Redes de poder y dinero: la nueva ofensiva contra el blanqueo y la evasión fiscal en Brasil

Brasil acaba de entrar en una nueva fase de combate a las organizaciones criminales: ya no se trata solo de operativos policiales en las calles y enfrentamientos en favelas, sino de una estrategia centrada en la demolición de las estructuras financieras que sostienen a los grupos delictivos. La reciente megaoperación lanzada por fiscales y agencias tributarias revela que la cooptación de empresas tecnológicas, plataformas financieras y redes empresariales se ha convertido en el nuevo frente de batalla.

Un giro estratégico: del enfrentamiento armado al asedio financiero

En los últimos años, la idea de que confrontar armada y públicamente a los grupos criminales es la única opción ha mostrado límites evidentes. Las matanzas en operativos policiales en barrios populares —con cifras que en determinados episodios superaron el centenar de muertos en una sola operación— han convencido a especialistas y a parte de la opinión pública de que las tácticas puramente militares o policiales no resuelven la raíz del problema.

La solución creciente entre los expertos es atacar el flujo de dinero. Si el poder real de estos grupos se basa en la capacidad de mover, lavar e invertir enormes sumas de dinero, cortar esas vías es la manera más eficaz de reducir su capacidad operativa y su influencia social. Esta visión ha guiado la reciente investigación que descubrió fintechs que actúan como bancos paralelos, procesando miles de millones de reales en transacciones vinculadas a redes criminales.

Los números que alarman: fintechs, bancos paralelos y 26.000 millones de reales

La investigación reveló la existencia de al menos seis empresas de tecnología financiera que funcionaban como entidades de procesamiento para estructuras ilícitas. Entre 2022 y 2025, esas plataformas habrían procesado aproximadamente 26.000 millones de reales (cerca de 5.000 millones de dólares, según conversiones de esos años), según los datos fiscales que acompañaron la operación.

Para dimensionar: en la primera fase de una investigación relacionada, las autoridades ya habían confiscado bienes por valor de 1.200 millones de reales (unos 220 millones de dólares) tras descubrir una red que se había infiltrado en la industria del combustible. La escala y sofisticación del desvío de dinero —que conecta sectores legítimos y criminales— es ahora uno de los principales hallazgos que obligan a repensar políticas públicas y enfoques de seguridad.

¿Cómo operan estas redes financieras?

• Plataformas fintech como bancos paralelos: ofrecen servicios de pagos, cuentas y transferencias sin la regulación o supervisión completa que aplican los bancos tradicionales.
• Bucle entre efectivo y activos legales: el dinero de actividades ilícitas se introduce en empresas de fachada, se mezcla con ingresos aparentes y luego se reinvierte en bienes, combustibles, servicios o inversiones, dejando pistas cada vez más complejas.
• Uso de criptomonedas y operadores informales: aunque la operación identificó principalmente flujos en reales, la diversificación hacia activos digitales y operadores en la sombra facilita la fuga y el fraccionamiento de fondos.

Uno de los efectos colaterales es la normalización de ciertas empresas y empresarios que, a simple vista, parecen legítimos: estaciones de servicio, tiendas, plataformas de pago y firmas de servicios pueden ser piezas de una cadena diseñada para dar cobertura a flujos ilícitos.

El papel de los grandes grupos: PCC y CV

En Brasil, dos organizaciones criminales dominan el imaginario público y, cada vez más, los análisis de seguridad: el Primer Comando de la Capital (PCC), originado en prisiones de Sao Paulo, y el Comando Vermelho (CV), nacido en centros penitenciarios del estado de Río de Janeiro. Ambas organizaciones han evolucionado desde estructuras carcelarias hasta redes transnacionales que controlan territorios, tráfico de drogas, extorsión y redes logísticas complejas.

Los hallazgos fiscales muestran que miembros asociados a estas organizaciones han desarrollado sofisticados esquemas de blanqueo, que involucran a intermediarios financieros, inversiones en energéticos y empresas pantalla. El objetivo es claro: transformar ingresos ilícitos en activos aparentemente lícitos para sostener operaciones, comprar influencia y financiar disputas internas o expansiones territoriales.

