Mercenarios colombianos, Emiratos Árabes Unidos y el apoyo oculto al RSF en Sudán

En los últimos años la guerra en Sudán ha dejado al descubierto no solo la brutalidad de un conflicto interno sino también la compleja red transnacional que alimenta la violencia. Un reciente informe de Human Rights Watch (HRW) asegura que ciudadanos y estructuras de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) habrían reclutado, entrenado y enviado mercenarios colombianos para combatir junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), el grupo paramilitar que desde abril de 2023 está enfrentado con las fuerzas armadas sudanesas y ha sido señalado por crímenes atroces.

De qué se acusa a los Emiratos y qué pruebas presenta HRW

Según HRW, cientos de mercenarios colombianos fueron entrenados en instalaciones ubicadas en la región de Al Dhafra y en otras bases en Abu Dabi antes de ser desplegados en varias zonas de Sudán para apoyar a las RSF. El informe incluye entrevistas con excombatientes, exoficiales colombianos y testimonios directos de mercenarios que describen sesiones de adiestramiento y su posterior participación en operaciones junto a la milicia sudanesa.

“La contratación de contratistas militares privados colombianos se suma a un cuerpo creciente de evidencias de que los EAU proporcionan apoyo militar a las Fuerzas de Apoyo Rápido”, declaró Mausi Segun, directora ejecutiva de la División África de Human Rights Watch, en el comunicado que acompaña al informe (Human Rights Watch, 2024).

El reporte también documenta material visual y videográfico que, según la ONG, muestra a combatientes de apariencia colombiana participando en ofensivas, entre ellas la captura de la ciudad de el-Fasher en Darfur, un episodio que expertos de la ONU describieron como «con los rasgos de un genocidio» tras estimar miles de víctimas en cuestión de días.

Contexto: quiénes son las RSF y el antecedente del Janjaweed

Las RSF surgieron como una evolución de las milicias conocidas como Janjaweed, tristemente célebres por las campañas de violencia en la región de Darfur a comienzos de los años 2000. Aquella violencia —documentada por organizaciones internacionales y tribunales— incluyó ataques selectivos contra comunidades identificadas por su etnia y provocó desplazamientos masivos, asesinatos y violaciones sistemáticas. La transformación de esas milicias locales en una fuerza con capacidades paramilitares modernas, apoyada por intereses regionales, es una de las causas que explica la escala de la crisis actual en Sudán.

El conflicto contemporáneo se reavivó el 15 de abril de 2023 cuando un choque de poder entre el ejército sudanés y las RSF derivó en combates en Jartum y en varias regiones del país, escalando rápidamente en intensidad y en atrocidades contra civiles.

Evidencia internacional y demandas de rendición de cuentas

Una comisión de expertos de las Naciones Unidas presentó en septiembre un informe al Consejo de Seguridad en el que señalaba la presencia de mercenarios colombianos en múltiples frentes de combate en Sudán —incluyendo Jartum, Omdurmán, Darfur y Kordofán— y describía roles que iban desde la operación de drones y artillería hasta participación en ataques directos. El panel también relacionó a una empresa de seguridad con sede en Abu Dabi, Global Security Services Group, con la contratación de esos combatientes, una firma que según el informe estuvo presidida por un ciudadano emiratí.

Ante estas revelaciones, HRW ha pedido a la comunidad internacional, y en particular a la Unión Europea y a socios occidentales, que suspendan la cooperación militar y las ventas de armas a los EAU hasta que se esclarezca la magnitud de su involucramiento y se ponga fin al apoyo a grupos responsables de crímenes graves.

Negativas oficiales y la narrativa de responsabilidad penal

El gobierno de los Emiratos negó las acusaciones en comunicaciones con medios internacionales, afirmando que no permite el uso de su territorio para el reclutamiento, entrenamiento, financiación o tránsito de combatientes a conflictos externos. Además, el ministerio emiratí subrayó que cualquier individuo o entidad que facilite apoyo a grupos armados fuera del país lo haría sin autorización estatal y estaría sujeto a investigación y enjuiciamiento conforme a la ley de los EAU.

