La Asamblea General de la ONU respalda la opinión de la Corte Internacional sobre el clima: entre el alivio diplomático y la resistencia de los grandes emisores
Un respaldo masivo que impulsa obligaciones morales y políticas, pero choca con intereses económicos y disputas legales
El 141-8 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) revela más que un número: marca un momento político y jurídico que puede redefinir cómo el sistema internacional responde a la crisis climática. El estadístico resultado —141 votos a favor, 8 en contra y 28 abstenciones— avaló una resolución no vinculante que respalda la histórica opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitida el pasado julio, en la que se afirmó que la omisión de proteger el planeta frente al cambio climático puede constituir una violación del derecho internacional.
Un giro en la narrativa jurídica del clima
La opinión de la CIJ, aunque consultiva, fue interpretada por muchos Estados y actores sociales como un punto de inflexión: legitima la existencia de obligaciones estatales positivas y negativas en materia climática, y abre la puerta a reclamos jurídicos y de reparación por daños climáticos. La resolución adoptada por la Asamblea General no es vinculante, pero su respaldo amplio —más del 73% de los 193 Estados miembros votaron a favor— refuerza la presión política sobre los grandes emisores y sobre aquellos países que resisten cambios estructurales en su economía energética.
¿Qué contenía la resolución y qué quedó fuera?
El texto aprobado instaba a los Estados a adoptar planes nacionales para limitar el aumento de la temperatura global por debajo de 1.5 °C, a eliminar gradualmente subsidios a la exploración y explotación de combustibles fósiles y a considerar la obligación de proporcionar “reparación plena” cuando se determine daño causado por la crisis climática.
En versiones previas circuló lenguaje más contundente extraído de la misma opinión de la CIJ, como la propuesta de crear un “Registro Internacional de Daños” para documentar evidencias y reclamaciones. Sin embargo, tras casi una docena de consultas diplomáticas el apartado fue removido para asegurar mayor apoyo. Ese ajuste ilustra la tensión entre ambición jurídica y realpolitik diplomática.
Resistencias previsibles: economías fósiles y preocupaciones legales
Entre los votos en contra se contaron Estados con fuerte dependencia de hidrocarburos o con posiciones reacias a aceptar nuevas obligaciones legales: Estados Unidos, Rusia, Irán y Arabia Saudita. Antes de la votación hubo intentos diplomáticos para desactivar o retirar la propuesta; en el caso de Estados Unidos, se documentaron gestiones para persuadir al país patrocinador original del borrador, Vanuatu, de que desistiera.
La representante adjunta de Estados Unidos ante la ONU describió la resolución como “altamente problemática” y señaló que Washington mantiene “serias preocupaciones legales y de política pública” pese a las enmiendas al texto. En concreto, la objeción oficial enfatiza riesgos para industrias nacionales y la percepción de que la iniciativa podría sentar precedentes que afecten la soberanía regulatoria y la exposición a litigios internacionales.
Voces de las islas y los más afectados
Para naciones insulares del Pacífico y otros pequeños Estados altamente vulnerables, la resolución significó algo más que retórica: representa reconocimiento internacional de sus pérdidas y la posibilidad de mecanismos de reparación. Odo Tevi, embajador de Vanuatu ante la ONU, declaró antes de la votación: “Nos debemos ser honestos entre nosotros sobre por qué esto importa. Importa porque el daño es real y ya está aquí, en nuestras islas y costas, para comunidades que enfrentan sequías y cosechas fallidas.” (Fuente: declaraciones en la Asamblea General de la ONU).
La urgencia de esas naciones no es retórica: en Tuvalu, por ejemplo, cuya elevación media es de apenas 2 metros sobre el nivel del mar, más de un tercio de la población ha solicitado visados de migración climática a Australia. Proyecciones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) indican que, sin reducciones drásticas de emisiones, las zonas costeras de bajo nivel enfrentarían inundaciones reiteradas y erosión a finales de siglo, amenazando la habitabilidad de algunos archipiélagos.
Implicaciones prácticas: ¿qué puede cambiar ahora?
Aunque la resolución no obliga legalmente a los Estados, su fuerza política puede tener efectos concretos:
- Presión normativa y diplomática: países y bloques podrán usar el respaldo de la Asamblea para exigir compromisos más ambiciosos en foros multilaterales y bilaterales.
