públicas. La orden del Interior puede leerse, en parte, como la respuesta federal a esa presión.

El marco jurídico y la autonomía del NPS

Históricamente, muchas unidades del NPS adoptan las regulaciones de caza y pesca del estado donde se ubican, pero el NPS siempre ha mantenido la potestad de imponer restricciones adicionales para proteger la seguridad pública y los recursos naturales: prohibir disparos cerca de senderos o edificaciones, vetar plataformas que dañen árboles, limitar el entrenamiento de perros en ciertas épocas de reproducción, etc. La nueva directiva obliga a justificar por escrito y con base legal cualquier restricción que se pretenda mantener, lo que reduce el margen de discrecionalidad de los gestores locales.

Ese cambio procesal no es menor: reequilibra el poder desde las decisiones locales —tomadas con consulta comunitaria y técnicas— hacia una línea administrativa más centralizada cuyos criterios de evaluación podrían priorizar el acceso por encima de otras consideraciones.

Preguntas abiertas y escenarios posibles

A partir de la orden surgen preguntas prácticas que determinarán su impacto real:

• ¿Se hará una evaluación de riesgo-vs-beneficio específica para cada sitio o la flexibilización será automática a menos que exista una prohibición documentada?
• ¿Cómo se financiarán los mayores requerimientos de señalización, patrullaje y manejo de fauna que podrían derivarse de más días y áreas abiertas a la caza?
• ¿Cuál será el mecanismo de participación pública para que comunidades locales, guías turísticos, conservacionistas y otros usuarios influyan en las decisiones?
• ¿Cómo se medirá el impacto sobre especies vulnerables, corredores faunísticos y sobre la experiencia turística que sostiene economías locales?

Balance: acceso, conservación y gobernanza

El debate revela un conflicto de valores legítimos: el acceso público y la tradición cinegética frente a la protección de la integridad ecológica y la seguridad de otros visitantes. Es posible diseñar políticas que atiendan ambos objetivos, pero eso exige evidencia, transparencia y recursos.

Para que la apertura anunciada no genere efectos adversos, se requerirán medidas concretas: evaluaciones científicas por unidad, campañas de comunicación para distintos usuarios, inversión en gestión y cumplimiento, y procesos de consulta que den voz a quienes viven y trabajan en torno a las áreas protegidas.

Si el objetivo real es preservar la sustentabilidad financiera de la conservación, hay alternativas que complementan la caza y la pesca: aumentar programas de turismo de naturaleza con tarifas responsables, promover donaciones y alianzas público-privadas, y flexibilizar actividades recreativas compatibles sin comprometer la integridad del ecosistema.

Una llamada a la participación ciudadana

Los parques nacionales y las áreas protegidas no son solo infraestructura estatal; son bienes públicos cuya gestión afecta a millones de personas y múltiples especies. Cambios con el alcance de la orden de Burgum deben acompañarse de procesos abiertos y fundamentados. Como dijo Dan Wenk: entender el problema a resolver es condición necesaria para evaluar los costos y beneficios reales. Sin esa claridad, la política corre el riesgo de resolver presiones presupuestarias de corto plazo a costa de decisiones de largo plazo sobre conservación y patrimonio público.

Fuentes citadas:

• National Parks Conservation Association (revisión de regulaciones y número de sitios afectados).
• Declaraciones del Secretario Doug Burgum y voceros del Departamento del Interior (citadas en reportes periodísticos).
• U.S. Fish and Wildlife Service y datos del U.S. Census (tasa de participación en la caza: ~4.2% en 2024).