E1 y las demoliciones en al‑Eizariya: cómo una carretera redefine territorios y vidas

Al amanecer de un día cualquiera en al‑Eizariya, varias retroexcavadoras avanzaron y decenas de comerciantes palestinos vieron desaparecer en horas lo que habían levantado durante décadas. Car washes, talleres de chatarra y puestos de verduras, según las autoridades, habían sido construidos sin permisos; según los propietarios, eran el sustento de familias enteras cuyos ingresos se esfumaron con la presión del metal y el concreto.

Un proyecto vial que trasciende la ingeniería

El denominado plan E1 —un corredor de infraestructura que conecta las afueras de Jerusalén con la zona de Ma'ale Adumim— ya no es solo una cuestión técnica sobre cómo aliviar el tráfico. Para muchos palestinos, organizaciones de derechos humanos y buena parte de la comunidad internacional, E1 representa una pieza central de una estrategia urbana y territorial que fragmenta la posibilidad de un futuro Estado palestino contiguo.

Desde la toma de la Cisjordania occidental por Israel en 1967, la planificación territorial ha sido uno de los elementos más discutidos y conflictivos del conflicto. El proyecto E1, situado entre Jerusalén Este y el asentamiento de Ma'ale Adumim, es especialmente polémico porque su trazado afecta directamente la continuidad geográfica entre Jerusalén, Ramala y Belén, ciudades clave para cualquier solución basada en dos Estados.

Impacto humano: familias, comercios y medios de vida

Los propios afectados describen pérdidas que van más allá de la infraestructura física. Mohammad Abu Ghalieh, propietario de uno de los negocios demolidos, resumió la sensación de muchas familias: "Cuarenta y ocho años de trabajo de día y de noche para construir algo para mis hijos y para mí, y en una noche y un día todo se fue". Este tipo de testimonios reflejan que las demoliciones no solo destruyen un local: destruyen ahorros, deudas pagadas con sacrificio y la tranquilidad de generaciones.

Fuentes locales indican que más de 200 familias dependían económica o indirectamente de los comercios demolidos. Cuando se suprimen puestos informales y pequeñas empresas, a menudo con escasa protección social, el efecto multiplicador en la economía local es inmediato: pérdida de empleo, reducción del consumo y mayor vulnerabilidad.

Permisos y restricciones: una realidad asimétrica

Las autoridades israelíes sostienen que las construcciones carecían de permisos y que las demoliciones se llevan a cabo tras advertencias prolongadas. Por su parte, palestinos y organizaciones de derechos humanos subrayan que obtener permisos en áreas bajo control israelí es extremadamente difícil, cuando no imposible, y denuncian una aplicación selectiva que favorece la expansión de asentamientos.

Este desequilibrio en los procesos administrativos alimenta la percepción de desigualdad legal: mientras que a las comunidades palestinas se les exige documentalmente y se les sanciona por edificaciones consideradas informales, los asentamientos israelíes en la misma zona han experimentado expansión con aprobación estatal y planes de vivienda. El resultado es una geografía demográfica reforzada por la infraestructura.

La infraestructura como herramienta política

El debate sobre E1 muestra que las carreteras, túneles y bypass no son neutrales. Su diseño puede facilitar la movilidad, pero también puede segmentar el tejido territorial. Los críticos del plan advierten que la red vial propuesta incluiría vías que desviarán el tráfico palestino hacia corredores específicos, mientras que los accesos más directos quedarían reservados para conectar asentamientos con Jerusalén.

Hagit Ofran, directora de una organización antisettlement, expresó la preocupación de muchos expertos en planificación y derechos: "Los comercios demolidos están en el camino donde Israel planea construir una nueva carretera que desviará todo el tráfico palestino, de modo que puedan cerrar el área de E1 para los palestinos". Esta observación apunta a un uso estratégico de la infraestructura para modificar patrones de movimiento y uso del territorio.