Sin embargo, la coexistencia de testimonios, material audiovisual y las constataciones del panel de la ONU han generado dudas sobre el alcance real de la implicación estatal. El desacople entre las declaraciones oficiales y la evidencia documentada plantea preguntas difíciles sobre la capacidad y la voluntad para investigar a actores privados que actúen desde territorio emiratí.

Impacto humanitario: cifras y consecuencias

El coste humano del conflicto es devastador. Según el proyecto ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project), al menos 59.000 personas han perdido la vida en los tres años del enfrentamiento —una cifra que la propia organización reconoce como probablemente conservadora por las dificultades para documentar todos los hechos en zonas de alto riesgo. Estas cifras reflejan no solo combates entre fuerzas armadas y paramilitares, sino también ataques indiscriminados, ejecuciones sumarias y violencia dirigida contra poblaciones civiles.

Las ofensivas en Darfur han sido especialmente letales. El informe de la ONU sobre la toma de el-Fasher concluyó que los patrones de violencia exhibieron características asociadas con crímenes de lesa humanidad e, incluso, con indicios de genocidio en episodios concretos donde la magnitud y la selección de víctimas apuntan a un intento deliberado de eliminar comunidades específicas.

Mercenarios y tecnología bélica: drones, blindados y un nuevo modelo de violencia

El informe de los expertos de la ONU describe cómo los mercenarios desempeñaron roles técnicos: operadores de drones y artillería, conductores de vehículos blindados y participantes en asaltos coordinados. El uso de tecnologías como drones ha cambiado la naturaleza del combate, permitiendo ataques a distancia y, en múltiples ocasiones, ataques indiscriminados en áreas densamente pobladas.

Ese binomio —contratación de combatientes extranjeros y empleo de armamento tecnológico— constituye un modelo que complica la rendición de cuentas: por un lado, fragmenta la línea de mando; por otro, multiplica las capas de responsabilidad entre actores privados, Estados y mandos locales.

Qué piden las organizaciones y qué puede hacer la comunidad internacional

Organizaciones de derechos humanos exigen medidas concretas: investigación internacional independiente, sanciones dirigidas contra personas y empresas implicadas, y suspensión de cooperación militar y venta de armas a los Emiratos hasta que se verifiquen garantías creíbles de que el territorio emiratí no se utiliza para actividades ilícitas de reclutamiento y envío de combatientes.

También se reclama que los Estados receptores de pruebas y denuncias —incluyendo potencias occidentales con estrechos vínculos diplomáticos y comerciales con los EAU— dejen de aceptar explicaciones genéricas y adopten una postura más firme para impedir la impunidad. Como señaló HRW, “otros países deben dejar de aceptar las negaciones en bloque de los EAU, que contradicen los hechos” (Human Rights Watch, 2024).

Implicaciones legales y morales

Desde el punto de vista jurídico, el uso de mercenarios y la complicidad en crímenes de guerra abren la puerta a responsabilidades penales tanto para individuos como para entidades. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional contempla la persecución de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, y en la práctica internacional se han impuesto sanciones y procesos a actores estatales y no estatales que facilitan o ejecutan ataques masivos contra civiles.

Moralmente, la implicación de terceros Estados o empresas privadas en conflictos extranjeros plantea un debate esencial: ¿hasta qué punto la externalización de la violencia a través de contratistas y proxies erosiona las normas internacionales y permite que se cometan atrocidades con menor visibilidad y responsabilidad?

Observaciones finales

El caso descrito por HRW y por el panel de la ONU no es solo una historia sobre mercenarios en el terreno; es un síntoma de cómo las dinámicas internacionales actuales —alquiler de fuerza, comercio de armas, alianzas estratégicas regionales— pueden alimentar conflictos internos hasta convertirlos en catástrofes humanitarias. La transparencia, la investigación independiente y la presión diplomática coordinada aparecen como herramientas indispensables para cortar los vínculos que permiten que la violencia se reproduzca lejos de los focos mediáticos.

• Fuente citada: Human Rights Watch, comunicado y reporte sobre reclutamiento de mercenarios (2024).
• Informe del Panel de Expertos al Consejo de Seguridad de la ONU, septiembre de 2024.
• Datos sobre víctimas: Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), registros de 2023–2025.