El costoso secreto fiscal: cómo la exención tributaria a centros de datos vacía las arcas de Ohio

Ohio aprobó hace más de una década una exención de impuesto sobre las ventas diseñada para atraer inversiones tecnológicas. La intención inicial parecía razonable: favorecer inversiones de capital que impulsarían la economía local. Sin embargo, lo que empezó como un incentivo relativamente pequeño se ha convertido en un drenaje fiscal cuyo tamaño real ha sorprendido incluso a funcionarios estatales.

Las cifras que obligan a pensar otra vez

Datos recientes del Departamento de Tributación de Ohio revelan que la exención para centros de datos costó al estado aproximadamente $554.9 millones en ingresos en 2024 y se disparó hasta cerca de $1,568.7 millones en 2025, cifras muy superiores a las estimaciones que se presentaron cuando la política se diseñó o se evaluó públicamente (Ohio Department of Taxation).

Si a esos montos le sumamos el impacto sobre los impuestos locales, el agujero fiscal es aún mayor: solo en 2024 las pérdidas por impuestos locales se calcularon en alrededor de $166.8 millones. Estas cifras obligan a preguntarse si el beneficio público —empleos, desarrollo económico, innovación— compensa tal magnitud de subsidio.

¿Cómo se originó la exención?

La exención se introdujo a principios de los años 2010 por legisladores republicanos con la finalidad explícita de atraer centros de datos, en un momento en que esas instalaciones eran menos extensas y menos demandantes de energía que la actual generación de «hiperescala» que da soporte a la inteligencia artificial y a grandes servicios en la nube.

El diseño clave de la exención permite que, para instalaciones con inversión de capital de $100 millones o más, los desarrolladores eximan hasta el 100% del impuesto estatal sobre las ventas (en Ohio, 5.75%) durante un periodo de hasta 15 años. En la práctica, eso puede aplicarse no solo a la construcción y equipo, sino también a instalaciones energéticas privadas —plantas de gas o generadores diésel— que algunas empresas instalan para garantizar funcionamiento ininterrumpido.

De uso marginal a uso masivo

El uso de la exención arrancó tímidamente en 2016, con un impacto de apenas $4.4 millones. Pero la escala y ambición de los proyectos han cambiado radicalmente. Mientras hasta hace poco los centros de datos eran instalaciones moderadas, ahora algunos complejos tienen el tamaño de instalaciones industriales y presupuestos multimillonarios: en un caso citado por autoridades federales, un proyecto en el condado de Scioto llegó a describirse como uno de los más grandes del mundo, con un costo estimado de construcción en torno a $33 mil millones.

El problema es que las estimaciones del Departamento de Tributación —utilizadas por legisladores para proyectar ingresos y diseñar presupuestos estatales— no han seguido el ritmo del crecimiento de la industria. Funcionarios han justificado la falta de cifras exactas anteriores a 2024 por preocupaciones de privacidad: si menos de diez contribuyentes reclamaron la exención en años previos, publicar detalles podría violar confidencialidad fiscal (declaración de Andrea Lannom, portavoz del Departamento de Tributación de Ohio).

¿Quiénes se benefician?

Los principales beneficiarios de estos descuentos son algunas de las mayores corporaciones tecnológicas del planeta: Meta, Alphabet (Google), Amazon y otras empresas de nube e hiperescala que han construido o están construyendo enormes centros de datos en territorio de Ohio. Para estas compañías, la exención implica ahorros directos sobre compras de equipos, construcción y otras inversiones de capital que, con sumas que alcanzan miles de millones por proyecto, terminan siendo incentivos fiscales muy significativos.

El debate político: ¿subsidio o negocio para el estado?

La revelación del verdadero costo fiscal reavivó un debate político intenso. Legisladores estatales usaron las proyecciones previas —más optimistas— al diseñar presupuestos y recortes impositivos. En la ronda de legislaciones más reciente, la Cámara aprobó una medida para eliminar la exención con el fin de financiar recortes al impuesto sobre la renta. El gobernador Mike DeWine vetó esa medida, argumentando que la exención es necesaria para competir por inversiones que, según su versión, generarían actividad económica sustancial.

