Radiación y resistencia: el fallo que bloquea el traslado de residuos nucleares a un vertedero de Michigan

El pasado fallo judicial en Michigan que prohíbe los envíos de residuos radiactivos procedentes de sitios del Proyecto Manhattan hacia el vertedero Wayne Disposal reaviva preguntas críticas sobre cómo Estados Unidos maneja materiales peligrosos heredados de su historia industrial y militar. La decisión del juez Kevin Cox —que convirtió en permanente una orden preliminar emitida tras un juicio abreviado— subraya preocupaciones sobre riesgos para la salud pública, impactos medioambientales y la equidad ambiental en comunidades ya vulnerables.

¿Qué es TENORM y por qué preocupa?

TENORM (por sus siglas en inglés, Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material) se refiere a materiales radiactivos que, aunque de origen natural, han visto aumentada su concentración o peligrosidad como resultado de actividades humanas, como la minería, la industria o la remediación de sitios históricos. Estos desechos pueden incluir residuos con trazas de uranio, torio o polonio, y su manejo exige controles rigurosos para evitar exposición humana y contaminación ambiental.

En Estados Unidos, el programa FUSRAP (Formerly Utilized Sites Remedial Action Program) se creó para limpiar y gestionar residuos resultantes del desarrollo del arma atómica durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Aunque el objetivo del programa fue remediar sitios históricos, el transporte y disposición de esos materiales sigue generando controversias sobre dónde y cómo deben ser depositados.

La esencia del caso en Wayne County

El litigio que terminó con la orden permanente comenzó en 2024, cuando se supo que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército planeaba trasladar residuos del sitio de almacenamiento de Niagara Falls (Lewiston, Nueva York) al vertedero Wayne Disposal, ubicado cerca de Belleville, Michigan. Comunidades locales —incluyendo el condado de Wayne, municipios y autoridades de bomberos— demandaron para impedir dichos envíos, alegando que el riesgo, la carga ambiental y la justicia distributiva no habían sido debidamente considerados.

El juez Cox argumentó que la aceptación de más TENORM por parte del vertedero constituiría una nuisance pública, en el sentido de que interferiría irrazonablemente con derechos comunes de la población. En sus palabras: “Acceptance of any additional FUSRAP TENORM at the WDI Landfill facility would unreasonably interfere with rights common to the public and therefore constitutes a public nuisance.” (orden judicial de Kevin Cox).

Pruebas técnicas y testimonios relevantes

El caso no fue solo político o comunitario: incluyó evidencia técnica presentada por expertos. La doctora Kimberlee Kearfott, profesora de la Universidad de Michigan y especialista en protección contra la radiación, testificó que las lecturas de gas radiactivo en los puntos de monitoreo perimetral del vertedero han aumentado de manera sostenida desde 2017, cuando el sitio empezó a aceptar TENORM. Según el tribunal, dicho testimonio fue “sustancial y creíble”.

Kearfott advirtió en audiencia que el incremento en niveles de radiación “increase[s] the risk of cancers, life-shortening, and other effects associated with radiation” (testimonio ante el tribunal, 5 de febrero), preocupación que el juez consideró al evaluar el peligro potencial para Belleville Lake, el río Huron y el lago Erie.

Riesgo para cuencas hídricas y comunidades

Uno de los puntos clave del fallo fue el posible impacto sobre las vías fluviales que abastecen a poblaciones numerosas: Belleville Lake desemboca en el río Huron, que a su vez está conectado con el lago Erie, parte de los Grandes Lagos. El juez señaló que actividades de transporte y procesos como el downblending —mezclar desechos para reducir su peligrosidad aparente antes de disposición— podrían derivar en accidentes, escurrimientos o liberación de material radioactivo, afectando la calidad del agua y sistemas de drenaje locales.

Además, Wayne Disposal descarga hacia la South Huron Valley Utility Authority, que trata aguas residuales y las vierte al río Detroit. El tribunal remarcó que esa autoridad no monitorea ni trata específicamente para material radiactivo, lo que complejiza el marco de protección ambiental.

Equidad ambiental: quiénes cargan con la contaminación

El litigio también tomó en cuenta factores de justicia ambiental. Datos de MiEJScreen, la herramienta de evaluación ambiental de Michigan, muestran que el tracto censal donde se ubica Wayne Disposal está en el percentil 83 en cuanto a exposición a la contaminación y vulnerabilidad sanitaria, mientras el tracto contiguo al sur está en el percentil 72. Estos indicadores señalan comunidades con mayor carga ambiental previa y problemas de salud subyacentes, lo que alimenta la crítica de que poner allí más residuos peligrosos constituye una carga injusta.

