El cierre abrupto de USAID y sus secuelas: violencia, vacíos institucionales y la nueva geografía de la ayuda

En 2025, la decisión del Gobierno de Estados Unidos de desmantelar de forma repentina la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) —un actor central en la asistencia global— provocó una cadena de efectos que aún resuenan en África y en las instituciones humanitarias internacionales. Un estudio publicado en la revista Science y el seguimiento de organizaciones como ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project) han puesto en evidencia que aquella ruptura súbita no fue un evento administrativo aislado: tuvo consecuencias reales sobre la dinámica de conflicto, la capacidad de respuesta humanitaria y el tejido de programas de prevención de la violencia.

Una decisión con impacto inmediato: la magnitud de los recortes

La eliminación de más del 90% de los contratos de ayuda extranjera por parte de la administración estadounidense supuso la cancelación o suspensión de miles de proyectos, la interrupción de cadenas de suministro y la pérdida de capacidades locales que se habían ido construyendo durante décadas. Según informes oficiales y análisis independientes, el recorte representó un agujero aproximado de 60.000 millones de dólares en financiamiento externo comprometido por Estados Unidos a diversos programas.

Más allá de la cifra, lo que marcó la diferencia fue la forma: la retirada fue abrupta, sin un periodo de transición ni mecanismos de transferencia que permitieran a gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales o agencias de la ONU ajustar operaciones o garantizar continuidad en programas críticos para la seguridad humana.

Correlación entre retirada de ayuda y aumento de violencia

El estudio publicado en Science analiza la relación entre la desaparición súbita de apoyo de USAID y la evolución de la violencia en regiones africanas históricamente dependientes de esa asistencia. Los autores advierten que, pese a no poder establecer causalidad directa en todos los casos, los datos muestran una correlación clara: tras el cierre de programas, en áreas donde USAID había sido un pilar del desarrollo y la prevención de conflictos, se observó un incremento sostenido de incidentes violentos.

El estudio (Science, 2026) concluye que “los recortes de ayuda a gran escala y de manera inesperada pueden desestabilizar contextos frágiles”. Esa frase resume una intuición que los expertos venían señalando: las intervenciones de ayuda no siempre son solo asistencia humanitaria; en muchos lugares funcionan como piezas de infraestructura social y de gobernanza que, al desaparecer de golpe, dejan vacíos que actores armados y redes criminales pueden explotar.

Testimonios y análisis: voces que señalan pérdidas no recuperables

Nathaniel Raymond, director ejecutivo del Humanitarian Research Lab de la Yale School of Public Health, resumió el daño intangible en términos que muchos expertos comparten: aunque se restituya el financiamiento, “la experiencia está perdida”. En otras palabras, la memoria organizativa, los contratos locales, la confianza comunitaria y las redes de implementación no se recuperan con la sola inyección de fondos.

Esta pérdida de experiencia es un punto crítico: programas que trabajaban en prevención del reclutamiento de jóvenes, en mediación de conflictos locales o en seguridad alimentaria habían creado canales y procedimientos específicos para lidiar con crisis recurrentes. Sin personal, coordinación regional y contratos vigentes, esos mecanismos se desactivan, incrementando la vulnerabilidad de las poblaciones.

El rostro del impacto: casos en Nigeria, Etiopía y Costa de Marfil

La literatura y las crónicas de campo recogen ejemplos concretos. En Nigeria, por ejemplo, la asistencia de USAID permitió sostener programas de apoyo a víctimas del grupo terrorista Boko Haram y financiar iniciativas de desmovilización y reintegración. Cuando esas actividades se paralizaron, comunidades que dependían de redes de apoyo y de proyectos de empleo juvenil quedaron expuestas a presiones de redes armadas que reclutan a quienes carecen de oportunidades.

En la región de Tigray, Etiopía, todavía marcada por las secuelas del conflicto que estalló en 2020-2021, los fondos estadounidenses eran un componente esencial del entramado de recuperación. Las interrupciones de recursos se produjeron cuando los esfuerzos de reconstrucción y de atención a desplazados aún no estaban consolidados, multiplicando riesgos de descomposición social y sanitaria.

En el norte de Costa de Marfil, fronterizo con zonas donde operan grupos vinculados a Al Qaeda y el llamado ISIS en el Sahel, USAID había financiado iniciativas de fortalecimiento comunitario y prevención de extremismo. La retirada de esos apoyos coincidió con una mayor presión insurgente y episodios de violencia que analistas atribuyen en parte al debilitamiento de las capacidades locales para resistir la expansión ideológica y material de grupos armados.

