El desmantelamiento silencioso: cómo el cierre de la corte de inmigración de San Francisco reconfigura el acceso al asilo

En los últimos meses, lo que durante décadas fue un referente regional para solicitantes de asilo y defensores de derechos humanos ha dejado de existir en la práctica: la corte principal de inmigración en San Francisco quedó sin prácticamente actividad al cerrarse sus puertas el 1 de mayo, cuando casi todos sus jueces se marcharon o fueron relevados. Las consecuencias son múltiples: traslados masivos de expedientes a un tribunal a 48 kilómetros de distancia, índices de representación legal más difíciles de sostener, y un sistema que ve empeorar su ya gigantesca demora procesal.

Un conflicto sistémico con raíces recientes y profundas

El sistema de tribunales de inmigración en Estados Unidos no funciona como los tribunales federales típicos: depende de una rama del Departamento de Justicia (la Executive Office for Immigration Review, EOIR) y sus jueces son empleados del Poder Ejecutivo, lo que permite al gobierno una mayor flexibilidad para nombrarlos o removerlos en comparación con los magistrados con nombramiento vitalicio.

En los últimos meses se ha descrito una purga que dejó sedes históricas, como la de San Francisco, prácticamente desmanteladas. A nivel nacional, el número de jueces de inmigración ha disminuido: a comienzos de la última administración se reportaban alrededor de 754 jueces y ahora la cifra ronda los 600, incluyendo jueces temporales, según datos compilados por la asociación sindical que agrupa a estos magistrados. El efecto es directo sobre la capacidad del sistema para atender audiencias y resolver casos.

Traslado a Concord: logística, seguridad y efectos colaterales

La mayor parte de los expedientes (cerca de 117,000 casos) que pertenecían a la corte de San Francisco fueron trasladados a la sede de Concord, un complejo judicial abierto hace dos años para aliviar la carga procesal. Concord ya arrastraba un volumen elevado: al inicio de 2025 contaba con una carga cercana a 60,000 casos y su número de jueces también ha sido reducido tras una oleada de relevos.

El nuevo escenario incrementa barreras prácticas: movimientos más largos para los solicitantes —muchos llegan desde el interior del estado y dependen del transporte público— y mayores costos de representación para organizaciones pro bono y abogados privados. Asimismo, medidas de seguridad estrictas en las instalaciones (controles de bolsos, prohibición de bebidas opacas, registro de teléfonos móviles) dificultan la experiencia de asistir a una audiencia, y en algunos casos ha existido el temor a arrestos en o cerca de los juzgados, lo que disuade la comparecencia de personas con citas programadas.

Impacto sobre resultados y representación legal

Históricamente, la corte de inmigración de San Francisco tuvo tasas de concesión de alivios (todas las formas de protección para quien pide permanecer) muy por encima del promedio nacional. Entre 2019 y 2024, casi el 75% de los peticionantes en esa sede obtuvo algún tipo de protección, en comparación con alrededor del 43% en todo el país, según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse (TRAC).

Esos porcentajes se explican en parte por la red de apoyo local: numerosas organizaciones sin fines de lucro, clínicas legales y abogados que ofrecen representación de bajo costo o gratuita, y una tradición local de defensa del derecho de asilo. Cuando la corte favorable desaparece, la probabilidad de que un solicitante acceda a representación efectiva disminuye, y la falta de abogado multiplica las dificultades para presentar pruebas, apelar decisiones o comprender las implicaciones legales de cada audiencia.

La acumulación de casos: una cifra que pesa

El sistema federal de inmigración arrastra una acumulación masiva: millones de expedientes en espera. Aunque las cifras varían según la fuente y el momento, se ha señalado una carga de millones de casos de inmigración y asilo en trámite; esa acumulación es parte del argumento oficial para reestructurar sedes y procedimientos. No obstante, el cierre prematuro de una corte clave y la remoción de jueces sin reemplazos suficientes no resuelve el problema estructural y en muchos casos lo empeora.

Consecuencias humanas: historias que ilustran la fractura

Detrás de cada cifra hay vidas pendientes de resolución: personas cuya documentación puede caducar antes de que se celebre su audiencia, solicitantes que ven canceladas audiencias en el último minuto, y otros que pierden la posibilidad de pruebas o testigos por traslados de lugar. En algunos episodios se ha documentado el caso de individuos a quienes un juez había otorgado un alivio provisional, pero que quedaron sin la firma final cuando ese juez fue separado del cargo; otros expedientes han pasado por varios jueces sucesivos y siguen sin resolución.

Estas situaciones prolongan la incertidumbre y aumentan la vulnerabilidad de las familias afectadas; la demora puede implicar separación familiar, imposibilidad de trabajar legalmente y riesgo de deportación en ausencia de comparecencia por miedo a ser arrestado.

Un debate político y jurídico en marcha

La discusión sobre estas medidas abarca varios planos: logístico, administrativo, legal y constitucional. Quienes defienden las decisiones del Ejecutivo argumentan la necesidad de modernizar, ahorrar costos y priorizar casos, así como de reducir lo que consideran decisiones judiciales demasiado permisivas. Por otro lado, defensores de los derechos civiles y asociaciones jurídicas sostienen que las destituciones masivas y la reubicación forzada de sedes constituyen un riesgo para el debido proceso y alteran el equilibrio independiente que debe existir en la administración de justicia.

Un punto central es la naturaleza laboral de los jueces de inmigración: al ser empleados del Departamento de Justicia, están sujetos a un régimen distinto al de los jueces federales con nombramiento vitalicio. Eso permite cambios rápidos en la plantilla, pero también plantea dudas sobre independencia percibida y confianza en el sistema.

Posibles escenarios y estrategias para mitigar el daño

Frente al desorden actual, hay varias vías que podrían explorarse para mitigar el impacto sobre solicitantes y comunidades:

• Reforzar la representación legal: financiar con urgencia programas pro bono y asistencia legal para zonas afectadas por cierres o traslados.
• Incrementar recursos humanos: nombrar jueces adicionales con procesos transparentes y tiempo suficiente para cubrir vacantes sin sacrificar imparcialidad.
• Mejorar infraestructura y transporte: facilitar la participación efectiva de los solicitantes mediante subsidios de transporte o audiencias virtuales cuando lo permita la legislación y garantizando la confidencialidad y acceso a tecnología.
• Supervisión y transparencia: establecer informes públicos regulares sobre el estado de plazas judiciales, motivos de las remociones y el impacto en tiempos de espera.

Reflexión final: la justicia en tiempos de reordenamiento

La situación en San Francisco y Concord es una muestra de cómo decisiones administrativas pueden transformar de forma abrupta el acceso a derechos fundamentales. Más allá del debate político, la pregunta crucial es cómo garantizar que los procesos migratorios respeten el debido proceso y no conviertan el sistema en una máquina que, por diseño o por descuido, produce denegaciones, expulsiones o prolongadas incertidumbres.

Si el objetivo es reducir la acumulación de casos, la salida no puede ser solo reubicar expedientes y despedir personal sin una estrategia clara para mantener la equidad y la eficacia. Porque cuando la justicia se vuelve inaccesible por razones administrativas, las consecuencias recaen sobre quienes menos recursos tienen y más dependen de un sistema que, en teoría, debería proteger sus derechos.

Para seguir conociendo datos y el desarrollo de la situación a nivel nacional, una fuente consolidada de estadísticas sobre decisiones de inmigración y cargas de casos es el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC): https://trac.syr.edu/. Asimismo, la página del Executive Office for Immigration Review (EOIR) publica comunicados y avisos oficiales sobre sedes y disposiciones administrativas: https://www.justice.gov/eoir.