El juicio de los organizadores del vigilia de Tiananmén en Hong Kong: entre memoria, ley y transformación política

El juicio contra Chow Hang-tung y Lee Cheuk-yan —dos figuras centrales de la ya disuelta Alianza en Apoyo a los Movimientos Patrióticos y Democráticos de China— ha dejado al descubierto, en el último mes, mucho más que la disputa jurídica por cargos de seguridad nacional. Se trata de una confrontación simbólica entre la persistencia de la memoria colectiva y la transformación institucional que Beijing ha impulsado en Hong Kong desde la imposición de la ley de seguridad nacional en 2020.

El caso en pocas líneas

Los exlíderes de la alianza fueron encausados en 2021 por presunta incitación a la subversión, un delito que, de ser probado, acarrea hasta diez años de prisión. El juicio, que se aceleró más de lo previsto —llegando a su día número 24 con la finalización de los alegatos— fue seguido con atención nacional e internacional por lo que representa: la criminalización de actos de organización pública y, en particular, del mantenimiento de la conmemoración anual del levantamiento y la masacre de Tiananmén de 1989.

Memoria pública y su erosión

Desde 1990 hasta 2019, la vigilia del 4 de junio en Hong Kong fue, durante décadas, el único acto masivo de conmemoración pública de los sucesos ocurridos en la Plaza de Tiananmén que congregaba a decenas de miles de personas cada año. En 2020 las autoridades prohibieron la marcha citando restricciones por la pandemia de COVID-19; a partir de entonces, esa manifestación emblemática dejó de celebrarse de forma masiva y su espacio fue, incluso, ocupado por actividades pro-gubernamentales.

La desaparición de la vigilia constituye, para muchos observadores, un indicador de la contracción de libertades en la ciudad. El fenómeno no es sólo simbólico: responde a cambios legales y administrativos que reconfiguran los márgenes de la acción cívica en Hong Kong.

Argumentos en torno al derecho a la disidencia

La defensa de los acusados ha planteado que la demanda de "terminar con el monopolio de poder por un solo partido" es una aspiración democrática que busca limitar el poder sin recurrir a la violencia. Desde esa óptica, la acusación por subversión resulta problemática porque reinterpretaría la expresión política legítima como delito. Los demandados, en su estrategia defensiva, rechazaron la idea de que sus palabras o actividades tuvieran por fin promover medios ilícitos para derrocar al gobierno.

Por su parte, la fiscalía ha sostenido que los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación no son absolutos y que existe una línea entre la protesta legal y la incitación a actos que pongan en riesgo la estabilidad prevista por la nueva legislación de seguridad.

Un tribunal vigilado y la percepción pública

El juez presidente del tribunal, uno de los tres magistrados designados con el visto bueno de las autoridades pro-Beijing, anunció que la sentencia podría conocerse entre mediados y fines de julio. La composición del tribunal y el contexto político alimentan, entre parte de la sociedad hongkonesa y observadores internacionales, la inquietud sobre la independencia judicial y la transparencia del proceso.

Además, el juicio no ha ocurrido en el vacío: ha coincidido con una serie de medidas y cambios institucionales en la gobernanza de Hong Kong que han transformado el espacio cívico y político. Para muchos residentes y analistas, el proceso representa una redefinición de los límites de lo tolerable en la vida pública.

El valor de la memoria histórica

Recordar los hechos de 1989 es, en Hong Kong, una práctica que fusiona memoria histórica y compromiso cívico. El 4 de junio de 1989 se produjo en la capital china una represión que, según estimaciones y testimonios de distintas organizaciones y académicos, dejó centenares e incluso miles de muertos entre manifestantes y civiles; el número exacto sigue siendo objeto de debate y censura en el continente. Fuentes académicas y medios internacionales han documentado que las fuerzas de seguridad emplearon armamento letal y que hubo una dispersión masiva de estudiantes y ciudadanos [ver por ejemplo análisis histórico en Encyclopædia Britannica].

En ese sentido, la vigilia en Hong Kong fue un acto de recuerdo público que no solo conmemoraba el pasado: fungía como espacio de conversación política y de reivindicación de derechos civiles en la ciudad. Su desaparición plantea preguntas profundas sobre cuál será el lugar de la memoria en una sociedad que experimenta cambios acelerados en su marco legal y político.

Lo que está en juego

• Derechos civiles y participación: La criminalización de formas de organización y protesta puede reducir los cauces de participación ciudadana y desalentar la movilización pacífica.
• Independencia judicial: La composición de tribunales y la forma en que se aplican nuevas leyes son elementos que condicionan la confianza pública en el sistema de justicia.
• Memoria histórica: El control sobre los actos de recuerdo y la narrativa pública conlleva un efecto en cómo las generaciones futuras interpretarán eventos clave del pasado.

Repercusiones internacionales

El caso ha atraído atención internacional porque interpela la relación entre Hong Kong y Beijing y cómo se compatibiliza el compromiso centralista del Partido Comunista con las promesas de autonomía en el periodo posrenta. Gobiernos, organizaciones de derechos humanos y observadores han advertido sobre los efectos que la ley de seguridad tiene en las libertades fundamentales de la ciudad.

Sin embargo, desde la perspectiva de las autoridades locales y del gobierno central, la ley busca garantizar estabilidad y orden público en una etapa que, según esos sectores, requería medidas extraordinarias tras los disturbios de 2019.

Escenarios hacia adelante

Si los acusados son declarados culpables, el veredicto abriría un nuevo capítulo en la relación entre el Estado y la sociedad civil de Hong Kong, con potenciales efectos disuasivos sobre la organización cívica. Si son absueltos, sería una señal de que todavía existen límites a la extensión punitiva de la ley de seguridad, aunque la presión regulatoria y administrativa sobre el activismo restaría margen de maniobra.

En cualquier caso, el proceso judicial es ya una manifestación —en su simbolismo y en sus consecuencias prácticas— de la transformación profunda que enfrenta Hong Kong: de ciudad con tradiciones de protesta masiva a un espacio donde los reclamos públicos deberán confrontar nuevos marcos legales y políticos.

Reflexión final

Más allá del resultado legal, el caso plantea cuestiones sobre cómo una sociedad negocia memoria y poder. Las conmemoraciones, las demandas de reforma y las garantías institucionales son piezas de un rompecabezas que determinará si Hong Kong conservará espacios para la disidencia pacífica o si éstos se redefinirán drásticamente en función de prioridades estatales de estabilidad.

El juicio contra Chow Hang-tung y Lee Cheuk-yan no es solo la historia de dos personas en un tribunal: es la historia de una ciudad que debe decidir cuánto espacio concede —y cómo lo regula— a la expresión pública del recuerdo y la crítica.