Consecuencias para la solución de dos Estados

Varias voces políticas y académicas aseguran que la implementación del E1 tal como está prevista haría más difícil, si no imposible, la creación de un Estado palestino territorialmente viable y contiguo en Cisjordania. El trazado dividiría en la práctica áreas esenciales y complicaría la articulación entre ciudades palestinas clave.

Organismos internacionales han señalado de forma reiterada que la expansión de asentamientos y las obras que alteran la integridad territorial son un obstáculo para la paz. La comunidad internacional, en numerosas resoluciones y declaraciones, ha considerado la construcción de asentamientos en territorio ocupado como contraria al derecho internacional. Si bien las posturas varían entre países y organismos, existe un consenso mayoritario en cuanto al impacto negativo de estas políticas para la negociación de un arreglo basado en dos Estados.

Contexto histórico y legal

Tras la guerra de 1967, Israel ocupó Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Desde entonces, la administración civil militar y distintas decisiones políticas han guiado la planificación territorial en las áreas ocupadas. A grandes rasgos:

• La comunidad internacional, incluida la ONU, ha declarado repetidamente que los asentamientos civiles en territorios ocupados son ilegales según la Cuarta Convención de Ginebra, aunque Israel disputa la aplicabilidad plena de dicha interpretación en algunos casos.
• Los planes de urbanización y conectividad, como E1, se inscriben en una estrategia más amplia que incluye expansión de asentamientos, mejoras en la conectividad hacia Jerusalén y la creación de cinturones funcionales que alteran la demografía y la movilidad.

Históricamente, decisiones de infraestructura han moldeado fronteras de facto mucho antes de cualquier acuerdo diplomático. Como ejemplo más amplio, diversos estudios sobre planificación urbana en contextos de conflicto muestran que el control de las rutas y de los accesos puede consolidar ocupaciones y equilibrar presiones políticas hacia una solución definitiva.

Reacciones y resistencia

Las demoliciones en al‑Eizariya generaron reacciones diversas: desde denuncias de organismos de derechos humanos y de autoridades palestinas hasta justificaciones técnicas por parte de la administración israelí. En el terreno, se observan recursos legales, apelaciones ante instancias judiciales y, en ocasiones, movilizaciones de protesta. No obstante, los procesos legales suelen tardar y, como en este caso, las apelaciones no siempre logran suspender actuaciones ya programadas.

Además de la vía judicial, las comunidades afectadas intentan reorganizar sus actividades: algunos propietarios buscan nuevos locales, otros recurren a redes familiares y comunales para sostener ingresos. Sin embargo, la reconstrucción, cuando es posible, requiere tiempo y recursos que muchas familias no poseen.

Miradas hacia el futuro: ¿concesiones técnicas o decisiones políticas?

La discusión sobre E1 obliga a separar la esfera técnica de la política. ¿Es posible rediseñar una red vial que alivie el tráfico sin fragmentar la continuidad territorial palestina? ¿O la existencia misma del trazado sirve a un propósito político más amplio? La respuesta a estas preguntas no depende únicamente de ingenieros viales: requiere voluntad política, transparencia en la planificación y participación efectiva de las comunidades afectadas.

Mientras tanto, la vida cotidiana de cientos de familias continúa marcada por la incertidumbre. Los comercios derribados no volverán de inmediato, y la percepción de inequidad administrativa y de planificación alimenta resentimientos y desconfianzas que complican aún más cualquier camino hacia una solución negociada.

En última instancia, E1 no es solo una carretera: es un espejo que refleja cómo la infraestructura puede funcionar como herramienta de integración o como mecanismo de separación. La elección —técnica o política— definirá, en buena medida, si la geografía de la región favorecerá un futuro compartido o una mayor fragmentación.

Declaraciones y cifras citadas en este artículo proceden de reportes y testimonios recogidos en la zona; las declaraciones de propietarios y activistas fueron reproducidas según registros locales y entrevistas realizadas en el marco de la cobertura regional.