Silenciar a los custodios: la demanda contra la junta directiva de Penn State y el conflicto entre transparencia y control

En medio de la discusión pública sobre rendición de cuentas en las universidades públicas, Spotlight PA y otros medios presentaron una demanda federal que plantea una pregunta elemental: ¿puede una junta de gobierno universitario dictar qué pueden decir en público sus propios miembros sin violar la Primera Enmienda? La querella, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Pensilvania, impugna las enmiendas recientes a los estatutos de la Junta de Fideicomisarios de Penn State que, según los demandantes, constituyen una “política de mordaza” (gag policy) y restringen indebidamente la libertad de expresión de los fideicomisarios.

Qué establece la norma que se cuestiona

Según la demanda, los estatutos reformados contienen disposiciones que prohíben “declaraciones públicas negativas o críticas sobre la Junta, la Universidad o sus estudiantes, exalumnos, comunidad, facultad, personal y otras partes interesadas”, y exigen que los fideicomisarios “apoyen las decisiones mayoritarias de la Junta”. Además, cualquier interacción con la prensa debe coordinarse de antemano con la oficina de la Junta y aceptar la orientación de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la universidad.

Los estatutos contemplan sanciones: desde amonestaciones hasta remoción del cargo para quienes incumplan. También facultan a la dirección de la Junta a descalificar a candidatos o a incumbentes si su actividad en redes sociales y presencia en línea se considera “incompatible con el Código de Conducta y/o los Valores de Penn State”.

Quiénes demandan y a quiénes se señala

La acción fue iniciada por Spotlight PA, el Centre Daily Times y StateCollege.com, representados por el Reporters Committee for Freedom of the Press y la Cornell Law School First Amendment Clinic. Los demandados son el presidente de la Junta, David Kleppinger; el vicepresidente, Richard Sokolov; y el presidente del comité de gobernanza, Daniel Onorato, citados en sus capacidades oficiales como líderes responsables de supervisar y aplicar los estatutos.

El argumento central: la mordaza y el efecto inhibidor

La demanda sostiene que las enmiendas son inconstitucionales por dos vías principales: son vagas y suponen una restricción previa de la expresión. Por ejemplo, califica de “vaga” la prohibición de hacer declaraciones “negativas o críticas” porque, según el texto legal, abarca cualquier manifestación pública, “tenga o no carácter oficial”. Además, el término “partes interesadas” (“stakeholders”) no queda definido en los estatutos, lo que —a juicio de los demandantes— amplía la prohibición de manera indeterminada.

El documento jurídico también denuncia el requisito de obtener aprobación previa y aceptar la asesoría del equipo de comunicaciones antes de hablar con periodistas, creando un mecanismo por el que la dirección de la Junta controla qué opiniones y qué información llegan a la prensa. Ese proceso, advierten los demandantes, genera un claro efecto inhibidor (“chilling effect”) sobre la libertad de expresión de quienes ocupan cargos fiduciarios.

Heather Murray, subdirectora de la Cornell Law School First Amendment Clinic, lo sintetizó así en un correo citado por la demanda: “El derecho a disentir es la savia de la democracia. Las prohibiciones generales que impiden que los fideicomisarios emitan opiniones críticas y que exigen aprobación previa para hablar con periodistas sobre asuntos que han pasado por la Junta, evidentemente contravienen la Primera Enmienda.” (Fuente: Spotlight PA, https://www.spotlightpa.org/).

Un caso paradigmático: la reprimenda a Alice Pope

Los demandantes aportan ejemplos concretos para ilustrar cómo operan las reglas en la práctica. Emerita Trustee Alice Pope, titular de una distinción honorífica sin derecho a voto, manifestó públicamente su disenso entre abril y mayo de 2025 tras la decisión de la Junta de cerrar siete de los 20 campus del Commonwealth. Pope participó en una rueda de prensa virtual el 22 de mayo de 2025 junto a otros fideicomisarios elegidos por exalumnos.

Posteriormente, la dirección de la Junta envió a Pope una carta en la que afirmaba que había violado el Código de Conducta. En su declaración incluida en la demanda, Pope dijo que entendió la carta “como una reprimenda formal y una advertencia” de que más declaraciones públicas podrían afectar su capacidad para ocupar cargos de liderazgo o integrarse en comités clave. Ese episodio sirve a los demandantes para mostrar el costo potencial de disentir bajo la nueva normativa.

