Voto por orden de preferencia y foto de identidad: por qué Estados Unidos vive una encrucijada electoral

En los últimos años Estados Unidos ha experimentado dos debates paralelos sobre cómo se organizan las elecciones: la introducción del voto por orden de preferencia (ranked-choice voting, RCV) en algunos estados y, al mismo tiempo, un endurecimiento de las normas de identificación de votantes en otros. Ambos movimientos prometen reforzar la confianza en el sistema electoral, pero han desatado preguntas jurídicas, políticas y prácticas que todavía no tienen una solución uniforme.

La experiencia pionera de Maine: una reforma popular que choca con la constitución estatal

En noviembre de 2016 los votantes de Maine aprobaron por mayoría una reforma para implantar el voto por orden de preferencia en las elecciones estatales y federales, convirtiendo a ese estado en el primero del país en adoptar la medida a nivel estatal. La iniciativa obtuvo cerca del 52% de apoyo popular y, desde entonces, se ha convertido en tema de intensos debates legales y políticos.

Brevemente, ¿cómo funciona el RCV? En una elección, los votantes ordenan a los candidatos según su preferencia (primera, segunda, tercera, etc.). Si un candidato obtiene más de la mitad (50% + 1) de las primeras preferencias, gana de inmediato. Si no ocurre, se elimina al candidato con menos votos y sus papeletas se redistribuyen según la siguiente preferencia indicada por sus votantes. Este proceso se repite hasta que un candidato supera el umbral mayoritario.

En la práctica, y a pesar del referendo de 2016 y de un respaldo posterior en 2018 que limitó la capacidad de la Legislatura para retrasar su aplicación, Maine ha implementado el RCV de forma parcial: se utiliza en primarias estatales y en elecciones federales (congresos y presidencial), pero no en las elecciones generales para gobernador ni para la Legislatura estatal. Esa situación híbrida —primarias con RCV y generales con voto por pluralidad— ha creado confusión entre los votantes y ha abierto un frente jurídico que todavía no se ha cerrado.

La traba constitucional: las cláusulas de pluralidad y el alcance del RCV

La razón principal por la que el RCV no se aplica por completo en Maine no es falta de apoyo popular, sino una interpretación de la Constitución estatal por parte de la Corte Suprema de Maine. Los magistrados han emitido de forma unánime, y en dos ocasiones mediante opiniones consultivas, que las disposiciones constitucionales que describen cómo deben elegirse el gobernador y los legisladores —textos que datan de casi 150 años— sugieren que esas oficinas se determinan por pluralidad: "el que obtenga el mayor número de votos", sin contemplar rondas sucesivas de tabulación hasta alcanzar mayoría.

En otras palabras, la Constitución de Maine contiene lenguaje explícito sobre el conteo y la declaración de una "elección por pluralidad" que, según la Corte, no encaja con el mecanismo de múltiples rondas propio del RCV. Por eso la interpretación judicial sostiene que ampliar el RCV a las elecciones generales estatales exigiría una modificación constitucional, no sólo una ley ordinaria ni un referéndum interpretado como suficiente, explican las autoridades estatales.

Este choque entre voluntad popular y texto constitucional ilustra una tensión clásica en democracia: ¿puede una reforma aprobada por votación popular operar cuando el texto fundamental del estado parece decir otra cosa? Los tribunales estatales tienen la última palabra sobre la interpretación de sus constituciones, y en Maine la respuesta ha sido, hasta ahora, negativa respecto a la extensión del RCV en las generales estatales.

Por qué el RCV sí se usa en primarias y elecciones federales

La diferencia radica en la naturaleza jurídica de cada elección. Según la Oficina de la Secretaria de Estado de Maine, las primarias y las elecciones federales están regidas por estatutos y leyes que el poder legislativo puede modificar sin vulnerar la Constitución estatal. Es por eso que el RCV pudo implantarse en primarias y en cargos federales (algunas disposiciones presidenciales fueron adoptadas por la Legislatura en 2020), mientras que las elecciones generales para gobernador y la Legislatura, reguladas por la Constitución, quedan fuera salvo enmienda constitucional.

