El oro de la supervivencia: minería artesanal en Sudán y su papel en la guerra y la crisis humanitaria

Dalgo Mahas, una región montañosa del norte de Sudán, es hoy escenario de una actividad que combina supervivencia económica, violencia y riesgos ambientales: la minería artesanal y a pequeña escala. Miles de personas desplazadas por la guerra han encontrado en el oro una alternativa para alimentar a sus familias, aunque ese recurso ha terminado por aliment ar también el conflicto y socavar la gobernanza estatal.

El auge del oro tras la pérdida del petróleo

La dependencia de Sudán del oro no es nueva, pero cobró especial intensidad después de la secesión de Sudán del Sur en 2011, cuando el país perdió más de dos tercios de sus ingresos petroleros. Ante ese vacío fiscal, la minería aurífera emergió como fuente crucial de divisas. De hecho, cifras oficiales citadas por empresas estatales indican que en 2025 Sudán produjo alrededor de 70 toneladas de oro, frente a 64 toneladas en 2024, y generó aproximadamente 1.8 mil millones de dólares en ingresos ese año (Sudanese Mineral Resources Company, 2025).

Minería informal, economía de guerra

La extracción informal —conocida como minería artesanal y a pequeña escala— domina el panorama. Mineros que solo poseen detectores metálicos y herramientas manuales trabajan en yacimientos dispersos, muchos de ellos fuera del control gubernamental. El colapso del orden institucional tras golpes de Estado y la posterior guerra entre fuerzas militares y paramilitares han permitido que grupos armados obtengan control de áreas productoras y comercialicen oro fuera de canales formales.

Un panel de expertos de las Naciones Unidas alertó en 2024 que más del 50% del oro extraído en Sudán no circulaba a través de canales oficiales sino que era contrabandeado al exterior (informe del panel de expertos de la ONU, 2024). Ese flujo alimenta redes ilícitas y constituye una fuente de financiación para actores armados, complicando los esfuerzos de pacificación y transparencia económica.

Vidas desplazadas y la minería como última opción

El conflicto ha generado una de las mayores crisis humanitarias contemporáneas: más de 10 millones de personas han huido de sus hogares, muchas hacinadas en zonas donde las oportunidades laborales son mínimas. Para numerosos desplazados, la minería se convirtió en la única alternativa viable. Como resume Atta al-Khazin, un minero de 28 años que dejó la agricultura: “La minería de oro es lo único en lo que puedo confiar” (entrevista de campo, 2026).

La transición de la agricultura al minado refleja también cambios económicos más amplios: la subida de los precios internacionales del crudo y la volatilidad de los mercados han afectado los ingresos tradicionales, empujando a poblaciones rurales hacia actividades extractivas sin regulaciones ni protección laboral.

Riesgos para la salud y el medio ambiente

La minería artesanal en Sudán suele emplear técnicas rudimentarias y peligrosas. Tras extraer el mineral, los trabajadores lo trituran y aplican mercurio para formar una amalgama que concentra el oro. Luego el mercurio se evapora por calentamiento para recuperar el metal. Este proceso libera vapores tóxicos y deja residuos contaminantes que afectan suelos, aguas y cadenas alimentarias locales.

Los riesgos no se limitan al mercurio. Los pozos improvisados y túneles sin refuerzo se colapsan con frecuencia: en los últimos meses se han reportado derrumbes mortales que costaron la vida a decenas de mineros, reflejando la ausencia de normas de seguridad y la precariedad de la actividad.

Implicaciones políticas y económicas

La relación entre oro y conflicto tiene consecuencias multifacéticas. Económicamente, el metal provee liquidez en regiones sin acceso a crédito formal y constituye una exportación significativa para las arcas estatales cuando pasa por canales oficiales. Sin embargo, cuando el oro se comercializa mediante redes informales, se pierden impuestos y controles cambiarios, erosionando las capacidades del Estado para financiar servicios básicos.

Políticamente, el control de yacimientos ofrece poder y recursos a facciones armadas. En zonas como Darfur y Kordofán, grupos paramilitares han establecido rutas de extracción y contrabando que benefician directamente a sus estructuras de mando, perpetuando así la dinámica de guerra.

Intentos de regulación y obstáculos

Antes de la escalada del conflicto, un gobierno de transición intentó ordenar el sector mediante registros y concesiones que buscaban formalizar la actividad y reducir el contrabando. No obstante, esos esfuerzos quedaron truncos tras el golpe militar de 2021 y el posterior estallido bélico en 2023. La falta de gobernanza efectiva limita la aplicación de medidas de control y la implementación de programas de salud pública y ambientales en zonas mineras.

Posibles vías para mitigar daños

Frente a este panorama, distintas medidas pueden contribuir a reducir impactos negativos sin eliminar la fuente de ingresos para miles de familias:

• Formalización gradual: crear mecanismos accesibles para registrar mineros artesanales y cooperativas, con procedimientos simples y costos asequibles.
• Programas de salud y seguridad: promover prácticas seguras, sustituir el uso de mercurio por alternativas más limpias y capacitar sobre medidas preventivas ante derrumbes.
• Rutas comerciales transparentes: establecer controles más estrictos en puertos y fronteras y certificar el origen del mineral para reducir el contrabando.
• Desarrollo rural y alternativas económicas: invertir en agricultura resiliente, empleo local y capacitación para ofrecer otras fuentes de ingreso a las comunidades.
• Cooperación internacional: coordinar sanciones y controles financieros destinados a desincentivar la compra de oro ilícito y apoyar iniciativas de trazabilidad.

El dilema moral: supervivencia vs. sostenibilidad

La historia de mineros como Zahir Adam, un padre de 35 años de Darfur que lleva más de una década trabajando en minas, ilustra el dilema: “No teníamos otra opción; muchas familias dependen de la minería” (entrevista de campo, 2026). Para comunidades enteras, prohibir la minería sin ofrecer alternativas no solo sería impracticable sino éticamente problemático: millones sobreviven hoy gracias a los ingresos que genera el oro.

Perspectiva regional y lecciones globales

El caso sudanés encarna un fenómeno repetido en zonas de conflicto alrededor del mundo: recursos naturales que, en ausencia de instituciones sólidas, se transforman en combustible para la violencia. Desde diamantes en África occidental durante la década de 1990 hasta minerales de conflicto en otras regiones, la lección es clara: la gobernanza y la transparencia son esenciales para romper el vínculo entre recursos y guerra.

Para la comunidad internacional, la respuesta debe combinar presión sobre redes de contrabando con asistencia técnica y económica para comunidades locales. Asimismo, políticas de importación y certificación por parte de compradores internacionales pueden ayudar a reducir la demanda de oro ilícito.

Hacia una minería más humana y responsable

Transformar la minería artesanal en una actividad segura, ambientalmente responsable y con beneficios para comunidades locales no es imposible, pero requiere voluntad política, recursos y tiempo. La experiencia de otros países que han formalizado sectores extractivos demuestra que con programas de capacitación, acceso a mercados formales y mejora de infraestructura se pueden reducir tanto los riesgos para las personas como la capacidad de grupos armados para apropiarse de recursos.

Mientras tanto, la gente en lugares como Dalgo Mahas seguirá excavando con sus herramientas, movida por la necesidad. La pregunta para Sudán y sus socios es si ese oro seguirá consolidando la guerra o si, mediante políticas coherentes, podrá convertirse en un motor de reconstrucción y estabilidad.

Fuentes: datos oficiales del Sudanese Mineral Resources Company (2025); informe del panel de expertos de la ONU (2024); entrevistas de campo con mineros en Dalgo Mahas y Darfur, 2026.