La justicia internacional y la sombra de la “guerra contra las drogas”: el arresto del senador Ronald dela Rosa y su significado para Filipinas

La reciente revelación de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el senador filipino Ronald Marapon dela Rosa ha vuelto a colocar sobre la mesa una pregunta que sigue sin respuesta para muchas familias en Filipinas: ¿puede la justicia internacional cerrar un capítulo marcado por miles de muertes extrajudiciales y la aparente impunidad de quienes detentaron el poder?

Una orden que reactiva viejas heridas

La orden de arresto, emitida inicialmente en confidencialidad y divulgada públicamente más tarde, acusa a dela Rosa —exjefe de la policía nacional durante la presidencia de Rodrigo Duterte— de contribuir de manera esencial a crímenes contra la humanidad por asesinatos ocurridos entre julio de 2016 y abril de 2018. Según los documentos judiciales, se le atribuye el estatus de “coautor indirecto” en la muerte de “no menos de 32 personas” durante ese periodo.

Para entender la magnitud del hecho es necesario recordar el contexto: cuando Rodrigo Duterte asumió la presidencia en 2016, declaró una implacable "guerra contra las drogas". En su retórica no escasearon llamadas explícitas a la violencia; el propio Duterte llegó a afirmar públicamente que prefería que los barrios pobres quedaran “limpios” de drogadictos, y en múltiples discursos pareció alentar ejecuciones sin proceso judicial.

Escalas del conflicto: cifras y controversias

Las cifras oficiales y las estimaciones independientes difieren considerablemente. El gobierno filipino, en distintos momentos, reportó cifras de muertes en el orden de varios miles; sin embargo, organizaciones de derechos humanos y reportes periodísticos han estimado que el número real de asesinatos relacionados con la campaña podría superar las decenas de miles. Por ejemplo, investigaciones periodísticas y organizaciones como Human Rights Watch han documentado patrones sistemáticos de homicidios, muchas veces dirigidos contra personas pobres y de barrio.

Estas discrepancias no son sólo aritméticas: reflejan problemas estructurales en la rendición de cuentas, la recolección de pruebas y la protección de testigos en un país donde las instituciones judiciales han sufrido presiones políticas.

¿Qué significa la designación de “coautor indirecto”?

En derecho penal internacional, el término “coautor indirecto” describe a personas que, sin ejecutar directamente los actos letales, aportaron elementos esenciales para su comisión: planificación, dirección, políticas, órdenes o incentivos que facilitaron la perpetración de crímenes. En el caso atribuido a dela Rosa, los jueces de la CPI consideraron que existían indicios suficientes de que sus acciones y funciones institucionales fueron determinantes para la comisión de homicidios.

Eso no implica una condena automática; la CPI opera bajo principios de debido proceso: una orden de arresto desemboca en comparecencias, audiencias de admisión de pruebas y, eventualmente, en un juicio si los magistrados estiman que procede. No obstante, la emisión pública de la orden tiende a transformar el debate político y mediático, forzando reacciones en distintos ámbitos.

Reacciones y llamados a la acción

Organizaciones de derechos humanos han celebrado la medida. Maria Elena Vignoli, asesora principal de justicia internacional de Human Rights Watch, calificó la orden como “otro golpe al muro de impunidad” que ha protegido a quienes, supuestamente, cometieron atrocidades durante la campaña antidrogas (fuente: Human Rights Watch, comunicado público, 2024).

Los defensores de la orden sostienen que la intervención de la CPI ofrece una vía para lograr responsabilidad cuando los sistemas nacionales fallan o demoran. En contraste, sectores próximos al exgobierno han denunciado lo que consideran una politización del proceso o una intromisión en la soberanía nacional; estas tensiones reflejan el choque entre justicia internacional y consideraciones geopolíticas y políticas internas.

La respuesta institucional en Filipinas

Tras la divulgación de la orden, se produjo un episodio tenso en el Senado filipino: dela Rosa se presentó y, al ser perseguido por agentes del ente investigador nacional, buscó protección entre sus colegas parlamentarios. Ese gesto simboliza la complejidad práctica de ejecutar órdenes internacionales en un territorio donde figuras con poder político cuentan con grupos de apoyo y recursos para resistir medidas judiciales.

