Cuando los químicos que no desaparecen golpean a la comunidad: la demanda de Australia contra 3M por la contaminación con PFAS

En las últimas décadas, la eficiencia de ciertos productos químicos en aplicaciones industriales y de seguridad —desde repelentes de manchas hasta espumas contra incendios— estuvo acompañada de una sombra creciente: su persistencia en el ambiente y los riesgos asociados para la salud humana y los ecosistemas. Australia ha llevado este conflicto a un nuevo nivel al presentar una demanda por más de 2.000 millones de dólares australianos contra la multinacional 3M y su filial local por la contaminación con sustancias per- y polifluoroalquiladas, conocidas universalmente como PFAS.

Qué son los PFAS y por qué importan

Los PFAS son una extensa familia de compuestos sintéticos introducidos en la industria desde la década de 1950. Sus propiedades —resistencia al calor, al agua, a la grasa y a las manchas— los hicieron valiosos para una amplia gama de productos, desde utensilios de cocina antiadherentes hasta revestimientos textiles y, crucialmente en este caso, espumas formadoras de película acuosa (AFFF, por sus siglas en inglés) utilizadas para apagar incendios con combustible.

Se les llama a menudo “forever chemicals” o “químicos para siempre” porque muchas de estas moléculas son extremadamente persistentes en el ambiente y en los organismos: no se degradan con facilidad y pueden bioacumularse. Esto implica que, una vez liberados, permanecen en suelos, aguas subterráneas y cadenas alimentarias durante décadas.

El caso australiano: alcance y reclamaciones

El gobierno australiano presentó en la jurisdicción federal una demanda contra 3M Company (con sede en Minnesota) y 3M Australia, alegando que el uso y almacenamiento histórico de espumas contra incendios que contenían PFAS en 28 bases de defensa militar ha generado contaminación masiva y costos significativos para el Estado.

La fiscal general Michelle Rowland afirmó que la demanda busca «más de AU$2.000 millones» para recuperar gastos pasados y futuros derivados de la investigación y la gestión de la contaminación. Por su parte, el Subsecretario de Defensa Peter Khalil detalló gastos ya incurridos por el Departamento de Defensa: aproximadamente AU$1.300 millones destinados a mitigar los impactos ambientales, la remoción de 200.000 toneladas métricas de tierra contaminada y el tratamiento de 13.000 millones de litros de agua afectada.

Estos números reflejan solo una parte de la factura social y ambiental. La remoción de suelo, el tratamiento de grandes volúmenes de agua, el monitoreo a largo plazo y las potenciales medidas de compensación a comunidades afectadas constituyen costos que se extienden en el tiempo y exigen planificación y recursos continuos.

Responsabilidades y argumentos contrapuestos

3M respondió que no produjo PFAS en Australia y que dejó de comercializar los productos implicados en ese mercado hace aproximadamente dos décadas. La empresa anunció su intención de defenderse en los tribunales, mientras que desde el gobierno se señala que se retuvo información clave sobre los riesgos ambientales que estos compuestos implicaban.

Este choque plantea preguntas legales y éticas que se repiten en litigios similares alrededor del mundo: ¿hasta qué punto pueden las empresas ser responsables por impactos generados por productos vendidos en el pasado? ¿Qué grado de obligación existe para advertir a usuarios y gobiernos sobre riesgos emergentes? En muchos casos, la respuesta depende tanto de la evidencia científica sobre peligrosidad como de la documentación histórica sobre lo que los fabricantes sabían y cuándo lo supieron.

Impacto en la salud y el medio ambiente: ¿qué dice la ciencia?

Diversos estudios han asociado ciertos PFAS con efectos adversos en la salud humana, incluidos problemas de tiroides, alteraciones en el sistema inmunitario, mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer y efectos en el desarrollo fetal y infantil. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y otras autoridades regulatorias han venido estableciendo límites y directrices más estrictos en respuesta a la evidencia científica acumulada.

