Minería de las profundidades: la apuesta estadounidense entre promesas, incertidumbres y riesgos
Cómo la nueva política de Estados Unidos impulsa una industria incipiente que enfrenta dudas técnicas, legales y ambientales
En el último año la administración estadounidense activó mecanismos para abrir la puerta a la minería del lecho marino: decretos presidenciales, empresas que recaudan capital con rapidez y agencias federales que aceleran permisos. Detrás del impulso hay promesas de minerales críticos para la transición energética y la seguridad nacional, pero también interrogantes sobre la viabilidad económica, el impacto ambiental y el cumplimiento de normas internacionales.
Un nuevo frente estratégico
En abril de 2025, la Casa Blanca anunció medidas para promover el desarrollo de una industria de minería profunda en aguas que, hasta entonces, habían sido objeto de regulación multilateral. El argumento central es estratégico: diversificar suministros de metales como manganeso, cobre, níquel y cobalto —presentes en los llamados nódulos polimetálicos— y reducir la dependencia de cadenas de suministro dominadas por terceros países.
Desde entonces, al menos nueve empresas han iniciado conversaciones con agencias federales para obtener acceso a minerales en áreas que abarcan desde Samoa Americana hasta Alaska. Algunas proyecciones hablan de subastas de sectores del lecho marino durante el verano y el otoño, lo que podría traducirse en los primeros permisos comerciales en aguas internacionales por parte de Estados Unidos.
¿Qué son los nódulos y por qué interesan?
Los nódulos polimetálicos son concreciones rocosas con forma de guijarro que reposan sobre el sedimento abisal y se forman a lo largo de millones de años por precipitación química y acumulación de fragmentos orgánicos. Contienen concentraciones apreciables de manganeso, cobre, níquel y cobalto, además de elementos de tierras raras en menor proporción.
La fascinación por estos recursos no es nueva: científicos y empresas los conocen desde hace más de un siglo, y desde los años sesenta se desarrollaron tecnologías experimentales para su extracción. Sin embargo, hasta ahora no existe precedentes de explotación comercial a gran escala en aguas internacionales con autorización de una gran potencia como Estados Unidos.
Actores, capitales y trayectorias cuestionables
El renovado interés ha atraído a una mezcla heterogénea de empresas: desde compañías con experiencia en salvamento de naufragios hasta startups surgidas de expediciones privadas. Entre las más visibles figura una empresa que ya ha realizado pruebas en condiciones profundas, levantando decenas de miles de toneladas en ensayos; su capitalización bursátil y su lobby regulatorio crecieron con la ola de interés.
No obstante, un análisis de los actores revela historiales irregulares: demandas legales, proyectos fallidos y empresas que anteriormente se vieron forzadas a abandonar iniciativas por la combinación de bajos precios de los metales y regulaciones internacionales inciertas. Un caso paradigmático en la historia de la minería marina fue la empresa que obtuvo una licencia para explotar en Papúa Nueva Guinea en 2011 y, años después, quebró dejando grandes deudas al Estado involucrado.
La paradoja regulatoria: normativa doméstica vs. marco internacional
La minería del lecho marino se rige hoy por un entramado complejo. Desde hace décadas, la comunidad internacional discute reglas para el uso y protección de los fondos marinos en jurisdicciones que no pertenecen a ningún Estado. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos —organismo con sede en Jamaica— ha otorgado permisos de exploración a casi dos decenas de contratistas, pero no ha autorizado la explotación comercial masiva.
La estrategia reciente de Washington plantea una tensión: por un lado, avanzar con permisos y procesos administrativos propios; por otro, el riesgo de desalinearse respecto a compromisos multilaterales asumidos por más de 150 países. La decisión de acelerar autorizaciones y permitir que empresas apliquen simultáneamente a permisos de exploración y explotación es un cambio de ritmo significativo en la política estadounidense.
Agencias en la carrera: NOAA y BOEM
Dos agencias serán clave en el proceso: la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), que supervisa actividades de minerales más allá de aguas costeras, y la Oficina de Administración de Energía Oceánica (BOEM), que regula recursos marinos en aguas federales. Históricamente ninguna de las dos ha aprobado un proyecto comercial de minería en aguas profundas; las capacidades técnicas y la experiencia regulatoria son limitadas para una empresa a gran escala.
Con la nueva directiva, BOEM anunció que “acelerará” pasos para desarrollar minerales marinos y planea lanzar subastas en lugares como Alaska, Virginia y territorios del Pacífico. NOAA, por su parte, modificó requisitos para admitir solicitudes simultáneas de exploración y explotación, y busca expandir su plantilla para tramitar múltiples expedientes.