Stephen Brown, abogado de las comunidades demandantes, destacó en el juicio que la disposición de grandes volúmenes de TENORM en una zona densamente poblada —menos de 1 milla del centro de Belleville— es desproporcionada y genera un perjuicio permanente para residentes que ya enfrentan otras presiones ambientales.

Argumentos de la empresa y respuesta del tribunal

Wayne Disposal y su defensor sostuvieron que el vertedero está diseñado para manejar FUSRAP TENORM y que, hasta la fecha, más de 600,000 toneladas de ese material se han enviado al sitio sin incidentes significativos según la compañía. Scott Watson, abogado de la empresa, señaló que la evidencia no demostraba daño concreto a residentes y que una prohibición no remediaría adecuadamente la ansiedad o temor comunitario.

No obstante, el juez consideró el aumento en registros de radón y gas asociado a la radiación, los riesgos potenciales sobre recursos hídricos y la insuficiencia de controles de monitoreo como factores que justificaban la imposición de una prohibición permanente.

Implicaciones para la gestión nacional de residuos radiactivos

La decisión plantea preguntas de alcance nacional: ¿dónde deben disponerse los residuos radiactivos de baja concentración? ¿Cómo equilibrar la necesidad de remediar sitios históricos con los derechos de comunidades receptoras? Y ¿cómo fortalecer procesos regulatorios para garantizar la seguridad a largo plazo?

Un argumento recurrente en la industria es que centralizar operaciones en instalaciones especializadas permite una gestión segura y eficiente. Sin embargo, el fallo de Cox resalta que la licencia administrativa por sí sola no basta cuando existen evidencias de impacto y comunidades que demuestran vulnerabilidad acumulada.

Contexto histórico y números clave

• FUSRAP se creó en 1974 para limpiar sitios utilizados en el desarrollo nuclear temprano de EE. UU.; desde entonces ha habido múltiples fases de remediación y debates sobre transporte y disposición.
• Wayne Disposal ha aceptado más de 600,000 toneladas de TENORM, según registros presentados en el juicio por la propia empresa.
• Los Grandes Lagos contienen el 21% del agua dulce superficial del mundo y son fuente crítica para abastecimiento y ecosistemas regionales, lo que convierte cualquier riesgo de contaminación en una preocupación de alcance amplio.

Voces desde la comunidad y próximos pasos legales

Grupos como Michigan Against Atomic Waste (MAAW) ya presentaron apelaciones y acciones administrativas contra la aprobación estatal de expansiones del vertedero. Por su parte, la empresa propietaria, Republic Services, anunció su intención de apelar la decisión judicial y cuestionó el precedente que, a su juicio, podría entorpecer la gestión de desechos a nivel nacional.

Brandon Grysko, abogado de las comunidades demandantes, sintetizó la postura de los municipios: las licencias no sustituyen la ley ni el deber gubernamental de proteger la salud pública. En su comunicación señaló que los gobiernos locales están constitucionalmente obligados a defender la salud, seguridad y bienestar de sus habitantes.

Reflexiones finales: balance entre remediación y precaución

El caso de Wayne Disposal es un recordatorio claro de que la gestión de residuos radiactivos exige no solo controles técnicos, sino también un diálogo transparente con comunidades afectadas y evaluaciones robustas de riesgos a largo plazo. La remediación histórica es necesaria y moralmente obligatoria, pero la pregunta sobre dónde y cómo disponer los residuos remanentes no admite soluciones simplistas.

Mientras los tribunales y apelaciones siguen su curso, el fallo obliga a repensar estrategias: fortalecer monitoreos independientes, mejorar evaluación de impactos sobre cuencas y poblaciones vulnerables, y explorar alternativas de disposición que minimicen riesgos a los sistemas hídricos y a la salud colectiva. En definitiva, gestionar el legado nuclear requiere ciencia, transparencia y justicia.

Fuentes citadas:

• Orden judicial del condado de Wayne, juez Kevin Cox; testimonio de la Dra. Kimberlee Kearfott (citado en audiencia del 5 de febrero) — información fiable extraída de la cobertura judicial reportada por Planet Detroit y distribuida por agencias de noticias.
• Datos de MiEJScreen (herramienta de evaluación ambiental del estado de Michigan) sobre percentiles de exposición y vulnerabilidad en tramos censales.