- Impulso a litigios climáticos: tribunales nacionales o regionales pueden citar la opinión de la CIJ y la resolución de la Asamblea como parte de la interpretación del deber de protección, fortaleciendo demandas por inacción gubernamental.
- Financiación y adaptación: aumentará la legitimidad política para que fondos internacionales prioricen la adaptación y las medidas de reparación en países más afectados.
- Cambios en políticas nacionales: el clamor por eliminar subsidios a la exploración de combustibles fósiles podría traducirse en reformas fiscales y revisión de incentivos a la energía sucia.
Limitaciones y riesgos
No obstante, hay límites claros. La ausencia de carácter vinculante significa que Estados con poder geopolítico o con fuertes industrias fósiles pueden ignorar recomendaciones sin consecuencias jurídicas automáticas. Además, la retirada de propuestas como el registro internacional de daños refleja la dificultad de traducir reconocimiento en mecanismos operativos y financieros que atiendan pérdidas y daños.
Existe además la posibilidad de reacciones legales defensivas por parte de naciones o empresas que se sientan amenazadas por interpretaciones expansivas del deber de protección climática. El equilibrio entre exigir responsabilidades y mantener la cooperación internacional será delicado.
Contexto histórico y cifras relevantes
La decisión llega tras años de litigio y presión legal. En las últimas dos décadas, se han multiplicado las demandas relacionadas con el clima: según un informe de la organización Grantham Research Institute (2023), existen cientos de litigios climáticos en todo el mundo, dirigidos tanto a gobiernos como a corporaciones. El IPCC, en su informe de 2021, afirmó que limitar el calentamiento a 1.5 °C requiere reducciones globales de emisiones de aproximadamente 45% para 2030 respecto de los niveles de 2010 y alcanzar emisiones netas cero alrededor de 2050 (Fuente: IPCC, 2018–2021).
En términos de responsabilidad histórica, el consenso científico y económico señala que las economías desarrolladas han contribuido desproporcionadamente a las emisiones acumuladas que ahora elevan la temperatura global: desde la Revolución Industrial, las emisiones acumuladas de dióxido de carbono (CO2) han estado concentradas en una minoría de países altamente industrializados.
Qué piden los países vulnerables y la sociedad civil
Más allá del reproche moral, los Estados más afectados exigen:
- Reconocimiento formal de responsabilidades y un marco para la compensación por pérdidas y daños.
- Financiación accesible y predecible para adaptación y relocación cuando sea necesario.
- Eliminación progresiva de subsidios y apoyos públicos a la extracción de combustibles fósiles.
- Mecanismos transparentes para documentar daños y facilitar litigios o negociaciones internacionales.
Mirando hacia adelante: escenarios plausibles
Podemos visualizar, a grandes rasgos, tres escenarios previsibles tras la votación:
- Escenario de impulso normativo: la resolución alimenta reformas nacionales y multilaterales, fortaleciendo el marco de reparación y acelerando la eliminación de subsidios fósiles.
- Escenario de polarización: grandes emisores refuerzan narrativas de protección de industrias y soberanía, limitando la implementación práctica y generando divisiones en foros clave.
- Escenario híbrido: avances concretos en financiación y adaptación para países vulnerables, mientras que reformas estructurales profundas tardan más en materializarse.
Reflexión final: señal política con potencial transformador
La votación de la Asamblea General no resuelve por sí sola la crisis climática, pero sí consolida una tendencia: el derecho internacional y la política global están invadiendo cada vez más el terreno de la responsabilidad climática. Para los pequeños Estados insulares, este reconocimiento institucional representa una esperanza tangible; para las potencias y economías fósiles, constituye un desafío que implica elegir entre resistir o adaptarse.
El verdadero impacto dependerrá ahora de la capacidad de la comunidad internacional para transformar respaldo político en medidas concretas: financiamiento, mecanismos de reparación y reformas políticas que reduzcan las emisiones sin dejar de atender la justicia climática y el desarrollo. La votación fue un paso significativo —pero, como ocurre con todas las grandes transiciones históricas, el camino hacia la implementación es la prueba de fuego.
