La orden ejecutiva sobre bancos y ciudadanía: consecuencias, dudas y riesgos para el sistema financiero y las comunidades migrantes

La reciente orden ejecutiva que instruye a reguladores y agencias federales a examinar con mayor detenimiento la ciudadanía y el estatus migratorio de los clientes bancarios reabrió un debate complejo: ¿es una medida de protección del sistema financiero o una política que podría profundizar la exclusión económica de millones de residentes?

El núcleo de la medida

La orden pide a supervisores bancarios y departamentos del gobierno identificar señales de que personas sin estatus legal estén abriendo cuentas, solicitando préstamos o tarjetas de crédito. La lógica oficial sostiene que si una entidad extiende crédito a alguien que posteriormente es deportado, existe un riesgo real de impago que podría repercutir en la cartera de la institución y, en consecuencia, en la estabilidad financiera.

Lo que cambia —y lo que no— para los bancos

Contrario a versiones iniciales que señalaban la posible obligatoriedad de recopilar el estatus migratorio, la orden resultó menos contundente en su redacción: no impone de forma directa una obligación unilateral y universal de recabar ciudadanía en cada operación. No obstante, abre la puerta para que reguladores exijan mayor diligencia y documentación en ciertos casos, lo que podría traducirse en cargas operativas y costos adicionales para las entidades financieras.

El sector bancario llevaba meses presionando contra la idea de una recolección obligatoria de estatus migratorio. Los bancos sostienen que implementar ese tipo de verificación requeriría procesos administrativos extensivos, adaptación de sistemas y formación del personal, con un impacto económico significativo para la industria y para clientes que hoy operan sin problemas.

Impacto potencial en la inclusión financiera

Una de las preocupaciones más relevantes entre defensores de derechos de inmigrantes y organizaciones sociales es el riesgo de que muchas personas —especialmente quienes ya operan en el margen del sistema financiero— se vean empujadas a alejarse de bancos y cooperativas, incrementando la proporción de población “sin acceso” a servicios financieros formales (los denominados “unbanked” y “underbanked”).

Según la Encuesta sobre los Hogares y la Banca de la FDIC de 2019, aproximadamente el 5,4% de los hogares en Estados Unidos carecían de cuenta en una institución financiera (unbanked). Ese porcentaje se concentra en comunidades con barreras lingüísticas, inmigrantes recientes y hogares con menores ingresos, por lo que cualquier política que disuada la apertura o uso de cuentas puede tener efectos desproporcionados en estos grupos. Fuente: FDIC, 2019.

Los números y el debate sobre el riesgo crediticio

Es importante subrayar que, hasta ahora, las entidades bancarias no han recopilado de forma sistemática información sobre ciudadanía o estatus migratorio, por lo que hay una ausencia de datos públicos robustos que permitan medir con precisión cuánto riesgo real representan los clientes sin estatus legal para el sistema financiero en su conjunto.

Un estudio del Urban Institute estimó que entre 5.000 y 6.000 hipotecas habían sido originadas con números de identificación fiscal (ITIN), utilizados por personas sin número de Seguro Social. Ese mismo estudio concluyó que los bancos muestran una fuerte reticencia a conceder hipotecas a tenedores de ITIN y que entidades como Fannie Mae y Freddie Mac han sido tradicionalmente reacias a asegurar estos préstamos, lo que reduce las vías de acceso al crédito hipotecario para esta población.

Consecuencias para consumidores y comunidades

Si la orden desemboca en prácticas más rígidas de verificación o en la exigencia de documentación adicional, varios efectos pueden materializarse:

• Mayor número de personas desplazadas hacia el sistema informal (servicios de remesas no regulados, prestamistas informales, uso de efectivo), con la pérdida de protecciones y el aumento del costo de servicios financieros.
• Clientes que hoy usan cuentas para depositar salarios, pagar facturas y enviar remesas podrían ver cerradas sus cuentas por riesgo percibido, afectando su capacidad para ejercer actividades económicas básicas.
• Reducción en la participación de minorías y migrantes en el crédito formal, con impacto en la acumulación de activos y en la posibilidad de acceder a instrumentos de ahorro y crédito que permiten mejorar condiciones de vida.

El precedente regulatorio y político

En los últimos años hubo varias iniciativas oficiales que, sin ser idénticas, apuntaron a limitar el acceso de ciertos inmigrantes a beneficios y servicios. Por ejemplo, medidas que reclasificaron algunos créditos fiscales como “beneficios públicos” tuvieron el potencial de afectar a quienes declaraban impuestos sin número de Seguro Social. Por otro lado, cambios regulatorios que afectan a programas de préstamo o garantías hipotecarias pueden tener efectos indirectos sobre quién accede al crédito.

Históricamente, la inclusión financiera en Estados Unidos ha sido un proceso incremental: desde la expansión de sucursales bancarias en zonas antes desatendidas hasta el auge de la banca móvil. Sin embargo, las barreras administrativas y las políticas migratorias han sido factores recurrentes que determinan qué segmentos de la población permanecen excluidos.

Argumentos contrapuestos: seguridad del sistema vs. derechos y eficiencia

Los defensores de la orden señalan que las instituciones financieras deben gestionar riesgos y que conocer el estatus migratorio de clientes es una variable legítima para evaluar exposición a impagos relacionados con deportaciones o pérdida de ingreso. En cambio, críticos advierten que incorporar el estatus migratorio como criterio de negocio incentivará la discriminación, aumentará los costos para clientes y generará efectos colaterales en la economía (p. ej., menor uso de servicios formales, aumento del efectivo en circulación).

Además, la obligatoriedad de recabar datos sensibles abre preocupaciones sobre privacidad, posible mal uso de información y la confianza de la población en sus instituciones financieras. En mercados donde la confianza es clave para la intermediación financiera, erosionarla puede traducirse en mayor informalidad y menor profundidad financiera.

Opciones regulatorias menos disruptivas

Existen alternativas que los reguladores podrían considerar para conciliar la necesidad de gestionar riesgos con la protección de la inclusión financiera:

1. Enfocar la supervisión en indicadores de riesgo crediticio tradicionales (historial crediticio, ingresos demostrables, garantías) en lugar de en el estatus migratorio.
2. Implementar salvaguardas claras sobre el uso y protección de los datos migratorios, incluyendo limitaciones legales para evitar su uso punitivo o la compartición con autoridades de inmigración sin orden judicial.
3. Promover programas pilotos que permitan evaluar el impacto real de solicitar esta información antes de establecer obligaciones a gran escala.
4. Fomentar alternativas de inclusión, como productos financieros diseñados para poblaciones con ITIN y mecanismos de aseguramiento que reduzcan la reticencia de aseguradores y bancos a financiar a estos clientes.

Reflexiones finales

La tensión entre seguridad financiera y derechos civiles no es nueva, pero la incorporación del estatus migratorio como criterio potencial de evaluación crediticia coloca un debate ético y económico en primer plano. Más allá de la retórica política, lo esencial será observar cómo implementan los reguladores las instrucciones de la orden, qué salvaguardas legales se adoptan y si las medidas se traducen en mayor estabilidad o en mayor exclusión.

Si la meta real es reducir riesgos sistémicos, las autoridades deberían priorizar mejores datos, análisis empíricos y soluciones que no penalicen a poblaciones vulnerables. La historia económica muestra que la exclusión financiera no solo perjudica a individuos, sino que limita el crecimiento inclusivo y la resiliencia de la economía en su conjunto.