Colombia en retroceso humanitario: desplazamientos, minas y el costo civil de la violencia

El panorama humanitario en Colombia en 2025 empeoró hasta niveles no vistos en una década. Un informe anual del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alertó sobre un empeoramiento sostenido de la seguridad y del sufrimiento de la población civil: desplazamientos masivos, asesinatos, detonaciones por artefactos explosivos y la expansión del control local por parte de grupos armados ilegales.

Una radiografía inquietante: cifras y tendencia

Según el CICR, el número de personas desplazadas por la violencia se duplicó en 2025, alcanzando alrededor de 235.000 personas. Además, los bloqueos impuestos por grupos armados en poblaciones pequeñas se incrementaron en un 99% respecto al año anterior. En el mismo periodo, la organización contabilizó 965 víctimas (muertos o heridos) por artefactos explosivos, incluidas minas y drones, lo que representa un aumento del 33% con respecto a 2024.

Estas cifras no son meros números: representan familias expulsadas de sus tierras, economías locales paralizadas y una generación de niños y jóvenes expuestos a la violencia. Como señaló Olivier Dubois, jefe de misión del CICR en Colombia, “La situación humanitaria en 2025 es el resultado de un deterioro progresivo que el CICR viene advirtiendo desde 2018” (CICR).

¿Qué pasó tras la firma de 2016?

El acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) fue un hito: condujo a la desmovilización formal de miles de combatientes y prometió la reintegración y la transformación territorial. Sin embargo, la implementación ha sido incompleta y desigual. En áreas rurales donde las FARC ejercían control, emergieron vacíos de poder que otros actores armados —bandas criminales, grupos disidentes, y traficantes de drogas— aprovecharon para controlar rutas, cobranzas, economías ilícitas y poblaciones.

El resultado: territorios “reconfigurados” donde la lógica del control local se impone con violencia. La paz formal no siempre se tradujo en seguridad real para comunidades que quedaron expuestas a nuevas formas de coerción, reclutamiento forzado y economías ilegales.

Impacto directo sobre la población civil

Los desplazamientos forzados no solo implican mover a las personas de un lugar a otro. Traen consigo pérdida de vivienda, de medios de vida, de acceso a la salud y la educación, y la ruptura de redes comunitarias. En muchos casos las familias se instalan en condiciones precarias en ciudades intermedias o periferias urbanas donde la oferta estatal es insuficiente.

• Reclutamiento de menores: Organizaciones humanitarias han documentado el aumento de la incorporación de niños y adolescentes a grupos armados y estructuras criminales, ya sea por coerción directa o por la falta de alternativas económicas.
• Bloqueos y confinamientos: Los toques de queda impuestos por grupos armados afectan la movilidad, el acceso a mercados, la atención sanitaria y alimentaria.
• Artefactos explosivos: El incremento de víctimas por minas y dispositivos improvisados multiplica el riesgo para campesinos que trabajan la tierra y para equipos humanitarios que intentan asistir.

Violencia política y asesinatos de líderes

Además de la violencia territorial, Colombia ha sufrido un recrudecimiento de la violencia política. El asesinato de un candidato presidencial durante un mitin en Bogotá en 2025 conmocionó al país y puso de manifiesto la penetración de la violencia en la vida política urbana. Las investigaciones apuntaron a la responsabilidad de grupos armados en el hecho, evidenciando cómo la conflictividad ya no es exclusivamente rural.

Paralelamente, las amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos, de excombatientes en procesos de reincorporación y de líderes sociales continuaron. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó que la situación estaba “retrocediendo”, con un aumento del 9% en homicidios de defensores en 2025 respecto al año anterior.

Causas profundas y dinámicas criminales

El conflicto en Colombia combina motivaciones políticas con economías ilegales que financian la violencia. El control de corredores de cocaína, territorios de producción y rutas de exportación sigue siendo un motor clave. A esto se suman:

1. Fragmentación de actores armados: Tras la desmovilización de las FARC, surgieron grupos disidentes y facciones criminales que compiten entre sí y con el Estado.
2. Déficit de presencia estatal: En muchas zonas rurales la ausencia de servicios básicos y de seguridad facilita la domi-nación de actores armados.
3. Economía ilícita: El narcotráfico continúa proporcionando recursos para la compra de armas, la corrupción local y la expansión territorial.
4. Reincorporación incompleta: Procesos de reintegración frágiles dejan a excombatientes vulnerables a la re-reclutación o a su vinculación con economías ilegales.

