Bombardeos con drones y mercados convertidos en objetivos: la nueva faz del conflicto en Sudán

El 2023 marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Sudán: lo que comenzó como una disputa interna entre fuerzas armadas se transformó en un conflicto que ha devastado regiones enteras, alterado la vida cotidiana de millones y, en los últimos meses, incorporado con violencia creciente una nueva herramienta bélica: el dron. El ataque reportado en un mercado de la población de Ghubaysh, en la provincia de Kordofán Occidental, que dejó al menos 28 muertos y decenas de heridos, es un ejemplo macabro de cómo mercados y otros espacios civiles se han convertido en zonas de riesgo extremo.

El blanco cotidiano: por qué los mercados son vulnerables

Los mercados en Sudán no son solo puntos comerciales: son nodos de abastecimiento básico para comunidades enteras. En regiones como Kordofán Occidental, miles de personas dependen semanalmente de puestos y comercios locales para comprar alimentos, medicinas y otros insumos esenciales. Al atacar un mercado, no solo se apunta a una concentración de personas en un momento determinado sino que se interrumpe la cadena de subsistencia de amplias áreas rurales y urbanas.

Organizaciones locales como Emergency Lawyers han documentado que el mercado de Ghubaysh estaba “abarrotado de civiles” al momento del impacto, lo que explica el elevado número de víctimas. En contextos donde la población no puede desplazarse con facilidad y la infraestructura humanitaria es escasa, los mercados funcionan como centros de la vida social y económica: convertirlos en objetivos multiplica el daño directo —muertos y heridos— y el daño indirecto —hambre, falta de acceso a servicios y colapso de redes locales.

La proliferación de drones: un cambio tecnológico con consecuencias humanas

Desde el estallido del conflicto entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en abril de 2023, ambos bandos han usado cada vez más drones para controlar territorios, detectar y atacar posiciones adversarias y generar desestabilización. Según informes de la ONU citados por actores internacionales, los drones se han convertido en la amenaza letal más prominente para la población civil: entre enero y abril (de un año reciente) los vehículos aéreos no tripulados provocaron al menos 880 muertes civiles, según datos presentados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR).

El uso de esta tecnología, originalmente concebida para misiones de reconocimiento o para ataques puntuales en teatros de guerra convencionales, ha evolucionado hacia empleos indiscriminados o mal dirigidos en áreas densamente pobladas. La facilidad de adquisición —a veces mediante canales internacionales— y la relativa baja necesidad de personal altamente especializado han permitido que grupos estatales y paramilitares obtengan plataformas armadas con rapidez. Analistas advierten que el resultado es una capacidad de ataque persistente y distribuida que amplifica tanto la letalidad como el miedo en la población.

Cifras que confirman la escalada

Las estadísticas recientes muestran una dinámica preocupante: en 2025 se registraron al menos 2.670 personas muertas —incluyendo combatientes y civiles— en incidentes relacionados con drones, lo que representó un aumento del 600% en muertes por drones y un 81% más de ataques en comparación con el año anterior, según el proyecto estadounidense Armed Conflict Location & Event Data (ACLED).

En términos globales de la crisis sudanesa, las cifras siguen siendo alarmantes: al menos 59.000 personas han muerto desde el comienzo del enfrentamiento; aproximadamente 13 millones han sido desplazadas internamente o hacia países vecinos; y más de 30 millones requieren algún tipo de asistencia humanitaria. Estas cifras, además de trágicas por sí mismas, muestran cómo la intensificación del uso de armamento moderno contribuye a agravar una crisis humanitaria que ya de por sí era severa.

Actores externos y la dinámica de suministro

Otra arista crítica es el flujo de armamento y tecnología al interior del país. Analistas y organismos internacionales han señalado la participación indirecta de terceros países que proveen sistemas de drones, piezas o asesoría técnica a las partes beligerantes. Volker Türk, alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, ha instado a la comunidad internacional a adoptar medidas que impidan la transferencia indiscriminada de estas plataformas hacia Sudán: “Debemos prevenir que la adquisición de estas armas agrave aún más el sufrimiento de la población civil”, dijo Türk en una intervención pública (ONU, declaraciones accesibles en comunicados oficiales).

La presencia de actores extranjeros en el suministro de drones convierte el conflicto en terreno fértil para dinámicas de influencia y, potencialmente, para una guerra por delegación (proxy war). Las fuentes de financiación, venta o suministro logístico no solo aumentan la capacidad ofensiva de los bandos sudaneses sino que complican las opciones diplomáticas para frenar la violencia.