Política interior y geopolitismo: armas y palabras que importan

El debate sobre cómo clasificar a estos grupos —como organizaciones criminales o como entidades que merecen categorizaciones más duras— ha trascendido lo técnico y entrado en la arena política. Por un lado, autoridades y políticos han propuesto la inclusión de ciertos grupos en listas internacionales que permitirían medidas de persecución y congelamiento de activos más severas. Por otro, el gobierno federal ha enfatizado la capacidad del país para investigar y actuar con autonomía.

Este debate cobra especial relevancia en un año electoral: figuras políticas han utilizado el tema de la seguridad pública como bandera, y propuestas que van desde mano dura hasta ataques contra la economía del delito aparecen en los discursos. La presión internacional, la relación con socios como Estados Unidos y la imagen de Brasil ante organismos financieros y bancos corresponsales influyen en la estrategia que adopte el Estado.

Expertos sobre la mesa: por qué desmontar la finanza criminal es más inteligente

El sociólogo y experto en seguridad pública Luis Flavio Sapori ha expresado en entrevistas y análisis que “una confrontación armada con jóvenes traficantes de los barrios periféricos es inefectiva” y que la lucha debe centrarse en la complejidad del blanqueo y los vínculos con la criminalidad financiera. Esa reflexión pone el acento en la necesidad de políticas integradas: inteligencia fiscal, cooperación internacional, regulación financiera y programas sociales que reduzcan la base de atracción de los grupos criminales.

Además, las investigaciones recientes muestran que las operaciones exclusivamente policiales, aunque a veces necesarias, terminan por criminalizar y estigmatizar comunidades vulnerables sin atacar las fuentes económicas del poder del delito. En contraste, el asedio a las redes de lavado pone en riesgo el capital del crimen organizado y limita su capacidad de cooptar actores políticos o económicos.

Instrumentos legales y cooperación internacional

Para golpear financieramente a las organizaciones criminales se requieren herramientas específicas:

1. Iniciativas de inteligencia financiera: análisis de volúmenes de transacciones, identificación de patrones y cruce de información entre agencias tributarias, bancarias y policiales.
2. Regulación y supervisión de fintech: exigir transparencia, cumplimiento de normas KYC (conoce a tu cliente) y reportes de operaciones sospechosas.
3. Congelamiento de activos y decomisos: agilizar procesos judiciales que permitan retener bienes y evitar que se disimulen en estructuras societarias.
4. Cooperación internacional: intercambio de información con bancos corresponsales, agencias extranjeras y fiscalías de otros países para rastrear flujos transfronterizos.

Estudios comparados muestran que cuando se combina la presión financiera con esfuerzos en transparencia corporativa y penalización fiscal, las organizaciones delictivas pierden su capacidad de inversión y control territorial. Por ejemplo, iniciativas en países de Europa y Asia para regular plataformas de pago y exigir mayor trazabilidad han conseguido reducir esquemas de blanqueo que antes operaban sin fricción.

Impacto social y económico: más allá de la seguridad

Desarticular las finanzas criminales no solo debilita a pandillas; tiene efectos positivos en la economía formal. La infiltración de capital ilícito distorsiona mercados —como el de combustibles, bienes raíces y comercio—, genera competencia desleal y socava la recaudación fiscal. La recuperación de activos y la transparencia incrementan la competencia leal, protegen empleos y permiten que recursos públicos lleguen a servicios esenciales.

Asimismo, atacar la economía delictiva reduce la capacidad de captación de jóvenes por parte de los grupos: cuando los incentivos económicos disminuyen, las alternativas criminales pierden atractivo. Sin embargo, para que esto ocurra en forma sostenible, debe acompañarse de políticas de inclusión, educación y oportunidades económicas en las periferias urbanas.

Riesgos y desafíos: evasión, fragmentación y cooptación

La ofensiva financiera también enfrenta dificultades relevantes. Al presionar por las vías habituales, las organizaciones se fragmentan y diversifican, creando redes más pequeñas y complejas que operan con menor visibilidad. El riesgo de que el delito se adapte incrementa la necesidad de innovación en las estrategias estatales.

