Juicio por la conmemoración de Tiananmen en Hong Kong: el fin de una tradición y la redefinición de las libertades ciudadanas

El proceso contra dos organizadores marca un antes y un después en la vida política y civil de la ciudad tras la aplicación de la ley de seguridad nacional

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Hong Kong vivió durante décadas una singular excepción dentro de la República Popular China: la posibilidad de conmemorar públicamente el 4 de junio de 1989 y recordar el duro final de las protestas en la Plaza Tiananmen. Esa excepción está hoy en tensión máxima. El juicio contra dos de los principales organizadores de aquellas vigilias —acusados de incitación a la subversión bajo la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín— no solo amenaza con castigar a individuos concretos, sino con redefinir el alcance de los derechos civiles en la ciudad.

De las vigilias multitudinarias a la prohibición

Durante años, las vigilias en Hong Kong congregaron a decenas de miles de personas en Victoria Park para recordar la represión ocurrida en Beijing en 1989. Eran un espacio público donde se mezclaban el recuerdo histórico, la solidaridad con las víctimas y la reivindicación de reformas democráticas en China.

Sin embargo, en 2020 las autoridades locales prohibieron la conmemoración oficial, citando razones de salud pública por la pandemia de COVID-19. Tras esta prohibición, el lugar emblemático donde tradicionalmente se reunían los asistentes fue ocupado por eventos organizados por grupos afines al gobierno, y en los aniversarios posteriores varios ciudadanos que intentaron reunirse para recordar la fecha fueron detenidos o sancionados.

El caso judicial: acusaciones y defensa

El juicio reciente se centra en dos dirigentes del anterior Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China: Chow Hang-tung y Lee Cheuk-yan. Ambos se han declarado no culpables de cargos que, en su formulación, acusan de incitar a la subversión contra el orden establecido bajo la ley de seguridad nacional. Si fuesen condenados, las penas pueden alcanzar hasta diez años de prisión.

La fiscalía ha presentado como uno de los núcleos de la acusación la demanda histórica del movimiento de “poner fin al gobierno de partido único”, sosteniendo que dicha consigna equivalía a instar al uso de medios ilícitos para derrocar la dirección del Partido Comunista. En palabras pronunciadas por el fiscal durante el juicio, “las libertades de expresión, asociación y reunión no son cartas blancas que invaliden la ley” y, por tanto, no protegen expresiones que, según la acusación, intentaban fomentar la subversión.

En respuesta, los acusados y sus defensores han argumentado que la expresión criticada contiene demandas de apertura democrática y discusión pública, no llamados concretos a la violencia ni a métodos ilegales. Lee Cheuk-yan afirmó en la sala que la frase “poner fin al gobierno de partido único” buscaba promover un sistema donde «el pueblo decida quién los gobierna», un cambio hacia la democracia y no una convocatoria a la insurrección. Por su parte, Chow Hang-tung ha sostenido que sus escritos perseguían fomentar el entendimiento entre hongkoneses y ciudadanos del continente y debaten ideas políticas, no incitar al odio ni a la acción criminal.

Implicaciones legales y políticas

Más allá de la suerte procesal de Chow y Lee, este juicio tiene consecuencias simbólicas y prácticas de gran alcance. La ley de seguridad nacional, introducida en 2020, redefinió el marco jurídico y político de Hong Kong, incluyendo figuras penales como la secesión, la subversión, el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras. Organizaciones de derechos humanos han alertado desde entonces que la ley posee definiciones amplias y vagas que permiten una interpretación extensiva y, por ende, la criminalización de la disidencia pacífica.

En ese sentido, Amnistía Internacional describió el caso como un ejemplo de cómo se han utilizado términos generales para perseguir a líderes civiles. Sarah Brooks, directora adjunta regional de la organización, señaló que los cargos se basan en definiciones “vagas, excesivamente amplias y arbitrarias de 'subversión'” y pidió que las imputaciones contra los organizadores sean retiradas. (Fuente de la cita: comunicado público de Amnistía Internacional sobre el caso).

