Designación estadounidense de PCC y CV: entre seguridad hemisférica y ruido electoral en Brasil

La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de clasificar a dos de las mayores organizaciones criminales brasileñas —Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV)— como “organizaciones terroristas extranjeras” ha desatado una tormenta política y diplomática que va más allá de la lucha contra el crimen organizado. Lo que en principio puede interpretarse como una medida de seguridad hemisférica se transformó rápidamente en una pieza central del debate electoral en Brasil y en una fuente de fricción entre los gobiernos.

Qué anunció Washington y por qué importa

El Departamento de Estado estadounidense informó que, a partir del 5 de junio, el PCC y el CV pasarían a estar formalmente designados como organizaciones terroristas extranjeras; hasta esa fecha serían referidas como “terroristas globales especialmente designados”. La justificación oficial combina alegatos sobre la capacidad de estas redes para perpetrar ataques violentos con argumentos sobre su influencia transnacional y su participación en actividades ilícitas que afectan a la seguridad pública regional.

El tono del comunicado destacó la supuesta amenaza a la seguridad regional: “CV and PCC are two of the most violent criminal organizations in Brazil. Together, they command thousands of members and have orchestrated brutal attacks against Brazilian police officers, public officials, and civilians,” declaró el secretario de Estado (citado en el anuncio oficial del Departamento de Estado). Esta tipología de lenguaje busca vincular a los cárteles latinoamericanos con paradigmas contra el terrorismo que, en el pasado reciente, han habilitado herramientas legales y operativas distintas a las empleadas contra el crimen común.

Implicaciones legales y operativas

Clasificar a organizaciones criminales como entidades terroristas cambia el marco de instrumentos disponibles para perseguirlas. Entre las consecuencias más inmediatas se cuentan:

• Congelamiento de activos internacionales con procedimientos diseñados para terrorismo.
• Posible uso de sanciones más duras contra individuos y redes financieras vinculadas.
• Mayor colaboración militar y de inteligencia transfronteriza, incluidas medidas que anteriormente se justificaban por riesgo terrorista.

En América Latina, la administración precedente de Estados Unidos ya había mostrado predisposición a adoptar herramientas de corte militar y de seguridad para enfrentar el narcotráfico, impulsando acciones ofensivas en alta mar y ampliando cooperación con fuerzas locales. La nueva etiqueta puede facilitar, en la práctica, operaciones conjuntas y medidas punitivas sin las mismas restricciones aplicadas a delitos comunes.

La política brasileña: soberanía y acusaciones de interferencia

La reacción desde Brasil fue inmediata y política. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección, ha rechazado de manera pública la idea de que el etiquetado por un país extranjero pueda servir de respaldo a fuerzas internas contrarias a su gobierno. En la esfera gubernamental, el asesor especial para asuntos exteriores y exministro Celso Amorim señaló que “la cooperación internacional es bienvenida, especialmente en asuntos de lavado de dinero y tráfico de armas. (Pero) el pretexto para una intervención es inaceptable”.

Por su parte, sectores ligados a Jair Bolsonaro, y en particular a su hijo y precandidato Flávio Bolsonaro, han promovido la narrativa de que una postura de mano dura contra las bandas criminales es la prioridad olvidada por Lula. El timing de la designación, a meses de las elecciones presidenciales de octubre, situó la medida en el centro de la contienda electoral: desde el oficialismo se percibe como injerencia; desde la oposición se interpreta como validación de una agenda de seguridad que critican al actual gobierno no haber abordado con eficacia.

Contexto histórico y peso real de las organizaciones

El PCC y el CV no son agrupaciones recientes: sus raíces se remontan a décadas en las que el sistema carcelario, la desigualdad y la fragmentación territorial en Brasil crearon condiciones propicias para su expansión. Expertos estiman que, combinadas, pueden superar los 50.000 miembros, aunque la cifra varía según criterios de conteo y fuentes. Lo significativo es que ambas han desarrollado estructuras financieras, logísticas y de control territorial que las convierten en actores con capacidad de afectar la vida cotidiana en múltiples regiones.