Otro desafío es la cooptación política y empresarial: cuando actores formales participan en operaciones de lavado o sirven de pantalla, la persecución exige recursos judiciales y pruebas sólidas para evitar impunidad. Además, la economía informal y la falta de bancarización en amplios sectores facilitan que cierto volumen de transacciones permanezca fuera del radar institucional.

Casos emblemáticos y lecciones históricas

Históricamente, países que han logrado avances significativos en la lucha contra el crimen organizado han combinado medidas visibles y discretas. En Colombia, por ejemplo, la política de finanzas y cooperación internacional fue clave para debilitar grandes carteles en las últimas décadas del siglo XX y comienzos del XXI; no obstante, el proceso demostró que el desmantelamiento de una estructura no garantiza la desaparición del fenómeno, que evoluciona hacia nuevas formas.

En Brasil, la historia reciente muestra ciclos: fases de mano dura seguidas por momentos de regulación e intervención financiera. La novedad ahora es la escala tecnológica y la aparición de actores fintech que no existían hace una década. Esto obliga a renovar marcos regulatorios y a aumentar la capacidad técnica y analítica de los entes fiscales y de seguridad.

Qué esperar en el corto y mediano plazo

La megacausa que acaba de activarse promete varias consecuencias inmediatas:

• Mayor escrutinio sobre empresas fintech y un endurecimiento de requisitos de transparencia y reporte.
• Posibles embargos y decomisos importantes en activos vinculados a redes investigadas, con impacto en economías locales donde esas empresas operaban.
• Debates políticos intensos, sobre todo en un año electoral, donde la seguridad y la lucha contra el crimen son temas de campaña.

En el mediano plazo, si las autoridades mantienen la presión y logran articular cooperación internacional, podríamos ver una reducción del flujo de capital ilícito que alimenta estructuras delictivas y, con ello, una merma en la capacidad de esos grupos para expandirse o corromper instancias públicas.

Recomendaciones para una política eficaz y sostenible

La experiencia acumulada y la literatura internacional sugieren una serie de medidas que podrían potenciar la efectividad de la ofensiva:

1. Invertir en unidades de inteligencia financiera con personal capacitado y tecnología para detectar patrones complejos.
2. Mejorar la cooperación interinstitucional: fiscalías, agencias tributarias, bancos centrales y fuerzas de seguridad deben compartir datos en tiempo real.
3. Fortalecer la regulación de fintechs, criptomonedas y proveedores de pago, sin obstaculizar la innovación financiera legítima.
4. Promover programas de prevención social en barrios vulnerables, combinando sanción con oportunidades.
5. Impulsar acuerdos bilaterales y multilaterales para el intercambio de información y la recuperación de activos.

Estas estrategias, integradas y sostenidas en el tiempo, aumentan las probabilidades de transformar el escenario de seguridad sin reproducir daños sociales innecesarios.

Reflexión final: un cambio de paradigma necesario

La reciente megaoperación en Brasil marca un punto de inflexión. No porque resuelva en sí misma todas las contradicciones del problema, sino porque instala una lógica distinta: la lucha contra el crimen organizado necesita, además de operativos en la calle, una política persistente sobre cómo circula el dinero. Si el Estado logra unir fiscalización, regulación, cooperación internacional y políticas sociales, existe la posibilidad real de reducir el poder de organizaciones que han prosperado durante décadas gracias a la opacidad financiera.

La historia de la lucha contra el crimen está llena de aprendizajes: la lección más contundente es que quien controla el dinero controla el territorio. Por eso, el asedio a las redes financieras criminales no es una alternativa cosmética: es una estrategia con el potencial de romper los ciclos de violencia y corrupción que afectan a millones de brasileños todos los días.

Mientras se desarrollan las investigaciones y se suceden las noticias, la sociedad civil, los medios y las instituciones deben pedir transparencia, resultados verificables y garantías de que las medidas no se traducirán en nuevos daños para las poblaciones más vulnerables. Solo así el combate al crimen organizado podrá convertirse en una política pública legítima, eficaz y respetuosa de los derechos fundamentales.

Fuentes consultadas: declaraciones de expertos en seguridad pública y datos oficiales de fiscalización sobre decomisos y operaciones financieras. Para lecturas complementarias sobre blanqueo de capitales y fintechs, pueden consultarse informes de organismos internacionales y estudios académicos especializados en inteligencia financiera.