El cambio en el ecosistema de la protesta

El peso de la represión y la vigilancia ha transformado no solo la escena política formal, sino también la cultura ciudadana. Donde antes había marchas y vigilias masivas ahora existen conmemoraciones de menor escala, actos dispersos y, en muchos casos, autocensura por temor a consecuencias legales. Las redes sociales y las plataformas digitales, que solían ser herramientas de convocatoria, se han convertido en entornos de riesgo: publicaciones antiguas sirven a menudo como evidencia en investigaciones.

Según análisis de distintas organizaciones de derechos digitales, en 2021 y 2022 se observó un aumento notable en el número de detenciones relacionadas con expresiones políticas y activismo en Hong Kong. Datos recopilados por ONG y grupos de vigilancia documentan centenares de casos de arrestos por protestas, publicaciones en redes sociales o por organizar actividades que antes eran consideradas parte del derecho a la libre reunión.

Contexto histórico: por qué importa Tiananmen

El recuerdo de Tiananmen no es un simple acto conmemorativo local: remite a una intersección de memorias históricas, derechos humanos y la relación entre la sociedad civil y el Estado en toda China. En junio de 1989, las fuerzas armadas chinas reprimieron con violencia una manifestación prodemocrática en la Plaza Tiananmen de Beijing, con un saldo de víctimas cuyo número exacto aún es objeto de debate y estimaciones divergentes. Fuentes académicas señalan que el número de muertos podría oscilar entre varios centenares y varios miles, dependiendo de los criterios y datos considerados (véase reseñas históricas sobre Tiananmen en fuentes abiertas y académicas).

Para Hong Kong, que hasta 1997 fue colonia británica, la conmemoración adquirió un significado particular: la ciudad se autodefinía como un espacio donde la memoria de los acontecimientos de 1989 podía expresarse públicamente, en contraste con la censura y la represión imperantes en el continente. Con la devolución a China en 1997, Pekín comprometió mantener el orden y ciertos derechos en la región administrativa especial durante 50 años; la tensión entre esa promesa y la práctica real se ha convertido en un eje central de la discusión política contemporánea.

Reacciones internacionales y locales

El caso ha atraído atención internacional por diversas razones: por su relación con la libertad de expresión y de asociación, por el simbolismo de las vigilias de Tiananmen y por las implicaciones para el estado de derecho en Hong Kong. Varias organizaciones de derechos humanos y voces diplomáticas han expresado preocupación. Internamente, la opinión pública está fragmentada: mientras un sector de la sociedad lamenta la erosión de espacios cívicos, otro apoya medidas que, a su juicio, propician estabilidad y orden.

Es importante recordar que la estabilidad buscada por las autoridades tiene un coste social y político. Encuestas realizadas en años recientes muestran una caída en la confianza de los ciudadanos en las instituciones locales y una creciente sensación de inseguridad respecto a la libertad de expresión y la participación política. Estos fenómenos no solo afectan la esfera política: también inciden en la emigración de profesionales, cambios en el clima empresarial y en la reputación internacional de la ciudad como centro financiero abierto.

¿Qué está en juego?

El proceso no solo decidirá la libertad o la pena de unos acusados concretos. Será un test para el alcance real de los derechos civiles en Hong Kong y un precedente que influirá en futuras actuaciones judiciales y administrativas. Si la interpretación penal se mantiene amplia, muchas formas de disenso pacífico podrían quedar desalentadas o directamente penalizadas.

Para activistas, académicos y observadores internacionales, el corazón del asunto es si en Hong Kong seguirá habiendo espacio para la memoria crítica y la expresión pública de opiniones contrarias al poder. Una ciudad que pierde esa capacidad corre el riesgo de empobrecer su vida cívica y de transformar la vigilancia y el control en la norma cotidiana.

Mientras el tribunal continúa con las fases finales del juicio, la atención pública permanece alerta: no solo por la posible sentencia, sino por las señales que el fallo emitirá sobre el futuro de la vida política y los derechos civiles en Hong Kong.

Referencias y lecturas recomendadas:

Este artículo fue redactado con información de Associated Press