Entre facturas y tuberías: el dilema energético de Massachusetts y la polémica en torno a GSEP y Mass Save

Massachusetts enfrenta una dicotomía cada vez más palpable: por un lado, la necesidad de proteger la seguridad pública mediante la sustitución de tuberías de gas con fugas; por otro, la urgencia de aliviar facturas que se disparan y de garantizar que las políticas de eficiencia energética beneficien a quienes más lo necesitan. En el centro del debate están dos siglas que hoy definen la discusión sobre tarifas y transición energética: GSEP (Gas System Enhancement Plan) y Mass Save.

¿Qué son GSEP y Mass Save y por qué importan?

Mass Save es el programa estatal de eficiencia energética patrocinado por las compañías de servicios y coordinado con el estado. Su objetivo histórico ha sido ayudar a residentes y empresas a reducir su consumo energético mediante subsidios a mejoras como aislamiento, bombas de calor y electrodomésticos eficientes.

GSEP, por su parte, nació en 2014 como una excepción regulatoria que permite a las compañías de gas acelerar la recuperación de inversiones en reemplazo de tuberías y otras mejoras que disminuyen riesgos por fugas. La idea original: reparar infraestructura peligrosa sin que las empresas asuman pérdidas financieras que desincentivaran la acción.

El problema: costos que crecen y beneficios que se diluyen

Los datos aportados por Dorie Seavey, investigadora principal de The Future of Heat Initiative, muestran una tendencia inquietante: el gasto programado para GSEP pasó de $292 millones en 2015 a $817 millones proyectados para 2026. Seavey calcula que desde 2014 las sustituciones de tuberías asociadas a GSEP han costado alrededor de $6.2 mil millones y que, si continúa la trayectoria reportada por las utilidades, el total podría llegar a $42 mil millones en la próxima década (fuente: The New Bedford Light).

Además, el costo por milla reemplazada se ha incrementado de $1.3 millones en 2015 a una estimación de $3.7 millones por milla para 2026. Mientras tanto, según los análisis presentados, el consumo residencial de gas no crece al ritmo de esos aumentos de inversión, lo que plantea dudas sobre la eficiencia económica del actual diseño regulatorio.

La propuesta del Senado: poner límite o eliminar GSEP

El senador Michael Barrett propone eliminar gradualmente GSEP y buscar alternativas para preservar la seguridad sin transferir costos excesivos a las cuentas mensuales de los consumidores. Como dijo Barrett: "No se tira la estrategia por la borda cuando hay que ayudar con las facturas. Se piensa con inteligencia" (The New Bedford Light).

Su argumento central es que la seguridad es responsabilidad legal de las compañías y que se puede exigir el cumplimiento sin mantener un mecanismo que, en la práctica, puede incentivar proyectos de menor prioridad porque garantizan remuneración acelerada.

Críticas y defensas: el choque entre visión pública y corporativa

Los defensores de mantener GSEP, como Eversource, reconocen que los costos de materiales y requisitos de pavimentación son más altos que hace una década, pero advierten que eliminar el mecanismo podría poner en riesgo obras necesarias. William Hinkle, portavoz de Eversource, defendió la importancia de GSEP para la seguridad y la reducción de emisiones: según Eversource, el programa habría evitado la emisión de alrededor de 44.930 toneladas métricas de CO2 por año desde 2014, equivalente a sacar más de 10.400 autos de la carretera (declaraciones recogidas por The New Bedford Light).

La posición de Eversource subraya que la seguridad del sistema de gas sigue siendo prioritaria durante una transición energética que no será instantánea: “No podemos comprometer la seguridad y la confiabilidad mientras los clientes dependen del gas”, señaló un portavoz.

Mass Save: ¿recortar o reorientar?

Paralelamente, la Cámara aprobó un recorte cercano a $1.000 millones al presupuesto de Mass Save, dirigido a recortar partidas administrativas y de mercadotecnia, según los proponentes. Los defensores del programa alertan que ese recorte llegaría justo cuando el plan 2025-2027 busca ampliar el alcance hacia inquilinos y hogares de menores ingresos.

