Ohio detiene temporalmente la exención fiscal para centros de datos: ¿un punto de inflexión en la carrera por la infraestructura de IA?

Ohio, hasta hace poco uno de los puntos calientes de Estados Unidos para la instalación de centros de datos a gran escala, anunció una pausa en la concesión de una exención fiscal que había sido clave en su estrategia para competir con otros estados por estas enormes instalaciones que alimentan y entrenan modelos de inteligencia artificial.

Un freno inesperado en pleno auge

El gobernador Mike DeWine anunció la suspensión de nuevas ofertas de la exención, citando el creciente uso del beneficio y la decisión de la legislatura estatal de iniciar un estudio sobre el impacto de los centros de datos en la economía local y en las comunidades. Según la oficina del gobernador, la intención es «pausar» la concesión a nuevos solicitantes mientras se completa ese examen, una medida que tomó por sorpresa a desarrolladores, sindicatos y comunidades locales.

La magnitud del fenómeno y sus cuentas

El incremento del costo fiscal ligado a la exención ha sido abrupto y de gran tamaño. Mientras que las proyecciones históricas señalaban que la exención rondaría los $136 millones para el año fiscal 2025 y $142 millones para 2026, las cifras reales informadas por el estado fueron de $554 millones en 2024 y casi $1.6 mil millones en 2025. Además, el estado destaca que en 2024 y 2025 se canalizaron alrededor de $37 mil millones en inversiones relacionadas con centros de datos en Ohio.

Por qué importa esta pausa

Los centros de datos hiperescalables requieren enormes inversiones en terreno, construcción y equipos especializados —racks de servidores, sistemas de enfriamiento, transformadores y otros componentes—. Muchas exenciones estatales en EE. UU. no se limitan a materiales de construcción sino que abarcan también esos equipos de alto valor, que se reemplazan con frecuencia conforme avanza la tecnología.

Para los estados, ofrecer exenciones fue una vía rápida para atraer proyectos que prometen empleos directos e indirectos, contratos con la cadena de suministro local y, sobre todo, una narrativa de modernización económica. Sin embargo, el crecimiento explosivo del sector y sus demandas energéticas han reavivado el debate sobre si esos incentivos están transfiriendo demasiados costos al contribuyente sin beneficios suficientes a largo plazo.

Reacciones encontradas

• Sindicatos y empresas constructoras: Actores como Dorsey Hager, dirigente del Columbus/Central Ohio Building and Construction Trades Council, expresaron su malestar y preocupación por la incertidumbre que la pausa genera en proyectos en marcha. Hager señaló que muchos trabajadores y contratistas están inmersos en proyectos que, de repente, pueden verse revaluados por los desarrolladores.
• Legisladores: En respuesta a la presión pública, la legislatura creó un comité conjunto para estudiar el impacto de los centros de datos. El representante Adam Holmes manifestó que las iniciativas ciudadanas para limitar el desarrollo de estos centros han convertido la cuestión en una prioridad pública que podría tener un impacto dramático para Ohio.
• Ciudadanía: Movimientos locales han impulsado una campaña para llevar a votación en el referéndum de noviembre una prohibición permanente a la construcción de centros de datos hiperescalables en el estado. Para ello deben reunir más de 400,000 firmas antes del 1 de julio.

Contexto nacional: un fenómeno replicado

La pausa en Ohio no es un fenómeno aislado. En estados como Virginia las discusiones legislativas han girado en torno a recortar exenciones fiscales por un monto anual estimado en alrededor de $1.6 mil millones. Según la National Conference of State Legislatures, 38 estados ofrecen algún tipo de exención de impuestos a centros de datos, muchas de las cuales fueron aprobadas hace más de cinco años cuando la presencia de centros de datos aún era incipiente en la economía regional.

