Zonas de seguridad y libertad de expresión: la nueva ley de Nueva York que protege el acceso a lugares de culto

La firma de una ley estatal en Nueva York que penaliza bloquear el acceso a las casas de culto y permite perímetros de seguridad de 50 pies ha reabierto el debate sobre cómo conciliar la protección del culto y el ejercicio del derecho a la protesta. La normativa, promovida por la gobernadora Kathy Hochul, llega tras una oleada de manifestaciones ruidosas y, en algunos casos, conflictivas fuera de sinagogas, y plantea preguntas complejas sobre alcance, proporcionalidad y constitucionalidad.

Por qué llegó esta ley y a quiénes responde

En meses recientes, varias sinagogas en la ciudad y el estado de Nueva York fueron escenarios de protestas relacionadas con eventos inmobiliarios y con el conflicto en Oriente Medio. Según reportes periodísticos y declaraciones de líderes comunitarios, algunas de esas manifestaciones derivaron en cánticos pro-Hamas y enfrentamientos entre grupos pro-Israel y pro-Palestina. Estas situaciones motivaron alarma entre fieles y dirigentes religiosos, que demandaron medidas para garantizar la entrada segura a los lugares de culto.

La nueva ley establece como delito menor (misdemeanor) impedir que una persona acceda a una casa de culto, o comportarse de modo que provoque miedo entre las personas que intentan entrar al edificio. Además, habilita a la policía a trazar perímetros de seguridad de hasta 50 pies (unos 15 metros) en torno a una casa de culto, en los cuales las protestas estarían prohibidas.

Balance entre seguridad y derechos civiles: tensiones evidentes

En apariencia, la ley persigue un objetivo sencillo y legítimo: que toda persona pueda practicar su religión sin temer por su integridad física. Como dijo la gobernadora Hochul al firmar la medida, “Cada neoyorquino debe poder entrar a su casa de culto y practicar su religión sin temor”. Sin embargo, el diseño de zonas buffer donde no se permite la protesta abre interrogantes sobre posible censura de manifestaciones no violentas y sobre quién decide cuándo una protesta se convierte en riesgo real.

Organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación. Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión por las Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), advirtió que la creación de estas zonas “podría acallar a activistas en un momento en que esas voces son más necesarias que nunca” y alertó sobre el riesgo de que se convierta en un obsequio para administraciones con tendencias autoritarias en el otro extremo del espectro político. La NYCLU ha abogado históricamente por límites claros cuando las restricciones impactan la libertad de expresión.

Un antecedente judicial clave: McCullen vs. Coakley (2014)

Para analizar la constitucionalidad de estas zonas, es crucial mirar el precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos en McCullen v. Coakley (2014). En ese fallo, la Corte declaró inconstitucional una zona de 35 pies alrededor de clínicas de aborto en Massachusetts porque la restricción impedía a los manifestantes comunicarse con las personas que entraban a las clínicas, y existían medios menos restrictivos para lograr los objetivos de seguridad y orden público (McCullen v. Coakley, 573 U.S. 464 [2014]; https://supreme.justia.com/cases/federal/us/573/13-1168/).

El razonamiento central del tribunal fue que, aunque el Estado puede regular el tiempo, lugar y modo de las protestas, las medidas no pueden ser más amplias de lo necesario ni impedir el núcleo del discurso protegido. Por eso, cualquier ley que cree zonas de exclusión similares ahora enfrenta el escrutinio de si existen alternativas menos intrusivas —por ejemplo, mayor presencia policial, control de disturbios o medidas puntuales contra conductas violentas— que protejan tanto el acceso al culto como la libre expresión.

¿Qué dice la ley aprobada en Nueva York y qué límites contempla?

La legislación firmada por Hochul tiene dos componentes principales: (1) tipificar como delito el acto de bloquear o intimidar a personas que intentan entrar a un lugar de culto; y (2) permitir perímetros de seguridad donde protestas no autorizadas quedarían prohibidas. La norma se aplica a cualquier casa de culto —sinagogas, iglesias, mezquitas— y es de alcance estatal.

