¿Suspender el impuesto federal a la gasolina? Lo que realmente significaría para tu bolsillo y las carreteras de EE. UU.

La idea de eliminar temporalmente el impuesto federal a la gasolina suena a alivio inmediato: menos centavos por galón y un poco más de dinero en el bolsillo al llenar el tanque. Pero, como suele ocurrir con las soluciones rápidas a problemas complejos, la realidad es más matizada. En este artículo analizamos cómo funciona el impuesto, cuánto podría beneficiar a los consumidores, qué efectos tendría sobre la financiación de carreteras y transporte público, y por qué economistas y responsables políticos advierten sobre consecuencias no deseadas.

El impuesto federal a la gasolina: ¿qué es y cuánto representa?

En Estados Unidos existe un impuesto federal sobre la gasolina que actualmente es de aproximadamente 18.4 centavos por galón; el impuesto federal sobre el diésel se sitúa en torno a 24.4 centavos por galón. Aunque esas cifras parezcan pequeñas al compararlas con los precios actuales del combustible, son la principal fuente de ingresos del denominado Highway Trust Fund, el fondo federal que financia carreteras, puentes y programas de transporte público.

Un dato importante para poner contexto: el impuesto federal no ha cambiado desde 1993. Esa larga inercia ha erosionado su poder adquisitivo por efecto de la inflación y del aumento del costo de los proyectos de infraestructura, lo que a su vez ha tensionado la capacidad del fondo para cubrir necesidades crecientes de mantenimiento y construcción.

¿Por qué se propone la suspensión ahora?

La propuesta de suspender temporalmente el impuesto federal surge en un contexto de fuertes presiones sobre los presupuestos familiares: el conflicto entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre internacional han tensionado los precios del petróleo, llevando el precio del combustible al consumidor a niveles muy superiores a los de meses anteriores. Según el club automovilístico AAA, el promedio nacional de gasolina estuvo cerca de $4.50 por galón en el periodo analizado, frente a $2.98 a finales de febrero, antes del recrudecimiento del conflicto.

Los defensores de la suspensión argumentan que, aunque se trate de una reducción marginal por galón, cualquier alivio puede ayudar a hogares y pequeñas empresas que destinan una porción significativa de su presupuesto al transporte. Además, hay impulso bipartidista en el Congreso para ofrecer una medida de emergencia que amortigüe el impacto de los precios altos de la energía.

¿Llegaría realmente ese descuento al consumidor?

Una de las preguntas clave es si la supresión del impuesto se traducirá íntegramente en menos centavos en la bomba. Aquí intervienen redes de distribución, contratos mayoristas, y decisiones comerciales de estaciones y distribuidores. Como explica Carl Davis, director de investigación en el Institute on Taxation and Economic Policy, “no puedes suspender el impuesto y luego esperar que todos despierten a la mañana siguiente y la gasolina sea 18 centavos más barata”. (Fuente: Institute on Taxation and Economic Policy)

Modelos económicos y estudios empíricos sugieren que solo una fracción del recorte tributario suele trasladarse al consumidor de forma inmediata. El Penn Wharton Budget Model estimó que, ante una suspensión federal, aproximadamente el 72% del recorte llegaría a los usuarios finales, lo que equivaldría a cerca de 13.2 centavos por galón de los 18.4 centavos suprimidos. (Fuente: Penn Wharton Budget Model)

Con esa tasa de transmisión, el ahorro para un hogar promedio no sería espectacular: Penn Wharton calculó que si la suspensión durara del 1 de junio al 1 de octubre y una familia llenara un tanque de 15 galones una vez por semana, el ahorro total sería de alrededor de $35 durante esos cuatro meses.

¿Es suficiente ese ahorro para las familias?

Para muchos hogares, especialmente aquellos con ingresos más bajos que dedican una mayor proporción de su presupuesto al transporte, $35 no es despreciable. Sin embargo, frente al aumento acumulado de precios—y considerando que los promedios nacionales de gasolina siguen siendo sustancialmente más altos que antes del conflicto—muchas familias podrían percibir la reducción como insuficiente o apenas perceptible en su factura mensual.

Además, expertos señalan que, en contextos de precios en alza, los distribuidores y minoristas pueden optar por apropiarse de parte de la reducción para proteger márgenes, especialmente si su estructura de costos y contratos no permite una rápida transmisión del recorte.