Además, el caso resalta limitaciones legales y operativas: la CPI depende de la cooperación de Estados para ejecutar órdenes de arresto. Si un Estado no coopera, la capacidad del tribunal para detener y trasladar a un acusado es compleja y prolongada.

Memoria, víctima y política: un triángulo difícil

Más allá de la detención o no de un individuo concreto, la importancia de este caso radica en su potencial símbolo: la posibilidad de que altos funcionarios rindan cuentas por políticas estatales que derivaron en violaciones graves de derechos humanos. Para las familias de las víctimas, la apertura de procesos puede significar reconocimiento, verdad y, tal vez, reparación.

Sin embargo, la respuesta pública está dividida. Encuestas realizadas en años recientes mostraron que, aun ante denuncias de violaciones, una parte importante del electorado filipino aprobó la política de mano dura contra las drogas por percibirla como efectiva para combatir criminalidad y delincuencia. Esa legitimidad social —real o percibida— es un factor que complica cualquier proceso de rendición de cuentas.

Lecciones para la comunidad internacional

Este caso reaviva preguntas más amplias: ¿hasta qué punto los tribunales internacionales pueden o deben intervenir en episodios que tuvieron lugar en el marco de políticas públicas domésticas? ¿Cuál es la línea que separa la acción legítima del Estado contra el delito y la comisión de crímenes de lesa humanidad?

La CPI fue creada para juzgar crímenes cuando las jurisdicciones nacionales no están dispuestas o no pueden hacerlo. En ese sentido, la orden contra dela Rosa aparece como un recordatorio de que los estándares internacionales persisten incluso frente a narrativas de seguridad interior. Si la CPI llega a demostrar responsabilidad penal individual, el precedente fortalecerá la idea de que las políticas públicas —y quienes las diseñan o implementan— pueden ser objeto de escrutinio penal cuando cruzan líneas fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos.

Contexto histórico: ¿por qué importan las responsabilidades individuales?

La historia contemporánea ofrece ejemplos sobre la importancia de perseguir responsabilidades individuales: los juicios por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la ex Yugoslavia o Ruanda contribuyeron, aunque de manera imperfecta, a documentar hechos, desmontar narrativas negacionistas y ofrecer cierto grado de justicia a las víctimas. De forma similar, el avance de la CPI en casos complejos envía señales a futuros actores políticos sobre límites y consecuencias.

Como dato histórico, la CPI comenzó a funcionar en 2002 y, desde entonces, ha emitido órdenes y dictado sentencias en situaciones tan variadas como la República Democrática del Congo, Sudán y Costa de Marfil. Cada proceso ha mostrado la tensión entre la aspiración de justicia universal y las realidades políticas que rodean su implementación.

¿Qué viene ahora?

Legalmente, la publicación de la orden activa una serie de pasos procesales: solicitudes de ejecución, comparecencias y, si procede, juicio. Políticamente, desata reacciones domésticas e internacionales: desde llamados a la detención inmediata hasta denuncias por persecución política. Para las víctimas y la sociedad civil filipina que exige esclarecimiento, el reto es mantener la exigencia de verdad y reparación en un ambiente donde la polarización sigue siendo alta.

En última instancia, más allá del destino judicial de Ronald dela Rosa, el caso obliga a Filipinas y a la comunidad internacional a confrontar preguntas difíciles sobre impunidad, memoria y prevención de futuras violaciones. La manera en que se gestionen estas preguntas marcará no sólo el futuro judicial de los implicados, sino también la confianza pública en las instituciones y el respeto por los derechos humanos en la región.

Fuentes citadas y recomendadas:

• Corte Penal Internacional (ICC) — documentos y comunicados oficiales.
• Human Rights Watch — declaraciones y reportes sobre la campaña antidrogas en Filipinas.
• Informes periodísticos e investigaciones sobre la campaña antidrogas y cifras de muertes, disponibles en medios internacionales y ONG especializadas en derechos humanos.