Jihadismo en África: una tendencia que amplifica la fragilidad

El aumento de violencia en África no puede entenderse exclusivamente como consecuencia del cierre de USAID; hay factores estructurales e históricos que también explican la expansión de grupos yihadistas. Sin embargo, informes como el de ACLED documentan que en los últimos cuatro años la implicación de actores extremistas en incidentes violentos ha aumentado y que los ataques a civiles se han vuelto más frecuentes.

ACLED advierte sobre un patrón de expansión transnacional: insurgencias que antes estaban concentradas en el Sahel ahora se proyectan hacia regiones vecinas, generando spillovers de inseguridad. Los programas de USAID, en varios de esos territorios, actuaban como amortiguadores: apoyo a gobernanza local, proyectos de desarrollo económico y programas de seguridad comunitaria que, aunque no erradicaban la amenaza, contribuían a limitar su expansión.

La respuesta de la Casa Blanca: fondos para la ONU, pero con matices

Frente a las críticas por el cierre de USAID, la administración anunció posteriormente la asignación de 1.800 millones de dólares adicionales para asistencia humanitaria a través de Naciones Unidas, elevando la contribución total estadounidense a 3.8 mil millones de dólares para programas humanitarios en 21 países, según declaraciones del Departamento de Estado y del embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz.

Waltz defendió la decisión como parte de una “estrategia selectiva” de financiamiento, enfatizando que los recursos se priorizarán para proyectos gestionados localmente y orientados a poblaciones vulnerables. La Casa Blanca ha sostenido que esa aproximación permite focalizar la ayuda donde produce mayores resultados, aunque los críticos señalan que la reducción global del presupuesto y la fragmentación de compromisos generan incertidumbre y debilitan la previsibilidad que necesitan las organizaciones implementadoras.

¿Es suficiente la nueva asignación a la ONU?

Los 1.800 millones anunciados representan un aporte significativo y en algunos casos pueden cubrir necesidades urgentes. No obstante, varias voces del sistema humanitario han subrayado que la cantidad es una fracción de lo que históricamente Estados Unidos destinaba a programas de desarrollo y cooperación internacional. Además, hay un aspecto cualitativo: la ayuda bilateral, canalizada a través de agencias como USAID, no solo financia asistencia de emergencia; sostiene programas de largo plazo que inciden en la reducción de la violencia y el fortalecimiento institucional.

Tom Fletcher, alto funcionario humanitario de la ONU, describió a la organización como “sobrepasada, con recursos insuficientes y literalmente bajo ataque”, subrayando la magnitud de las necesidades: la ONU estimaba en 2026 que su plan para llegar a 87 millones de las poblaciones más necesitadas requería 23.000 millones de dólares, aunque la demanda global de ayuda era mucho mayor —con cerca de 300 millones de personas necesitando algún tipo de asistencia humanitaria.

Consecuencias para las agencias locales y ONG

Un punto crítico es la afectación de las organizaciones locales, muchas de ellas subcontratistas y socios implementadores de proyectos financiados por USAID. La cancelación de contratos no solo implicó la pérdida de ingresos: generó despidos, interrupción de cadenas de suministro y una brecha de capacidad técnica. En varios países, organizaciones que tenían la confianza de comunidades vulnerables dejaron de existir o quedaron paralizadas, complicando la entrega de ayuda y la ejecución de programas de prevención.

Como lo señaló Ladd Serwat, analista senior de África en ACLED, algunos programas detenidos pudieron haber evitado que conflictos locales se transformaran en insurgencias: “Vemos ahora un aumento de insurgencias y de spillover; algunos de esos programas protegían a comunidades de amenazas insurgentes y ahora ya no están activos”.

¿Cómo se mide el impacto real?: limitaciones metodológicas

Los estudios que vinculan recortes de ayuda con aumento de violencia enfrentan retos metodológicos complejos. Determinar causalidad en contextos con múltiples variables (políticas internas, factores económicos, dinámicas transfronterizas, cambio climático, desplazamientos de poblaciones) es difícil. Por ello, los autores del estudio en Science fueron cautelosos: no afirmaron que más ayuda siempre reduce el conflicto, sino que demostraron que una interrupción repentina de esa ayuda puede tener efectos desestabilizadores.

