Repensar el dinero en la política: la estrategia de redefinir a las corporaciones contra el ‘dark money’

La influencia de las grandes empresas y los grupos de “dinero oscuro” en la política estadounidense lleva más de una década transformando campañas y resultados electorales. Tras la histórica decisión del Tribunal Supremo en Citizens United v. FEC (2010), que permitió a corporaciones y sindicatos gastar en publicidad política sin donar directamente a campañas, algunos estados buscan caminos novedosos para recuperar control sobre ese flujo de recursos. Dos ejemplos recientes —un proyecto de ley aprobado por la legislatura de Hawái y una iniciativa ciudadana en Montana conocida como “The Montana Plan”— proponen algo distinto: redefinir el estatuto jurídico de las corporaciones para impedir que gasten en elecciones.

¿Qué proponen exactamente Hawái y Montana?

La idea central consiste en modificar la definición legal de lo que es una corporación para negarles la capacidad de financiar publicidad o actividades diseñadas para influir en el resultado de elecciones. Bajo esos cambios, las empresas podrían continuar teniendo permisos para operar, contratar cabilderos o donar a causas que no estén vinculadas directamente a campañas electorales, pero se les prohibiría destinar recursos a los esfuerzos electorales propiamente dichos. Además, la redacción de las iniciativas incluye a determinadas organizaciones sin fines de lucro que han sido utilizadas para gastar grandes sumas sin revelar el origen de los fondos —el conocido “dark money”.

Por qué sostienen los promotores que esta vía es viable

Los impulsores del cambio argumentan que se trata de una estrategia basada en el derecho corporativo, no en la regulación electoral directa. Según sus defensores, al alterar la naturaleza jurídica y las facultades concedidas por el Estado a las corporaciones, los legisladores estatales ejercen una prerrogativa legítima y tradicional: condicionar los beneficios y las autorizaciones que concede la entidad pública a las organizaciones que operan bajo su jurisdicción.

Tom Moore, exabogado de la Comisión Federal de Elecciones y actual investigador en el Center for American Progress, ha descrito esta alternativa como “un enfoque genuinamente nuevo, apoyado en fundamentos del derecho corporativo” (parafraseado por fuentes públicas). La estrategia busca obligar a las corporaciones a elegir entre seguir participando de la arena política mediante gasto directo o renunciar a derechos y privilegios otorgados por el Estado si persisten en esas prácticas.

El peso del gasto externo y el ‘dark money’ en cifras

El volumen del gasto político fuera de comités de campaña ha crecido notablemente desde 2010. OpenSecrets registró más de $4 mil millones en gasto externo durante las elecciones federales de 2024, una cifra que contrasta con montos mucho menores en 2008, antes del fallo del Tribunal Supremo (fuente: OpenSecrets, 2024: https://www.opensecrets.org/). De ese total, una porción sustancial corresponde a grupos que no están obligados a revelar sus donantes: el Brennan Center for Justice estima que el gasto de “dark money” alcanzó un récord de $1.9 mil millones en 2024 (fuente: Brennan Center, 2024: https://www.brennancenter.org/).

Estas cifras explican la preocupación pública: encuestas recientes muestran que un amplio sector de votantes desaprueba la presencia de dinero corporativo y anónimo en la política. Esa percepción es el combustible que impulsa iniciativas estatales y movimientos cívicos que buscan restaurar mayor transparencia y equidad en la competencia electoral.

Los argumentos en contra: límites constitucionales y litigios previsibles

Los críticos de la estrategia advierten que, en la práctica, la iniciativa estatal chocará con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y con la protección a la libertad de expresión económica. Expertos como Bradley Smith, exmiembro de la Comisión Federal de Elecciones, sostienen que cambiar la semántica legal no anula el modo en que la Corte ha interpretado la Primera Enmienda: “Intentar esquivar una decisión del Tribunal Supremo mediante trucos semánticos probablemente no prospere en tribunales inferiores”, ha señalado en foros especializados (paráfrasis pública).

