La Declaración de Chisináu: ¿Un punto de inflexión en la política migratoria europea?

Europa vive un momento decisivo en su aproximación a la migración: la reciente declaración política acordada por 46 países pone sobre la mesa una reinterpretación práctica del Convenio Europeo de Derechos Humanos en casos migratorios y abre la puerta a fórmulas controvertidas, como centros de devolución en terceros países.

¿Qué propone la Declaración de Chisináu?

Adoptada por ministros de Asuntos Exteriores reunidos en la capital de Moldavia, la declaración subraya el "derecho innegable de los Estados a controlar la entrada y la residencia de extranjeros" y plantea la posibilidad de que países "expuestos a llegadas masivas" exploren nuevos mecanismos para disuadir las migraciones irregulares, entre ellos los denominados "return hubs" en terceros países y una cooperación reforzada con naciones de tránsito.

En términos prácticos, la declaración busca ofrecer un marco político para que los Estados armonicen enfoques más firmes sobre expulsiones y devoluciones, intentando sortear lo que consideran limitaciones impuestas por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

¿Qué cambia realmente frente al Convenio Europeo de Derechos Humanos?

Formalmente, la declaración es política y no vinculante; sin embargo, su peso simbólico y el respaldo de 46 Estados pueden influir en cómo tribunales nacionales y autoridades migratorias interpretan obligaciones internacionales. El temor de organizaciones defensoras de derechos humanos es que esta reinterpretación lleve a una aplicación más laxa de las prohibiciones absolutas contra la tortura, los tratos inhumanos o la falta de acceso a servicios médicos críticos tras una deportación.

Como ha señalado Chiara Catelli, portavoz de la red PICUM (Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes en Situación Precaria), existe el riesgo de que se "presione a un tribunal independiente para debilitar protecciones consagradas" y que, en la práctica, aumente la posibilidad de expulsar a personas a contextos donde podrían sufrir daños graves (PICUM).

La experiencia reciente: el ejemplo de los "return hubs"

El debate no es teórico. El año pasado, Italia envió a varias decenas de migrantes rechazados a un "hub" de retorno en Albania, convirtiéndose en el primer país de la Unión Europea en externalizar deportaciones hacia un Estado fuera de la UE que no era ni su país de origen ni necesariamente un tránsito directo en la ruta del migrante. Este paso se presentó como una solución para agilizar expulsiones y reducir la presión sobre sistemas nacionales de asilo.

Para los gobiernos favorables a medidas más estrictas, estos mecanismos pueden facilitar la implementación práctica de decisiones de expulsión y evitar largas apelaciones que, según argumentan, socavan la soberanía estatal. Magnus Brunner, comisario europeo de migración en algunos foros, ha celebrado iniciativas que "refuerzan un enfoque justo y firme" hacia la migración, defendiendo la necesidad de soluciones compartidas para un desafío compartido.

Críticas desde la sociedad civil y los expertos

Organizaciones como Amnistía Internacional han sido contundentes. Eve Geddie, directora de la oficina para instituciones europeas, ha advertido que establecer un sistema de "dos niveles" de derechos humanos basado en el estatus migratorio sería una afrenta al principio de universalidad de los derechos. Sus declaraciones apuntan a una preocupación sustantiva: si la protección se hace dependiente de la condición migratoria, se socavan garantías básicas para personas vulnerables.

Los críticos temen también las consecuencias prácticas: la externalización de expulsiones a terceros países puede trasladar responsabilidades a Estados con sistemas judiciales y sociales débiles, y complicar el acceso a recursos legales y asistencia humanitaria para las personas deportadas.

Contexto político: el ascenso de la agenda antiinmigración

La declaración llega en un contexto en el que varios países europeos han endurecido sus políticas migratorias: en 2024, formaciones de derechas ganaron peso en varios gobiernos, y un grupo de nueve Estados de la UE (entre ellos Austria, Italia y Polonia) publicó una carta pidiendo reinterpretar la jurisprudencia del TEDH sobre expulsiones de nacionales extranjeros condenados por delitos. Alegaban que el Tribunal ponía límites excesivos a la expulsión de criminales extranjeros.