Este matiz no es trivial para el votante promedio y explica la confusión que autoridades electorales y organizaciones cívicas han intentado mitigar mediante campañas informativas. "Es confuso para la gente —ha dicho Kate McBrien, jefa de personal de la secretaria de Estado de Maine—. Lo que escuchamos de todos es que lo confuso es a qué carreras aplica y por qué no aplica a todas".

Educación cívica y respuesta de la sociedad

Ante la complejidad del escenario, la oficina de la secretaria de estado y grupos como la League of Women Voters of Maine han realizado talleres y eventos comunitarios para explicar cómo funcionan las papeletas y evitar que los votantes se sientan desorientados en la jornada electoral. Chrissy Hart, directora ejecutiva de la Liga en Maine, reconoce la posibilidad de confusión pero insiste en que los votantes pueden aprender a manejar ambas formas de votación y que preferirían una continuidad: el mismo sistema en primarias y generales.

Las encuestas y sondeos han mostrado que el RCV sigue gozando de apoyo entre muchos votantes de Maine. Organizaciones como FairVote han reportado que el proceso mantiene respaldo mayoritario en encuestas de salida en elecciones en que se ha usado. Sin embargo, la popularidad no elimina la necesidad de armonizar la norma con la constitución estatal.

Política y polarización: legislaturas, tribunales y agendas partidarias

El debate sobre el RCV en Maine ha partido en amplios términos a los actores políticos. Los demócratas y algunos independientes han defendido su expansión: argumentan que permite votar por preferencias reales (no sólo por quién puede ganar), promueve candidatos más moderados y reduce la negatividad en las campañas. Los republicanos, en cambio, han cuestionado su conveniencia y su constitucionalidad, buscando limitarlo o, en algunos casos, eliminarlo.

En la práctica, los intentos republicanos de derogar el RCV han fracasado en la Legislatura controlada por demócratas. Por su parte, los esfuerzos demócratas por enmendar la Constitución para permitir la expansión requieren una supermayoría en ambas cámaras y, por lo tanto, enfrentan resistencias. El resultado es un escenario de "suspendida inercia": una norma que existe, se usa parcialmente y provoca continuos litigios y propuestas legislativas.

Un ejemplo reciente: L.D. 1666 y la opinión consultiva de la Corte

En la sesión legislativa más reciente los demócratas intentaron dar un nuevo enfoque. En lugar de proponer directamente una enmienda constitucional, impulsaron la L.D. 1666, un texto que buscaba armonizar la ley del RCV con las frases de la constitución sobre pluralidad, conceptualizando el voto como "una serie de instrucciones o rankings" que una vez tabulados producen un resultado final. La Legislatura solicitó a la Corte Suprema de Maine una opinión consultiva, un mecanismo constitucional que rara vez se invoca para dirimir preguntas de gran calado.

La Corte respondió de forma unánime en abril, y nuevamente dijo que ampliar el RCV a las elecciones generales para gobernador y para la Cámara estatal sería inconsistente con la Constitución. En su opinión los jueces sostuvieron que la idea de concebir el voto como un conjunto de instrucciones que derivan en un "voto final" no encaja con las disposiciones textuales que exigen una determinación por pluralidad en la elección de ciertos cargos. La decisión consultiva, aunque no vinculante más allá de aconsejar al Legislativo, desactivó la L.D. 1666 y dejó la vía constitucional como la más segura para cualquier cambio duradero.

Contrapuntos y comparaciones: el caso de Alaska y el debate judicial

Las sentencias y opiniones no son uniformes en todos los estados. Alaska, por ejemplo, aprobó y defendió un modelo amplio de RCV que fue revisado por su Corte Suprema en 2022 con un resultado favorable al sistema. La decisión de Alaska criticó la interpretación de la Corte de Maine de 2017, y algunos defensores del RCV han citado aquel fallo como precedente que fortalece su posición.

