Bombardeos, fallos de inteligencia y desconfianza: el ciclo de víctimas civiles en Nigeria

ABUYA. En las últimas semanas emergieron imágenes, testimonios y cifras que vuelven a poner sobre la mesa una pregunta angustiosa: ¿por qué siguen muriendo civiles en Nigeria como consecuencia de bombardeos aéreos supuestamente dirigidos contra grupos armados? El incidente más reciente —un ataque en un mercado de Tumfa, en el estado de Zamfara, que organizaciones locales atribuyen a la aviación militar y que habría causado decenas de muertos— reabre tensiones históricas entre la necesidad de seguridad y la protección de la población civil.

Un patrón repetido

Los ataques aéreos en el norte y noroeste de Nigeria no son eventos aislados. Según el centro de investigación SBM Intelligence, que ha recopilado informes y datos de comunidades afectadas, desde 2017 más de 500 civiles han muerto como resultado de bombardeos de las fuerzas nigerianas. Ese conteo, aunque parcial por las dificultades para verificar en campo, dibuja un patrón: la aviación se ha convertido en una herramienta frecuente frente a grupos que operan en áreas de difícil acceso por carretera y que se desplazan rápidamente en motocicletas a través de bosques y pueblos remotos.

Amnesty International Nigeria, por su parte, reportó que en el ataque en Tumfa, Zamfara, al menos 100 personas —entre ellas niños— murieron en el mercado. Un funcionario de la Cruz Roja en el estado confirmó a medios que el bombardeo dejó «múltiples civiles» fallecidos y heridos. La fiscalización independiente y la documentación por parte de ONG han sido clave para que estos hechos obtengan visibilidad nacional e internacional.

La narrativa oficial y la fragilidad de la evidencia

Frente a informes de ONG y testimonios locales, el liderazgo militar ha sostenido desde el principio una postura defensiva: reconoce operaciones aéreas pero niega o minimiza las bajas civiles cuando no existe, según ellos, «evidencia verificable». El mayor general Michael Onoja confirmó la realización de un ataque en la zona del mercado, pero afirmó que «no hay pruebas verificables de víctimas civiles» y que las operaciones militares continúan en el área.

Ese choque entre relatos —el de las autoridades y el de la sociedad civil— agrava la percepción de impunidad y erosiona la confianza pública. Incluso cuando el ejército admite errores en el pasado, las investigaciones internas rara vez se traducen en medidas sistemáticas y transparentes. Un caso atípico ocurrió en 2024, cuando dos militares fueron procesados por un bombardeo en Kaduna que mató a más de 80 civiles; el proceso generó expectativas que aún no se han cumplido en términos de reformas profundas y publicación de informes completos.

Limites técnicos y humanos en la guerra aérea

Varios analistas señalan que las limitaciones no son solo de voluntad, sino también de capacidad técnica y de coordinación. El Instituto para Estudios de Seguridad (ISS por sus siglas en inglés) y expertos locales han señalado la necesidad de mejoras en entrenamiento de pilotos, sistemas de puntería y en los mecanismos de validación de inteligencia que preceden a un ataque. Sin esos elementos, la probabilidad de errores aumenta, especialmente en escenarios donde elementos armados se mueven entre civiles.

Oluwole Ojewale, investigador del ISS, ha subrayado que la guerra contra grupos armados en Nigeria exige inversiones continuas en desarrollo de capacidades y en tecnología, así como protocolos claros para minimizar daños colaterales. Sin embargo, esos cambios requieren voluntad política, recursos y supervisión externa independiente para ser creíbles.

Grupos armados y la estrategia de insurgencia

La fragmentación del conflicto nigeriano complica aún más la situación. Más allá de Boko Haram, existen decenas de grupos armados en diferentes regiones, muchos de ellos surgidos a partir de conflictos entre pastores y agricultores, redes criminales involucradas en secuestros por rescate y milicias locales. Estos grupos suelen operar en áreas con presencia estatal débil y recurren, en ocasiones, a tácticas que ponen en riesgo a la población civil, como moverse entre aldeas, emplear escudos humanos o instalarse temporalmente en mercados y asentamientos.

La falta de presencia policial y de fuerzas de seguridad terrestres eficaces en amplias zonas rurales deja a la aviación como una de las pocas opciones para enfrentar a estos grupos. Pero la capacidad de disuadir o neutralizar a los combatientes sin dañar a la población exige inteligencia de calidad y colaboración estrecha con comunidades locales, algo que con frecuencia falla.