Este matiz importa: la evidencia apunta a que la previsibilidad y la continuidad de la asistencia pueden ser tan relevantes como su volumen. La incertidumbre financiera —saber que los fondos pueden desaparecer de un día para otro— penaliza proyectos con impacto a largo plazo y desalienta inversión en capacidades locales.

Impacto geopolítico y percepción internacional

Además del efecto material en el terreno, la retirada de ayuda tiene costes en la reputación y la influencia política. Durante décadas, la ayuda exterior estadounidense ha sido un instrumento de soft power: no solo ayudaba a poblaciones necesitadas, sino que construía alianzas, legitimidad y peso diplomático. Los recortes y la estrategia de seleccionar a qué agencias pagar y a cuáles no han sido percibidos por aliados y socios como un retroceso en el compromiso estadounidense con soluciones multilaterales.

Criticismo adicional apunta a que otros donantes tradicionales, como Reino Unido, Francia, Alemania y Japón, también han reducido sus asignaciones, lo que ha generado un déficit global de financiamiento humanitario con efectos multiplicadores sobre las poblaciones vulnerables.

¿Qué alternativas existen para mitigar el daño?

Expertos y organizaciones sugieren varias medidas para reducir la vulnerabilidad creada por interrupciones de ayuda:

• Planificación de transición: cuando se planifican recortes, establecer períodos de transición y mecanismos de transferencia de responsabilidades para garantizar continuidad operativa.
• Fortalecimiento de socios locales: invertir en instituciones locales y en contratación que priorice la sostenibilidad institucional y la memoria técnica.
• Fondo de contingencia: crear mecanismos financieros que permitan mantener programas críticos durante periodos de incertidumbre política.
• Cooperación multilateral: fortalecer coordinación entre donantes para que la salida de un financiador no signifique el abandono total de programas estratégicos.

Lecciones históricas: por qué las salidas abruptas suelen fallar

La historia de la cooperación internacional ofrece precedentes sobre los costos de las salidas abruptas. Por ejemplo, reducciones precipitadas de asistencia en los años posteriores a la Guerra Fría en algunos países del África subsahariana se asociaron con recortes en servicios básicos y un deterioro de la gobernanza local. De modo similar, la literatura sobre posconflicto ha subrayado que la reconstrucción y la prevención requieren horizontes temporales largos; la inversión en capital humano y en redes institucionales no produce resultados inmediatos sino acumulativos.

Por ello, la sorpresa y la rapidez con la que se cerraron los programas de USAID hace eco en el campo: las estructuras que se desmontan de manera brusca rara vez se vuelven a montar con la misma eficacia o en el mismo plazo.

Un futuro incierto: riesgos y oportunidades

Mirando hacia adelante, el panorama es ambiguo. Por un lado, el aporte adicional a la ONU y la retención de una parte de la financiación humanitaria pueden aliviar emergencias inmediatas y salvar vidas en situaciones críticas. Por otro lado, la ausencia de un esquema coherente y predecible de cooperación bilateral y de desarrollo deja a muchas regiones en una posición vulnerable frente a la expansión de la violencia y la fragilidad institucional.

El reto para la comunidad internacional es construir modelos de financiamiento más resilientes: que combinen ayuda humanitaria rápida con inversiones de largo plazo en prevención del conflicto, gobernanza y desarrollo económico. Si no se logra esa combinación, la probabilidad de ciclos repetidos de crisis aumentará, con costos humanos y geopolíticos difíciles de justificar.

En definitiva, el caso del cierre de USAID pone sobre la mesa una pregunta central: ¿cómo equilibrar decisiones políticas soberanas con la responsabilidad de preservar capacidades críticas que, aunque difíciles de cuantificar, sostienen la estabilidad en contextos frágiles? La respuesta tendrá implicaciones no solo para África, sino para el diseño del sistema internacional de ayuda en las próximas décadas.

Fuentes citadas y recursos recomendados:

• Estudio publicado en Science sobre el impacto de la retirada de USAID en la violencia en África (Science, 2026). Disponible en: https://www.science.org
• Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) — Reportes sobre expansión de violencia yihadista en África. https://acleddata.com
• Declaraciones públicas de Nathaniel Raymond (Humanitarian Research Lab, Yale) y Tom Fletcher (ONU) recogidas en coberturas periodísticas y comunicados oficiales de 2025-2026.
• Comunicados del Departamento de Estado y del embajador Mike Waltz sobre contribuciones a programas humanitarios de la ONU.