Respuesta estatal e iniciativas de paz

Desde 2022, la administración del presidente Gustavo Petro intentó abordar la violencia rural mediante diálogos de paz con grupos residuales y acuerdos de cese al fuego con algunas facciones. No obstante, críticos sostienen que tales treguas han servido a ciertos grupos para reagruparse y rearmarse, lo que ha permitido que incrementen su control territorial.

En este contexto, las soluciones meramente militares parecen insuficientes y las respuestas político-institucionales requieren coherencia y largo aliento. La protección de la población civil exige, además de operaciones de seguridad, estrategias de desarrollo territorial, fortalecimiento institucional y programas sostenibles de sustitución de cultivos y oportunidades económicas legales.

Qué piden las organizaciones humanitarias

El CICR y otras organizaciones han insistido en:

• Respetar y aplicar el derecho internacional humanitario para proteger a civiles y a personal humanitario.
• Garantizar el acceso seguro de las agencias de ayuda a las comunidades afectadas.
• Desmantelar minas y limpiar artefactos explosivos para reducir las víctimas y permitir la recuperación productiva de la tierra.
• Implementar medidas integrales de prevención del reclutamiento infantil y de protección de la juventud.

“El respeto al derecho internacional humanitario no es opcional”, declaró el CICR en su informe anual, subrayando la urgencia de medidas concretas para proteger a quienes han sido empujados al borde por años de violencia (Fuente: CICR).

Casos y testimonios: el horror cotizado en historias humanas

Los relatos recogidos por organizaciones de derechos humanos describen noches de huida, cultivos abandonados, escuelas cerradas y población civil obligada a negociar la supervivencia con el actor que tenga el control local. En varias regiones del sur y el Pacífico, comunidades indígenas y afrodescendientes han sido sistemáticamente desplazadas, con pérdida de territorios ancestrales y vulneración de derechos colectivos.

Estos testimonios, aunque heterogéneos, muestran un patrón: la violencia se infiltra en lo cotidiano y mina las posibilidades de recuperación social y económica a mediano plazo.

¿Qué se puede hacer ahora?

No hay soluciones milagrosas, pero sí pasos que pueden marcar la diferencia:

• Presencia integral del Estado: Servicios de salud, educación, justicia y programas de empleo deben llegar a las zonas afectadas de forma sostenida.
• Desminado y seguridad: Priorizar la remoción de artefactos explosivos y proteger corredores seguros para el tránsito de personas y ayuda.
• Programas de prevención: Iniciativas dirigidas a la juventud que ofrezcan alternativas reales al reclutamiento en grupos armados.
• Justicia transicional y reparación: Avanzar en investigaciones y en la garantía de derechos de las víctimas para construir confianza.
• Cooperación internacional: Apoyo técnico y financiero para programas de estabilización y para fortalecer capacidades estatales locales.

Implementar estas medidas exige voluntad política, recursos y coordinación entre instancias nacionales e internacionales. Más aún, requiere reconocer que el eje del conflicto hoy no es únicamente militar: es social, económico y territorial.

Reflexión final

Colombia atraviesa un momento crítico donde la paz formal se enfrenta a la realidad de la violencia fragmentada y a economías ilícitas que alimentan el conflicto. La pérdida de vidas, la desposesión de tierras y el retroceso en derechos básicos no sólo afectan el presente, sino que hipotecan el futuro de generaciones enteras.

La respuesta debe combinar protección inmediata a las poblaciones vulnerables y políticas de largo plazo que transformen las condiciones estructurales que alimentan la violencia. Si no se actúa con decisión, las cifras del CICR y de la ONU no serán meras estadísticas: serán la evidencia de un país que permitió que la paz se diluyera mientras sus ciudadanos pagaban el mayor costo.