Impacto en la financiación de infraestructura

El aspecto más preocupante de una suspensión temporal del impuesto es su efecto sobre la financiación federal de transporte. El impuesto a los combustibles es históricamente la mayor fuente de recursos del Highway Trust Fund. El Penn Wharton Budget Model estimó que, con los niveles actuales de consumo y precios, una suspensión de cuatro meses podría reducir ingresos federales en alrededor de $8.35 mil millones; si también se suspendiera el impuesto al diésel, la pérdida podría acercarse a $11.5 mil millones.

Esos montos no son nimios: recortarlos del financiamiento del transporte podría llevar a retrasos en proyectos, recortes en mantenimiento, o la necesidad de recurrir a fondos generales para compensar lo perdido. Algunas propuestas legislativas contemplan exactamente eso: usar fondos generales para reponer el Highway Trust Fund. Pero los críticos advierten que financiar infraestructura con recursos generales no es una solución neutra: aumentaría el déficit federal y comprometería la sostenibilidad a largo plazo de proyectos de carreteras y transporte público.

Como resume Carl Davis: “Se puede imaginar muy fácilmente una combinación de mayor deuda nacional y menor financiación para carreteras, puentes y otros proyectos de transporte. Eventualmente habrá una consecuencia”. (Fuente: Institute on Taxation and Economic Policy)

¿Qué están haciendo los estados?

Más allá del plano federal, varios estados han optado por medidas propias para tratar de moderar el alza de precios. Estados como Indiana y Georgia han implementado suspensiones temporales de impuestos estatales a la gasolina; otros, como Kentucky y Utah, han reducido sus gravámenes. Sin embargo, la capacidad estatal para sostener ese tipo de alivios está limitada por la regla presupuestaria que muchos estados deben cumplir: el equilibrio fiscal anual.

Además, los impuestos estatales a los combustibles a menudo financian no solo transporte sino también educación, iniciativas ambientales y otros programas. Por eso, una reducción estatal tiende a enfrentarse a limitaciones políticas y fiscales más fuertes que una medida federal financiada con deuda o reasignaciones presupuestarias.

Qué más influye en el precio de la gasolina

Para comprender por qué la suspensión del impuesto es solo una pieza del rompecabezas, conviene repasar los principales componentes del precio final en la bomba:

• Costo del crudo: representa la mayor porción del precio; cuando el barril sube, todo lo demás suele seguir.
• Costos de refinación: variaciones estacionales (como la producción de mezclas de verano) elevan los precios en ciertos meses.
• Distribución y margen minorista: diferencias regionales y decisiones empresariales influyen en la transmisión de cambios.
• Impuestos federal y estatales: suman centavos que varían mucho según la jurisdicción.

En el contexto internacional reciente, el precio del petróleo Brent y el crudo estadounidense han superado los $100 por barril, lejos de los aproximadamente $70 por barril de meses anteriores. La atención se centra además en puntos geoestratégicos como el Estrecho de Ormuz, por donde históricamente transitó una fracción significativa del comercio petrolero mundial. La prolongación de tensiones en esa región amenaza con mantener al alza la incertidumbre sobre el suministro y los precios.

Balance: ¿es buena idea la suspensión?

No existe una respuesta simple. La suspensión del impuesto federal a la gasolina puede ofrecer alivio limitado y simbólico a consumidores y pequeños negocios en apuros, pero sus efectos reales dependen de la rapidez y amplitud con que los distribuidores trasladen el recorte a los precios minoristas. Al mismo tiempo, la medida comporta riesgos significativos para la financiación de infraestructura a largo plazo y podría aumentar el déficit si se compensa con fondos generales.

En términos prácticos, una política más eficaz para mitigar el impacto del alza de precios a mediano y largo plazo exigiría medidas combinadas: acción diplomática y estratégica para estabilizar mercados energéticos, mecanismos focalizados de apoyo a hogares de bajos ingresos, y reformas estructurales a la forma en que se financia la infraestructura (por ejemplo, actualización del impuesto federal para reflejar inflación y nuevas realidades del transporte).

Nota sobre fuentes y cifras: las cifras mencionadas sobre el impuesto federal (18.4 centavos por galón para la gasolina y 24.4 para diésel), la estimación de transmisión del 72% y las pérdidas estimadas de ingresos provienen de análisis públicos como el Penn Wharton Budget Model; las declaraciones sobre la transmisión incompleta y los riesgos fiscales reflejan comentarios de expertos como Carl Davis del Institute on Taxation and Economic Policy.