Economía incierta: ¿vale la pena el riesgo?
Además de la dimensión regulatoria, la viabilidad económica de la minería abisal es discutida. Analistas del sector recuerdan que los pronósticos de demanda y precio de metales cambian con rapidez: mejoras en el diseño de baterías, sustituciones tecnológicas y nuevos proyectos terrestres pueden erosionar la necesidad de recursos marinos. Un consultor en economía minera resumió la duda: los modelos financieros tienden a mostrar escenarios optimistas que no siempre se sostienen frente a la realidad.
Por ejemplo, aunque el cobre mantiene una demanda sólida por su uso en redes eléctricas, en algunos procesos industriales está siendo sustituido por aluminio. Y aunque las empresas de minería profunda calculan horizontes de recuperación y beneficios en plazos de varios años, los estudios independientes tienden a considerar sus proyecciones como optimistas.
Una cadena de valor que falta
Un problema práctico inmediato es que Estados Unidos carece hoy de capacidad significativa para procesar masivamente minerales como níquel, manganeso o cobalto —procesos que requieren plantas industriales complejas y costosas. Iniciar la extracción sin las instalaciones de refinación domesticadas obligaría a depender de socios extranjeros, lo que reintroduce precisamente la vulnerabilidad que se pretende mitigar.
Algunas empresas han explorado opciones de procesamiento en países de Asia, pero esa vía podría generar tensiones legales y diplomáticas si su acción se percibe como una forma de evadir compromisos multilaterales o de alterar mercados globales sin consenso.
Impacto ambiental: lo que no conocemos
Los ecólogos marinos advierten que el lecho oceánico es uno de los ecosistemas menos estudiados del planeta. La extracción, incluso cuando se promete minimizar perturbaciones, conlleva riesgos reales: remoción de hábitats bentónicos, nubes de sedimentos que pueden afectar fauna filtradora y efectos en cadenas alimentarias poco comprendidas.
Comunicaciones de científicos señalan que muchos organismos de las profundidades son lentos en recuperarse o pueden ser únicos en su nicho ecológico. Los críticos sostienen que abrir la explotación comercial antes de contar con evaluaciones ambientales robustas y marcos de monitoreo a largo plazo sería una apuesta ambientalmente irresponsable.
Conflictos locales en territorios del Pacífico
En territorios estadounidenses del Pacífico, la respuesta ha sido diversa: mientras algunas empresas prometen compartir porcentajes de futuros beneficios con comunidades locales, líderes y poblaciones isleñas han expresado rechazo. Samoa Americana, Guam y las Islas Marianas han visto movimientos para prohibir o restringir la minería abisal, citando riesgos a la pesca, el turismo y la identidad cultural ligada al mar.
La cuestión subraya un elemento central: aunque las decisiones de permisos recaen en instancias federales, los impactos se sienten localmente, y el conflicto entre desarrollo económico y protección de medios de vida tradicionales será inevitable si no se diseña una participación comunitaria genuina.
¿Qué puede pasar ahora?
Existen varios escenarios plausibles. Uno, que la Administración avance con permisos condicionales y las primeras pruebas comerciales a pequeña escala, con monitoreo censal y acuerdos para la investigación ambiental. Dos, que litigios internacionales y sanciones regulatorias frenen proyectos si otros Estados o actores consideran que se vulneran normas globales. Tres, que la combinación de dudas económicas y costos de procesamiento haga que muchos proyectos no lleguen a materializarse.
Lo cierto es que la minería del lecho marino ya no es una propuesta teórica: tiene capital, empresas dispuestas a probar tecnologías y una estrategia política detrás. Pero las preguntas sobre la sostenibilidad ecológica, la viabilidad financiera y la compatibilidad con un sistema de gobernanza internacional siguen abiertas.
Si algo queda claro, es que la decisión de explotar o no los recursos marinos no puede reducirse a una ecuación de explotación: exige un debate público informado, evaluaciones científicas independientes y mecanismos de gobernanza que integren intereses locales, nacionales e internacionales.
- Fuentes consultadas/para más lectura: Sitios oficiales de NOAA (https://www.noaa.gov/), BOEM (https://www.boem.gov/) y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (https://www.isa.org.jm/).
- Revisión de literatura científica sobre nódulos y biodiversidad de aguas profundas: revistas Oceanography y Marine Policy.
