Georgia 2025: la sombra de 2020 y la batalla por la confianza en las elecciones

El recuerdo de la elección de 2020 sigue siendo una fuerza política en Georgia: no es solo una anécdota histórica, sino un eje alrededor del cual se articulan hoy campañas, leyes y discursos públicos. A medida que el actual secretario de estado, Brad Raffensperger, abandona su cargo para competir por la gobernación, la contienda por quien supervisará los comicios en el estado adquiere una dimensión crítica. La polémica no es solo partidaria; involucra la legalidad, la técnica de los sistemas de votación y, sobre todo, la confianza ciudadana en el proceso electoral.

Una herencia difícil: lo que dejó 2020

En 2020, Georgia se convirtió en un foco nacional: el presidente Donald Trump objetó los resultados que dieron la victoria al demócrata Joe Biden, y su presión sobre funcionarios estatales —incluido un intento de persuadir a Raffensperger para "encontrar" votos— generó un debate sobre la integridad del recuento. El margen final de la victoria de Biden en Georgia fue estrecho; según los resultados oficiales y la cobertura de prensa, la diferencia fue de aproximadamente 11.779 votos a favor de Biden en el cómputo estatal (ver resultados oficiales del estado y reportes periodísticos).

Ese estrecho margen amplificó narrativas de fraude y alimentó una oleada nacional de desinformación que llegó a permear candidaturas y oficinas estatales. En Georgia, algunos aspirantes republicanos al puesto de secretario de estado han adoptado posturas que cuestionan, cuando menos, la certeza de los resultados de 2020, mientras que otros defienden la robustez del sistema actual.

El dilema técnico: QR vs. lectura humana

Una disputa concreta y técnica se ha convertido en símbolo político: la forma en que las máquinas de votación cuentan los sufragios. Georgia utiliza máquinas táctiles que imprimen una papeleta en papel con dos elementos: una lista legible por el ser humano con las selecciones del votante y un código QR que las escáneras leen para contabilizar los votos.

Una ley estatal aprobada hace un tiempo prohibió el uso del código QR como resultado oficial a partir del 1 de julio (la ley fijó un plazo para eliminar la dependencia de la lectura por QR), pero los legisladores no han acordado todavía una alternativa práctica y unificada que pueda implementarse antes de ese plazo. La consecuencia es incertidumbre operativa para condados y funcionarios electorales y un riesgo palpable de litigios que podrían cuestionar el cómputo de votos en próximos comicios.

Además, la conversión hacia papeletas marcadas manualmente —una demanda creciente entre algunos candidatos— plantea desafíos logísticos: costos, capacitación, tiempos de conteo y la necesidad de auditar procesos para mantener la seguridad y la trazabilidad. Implementar un nuevo sistema antes de 2028, como se plantea en algunos escenarios, exigirá planificar procedimientos, contratar y probar equipamiento y establecer protocolos de auditoría públicos y replicables.

La polarización entre candidatos

En el abanico de aspirantes republicanos, solo algunos defienden sin reservas los resultados de 2020. Gabriel Sterling, exalto funcionario de la secretaría de estado, ha sido una voz pública en defensa de los procesos y ha afirmado públicamente que Georgia cuenta con "uno de los mejores y más seguros sistemas electorales del país" (declaraciones públicas de Sterling en foros y debates estatales). Otros candidatos, como Vernon Jones y Kelvin King, han declarado que persisten dudas sobre la elección de 2020; Jones llegó a afirmar que "hay irregularidades" y expresó su apoyo a quienes creen que existió fraude.

En el lado demócrata, la narrativa central se centra en la protección del voto y la defensa frente a intentos de deslegitimación del proceso electoral. Candidatos demócratas han hecho del acceso al sufragio y de la transparencia administrativa sus banderas, preocupados por cómo la retórica negacionista erosiona la participación y la confianza ciudadana.

¿Qué está en juego más allá de la retórica?

La disputa no es solo simbólica: el próximo secretario de estado tendrá responsabilidades técnicas y legales concretas. Entre ellas están:

• Dirigir la implementación de cambios en el sistema de votación en respuesta a la legislación estatal.
• Coordinar con comisionados electorales de los condados para garantizar que la administración de elecciones sea uniforme y segura.
• Responder a litigios y demandas sobre el método de conteo, lo que puede implicar asesoría legal y decisiones operativas bajo presión.
• Preservar la integridad de los registros, capacitar al personal y asegurar la cadena de custodia de material electoral.

En un ambiente en el que la desconfianza crece, cada decisión técnica puede interpretarse como una ventaja o un perjuicio partidario, y eso complica la gestión apolítica que requiere el cargo.

Aspectos legales y la sesión especial

El gobernador convocó a una sesión especial de la legislatura en la que, además del redistritaje, se busca abordar el problema del código QR y definir un camino a seguir. Sin embargo, la naturaleza partidizada de la discusión y las distintas prioridades de los legisladores hacen difícil prever soluciones consensuadas y rápidas.

La ausencia de una alternativa clara al uso del QR crea tres riesgos: primero, que los condados operen con normas dispares; segundo, que surjan impugnaciones judiciales a los resultados; y tercero, que la percepción pública sobre la precisión del conteo continúe erosionándose.

Transparencia y auditoría: la clave para recuperar confianza

Si existe una lección práctica es que la transparencia y las auditorías independientes pueden ayudar a reconstruir confianza. Prácticas como recuentos manuales de muestra, pruebas públicas de las máquinas y publicación detallada de los procedimientos de cadena de custodia son herramientas probadas. Estados que han implementado auditorías de riesgo limitado (risk-limiting audits) han mostrado cómo una metodología estadística puede confirmar resultados con alto grado de certeza y explicar ante la ciudadanía por qué un resultado es fiable.

La adopción de auditorías exigirá voluntad política y recursos: formación técnica, estándares comunes y plazos realistas para la implementación. Pero, más importante aún, requiere que quienes administren el proceso sean percibidos como imparciales y técnicamente competentes.

El desafío de la narrativa pública

Al final, la disputa en Georgia es también de narrativa. Cuando figuras públicas cuestionan el resultado de una elección sin presentar pruebas verificables, el daño no se mide en puntos de ventaja, sino en la erosión de la confianza cívica. Recuperar esa confianza exige que las autoridades y los candidatos hablen con datos, expliquen procesos y permitan la verificación independiente.

Para los electores, la pregunta práctica es cómo confiar en las instituciones. Para quienes aspiran al puesto de secretario de estado, la prueba será demostrar, con hechos y procedimientos auditables, que pueden administrar elecciones justas y seguras sin ceder ante presiones partidarias.

Georgia se encuentra ante una encrucijada: modernizar sus prácticas de votación, aclarar sus leyes y restaurar la credibilidad pública. La próxima elección para secretaria de estado será, por tanto, menos sobre símbolos y más sobre capacidad técnica, transparencia y el compromiso real de preservar el derecho al voto.

Fuentes y datos consultados: resultados electorales de 2020 en Georgia (reportes oficiales y cobertura periodística) y documentación pública sobre la legislación estatal relativa a métodos de conteo y papeletas.