En 2022 y 2023 las fuerzas públicas brasileñas llevaron adelante numerosas operaciones contra estas redes; una de las iniciativas más destacadas fue la denominada “Hidden Carbon”, que según la propia policía federal descubrió redes de lavado de dinero vinculadas al PCC por un monto estimado en miles de millones de reales. Ese tipo de incautaciones demuestra la sofisticación económica detrás de las bandas y explica por qué los gobiernos extranjeros centran esfuerzos en cortar la financiación transnacional.

¿Intervención o cooperación?: la discusión diplomática

La diferencia entre cooperación y acción intervencionista suele ser cuestión de matices, transparencia y programas de trabajo conjunto. La administración estadounidense presentó la medida como un esfuerzo por desmantelar carteles y proteger ciudadanos. Quienes denuncian intervencionismo advierten que la etiqueta de “terrorista” puede habilitar operaciones que vulneren soberanías y politicen la seguridad interior.

Hay un factor adicional que complica la lectura: la política electoral. Analistas como Thomas Traumann han sostenido que la jugada responde también a presiones políticas (se ha señalado, por ejemplo, que Flávio Bolsonaro habría solicitado apoyo en viajes a Washington). En ese terreno, la distinción entre seguridad pública y estrategia electoral se vuelve difusa, y la decisión estadounidense puede utilizarse como argumento tanto por la oposición como por el oficialismo.

Riesgos y efectos colaterales

Etiquetar a organizaciones criminales como terroristas no es neutral. Entre los riesgos y efectos colaterales se encuentran:

1. Instrumentalización política: la medida puede ser explotada en campañas para desacreditar rivales o reclamar mayor protagonismo en seguridad.
2. Escalada de violencia: la presión externa podría empujar a grupos a respuestas violentas o a reconfigurar sus rutas y estructuras en formas menos visibles y más peligrosas.
3. Aislamiento diplomático: si el gobierno brasileño percibe la medida como ofensiva y responde con medidas recíprocas, la cooperación binacional en otros temas (comercio, clima, migración) podría verse afectada.

Hacia octubre: seguridad como arma electoral

La seguridad pública es un tema que moviliza electores y puede decantar mayorías. En Brasil, donde la violencia y la percepción de inseguridad son recurrentes en la agenda pública, el debate sobre cómo enfrentar a las grandes organizaciones delictivas será central en la campaña. El desafío para cualquier candidato es ofrecer soluciones creíbles que no sacrifiquen derechos civiles ni deterioren la soberanía nacional.

Una estrategia efectiva debería combinar:

• Fortalecimiento institucional: policía, fiscalía y poderes judiciales con independencia y recursos para investigar y enjuiciar.
• Acciones contra el lavado de activos y las estructuras financieras ilícitas, incluyendo cooperación internacional transparente.
• Políticas sociales preventivas que reduzcan la vulnerabilidad de comunidades propensas al reclutamiento criminal.

Reflexión final: más allá de la etiqueta

El debate que ha generado la clasificación del PCC y el CV como organizaciones terroristas es un espejo de tensiones más profundas: la búsqueda de seguridad frente a la defensa de la soberanía; la necesidad de cooperación internacional frente al riesgo de instrumentalización política; y el desafío de diseñar estrategias que atacan las causas económicas y sociales del crimen organizado además de sus manifestaciones armadas.

Independientemente de la etiqueta, la pregunta central es pragmática: ¿cómo mejorar la capacidad del Estado brasileño para desarticular redes criminales sin comprometer derechos y sin convertir la seguridad en moneda de cambio electoral? La respuesta requerirá políticas complejas, transparencia en la cooperación internacional y, sobre todo, un debate público informado que evite polarizaciones simplistas.

Fuentes citadas: comunicado del Departamento de Estado de EE. UU. sobre la designación (Departamento de Estado de EE. UU.) y declaraciones públicas de Celso Amorim, asesor especial del presidente Lula.