Transparencia, control y el interés público

Los abogados que representan a los medios subrayan que el público tiene un interés legítimo en conocer las opiniones independientes de los miembros de la junta que gobierna una institución pública. Paula Knudsen Burke, abogada del Reporters Committee for Freedom of the Press, afirmó por correo que la política “no solo controla lo que los miembros de la Junta pueden decir, sino si pueden hablar públicamente sobre la universidad del Commonwealth más grande”, y advirtió que esa dinámica empobrece la información disponible para la comunidad y el público en general.

El argumento toma fuerza si se considera el peso económico y social de Penn State: la universidad ha sido señalada por generar un impacto económico millonario en el estado —los demandantes citan cerca de 16.000 millones de dólares de impacto económico, cifra que sitúa a la institución como un actor de interés público mayor— y, por tanto, sujeto a escrutinio y debate público.

Antecedentes y batallas por la transparencia

La demanda llega en un contexto de fricciones continuas entre Penn State y quienes buscan mayor apertura en el funcionamiento de su gobierno. En octubre, tras una larga disputa por registros públicos, el Commonwealth Court ordenó a la universidad entregar documentos internos de la junta que habían sido compartidos en servicios de almacenamiento en la nube; la Corte Suprema del estado negó luego la apelación de la universidad, reafirmando así el principio de acceso a registros por parte de la ciudadanía (Fuente: decisiones del Commonwealth Court de Pensilvania, 2024–2025).

Además, en junio de 2025 la Junta acordó una conciliación con Spotlight PA por presuntas violaciones a la Sunshine Act estatal relativas a reuniones celebradas a puerta cerrada. Ese acuerdo incluyó la obligación de brindar capacitación sobre reuniones públicas a los fideicomisarios y revelar mayor información sobre sesiones privadas, en lo que fue visto como un triunfo de la transparencia contra prácticas tradicionales de secretismo en la gobernanza universitaria.

La universidad mantiene postura cautelosa

Wyatt DuBois, director sénior de relaciones públicas de la universidad, declaró por correo que Penn State “no comenta sobre litigios pendientes”. La institución, por su parte, ha defendido históricamente que sus reglas de conducta buscan proteger la reputación y la unidad institucional, y que la coordinación de mensajes responde a la necesidad de presentar posiciones coherentes en cuestiones que afectan a múltiples partes interesadas.

Cómo podría fallar el tribunal y qué está en juego

La demanda solicita al tribunal federal que declare inconstitucionales las restricciones impuestas por los estatutos. Si el juez concede esa petición, sentaría un precedente sobre los límites del poder de una junta universitaria para regular la expresión de sus miembros. Un fallo a favor de los medios podría reafirmar que los fideicomisarios, aun cuando actúan como órganos de gobierno, conservan derechos de expresión individual que no pueden ser anulados mediante reglas internas demasiado amplias o vagas.

Si la corte, por el contrario, avala la potestad normativa de la Junta, se estaría legitimando una concepción amplia del control interno sobre la comunicación que, según los críticos, puede convertir a la gobernanza universitaria en una estructura menos susceptible de escrutinio democrático y periodístico.

Reflexiones finales: equilibrio entre unidad institucional y libertad de expresión

La disputa en Penn State plantea un dilema que enfrentan muchas instituciones públicas y privadas: ¿cómo equilibrar la necesidad de presentar una voz institucional coherente con el derecho de los responsables de gobierno a expresar opiniones independientes, especialmente cuando esas opiniones iluminan decisiones que afectan a comunidades enteras?

En un sistema democrático, los órganos de control y los medios desempeñan roles complementarios: los primeros toman decisiones y administran recursos; los segundos informan, fiscalizan y sostienen el debate público. Cuando las reglas internas parecen priorizar el silencio por encima de la información, el choque no es solo jurídico: es también una disputa sobre cómo una universidad pública concibe su relación con la sociedad que la financia y la vigila.

La resolución judicial de este caso tendrá implicaciones que van más allá de Penn State: podría influir en cómo otras juntas rectoras, de universidades y organismos públicos nacionales, regulan la comunicación de sus miembros y cuándo esas regulaciones cruzan la línea de la constitucionalidad.

Para quienes siguen de cerca el derecho a la información, la libertad de prensa y la gobernanza pública, el litigio representa una prueba decisiva sobre los límites legales del control institucional y la protección de la disidencia institucional como mecanismo esencial de transparencia y rendición de cuentas. Más allá de los tecnicismos legales, la pregunta de fondo permanece: ¿a quién sirve el silencio cuando se trata de asuntos de interés público?