Algunos analistas interpretan la Declaración de Chisináu como una respuesta política coordinada para recuperar margen de maniobra frente a instancias judiciales internacionales percibidas como restrictivas. No obstante, esta estrategia conlleva riesgos legales y reputacionales para los Estados que opten por empujar esa reinterpretación.

Implicaciones jurídicas y para el propio Tribunal Europeo

El Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal que lo interpreta han sido pilares del orden jurídico en Europa desde la posguerra. Alterar la práctica de protección en materia de migración podría tensar las relaciones entre los Estados miembros y el sistema convencional. La propia legitimidad del Tribunal depende de que las decisiones judiciales se respeten; una campaña política por socavar sus criterios podría erosionar ese respeto y complicar la cooperación judicial transnacional.

Al mismo tiempo, los tribunales nacionales podrían verse presionados a aplicar normas menos garantistas, generando discrepancias jurisprudenciales dentro del Consejo de Europa y, en última instancia, más litigios estratégicos que busquen clarificar límites.

¿Qué dicen los datos sobre llegadas y presión migratoria?

Según datos del Servicio Europeo de Apoyo al Asilo (EASO) y de Frontex, las rutas migratorias hacia Europa han mostrado fluctuaciones significativas en los últimos años. En 2023 y 2024 se registraron aumentos en ciertas vías del Mediterráneo occidental y central, mientras que otras rutas disminuyeron temporalmente por cambios en las políticas de tránsito y control. Frontex estimó millones de intentos de entrada irregular en la última década, aunque la cifra exacta varía según la fuente y el método de conteo.

Los países con mayor presión por llegada de migrantes suelen argumentar que necesitan herramientas eficaces para gestionar flujos y prevenir retornos forzosos inadecuados. Sin embargo, la evidencia empírica también muestra que soluciones puramente restrictivas no resuelven las causas estructurales de la migración (conflictos, pobreza, cambio climático) y que, además, pueden generar costes altos en términos de derechos y estabilidad regional.

Alternativas: ¿qué políticas equilibradas existen?

Los expertos en políticas migratorias destacan varias alternativas que combinan control con protección:

• Cooperación humanitaria y reubicación: mecanismos intraeuropeos de redistribución de solicitantes de asilo para aliviar países con mayores llegadas.
• Acuerdos de readmisión transparentes: negociar retornos con salvaguardias claras y supervisión internacional para garantizar derechos fundamentales.
• Programas de integración y vías seguras: ampliar canales legales de migración laboral y humanitaria que disminuyan incentivos a rutas irregulares.
• Fortalecimiento de capacidades en terceros países: cooperación para mejorar sistemas de protección y ofrecer alternativas locales, siempre con condiciones de derechos verificables.

Estas opciones requieren inversión, coordinación y, sobre todo, voluntad política. Evitar soluciones apresuradas que deleguen responsabilidades sin garantías es clave para preservar las normas europeas.

Reflexión final: soberanía, seguridad y derechos

La Declaración de Chisináu plantea una tensión clásica: la búsqueda de control y seguridad por parte de los Estados frente a la obligación de proteger derechos humanos universales. Convertir esa tensión en una oportunidad para diseñar políticas más eficaces y con mayores garantías sería la mejor vía para evitar un debilitamiento del marco jurídico europeo. En cambio, priorizar medidas de corto plazo que externalicen responsabilidades podría generar costes humanos y legales duraderos.

El desafío es encontrar un equilibrio que combine prácticas de gestión migratoria con la observancia estricta de las obligaciones internacionales de protección. La discusión está abierta, y la forma en que se resuelva marcará el rumbo de la política migratoria europea en los próximos años.

Fuentes y lecturas recomendadas: declaración oficial del Consejo de Europa sobre la reunión de Chisináu; informes de PICUM y Amnistía Internacional sobre riesgos de externalización; datos agregados de Frontex y EASO sobre flujos migratorios en Europa.