Desde la perspectiva ambiental, la persistencia de los PFAS significa que pueden viajar a través de acuíferos y bioacumularse en peces y otros organismos, lo que a su vez puede afectar cadenas alimentarias y exponer a comunidades locales mediante el consumo de alimentos y agua contaminada.

Lecciones históricas y comparación internacional

Australia no es el único país en enfrentar las consecuencias de los PFAS. En Estados Unidos, miles de demandas contra fabricantes y proveedores han llevado a acuerdos multimillonarios y planes de remediación en instalaciones militares, aeropuertos y plantas industriales. En algunos estados, límites sobre la concentración de PFAS en agua potable ya se han implementado o se están evaluando para proteger a la población.

Un caso paradigmático a nivel global es la transformación regulatoria paulatina: lo que durante años fue considerado una solución técnica idónea ahora es objeto de restricciones, prohibiciones parciales y, en algunos casos, sustitución por alternativas menos persistentes. Sin embargo, la transición no es instantánea: incluso si cesaran hoy las emisiones, las reservas históricas de PFAS seguirían representando un riesgo durante décadas.

Comunidades afectadas y confianza pública

Los anuncios de riesgos, advertencias sobre consumo de alimentos locales y la cancelación de actividades en áreas cercanas a focos de contaminación erosionan la confianza pública. Cuando el Departamento de Defensa australiano advirtió en 2018 a residentes cercanos a la base aérea de Richmond sobre la reducción en el consumo de pescados y huevos producidos localmente, se puso en evidencia el impacto directo en hábitos alimentarios y en la percepción de seguridad alimentaria.

Estas medidas, aunque preventivas, generan ansiedad, costos adicionales y a menudo demandas de compensación o asistencia por parte de quienes viven en las zonas afectadas. La incertidumbre sobre efectos a largo plazo también puede ocasionar daños económicos a la agricultura, la pesca y el valor de las propiedades.

Qué se puede esperar del litigio y del futuro regulatorio

Demandas de esta envergadura suelen demorarse años en resolverse, con fases de descubrimiento probatorio, peritajes científicos y eventuales apelaciones. Los resultados pueden marcar precedentes: un reconocimiento judicial de responsabilidad en Australia podría impulsar acuerdos similares en otras jurisdicciones o acelerar cambios regulatorios.

Independientemente del resultado judicial, el caso subraya la necesidad de tres líneas de acción complementarias:

• Remediación técnica y ciencia aplicada: invertir en tecnologías eficaces de eliminación o contención de PFAS, monitoreo continuo y recuperación ambiental.
• Políticas públicas preventivas: establecer regulaciones que limiten o prohíban usos de compuestos persistentes y promover la evaluación temprana de riesgos de nuevos químicos.
• Transparencia y responsabilidad corporativa: exigir divulgación completa de información sobre riesgos y mecanismos de compensación para poblaciones afectadas.

Reflexión final: ¿un punto de inflexión?

La demanda australiana contra 3M sitúa a los PFAS en el centro del debate público y muestra que los costos de la contención y la reparación pueden recaer en el erario si los fabricantes no son considerados responsables. Como sociedad, la discusión sobre cómo equilibrar innovación, seguridad y prevención ambiental continúa evolucionando: la memoria histórica de errores pasados —y la voluntad política para corregirlos— serán determinantes en cómo gestionemos los riesgos químicos en las próximas décadas.

“Estamos preparados para enfrentar a corporaciones poderosas cuando los australianos y sus comunidades resultan afectados”, dijo el Subsecretario de Defensa Peter Khalil, en un señalamiento que resume la tensión entre el interés público y el poder empresarial en este conflicto.

Mientras tanto, la lección es clara: la durabilidad técnica de un compuesto no debería confundirse con su idoneidad ambiental o sanitaria a largo plazo. La gestión responsable de la química industrial exige anticipación, regulación y, sobre todo, transparencia.

Para quienes quieran profundizar en datos y normas sobre PFAS, organizaciones como la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) y agencias regulatorias nacionales publican guías y estudios que documentan límites, riesgos y estrategias de remediación.