El dilema de la responsabilidad: versiones contrapuestas

Tras incidentes como el ataque en Ghubaysh, distintas fuentes ofrecen versiones en conflicto. Organizaciones locales atribuyen responsabilidades a la fuerza militar estatal; la jerarquía del Ejército, por su parte, niega ataques contra civiles y sostiene que sus operaciones buscan objetivos militares legítimos. En algunos casos, oficiales anónimos han afirmado que las aeronaves no tuvieron impacto en civiles sino en vehículos de combate de la RSF. La existencia de versiones encontradas complica la rendición de cuentas y dificulta la investigación independiente, sobre todo en zonas controladas por fuerzas que restringen el acceso de observadores y medios.

En ausencia de investigaciones imparciales y con testimonios muchas veces fragmentarios, la única certeza es el sufrimiento humano y la pérdida masiva de medios de subsistencia. Para las víctimas y sus comunidades, la investigación forense y la verificación de responsabilidades son pasos esenciales para garantizar reparación y prevenir futuros ataques.

Consecuencias humanitarias y económicas

El impacto de los ataques con drones va más allá del terreno militar. Cuando zonas de abastecimiento son golpeadas, el precio y la disponibilidad de alimentos se disparan; los agricultores evitan salir a sus campos por miedo a emboscadas o bombardeos; las rutas comerciales internas se encogen y las economías locales colapsan. Naciones Unidas y ONG internacionales han alertado que la inseguridad derivada de los ataques a infraestructuras civiles —mercados, puentes, depósitos de alimentos— acelera procesos de hambruna y desnutrición.

Según agencias humanitarias, más de 30 millones de personas en Sudán dependen hoy de algún tipo de asistencia, y en muchas zonas la entrega de esa ayuda está en riesgo por la inseguridad aérea y terrestre. Cuando los corredores humanitarios no pueden garantizarse, la ayuda se retrasa o directamente no llega, algo que agrava las condiciones médicas básicas y aumenta la mortalidad por causas prevenibles.

Qué soluciones son plausibles y cuáles retos enfrentan

Para abordar una amenaza tan novedosa como extendida se requieren medidas múltiples y coordinadas:

• Control de transferencias: la comunidad internacional debería reforzar controles y sanciones sobre exportaciones de sistemas de drones y componentes hacia Sudán, además de exigir transparencia sobre ventas y suministros (medida respaldada en pronunciamientos de la ONU).
• Investigación independiente: comisiones imparciales, con acceso a zonas afectadas, pueden documentar crímenes y establecer responsabilidades, requisito previo para la rendición de cuentas.
• Protección de civiles: la creación de corredores humanitarios seguros y la declaración de zonas protegidas para mercados y hospitales pueden aliviar el riesgo inmediato, aunque su implementación exige aceptación de los bandos y garantías efectivas.
• Diplomacia regional: actores en el Cuerno de África y socios internacionales deben presionar por cese al fuego, negociaciones y restricciones sobre provisión de armas que perpetúen la violencia.

No obstante, cada una de estas medidas enfrenta obstáculos prácticos: la proliferación de proveedores, la fragmentación de control territorial dentro de Sudán, y la rivalidad geopolítica regional que incentiva a algunos actores a mantener líneas de suministro para influir en el resultado del conflicto.

Historias que importan: el rostro humano detrás de las cifras

Más allá de estadísticas y análisis geoestratégicos, están quienes perdieron a familiares, quienes vieron cómo su medio de vida se esfumó de la noche a la mañana y quienes viven con el temor constante de que un mercado, una estación de autobuses o una escuela puedan ser objetivos en cualquier momento. Los relatos de supervivientes y de organizaciones locales muestran que la experiencia cotidiana del conflicto se ha vuelto doméstica: el sonido de un dron sobrevuela el entorno y el ritmo de la vida se detiene.

Documentar, amplificar esas voces y asegurar canales seguros para que la ayuda llegue son, en última instancia, las medidas que pueden mitigar el sufrimiento inmediato mientras la comunidad internacional trabaja en soluciones estructurales.

El ataque en Ghubaysh es un recordatorio brutal de la transformación del conflicto en Sudán: una guerra que no solo enfrenta a dos fuerzas rivales, sino que ahora incorpora tecnologías que hacen que el daño sobre la población civil sea más rápido, más letal y, a menudo, más impune. Mientras tanto, la respuesta internacional y la capacidad de las instituciones humanitarias para proteger a la población determinan si estos episodios se repetirán o si podrá abrirse paso una senda hacia la contención y la paz.