El juicio de Rodrigo Duterte en La Haya: entre la rendición de cuentas y la política de poder

La decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de fijar el inicio del juicio contra el ex presidente filipino Rodrigo Duterte para el 30 de noviembre marca un hito en la historia reciente de la justicia internacional. Tras años de investigaciones y de polémicas en torno a las políticas de seguridad y control del narcotráfico aplicadas por Duterte, el proceso ante La Haya plantea no solo cuestiones jurídicas complejas, sino también implicaciones políticas y sociales profundas para Filipinas y para la percepción global sobre la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos.

Un calendario inusual: fecha, prisa y logística

El anuncio de la fecha de apertura del juicio fue realizado por los jueces de la CPI, que rechazaron solicitudes para aplazar el inicio pese a preocupaciones administrativas presentadas por la secretaría del tribunal. La presidencia del tribunal, encabezada por la jueza Joanna Korner, subrayó que “la rapidez del juicio es de suma importancia” (AP), exigiendo además que se garantice interpretación a las lenguas habladas en Filipinas, incluido el tagalo. Esta exigencia apunta a una dificultad práctica: la CPI opera oficialmente en inglés y francés, lo que obliga a desplegar recursos adicionales para asegurar la comprensión plena de las partes y la validez del proceso.

La decisión de no postergar la fecha pone de manifiesto un balance entre el imperativo de evitar demoras procesales —que pueden erosionar la confianza en la justicia internacional— y la obligación de asegurar un juicio justo, con todos los servicios de traducción, atención médica y acceso a la defensa adecuados. Los expertos en derecho internacional señalan que fijar una fecha con anticipación también presiona a las partes a organizar la fase preparatoria, pero puede complicar la logística si faltan intérpretes o si persisten dudas sobre la salud del acusado.

Antecedentes y alcance de las acusaciones

Rodrigo Duterte, quien gobernó Filipinas entre 2016 y 2022, es acusado por la fiscalía de la CPI de ser responsable de asesinatos en el marco de campañas antidrogas violentas, que durante su mandato y antes, en su etapa como alcalde de Davao, habrían causado miles de muertes entre supuestos vendedores y consumidores de drogas. Las estimaciones sobre el número de víctimas varían: la policía nacional filipina ha reportado más de 6.000 muertes vinculadas a la guerra contra las drogas, mientras que organizaciones de derechos humanos han llegado a estimar hasta 30.000 (según recopilaciones periodísticas y reportes de organizaciones locales y extranjeras).

Estas cifras —con discrepancias tan amplias— ilustran la dificultad de cuantificar violaciones en situaciones donde la documentación puede ser fragmentaria, las investigaciones locales insuficientes y donde las narrativas oficiales y las independientes divergen profundamente. No obstante, la CPI ha considerado que existen fundamentos suficientes para llevar adelante un proceso, algo que en sí mismo implica una valoración legal preliminar de la gravedad de los hechos.

La ausencia y la salud del acusado

Duterte no ha estado presente en las audiencias iniciales y renunció en su momento a su derecho a comparecer, lo que añade una complejidad adicional desde el punto de vista procesal y simbólico. El tribunal ya examinó su aptitud para enfrentar el juicio y determinó que podía hacerlo, tras posponer una audiencia anterior por motivos de salud. La combinación de ausencia voluntaria y antecedentes médicos suscita preguntas sobre cómo garantizar la participación efectiva del acusado y su derecho a una defensa plena, sin que ello implique retrasos indebidos.

La jurisprudencia internacional reconoce el derecho del acusado a no comparecer si así lo decide, pero también establece que la falta de presencia no debe convertirse en un mecanismo para eludir responsabilidades ni en un pretexto para nulificar el proceso. La CPI, por su parte, ha mostrado una voluntad expresa de avanzar, buscando conciliar la protección de derechos individuales con la necesidad de que las víctimas obtengan justicia en plazos razonables.

Detenciones conexas y la búsqueda de responsables

Paralelamente al caso central, la CPI y las autoridades filipinas han centrado su atención en figuras asociadas con la campaña antidrogas. Por ejemplo, la orden de detención por Ronald Marapon dela Rosa —ex jefe de policía nacional durante parte del gobierno de Duterte— fue desvelada por la corte; las autoridades filipinas han intentado localizarlo tras un incidente público que incluyó un enfrentamiento en el Senado y reportes de intercambio de disparos. Dela Rosa, según informes, está siendo buscado por las autoridades para su posible entrega al tribunal.