El choque ilustra un dilema común en políticas industriales: ¿los incentivos fiscales significan realmente beneficios netos para la economía local a largo plazo, o se convierten en transferencias permanentes de recursos públicos a corporaciones que poco emplean tras la construcción?

Voces de la sociedad civil y los think tanks

Analistas y grupos de investigación han pedido mayor transparencia y reevaluación. Zach Schiller, economista de Policy Matters Ohio, afirmó que las estimaciones oficiales “han sido sistemáticamente bajas” y mostró sorpresa ante la magnitud del subsidio una vez que se verificaron los datos reales (Policy Matters Ohio).

Por su parte, la Cámara de Comercio de Ohio publicó un informe estimando que, entre 2017 y 2024, los centros de datos recibieron alrededor de $2.5 mil millones en subsidios públicos si se contabilizan también exenciones y alivios a nivel local, pero el mismo informe sostiene que la contribución «directa e indirecta» al PIB estatal podría llegar a $3.7 mil millones en ese periodo (Ohio Chamber of Commerce report).

Costos ocultos: energía, medio ambiente y empleo

Más allá del efecto fiscal directo, los centros de datos plantean externalidades importantes:

• Demanda eléctrica: las instalaciones hiperescala consumen enormes cantidades de energía, lo que puede presionar la red eléctrica regional y elevar precios mayoristas de electricidad para consumidores y empresas.
• Generación de respaldo: la necesidad de disponibilidad continua lleva a muchos desarrolladores a instalar generadores diésel o plantas de gas privadas en el sitio, lo que plantea preocupaciones ambientales y de calidad del aire.
• Empleo: si bien la construcción demanda mano de obra intensiva en el corto plazo, los centros de datos suelen requerir relativamente pocos empleados permanentes una vez en operación comparado con otros tipos de industria que ocupan similar espacio o nivel de inversión.

Estas preocupaciones alimentan el argumento de críticos que sostienen que los incentivos deberían condicionarse a contraprestaciones más claras y verificables: creación de empleos locales sostenibles, compromisos de uso de energía renovable o cláusulas de reversión si las compañías no cumplen metas.

Transparencia y soluciones posibles

Una de las lecciones que deja este caso es la necesidad de mejorar las estimaciones y la rendición de cuentas. Algunas recomendaciones que suelen discutirse entre economistas y grupos de políticas públicas incluyen:

1. Requisitos de reporte público sobre el uso de incentivos y su impacto fiscal, preservando confidencialidad individual cuando sea necesario pero permitiendo datos agregados y análisis independientes.
2. Cláusulas contractuales vinculantes que condicionen beneficios a metas de empleo, inversión y sostenibilidad energética verificables.
3. Evaluaciones costo-beneficio ex ante y revisiones periódicas ex post que midan los efectos reales sobre empleo, recaudación y desarrollo económico local.
4. Rediseño de incentivos para priorizar proyectos que ofrezcan empleo local y reducción de impacto ambiental, por ejemplo mediante créditos diferenciales para uso de energía renovable o sin generadores diésel en sitio.

Un momento para repensar el trato fiscal

Que una política diseñada en los años 2010 se esté cobrando miles de millones hoy es una señal de que las dinámicas del sector tecnológico cambiaron más rápido de lo que las políticas públicas previeron. Ohio no es el único estado con incentivos a data centers, pero sus números recientes lo ponen en una posición incómoda: grandes empresas tecnológicas reciben alivios fiscales que superan con creces lo anticipado, mientras que los ciudadanos y gobiernos locales enfrentan la factura en términos de ingresos perdidos y presiones sobre infraestructura.

Como sintetizó un legislador estatal al reaccionar a las cifras: “Esto necesita una explicación pública” (declaración del Rep. Adam Holmes). La demanda de explicación es legítima: en un sistema democrático, las decisiones que implican transferir recursos públicos a actores privados deben ser claras, justificadas y sometidas a evaluación constante.

Si Ohio pretende conservar su atractivo para inversiones en tecnología sin sacrificar la sostenibilidad fiscal y social, tendrá que combinar transparencia, condiciones más estrictas y una visión de largo plazo que equilibre la competencia por infraestructuras globales con la protección de los intereses públicos.