Organizaciones ambientales y de justicia climática como Sierra Club Massachusetts y Conservation Law Foundation han manifestado preocupación. Vick Mohanka, director de Sierra Club Massachusetts, advirtió que Mass Save es "uno de los mayores programas del estado para ayudar con el cambio climático y la contaminación" y que un recorte de $1.000 millones podría ser devastador para la equidad y las metas climáticas (The New Bedford Light).

El registro estatal añade que Mass Save habría ahorrado a los consumidores $16.000 millones en costos de suministro e infraestructura eléctrica y de gas en menos de nueve años, según datos del Departamento de Servicios Públicos citados por defensores del programa.

Equidad: quién paga y quién se beneficia

Una crítica persistente a Mass Save es su distribución desigual de beneficios. El auditor estatal señaló que residentes de las llamadas Gateway Cities —ciudades con economías más vulnerables— pagan aproximadamente 24% más por persona al sostener Mass Save, pero reciben menos retorno en inversiones en comparación con residentes de otras zonas. Nueva Bedford, por ejemplo, tiene casi 60% de población inquilina, un grupo que históricamente ha accedido menos a las mejoras estructurales de mayor costo como ventanas o sistemas de calefacción.

Los defensores del recorte argumentan que el cargo de Mass Save recae en todos los usuarios de las utilidades, por lo que recortar gasto administrativo podría reducir el costo global. Sin embargo, críticos sostienen que recortar ahora es contraproducente porque la nueva planificación de 2025-27 busca precisamente ampliar la equidad en el acceso.

Alternativas y caminos prácticos

El debate no se reduce a mantener o eliminar. Entre las opciones que surgen en las discusiones legislativas y técnicas están:

• Reformular GSEP para limitar su alcance a proyectos estrictamente prioritarios de seguridad y establecer criterios más transparentes y competitivos para la selección de obras.
• Revisar la manera en que las empresas recuperan inversiones: pasar de un mecanismo que premia gasto a uno que vincule remuneración a resultados medibles en seguridad y eficiencia.
• Proteger y reorientar Mass Save para priorizar a inquilinos y hogares de bajos ingresos, con campañas territoriales y subsidios dirigidos a quienes no pueden acceder a mejoras estructurales de alto costo.
• Impulsar una transición energética con metas claras de electrificación de calefacción y cocción, acompañada de incentivos que reduzcan la demanda de gas a mediano plazo.

El factor humano: políticos locales y presión ciudadana

Representantes locales han mostrado posiciones mixtas. Algunos apoyan recortes a Mass Save, pero no necesariamente la eliminación de GSEP sin un plan alternativo, mientras que otros favorecen reformar GSEP en vez de mantenerlo tal cual. Como dijo el representante Mark Sylvia, “tenemos que reemplazar la infraestructura, pero no carguemos el costo sobre los usuarios” (The New Bedford Light).

La complejidad técnica del asunto exige transparencia y participación pública. Las decisiones sobre tarifas y regulaciones que afectan la energía doméstica son, en última instancia, decisiones sobre bienestar: 77% de encuestados en una reciente investigación regional expresan preocupación por el aumento de las facturas y el 83% teme que sigan subiendo (datos de una encuesta compilada por PowerLine y citada en cobertura sobre la temática).

¿Qué puede hacer el consumidor hoy?

Mientras el debate legislativo se desarrolla, los consumidores pueden tomar medidas prácticas: revisar opciones de eficiencia local, solicitar auditorías energéticas subsidiadas por Mass Save, comparar ofertas de proveedores eléctricos y considerar inversiones graduales en electrificación cuando existan incentivos y financiamiento accesible.

Por último, la presión ciudadana importa. Participar en audiencias públicas, contactar legisladores y exigir transparencia en los criterios de gasto garantizará que las decisiones favorezcan tanto la seguridad como la justicia tarifaria.

El cruce entre seguridad, costos y justicia energética en Massachusetts no es un dilema técnico aislado: es una conversación sobre prioridades colectivas. Las decisiones que se tomen en esta legislatura marcarán la forma en que los hogares pagan por calentar y encender sus casas durante la próxima década.