La excusa del uso de rehenes y los límites legales

Las autoridades nigerianas han sostenido recurrentemente que los «bandits» y «terroristas» no respetan las normas de enfrentamiento y que, en ocasiones, utilizan a civiles como escudos humanos. Como dijo el ex presidente Muhammadu Buhari en su momento: «Bandits and terrorists, unlike professional soldiers, don’t respect the rules of engagement. They don’t care about killing their hostages if they come under attack» (traducción: «Los bandidos y terroristas, a diferencia de soldados profesionales, no respetan las reglas de combate. No les importa matar a sus rehenes si son atacados»). Este tipo de declaraciones intentan explicar la complejidad operacional pero no eximen a las fuerzas del deber legal de proteger a civiles.

El derecho internacional humanitario obliga a las fuerzas armadas a tomar todas las precauciones posibles para evitar o minimizar daños a la población civil y a rendir cuentas cuando fallan. Las investigaciones deben ser imparciales y sus resultados accesibles. La repetición de incidentes sin rendición de cuentas efectiva debilita la legitimidad del uso de la fuerza y alimenta ciclos de venganza y radicalización.

La relación con socios internacionales y la opacidad sobre inteligencia

Otro elemento que complica el escenario es la cooperación internacional en materia de seguridad. En los últimos años, EE. UU. suministró apoyo en inteligencia, logística y equipo, incluidas unidades y drones para tareas de inteligencia y apoyo. No está claro hasta qué punto la información proporcionada por aliados internacionales se usó en los ataques que terminaron con víctimas civiles, ni qué mecanismos existen para auditar ese uso.

La opacidad sobre las fuentes de inteligencia y su validación dificulta conocer responsabilidades compartidas. Para muchos analistas, la ayuda externa debería ir acompañada de exigencias de transparencia y de salvaguardas para proteger a los civiles; sin ese marco, la asistencia técnica puede inadvertidamente contribuir a consecuencias letales.

Impacto social y la urgencia de reconstruir la confianza

Más allá de las cifras y las declaraciones, el coste humano es inmenso: familias destrozadas, mercados cerrados por miedo, desplazamiento de poblaciones y un tejido social fracturado. Cuando las comunidades perciben que el Estado es una amenaza tanto como los grupos armados, la cooperación en materia de inteligencia se desvanece. Sin esa información local, las operaciones militares pierden precisión y legitiman la narrativa de abandono estatal que alimentan las milicias.

Analistas como el senador Iroegbu, con experiencia en seguridad en Abuya, han remarcado que, además de mejoras técnicas, se necesita construir confianza con las comunidades: programas de protección civil, canales seguros para la denuncia de presencias armadas y participación de líderes locales en procesos de verificación previa a operaciones. Solo así puede reducirse la brecha entre la necesidad de seguridad y la obligación de proteger a la población.

Recomendaciones para un cambio real

1. Fortalecer mecanismos independientes de investigación y transparencia: publicar informes completos y permitir la participación de observadores internacionales y ONG.
2. Invertir en capacidades no letales y en presencia terrestre: mejorar policía local y fuerzas de seguridad integradas en las comunidades para reducir la dependencia exclusiva de ataques aéreos.
3. Mejorar la calidad de la inteligencia y su verificación: integrar fuentes locales, imágenes satelitales y protocolos de doble verificación antes de autorizar ataques.
4. Establecer salvaguardas en la cooperación internacional: que la asistencia extranjera incluya cláusulas de responsabilidad, auditoría y protección de civiles.
5. Programas de reparación y apoyo a víctimas: atención médica, reconstrucción de infraestructuras civiles y compensación cuando se comprueben errores militares.

Mientras tanto, cada nuevo incidente alimenta la desconfianza y el miedo. La responsabilidad del Estado es doble: proteger a su población de la violencia de los grupos armados y, al mismo tiempo, asegurarse de que sus propias acciones no se conviertan en otra fuente de daño. Nigeria enfrenta una encrucijada: mantener una estrategia ofensiva sin corregir fallos recurrentes puede profundizar el conflicto; aplicar reformas serias puede costar tiempo y recursos, pero es la única vía para restaurar legitimidad y seguridad sostenibles.

Fuentes citadas y recursos para profundizar:

• Amnesty International (informes y comunicados sobre Nigeria)
• SBM Intelligence (análisis sobre víctimas de bombardeos en Nigeria)
• Comité Internacional de la Cruz Roja (principios del derecho internacional humanitario)