Scott Kendall, abogado que ganó el caso en Alaska, opinó públicamente que la interpretación de la Corte de Maine representa una "falta de imaginación" respecto a cómo leer cláusulas de pluralidad. No obstante, como él mismo admitió, la interpretación de la constitución de cada estado corresponde a su propio tribunal supremo.

¿Qué sigue para Maine? Políticas, escenarios y viabilidad electoral

Las opciones para quienes desean expandir el RCV en Maine son claras en el papel pero difíciles en la práctica:

• Intentar una enmienda constitucional: requeriría dos tercios en ambas cámaras de la Legislatura para que la propuesta llegue a los votantes en referendo. Dado el equilibrio de poder y la resistencia republicana, lograr una supermayoría es improbable en el corto plazo.
• Mantener la aplicación parcial actual: seguir usando RCV en primarias y federales y la pluralidad en generales estatales, acompañado de educación ciudadana para reducir confusiones.
• Formalizar un plan híbrido más claro y comunicable para la ciudadanía, con material educativo y simulacros de papeletas que aclaren qué sistema aplica en cada contienda.

Los actores políticos siguen divididos: los republicanos, según Jason Savage (director ejecutivo del Partido Republicano de Maine), no tienen interés en expandir el RCV y preferirían una discusión sobre si debería usarse en absoluto; muchas propuestas republicanas han buscado su eliminación. Para que un eventual intento de derogación tenga éxito haría falta retomar el control legislativo y, probablemente, el ejecutivo o una mayoría capaz de vetar o revertir la norma.

La voz de quienes implementan: administradores y antiguos secretarios de estado

Matt Dunlap, exsecretario de Estado y ahora auditor estatal demócrata, fue quien tuvo la responsabilidad de implementar la versión bifurcada del RCV tras la aprobación popular. Dunlap ha relatado que sus decisiones lo hicieron blanco de críticas de ambos bandos: unos lo acusaron de demorar la implementación, otros de "colarla". Su posición ha sido pragmática: "Si vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo bien". También ha reconocido que mantener dos sistemas distintos en primarias y generales es "absolutamente" generador de confusión para ciudadanos ocupados en su vida cotidiana.

Para Dunlap y otros administradores, la prioridad pragmática ha sido garantizar que cualquier sistema funcione técnicamente y que el escrutinio sea impecable.

Mientras tanto en otros estados: la ampliación de requisitos de identificación

En paralelo a estos debates sobre sistemas de votación, algunos estados han impulsado requisitos más estrictos de identificación para votar. El caso de West Virginia ilustra esta corriente. Ese estado aprobó recientemente una ley que exige foto identificación para votar en persona, con ciertas excepciones (por ejemplo, para personas mayores que pueden usar licencias vencidas si fueron válidas en su cumpleaños número 65, o para quienes completen un formulario y sean verificadas por un trabajador electoral que los conozca).

Los defensores de estas leyes suelen argumentar que exigen estándares comunes —como pedir identificación para abordar un avión o comprar alcohol— y que refuerzan la confianza en los procesos electorales. Sus críticos sostienen que la evidencia de fraude sistemático es escasa y que tales medidas pueden suponer barreras para grupos vulnerables, reduciendo el acceso y participación.

En la primera aplicación de la norma en las recientes primarias, los funcionarios de West Virginia informaron pocos inconvenientes. Aun así, organizaciones civiles y partidos de oposición denunciaron que el propósito real de esas reformas puede ser político, más centrado en el mensaje y en la gestión del electorado que en resolver problemas reales verificables.

Un panorama nacional fragmentado

Lo que combinan los casos de Maine y West Virginia es el hecho de que las políticas electorales en Estados Unidos no se deciden de forma uniforme: cada estado tiene su propio texto constitucional, su propia legislatura y su propio tribunal supremo. Por tanto, reformas como el RCV o cambios en requisitos de identificación se traducen en paisajes legislativos muy distintos.

