Decreto talibán sobre la separación matrimonial: un retroceso para los derechos de las mujeres en Afganistán

Un paso atrás en la igualdad

La reciente publicación del Decreto Nº 18 sobre la separación judicial de cónyuges por parte del gobierno talibán en Afganistán ha encendido alarmas internacionales. Lejos de ofrecer salvaguardas para las mujeres, muchos de sus apartados parecen consolidar prácticas discriminatorias heredadas y, en algunos casos, reabrir la puerta al matrimonio infantil. Para millones de mujeres y niñas afganas, la medida representa un nuevo obstáculo en una serie de decretos que, desde 2021, han reducido drásticamente sus libertades civiles, educativas y laborales.

¿Qué establece el Decreto Nº 18?

El Decreto Nº 18 pretende reglamentar la separación matrimonial y los procedimientos judiciales asociados. Entre sus disposiciones más controvertidas figura la interpretación de la «silencio» de una persona que ha alcanzado la pubertad como posible consentimiento para el matrimonio. Además, el decreto regula la separación de niñas que alcanzan la pubertad estando casadas, lo que para organismos internacionales sugiere que el matrimonio infantil podría volver a legitimarse en la práctica.

La crítica de la ONU y la respuesta del gobierno talibán

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) expresó su "grave preocupación" por el contenido del decreto y afirmó que la norma "forma parte de una trayectoria más amplia y profundamente preocupante en la que los derechos de las mujeres y niñas afganas están siendo erosionados". En palabras de Georgette Gagnon, subrepresentante especial y encargada de la misión: "Esta situación refuerza la discriminación estructural y limita la autonomía de las mujeres en asuntos fundamentales para su dignidad y seguridad" (UNAMA).

El gobierno afgano, por su parte, rechazó las críticas y defendió el decreto como acorde con la ley islámica. El portavoz talibán Zabihullah Mujahid afirmó en una entrevista con la RTA que las objeciones provienen de quienes "contradicen la religión del Islam" y que el Ejecutivo ha tomado medidas previas para prohibir la celebración forzada de matrimonios de niñas, citando decretos anteriores del líder supremo Hibatullah Akhundzada.

Contexto: retrocesos desde 2021

Desde la retirada de las fuerzas internacionales y la toma de poder por los talibanes en agosto de 2021, se ha impuesto un conjunto de restricciones que afectan la vida pública y privada de las mujeres en Afganistán. Entre las medidas más severas se incluyen la prohibición al acceso de niñas a la educación secundaria en gran parte del país, la exclusión de las mujeres de numerosas profesiones y la limitada presencia femenina en el espacio público. Estas acciones no solo afectan a los derechos humanos elementales, sino que también tienen efectos sociales y económicos a largo plazo.

UNICEF y organismos educativos internacionales han alertado sobre las consecuencias: privar a las niñas de la educación secundaria afecta las expectativas de vida, la salud y la estabilidad económica de las familias. Según reportes previos a 2021, cada incremento de un año de escolaridad secundaria de las niñas puede incrementar los ingresos futuros y reducir la mortalidad infantil; su ausencia acarrea, por tanto, costos sociales y económicos significativos (UNICEF).

El matrimonio infantil en cifras

Antes de 2021, Afganistán ya enfrentaba tasas preocupantes de matrimonios infantiles. Datos de UNICEF indican que, en años recientes, aproximadamente el 34% de las mujeres afganas se casaron antes de cumplir los 18 años y cerca del 9% antes de los 15 años. Estas cifras varían según regiones y comunidades, pero ilustran un problema estructural que las nuevas regulaciones corren el riesgo de perpetuar (UNICEF - Child Marriage).

El impacto legal y social del decreto

Si una normativa interpreta el silencio de una menor tras la pubertad como consentimiento, se crea una puerta abierta para que matrimonios forzados o arreglados, que en muchos casos implican coacción económica o presión familiar, se normalicen con pretensión de legalidad. Además, la imposición de vías judiciales complejas para que las mujeres puedan separarse —mientras los hombres conservan la posibilidad de un divorcio unilateral— refuerza patrones de desigualdad jurídica.

Esto tiene consecuencias prácticas: una mujer que desea separarse puede enfrentar barreras económicas, culturales y procesales que le impiden acceder a protección efectiva. En contextos donde las cortes y el sistema judicial están fuertemente influenciados por estructuras locales conservadoras, la promesa formal de un «derecho» carece de eficacia real si las mujeres no pueden litigar con seguridad ni contar con representación adecuada.

Salud, educación y economía: efectos en cadena

Las restricciones a la educación y la autonomía femenina no son solo una cuestión de derechos, sino también de desarrollo. La exclusión de las mujeres del mercado laboral y de la educación reduce la capacidad productiva del país y empobrece hogares enteros. Un análisis del Banco Mundial subraya que la participación plena de las mujeres en la economía es clave para el crecimiento: los países que aumentan las tasas de empleo femenino tienden a registrar mayores niveles de crecimiento económico sostenido (Banco Mundial).

Además, la práctica de matrimonios tempranos tiene impactos sobre la salud materna e infantil: embarazos en adolescentes se asocian con mayor riesgo de complicaciones y mortalidad, y contribuyen a perpetuar ciclos de pobreza y baja escolaridad entre las futuras generaciones.

Reacciones internacionales y posibles escenarios

La comunidad internacional ha mostrado preocupación recurrente por la situación de los derechos humanos en Afganistán. Organizaciones de derechos humanos, agencias de la ONU y múltiples gobiernos han instado al Ejecutivo talibán a respetar las convenciones internacionales sobre derechos de la mujer y los niños. No obstante, la influencia de esas instancias es limitada si no se acompaña de mecanismos efectivos de cumplimiento y de incentivos diplomáticos o económicos coordinados.

Existen varios posibles escenarios sobre la evolución de estas políticas: 1) el gobierno talibán mantiene y refuerza el marco legal restrictivo, 2) introduce ligeras concesiones cosméticas que resultan insuficientes para revertir el daño estructural, o 3) bajo presión sostenida y cambios internos, adoptaría reformas que amplíen derechos y protecciones. A día de hoy, los indicios favorecen el primer escenario, dado el patrón de decretos recientes.

Qué pueden hacer los actores externos y la sociedad civil

• Continuar la denuncia y documentación: el monitoreo independiente y la documentación de casos son cruciales para mantener la presión y sostener evidencia ante organismos internacionales.
• Apoyar a organizaciones locales: brindar financiación y protección a ONG y activistas afganos que trabajan para defender los derechos de mujeres y niñas.
• Condicionar la ayuda: coordinar políticas diplomáticas que condicionen asistencia y relaciones a mejoras verificables en materia de derechos humanos.
• Programas transfronterizos: apoyar educación y servicios esenciales a través de organizaciones que operan desde fuera del país para sortear restricciones internas.

Reflexión final

El Decreto Nº 18 es más que una pieza legal: es un reflejo de las prioridades y del modelo social que el actual gobierno afgano quiere consolidar. Cuando una norma regula el matrimonio y la separación desde una jerarquía que privilegia a un género sobre otro, las consecuencias se propagan en la vida cotidiana, la salud y el futuro económico de generaciones enteras. Con cifras previas que ya mostraban niveles alarmantes de matrimonio infantil y con la exclusión educativa en aumento, Afganistán se enfrenta a un desafío profundo cuya solución requiere, además de la denuncia, estrategias sostenidas y cooperación internacional inteligente y solidaria.