Además, se plantea un problema práctico: si una ley estatal prohibiera a las corporaciones participar en elecciones, algunas empresas podrían optar por retirar inversiones o dejar de operar en esos estados, con implicaciones económicas y laborales locales. Ese argumento ha sido utilizado históricamente para oponerse a regulaciones consideradas onerosas para los negocios.

¿Qué podría ocurrir si una ley así entra en vigor?

La adopción de una ley de este tipo por parte de un solo estado respondería primero a un proceso judicial previsible. Los defensores aceptan que el caso llegaría a los tribunales estatales y, eventualmente, podría escalar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Justin Levitt, experto en derecho electoral, resume la secuencia probable: si la medida se aprueba y resiste en cortes estatales, la Corte Suprema seguramente querrá revisarla. En otras palabras, se trata de un plan para provocar un choque legal que reabra el debate sobre los límites entre regulación corporativa y libertad de expresión política.

Que la estrategia tenga éxito depende, por tanto, de varios factores: la precisión técnica de la redacción legal, la postura de los tribunales intermedios y la composición del Tribunal Supremo cuando el caso alcance la última instancia. No es una apuesta corta: puede llevar años y requerir defensa jurídica costosa.

Experiencias comparadas y antecedentes históricos

La tensión entre dinero y política tiene larga data en Estados Unidos. Antes de Citizens United, en 2002 el Tribunal Supremo ya había dejado claro en McConnell v. FEC y otros fallos que ciertos límites eran constitucionalmente sostenibles; sin embargo, el giro de 2010 alteró ese panorama al reafirmar que las restricciones a gastos independientes por parte de organizaciones con fines electorales podían vulnerar la Primera Enmienda. Muchas propuestas posteriores han intentado sortear o revertir ese cambio por caminos legislativos y constitucionales.

Históricamente, el derecho corporativo ha sido una herramienta flexible para los estados. Desde las primeras corporaciones con cartas reales hasta los modernos estatutos de sociedades, los estados regulan los derechos y obligaciones de entidades jurídicas a cambio de privilegios como la personería, protección de responsabilidad limitada o acceso a mercados regulatorios. Es en ese corredor legal donde los promotores de la reforma creen encontrar una palanca legítima para limitar el gasto electoral empresarial.

Ventajas y riesgos: un balance político

Ventajas: la propuesta podría restituir percepción de equidad en campañas y forzar mayor transparencia si logra regular tanto a empresas como a los vehículos de “dark money”. También puede provocar un debate público amplio sobre el papel del dinero privado en la democracia.

Riesgos: el litigio prolongado, el costo fiscal de defender leyes en tribunales y la posibilidad de consecuencias económicas adversas si empresas deciden reubicarse. Además, como advierten algunos especialistas, el dinero político no es solamente corporativo: individuos extremadamente ricos pueden seguir ejerciendo influencia directa, y gran parte del gasto independiente proviene de multimillonarios y donantes individuales.

¿Qué le tocará decidir a los votantes y gobernantes locales?

En Hawái, el proyecto remitido al gobernador queda ahora en manos del ejecutivo, que tiene un plazo para vetarlo o promulgarlo. En Montana, el plan sigue su ruta ciudadana y judicial: debe reunir firmas, sobrevivir a demandas de forma y fondo, y eventualmente someterse a votación. Si alguno de los estados logra promulgar la reforma y mantenerla ante los tribunales, el caso podría convertirse en un nuevo referente nacional que reavive la discusión constitucional sobre dinero y política.

El debate continúa

Al final, la iniciativa de redefinir a las corporaciones como herramienta para limitar el gasto electoral representa una apuesta audaz: combina técnicas del derecho corporativo con objetivos de política democrática. Sea que prospere o fracase en tribunales, ya logró algo que a menudo escasea: situar el tema del dinero en la política en el centro del debate público y empujar a ciudadanos, legisladores y jueces a replantear los límites entre la actividad económica y la vida democrática.

• Fuentes citadas para estadísticas: OpenSecrets, resumen de gasto externo en elecciones federales 2024 — OpenSecrets; Brennan Center for Justice, estimación de gasto de "dark money" 2024 — Brennan Center.
• Decisiones históricas mencionadas: Citizens United v. FEC (2010), referencia al fallo del Tribunal Supremo de EE. UU.