Un punto crítico es la discrecionalidad en el uso de perímetros. La ley autoriza a la policía a establecer estas zonas, pero no detalla exhaustivamente los criterios para su activación ni establece un mecanismo uniforme de supervisión pública. Esa falta de claridad genera inquietud entre defensores de la libertad de expresión, quienes temen que se convierta en una herramienta para disuadir protestas pacíficas bajo la apariencia de seguridad.

Reacciones locales: alcaldía, NYPD y normativa municipal

En paralelo al nivel estatal, la alcaldía de Nueva York impulsó medidas locales. El alcalde Zohran Mamdani firmó una orden que obliga al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) a transparentar sus planes para manejar protestas frente a casas de culto y las reglas para el uso de perímetros de seguridad. La intención declarada es que haya mayor claridad pública sobre cuándo y cómo se implementan estas medidas.

No obstante, Mamdani vetó otra propuesta local que pretendía aplicar controles similares en torno a escuelas, por considerar que la definición de “instalación educativa” era demasiado amplia y podría limitar indebidamente el derecho a protestar en contextos educativos. Ese veto muestra que incluso quienes apoyan la necesidad de protección frente a amenazas consideran imprescindible que las restricciones estén finamente acotadas.

¿Qué dicen las comunidades religiosas y los activistas?

Muchos líderes religiosos celebran la medida como un paso necesario para proteger congregaciones que se sintieron amenazadas. Algunos fieles relataron sentir miedo al ingresar a sus templos durante los momentos más tensos, y pidieron una respuesta directa del poder público.

Por su parte, grupos pro-Palestina han señalado que las protestas formaban parte de una estrategia para denunciar eventos vinculados al traslado de población y al crecimiento de asentamientos en territorios ocupados. Alegan que la respuesta legislativa penaliza una forma legítima de activismo político y social.

Datos y contexto más amplio

• En los últimos años, Nueva York ha visto un aumento en la visibilidad de protestas vinculadas a conflictos internacionales, algo que refleja una tendencia nacional: según Pew Research (2023), los movimientos sociales y las protestas relacionadas con temas exteriores y derechos humanos han crecido en número y diversidad de participantes en ciudades grandes de EE. UU. (https://www.pewresearch.org/).
• La Corte Suprema de EE. UU. ha sentado doctrina sobre los límites del “time, place and manner” para manifestaciones: las restricciones deben ser neutrales respecto al contenido y no más amplias de lo necesario para lograr un objetivo legítimo.

Posibles escenarios legales y políticos

Es plausible que la ley enfrente desafíos judiciales. Los litigios en tribunales federales probablemente examinarán si la normativa impone restricciones de contenido o si, en la práctica, deja margen para la aplicación discriminatoria. Los demandantes podrían invocar McCullen y otros precedentes para argumentar que existen alternativas menos restrictivas para garantizar la seguridad.

Políticamente, la medida refleja una tentativa de responder a demandas comunitarias de seguridad en un contexto de polarización alta. Sin embargo, el éxito de la ley dependerá en buena medida de su implementación: un uso prudente y transparente de perímetros y sanciones contribuirá a calmar temores; una aplicación ambigua o selectiva reforzará la crítica de que se limita el disenso.

Reflexión final

La aprobación de esta ley en Nueva York es un recordatorio de que las democracias deben enfrentar dilemas difíciles: garantizar que las personas puedan practicar su fe sin temor y, al mismo tiempo, proteger el derecho a disentir y protestar. El reto consiste en diseñar reglas que defiendan a las comunidades vulnerables sin silenciar la protesta pacífica. Como en otros ámbitos donde chocan derechos constitucionales, la claridad normativa, la supervisión pública y el examen judicial serán esenciales para evitar efectos no deseados.

En las próximas semanas y meses veremos si la medida logra su objetivo principal—reducir el miedo de quienes asisten a lugares de culto—sin convertirse en una herramienta que limite la expresión ciudadana legítima. La historia judicial de Estados Unidos demuestra que ese equilibrio es delicado, pero no imposible si las políticas se aplican con proporcionalidad y transparencia.