La aparición en 2022 de servicios potentes de IA, como ChatGPT, aceleró la demanda por infraestructuras mayores y más eficientes. Los proveedores de servicios de nube y las grandes tecnológicas han intensificado sus inversiones en hiperescalas de cómputo, lo que ha llevado a que el tamaño y la velocidad de construcción de estos centros se multipliquen en poco tiempo.

Beneficios prometidos versus costos reales

Los defensores de las exenciones sostienen que los centros de datos generan empleo en la fase de construcción, contratos para proveedores locales y, con el tiempo, consumo comercial que reaviva economías locales. El argumento político tradicional es que las ganancias inducidas superan el sacrificio fiscal inicial.

Pero los críticos cuestionan la durabilidad de esos beneficios. Muchas operaciones de centros de datos emplean relativamente pocos trabajadores permanentes una vez que las instalaciones entran en funcionamiento y, además, la mayor parte de la fuerza laboral especializada puede ser trasladada o residir fuera de las comunidades receptoras. Añádase a eso el alto consumo energético: los insights locales apuntan a presiones sobre la red eléctrica, debates sobre la prioridad de suministro y costos ambientales por refrigeración y consumo continuo.

El desafío de la regulación y la gobernanza

Regular y gobernar este tipo de inversiones exige equilibrio. Por un lado, los gobiernos estatales buscan atraer capital e innovación; por otro, la presión ciudadana y las limitaciones presupuestarias obligan a replantear concesiones fiscales que, hasta hace poco, se consideraban un costo aceptable para el desarrollo económico.

La decisión de DeWine de «pausar» nuevas exenciones sugiere que la gobernanza buscará ahora una evaluación más profunda: estudios de impacto económico, análisis de cargas fiscales, revisión de compromisos de creación de empleo y cláusulas que vinculen incentivos a resultados verificables y cronogramas claros.

Escenarios posibles

1. Reanudación con condiciones: La exención podría volver a aplicarse si la legislatura define límites, métricas de desempeño o cláusulas de reversión si no se cumplen compromisos.
2. Rediseño del incentivo: En lugar de una exención amplia, el estado podría ofrecer beneficios acotados (por ejemplo, solo materiales de construcción y no equipamiento), o incentivos escalonados ligados a creación de empleos y gasto local.
3. Prohibición o restricciones locales: Si el esfuerzo ciudadano logra las firmas necesarias y la votación, podría imponerse una prohibición estatal o disposiciones más estrictas que regulen la ubicación y escala de los centros.

Implicaciones para la industria de IA

Los desarrolladores de IA y los proveedores de servicios en la nube dependen de instalaciones hiperescalables para entrenar modelos y servir a clientes globales. Las decisiones de políticas estatales, como la de Ohio, añaden una capa de riesgo en la planificación de inversiones. Las empresas podrían optar por redirigir proyectos a estados con regulaciones más favorables o a mercados internacionales, encareciendo a su vez la competencia entre jurisdicciones para atraer infraestructura crítica.

Reflexiones finales: la era de la negociación fiscal tecnológica

La pausa en Ohio pone en evidencia una tendencia más amplia: los incentivos fiscales masivos ya no son automáticos ni indiscutidos. Las tecnologías emergentes, particularmente la inteligencia artificial, han cambiado la escala y la intensidad de la demanda por recursos físicos y energéticos. Eso obliga a los gobiernos a repensar pactos fiscales creados en otra era económica.

Si la evaluación legislativa conduce a políticas más transparentes y vinculadas a resultados concretos, podríamos ver un modelo más sostenible de colaboración público-privada. Si, por el contrario, la incertidumbre se prolonga o las restricciones se vuelven demasiado severas, la competencia por atracción de infraestructura podría desplazarse a otras regiones, con costos y beneficios que deberán evaluarse con objetividad.

En cualquier caso, lo ocurrido en Ohio muestra que la sociedad está entrando en una nueva fase: una negociación abierta sobre cuánta infraestructura tecnológica queremos en nuestros territorios, quién asume sus costos y cómo equilibrar crecimiento, equidad y sostenibilidad.