Presos por informar: el asedio a la prensa en Afganistán y por qué importa

Un nuevo capítulo de represión

En los últimos días se conocieron detenciones de al menos tres periodistas en Afganistán por parte de las autoridades talibanes, según denunciaron organizaciones internacionales y medios afganos. Las detenciones habrían ocurrido sin cargos públicos claros y se produjeron en el marco de registros y confiscaciones en las instalaciones de la cadena TOLONews y la empresa matriz Moby Group.

¿Qué sucedió? Las autoridades afganas anunciaron la detención de dos periodistas de TOLONews, identificados por el propio canal como Imran Danish (editor político) y Mansoor Niazi (presentador). Por su parte, el Centro de Periodistas de Afganistán (Afghanistan Journalists Center) informó que Jawid Niazi, propietario de la agencia privada Paigard, fue detenido el 6 de mayo. Fuentes internacionales como la Misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) y el Committee to Protect Journalists (CPJ) expresaron su preocupación por estas acciones y por reportes de registros violentos y confiscación de equipos.

El contexto: un país entre los peores para el periodismo

El retroceso en la libertad de prensa en Afganistán no es un fenómeno puntual. Desde la toma del poder por los talibanes en agosto de 2021, los espacios de información independiente se han ido reduciendo sistemáticamente: periodistas retenidos, medios clausurados, autocensura y amenazas constantes. En los índices internacionales, Afganistán figura entre los países con menor libertad de prensa. Reporters Without Borders (Reporteros Sin Fronteras) ha situado a Afganistán en lugares muy rezagados de su ranking mundial: en la edición de 2026 el país aparece entre los últimos puestos del índice global, reflejando años de deterioro para la profesión y el derecho a la información (Reporters Without Borders).

La libertad de prensa no es un lujo: es un mecanismo clave para la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de otros derechos humanos. Como recordó la propia UNAMA en un comunicado reciente: “Una prensa libre, independiente y segura es esencial para la transparencia, la rendición de cuentas y el bienestar de la sociedad afgana”, y exhortó a las autoridades a respetar sus obligaciones conforme al derecho internacional (Misión de la ONU en Afganistán).

Por qué estas detenciones son preocupantes

• Impunidad y ausencia de transparencia: los arrestos sin cargos públicos claros y las investigaciones opacas erosionan la confianza y suponen un uso del poder que busca intimidar a periodistas y medios.
• Impacto en la información local: cuando medios independientes son acosados o cerrados, la población pierde fuentes de noticias fiables y aumentan las posibilidades de desinformación y propaganda oficial.
• Autocensura: el miedo a represalias obliga a los periodistas a evitar temas sensibles, debilitando el rol fiscalizador de la prensa.
• Seguridad de los profesionales: los registros, confiscaciones y agresiones físicas documentadas incrementan los riesgos laborales y forzan a muchos reporteros a abandonar la profesión o exiliarse.

Reacciones internacionales y organizaciones defensoras

El Committee to Protect Journalists (CPJ) pidió la liberación inmediata e incondicional de los periodistas detenidos y calificó las redadas como una muestra del clima de miedo que enfrentan los informadores en Afganistán. Kunal Majumder, coordinador del programa de Asia-Pacífico del CPJ, señaló que las autoridades talibanes deben cesar la interferencia y permitir que la prensa trabaje sin amenazas (CPJ).

UNAMA también mostró “seria preocupación” por las detenciones y por los reportes de agresiones y decomiso de equipos y bienes durante operaciones de registro. La misión de la ONU recordó a las autoridades afganas sus obligaciones conforme al derecho internacional de los derechos humanos y la protección de periodistas.

Antecedentes relevantes

Los episodios recientes se insertan en una secuencia de restricciones y detenciones que han marcado los últimos años en Afganistán. Algunos hitos a considerar:

1. En 2021, tras el colapso del gobierno respaldado por Occidente y la reocupación del país por los talibanes, cientos de periodistas perdieron la protección institucional y muchos medios redujeron su cobertura o cerraron.
2. En 2022 se registraron detenciones de periodistas de TOLO que habían informado sobre supuestas prohibiciones de telenovelas extranjeras; aunque fueron puestos en libertad posteriormente, el caso evidenció la fragilidad del trabajo informativo.
3. En 2023 se conoció el caso de un periodista franco-afgano que permaneció detenido más de 280 días antes de ser absuelto por un tribunal, un episodio que ilustra la empleabilidad de cargos graves (como espionaje) en contextos politizados para silenciar voces críticas.

¿Qué significa esto para la sociedad afgana?

Una prensa asediada impacta directamente en la vida cotidiana de las personas. Sin información independiente, la población tiene menos herramientas para comprender decisiones públicas, denunciar abusos o acceder a servicios esenciales. Además, la ausencia de fiscalización alimenta la impunidad y debilita cualquier posibilidad de reformas institucionales.

Por otro lado, cuando periodistas son objeto de detenciones arbitrarias, la relación entre ciudadanía y poder se deteriora: la propaganda oficial puede convertirse en la fuente principal de noticias, y las narrativas críticas o las investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos pasan a la clandestinidad o desaparecen por completo.

Opciones de respuesta y acciones prácticas

Ante este escenario, la comunidad internacional y la sociedad civil disponen de herramientas para mitigar el deterioro, aunque ninguna es una solución mágica:

• Presión diplomática: gobiernos y organismos multilaterales pueden elevar la atención sobre casos concretos, condicionar cooperación y asistencia, y exigir mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
• Protección y apoyo a periodistas: organizaciones internacionales y ONG pueden ofrecer refugio temporal, becas, entrenamiento en seguridad digital y física, y asistencia legal para los afectados.
• Apoyo a medios independientes: fondos, infraestructura técnica y plataformas seguras pueden ayudar a mantener operaciones en condiciones hostiles.
• Visibilización mediática: mantener el foco noticioso sobre detenciones y abusos reduce el costo político de reprimir a la prensa y crea redes de solidaridad regional e internacional.

Sin embargo, cabe reconocer la limitación real: presionar desde fuera tiene efectos desiguales y, en última instancia, depende de la voluntad de actores internos y de la capacidad de las propias organizaciones periodísticas para resistir.

Reflexión final: el costo humano y social

Detrás de cada titular sobre detenciones o censuras hay profesionales, familias y audiencias que pierden acceso a información vital. Forzar el silencio de la prensa no solo es una vulneración de derechos; es una apuesta contra la transparencia y el progreso social. Como afirmó una vez la relatora especial sobre defensa de los derechos humanos de Naciones Unidas, la libertad de expresión y el periodismo son pilares de sociedades más justas y seguras (Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos).

En el caso afgano, la detención reciente de periodistas —y la dinámica represiva que la sustenta— exige atención sostenida: por los colegas detenidos, por las audiencias privadas de información y por el interés colectivo en que la luz pública sea, siempre que sea posible, una garantía frente al abuso.

Fuentes citadas: comunicados públicos de la Misión de la ONU en Afganistán (UNAMA), Reporters Without Borders (Reporteros Sin Fronteras) y Committee to Protect Journalists (CPJ).