Esto genera varios efectos prácticos:

1. Confusión del votante. Cuando la regla cambia según la elección y el estado, los electores necesitan educación continua para participar con confianza.
2. Litigios y recursos judiciales. Las reformas que alteran prácticas tradicionales suelen terminar ante tribunales, que interpretan constituciones y leyes estatales. Las soluciones políticas pueden verse limitadas por decisiones judiciales.
3. Polarización política. Algunas reformas se convierten en símbolos partidarios que dividen a los actores (ej.: RCV entre demócratas e independientes, foto ID entre republicanos y demócratas), entorpeciendo acuerdos de consenso.

Ideas para reducir la fricción: transparencia, educación y procesos participativos

Frente a este escenario conviene plantear medidas prácticas que minimicen la desconfianza y la desorientación ciudadana:

• Campañas de educación electoral robustas: materiales claros, simuladores de papeletas y ejercicios prácticos en escuelas y centros comunitarios para familiarizar a la gente con el RCV y con los requisitos de identificación.
• Auditorías y datos públicos: publicar auditorías técnicas y estadísticas sobre la implementación de reformas, tiempos de conteo y errores detectados para que la discusión se base en hechos.
• Foros ciudadanos deliberativos: mesas de trabajo con representantes partidarios, administradores electorales y grupos cívicos para proponer soluciones ajustadas a la realidad local.
• Enmiendas constitucionales con amplia deliberación: cuando un cambio exige enmendar una constitución estatal, promover procesos amplios que expliquen consecuencias y busquen mayorías transversales.

Un recordatorio final: no existe un sistema electoral perfecto

Como han señalado incluso algunos protagonistas del debate, no hay un sistema electoral perfecto. Cada método tiene ventajas y limitaciones. El RCV puede promover mayorías más amplias y reducir la estrategia del "voto útil", pero añade complejidad de conteo y requerimientos técnicos. Los requisitos de identificación pueden aumentar la percepción de seguridad, pero a veces elevan barreras de acceso. La clave no es adoptar dogmáticamente una regla, sino buscar diseños que equilibren representatividad, accesibilidad y confianza pública.

El caso de Maine muestra que la reforma puede partir de la voluntad popular, pero chocar con textos constitucionales que demandan soluciones más profundas. El caso de West Virginia recuerda que cambios administrativos pueden implementarse rápidamente con mayorías legislativas, aunque no sin críticas. En conjunto, ambos fenómenos subrayan la necesidad de que las reformas electorales sean acompañadas de un esfuerzo sostenido de educación, diálogo y, cuando sea necesario, cambios constitucionales claros y democráticamente legitimados.

Mientras tanto, millones de ciudadanos seguirán acudiendo a las urnas, a veces ante tarjetas de votación distintas según la elección, a veces con la obligación de presentar una foto de identidad, y siempre con la esperanza de que su voto sea contado justamente y que las reglas del juego favorezcan la participación y la confianza en la democracia.

Fuentes y referencia histórica:

• Resultados del referendo de Maine, noviembre de 2016: aprobación del voto por orden de preferencia por aproximadamente 52% de los votos (Secretaría de Estado de Maine).
• Opiniones consultivas de la Corte Suprema de Maine sobre RCV (2017 y 2024): registros y comunicados de la corte estatal.
• Decisión de la Corte Suprema de Alaska sobre RCV (2022): discusión y fallo favorables al uso amplio del sistema.
• Informes y análisis de organizaciones como FairVote sobre la percepción ciudadana del RCV y su implementación en diferentes jurisdicciones.

Nota: las citas que aparecen en este texto provienen de declarantes públicos y funcionarios de los estados mencionados, recogidas en reportes y declaraciones oficiales durante el desarrollo de los procesos legislativos y judiciales.