Los arrestos y las órdenes emitidas por la CPI muestran la intención de extender el escrutinio más allá del líder formal. Sin embargo, la práctica demuestra que la eficacia de estos mecanismos depende en gran medida de la cooperación estatal. Si el Estado no colabora, la ejecución de órdenes internacionales se vuelve compleja, como ha ocurrido en otros casos donde inmunidades, políticas internas o falta de voluntad han frenado las extradiciones o entregas.

Significado político en Filipinas y en la región

El juicio en La Haya trasciende la esfera judicial y tiene efectos políticos notables. En Filipinas, el legado de Duterte sigue polarizando a la sociedad: por un lado, hay ciudadanos y sectores que apoyaron su mano dura contra la delincuencia y el narcotráfico; por otro, numerosas comunidades, familias y organizaciones de derechos humanos reclaman verdad y reparación para las víctimas. El proceso internacional podría influir en la memoria colectiva sobre ese período y en la narrativa dominante respecto a seguridad y derechos.

A nivel regional, el caso plantea preguntas sobre la relación entre Estados y mecanismos internacionales: ¿qué tan dispuestos están gobiernos y sociedades a aceptar intervención o escrutinio externo cuando se alegan violaciones masivas de derechos humanos? Además, el éxito o las limitaciones del caso pueden sentar precedentes para cómo se abordan situaciones similares en Asia y en otras regiones donde la retribución por delitos de Estado ha sido históricamente parcial o inexistente.

Retos jurídicos y de prueba

Para la fiscalía será clave demostrar no solo la ocurrencia de homicidios, sino la vinculación directa entre las órdenes/ políticas de alto nivel y la comisión de crímenes. Eso exige construir una cadena probatoria robusta: testimonios de víctimas y testigos, documentos oficiales, comunicaciones internas y evidencia que conecte decisiones políticas con resultados operativos en el terreno. La defensa, por su lado, puede alegar carencia de pruebas directas, errores en la recolección de pruebas o responsabilidad individual de agentes sin dirección política superior.

Históricamente, casos de crímenes de Estado ante tribunales internacionales han mostrado que llevar la evidencia desde el terreno hasta la sala de juicios no es una tarea sencilla. Las cuestiones de cadena de custodia, la seguridad de testigos y la coherencia entre relatos son desafíos habituales. Además, la CPI debe asegurar la protección de quienes declaren y la imparcialidad del proceso, factores que condicionarán la credibilidad del veredicto final.

Implicaciones para la rendición de cuentas y las víctimas

Más allá de la persona de Duterte, el proceso representa una oportunidad para que las víctimas busquen reconocimiento y reparación. En muchos contextos, el avance de causas internacionales ha contribuido a abrir procesos de verdad y memoria que los sistemas locales no pudieron o no quisieron emprender. El componente simbólico de un juicio en La Haya puede otorgar una plataforma a las voces de las familias afectadas y presionar por reformas institucionales en Filipinas en materia de policía, control de drogas y protección de derechos civiles.

No obstante, la justicia internacional no es un sustituto automático de procesos locales de rendición de cuentas. Para que el veredicto tenga un impacto duradero, debe combinarse con medidas internas: reformas legales, capacitación policial, mecanismos de supervisión civil y políticas públicas que prioricen la prevención y la reinserción antes que la represión extrema.

Mirando hacia adelante

La fijación de una fecha para el inicio del juicio obliga a todas las partes a prepararse: a la fiscalía a consolidar sus pruebas, a la defensa a articular su estrategia, y a las instituciones internacionales a garantizar recursos logísticos y de interpretación necesarios. El calendario también ofrece a la sociedad filipina un plazo para debatir, recordar y decidir qué narrativa quiere enmarcar respecto a esos años.

En definitiva, más allá del resultado jurídico, el proceso en la CPI es una prueba de la capacidad de la comunidad internacional para hacer frente a alegaciones de graves violaciones de derechos humanos, a la vez que desafía a los Estados a colaborar y a sus sociedades a confrontar pasados dolorosos. Como señaló un miembro del tribunal en audiencias preparatorias, la búsqueda de justicia suele ser lenta y compleja, pero deja una marca perdurable en los intentos por prevenir que se repitan los horrores que motivaron los juicios.

Fuentes citadas: declaración de la jueza Joanna Korner (AP); cifras sobre muertes durante la presidencia de Duterte reportadas por la policía nacional y por organizaciones de derechos humanos (informes periodísticos y de ONG).