Ghana y la reactivación de la criminalización LGBT: entre tradición, política y derechos humanos

Accra vive un pulso intenso entre discursos sobre “valores familiares” y advertencias sobre retrocesos en derechos fundamentales. El Parlamento ghanés aprobó recientemente un proyecto de ley que impondría penas de prisión de hasta 10 años para quienes promuevan actividades LGBT y hasta tres años para quienes participen en actos entre personas del mismo sexo. El texto, impulsado por grupos religiosos y sociales conservadores, amplía y endurece normas ya heredadas de la época colonial.

Origen histórico y legado colonial

Ghana no es una excepción en África respecto al legado jurídico que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. Muchas de esas leyes tienen su origen en los códigos penales impuestos por potencias coloniales europeas, y en el caso ghanés existe una norma que tipifica lo que llama “conocimiento carnal antinatural”. La nueva iniciativa no solo mantiene esa criminalización: busca penalizar la promoción, el patrocinio y la financiación de grupos y actividades LGBT, además de sancionar la gestión de prostíbulos para “actividades sexuales prohibidas”.

Históricamente, estas disposiciones legales fueron introducidas en el continente durante el siglo XIX y principios del XX. Tras la independencia, numerosos países africanos mantuvieron esos artículos, ya fuera por continuidad institucional o por afinidad con discursos conservadores que fusionaban tradición y moral pública.

Contenido y alcance del proyecto de ley

El proyecto aprobado contempla varias figuras penales nuevas o ampliadas:

• Penas de hasta 10 años para quienes promuevan, patrocinen o defiendan actividades LGBT.
• Penas de hasta 3 años para las personas que mantengan relaciones sexuales con alguien del mismo sexo.
• Sanciones por financiar organizaciones o eventos relacionados con la comunidad LGBT.
• Hasta 5 años de prisión para quien administre un establecimiento dedicado a actividades sexuales consideradas “prohibidas”.

Según líderes que respaldan la norma, la ley protege los valores culturales y la estabilidad familiar. Sus detractores alertan que la vaguedad de conceptos como “promover” o “patrocinar” puede criminalizar desde la educación sobre derechos humanos hasta el apoyo legal o psicológico a personas LGBTIQ+.

Impacto nacional e internacional

La aprobación del texto tiene implicaciones domésticas y externas. En el plano local, organizaciones de derechos humanos y grupos civiles han señalado que la ley podría legitimar actos discriminatorios, generar estigmatización y aumentar la vulnerabilidad de niñas, niños y adultos LGBT frente a abusos. Human Rights Watch señaló en un comunicado que el Estado debe “garantizar la igualdad, la no discriminación, la libertad de expresión y la privacidad” (Human Rights Watch, 2024). La organización advirtió que sanciones penales amplias deterioran el espacio cívico y la protección de minorías.

En el terreno externo, ya existen precedentes de repercusiones económicas y diplomáticas: cuando un texto similar fue aprobado en 2024 pero no firmado por el entonces presidente, el Ministerio de Finanzas advirtió sobre el riesgo de perder cooperación y financiación internacional. Los actores multilaterales y socios bilaterales suelen condicionar parte de su ayuda a salvaguardas de derechos humanos; así, la implementación plena de esta norma podría poner en riesgo programas de desarrollo, salud y educación que benefician a amplios sectores de la población.

Contexto africano: una tendencia compleja

La iniciativa ghanesa se produce en medio de una realidad diversa en el continente: más de 30 de los 54 países africanos mantienen en sus códigos penales disposiciones que criminalizan relaciones entre personas del mismo sexo. Algunas legislaciones contemplan condenas superiores a diez años; otras, en situaciones extremas y en contextos específicos, han llegado a imponer la pena de muerte en virtud de normas locales o estatales, como sucede en ciertas partes de Somalia y Mauritania.

Sin embargo, también existe un contrapunto de movilización social y judicial en África: tribunales y activistas han logrado, en algunos países, revertir o atenuar restricciones, mientras que en otros sociedades emergen voces que exigen enfoques que protejan la salud pública y los derechos humanos. El mapa legal del continente no es monolítico: conviven retrocesos legislativos con avances favorables a la protección de minorías.

Argumentos a favor y en contra

Quienes respaldan el proyecto arguyen que las leyes preservan “costumbres” y “valores nacionales” frente a lo que perciben como imposiciones culturales externas. Para muchos sectores conservadores, la criminalización se presenta como una barrera contra cambios sociales que consideran incompatibles con tradiciones religiosas y familiares.

Por su parte, críticos —incluidos juristas, activistas y organismos internacionales— señalan varios riesgos:

1. Vulneración de derechos fundamentales: libertad de expresión, reunión, privacidad e igualdad ante la ley.
2. Aumento de la discriminación y la violencia: la estigmatización institucional suele traducirse en mayor violencia social y menos acceso a servicios de salud y justicia.
3. Impacto en cooperación internacional: pérdida de fondos y programas que apoyan sectores vulnerables.

Voces y cifras

Organizaciones internacionales han sido explícitas. Human Rights Watch declaró que ese tipo de normas “violenta los compromisos internacionales de Ghana en materia de derechos humanos” (Human Rights Watch, 2024). Además, datos de diversas encuestas públicas muestran que en varios países africanos la opinión pública se inclina mayoritariamente por posiciones conservadoras en torno a la sexualidad, aunque esas mediciones varían significativamente entre generaciones, zonas urbanas y rurales, y niveles educativos.

Un dato relevante: de acuerdo con informes de organismos multilaterales y ONGs, más del 55% de las naciones africanas mantienen algún tipo de sanción penal contra relaciones entre personas del mismo sexo; ese indicador ha sido utilizado por gobiernos y activistas para analizar tendencias y prever consecuencias en salud pública y derechos civiles.

Escenario político en Ghana

El proyecto de ley fue aprobado en el Parlamento y se espera que el presidente firme la ley. La dinámica política local —con fuertes vínculos entre líderes religiosos y legisladores— ha sido determinante para impulsar la iniciativa. No obstante, la posibilidad de sanciones económicas y la presión de la comunidad internacional podrían jugar un papel en etapas posteriores, especialmente si se activan advertencias por parte de socios financieros o de organismos de cooperación.

Además, la propia sociedad civil ghanesa no es homogénea: hay voces religiosas, culturales y políticas que respaldan la norma, pero también existen grupos de abogados, activistas por los derechos humanos y defensores de la salud pública que alzan la voz contra la criminalización ampliada.

Escenarios posibles y preguntas abiertas

Algunos escenarios futuros plausibles son:

• Entrada en vigor plena de la ley y aumento de denuncias, detenciones y marginación social de personas LGBT.
• Acciones judiciales domésticas o internacionales que impugnen la constitucionalidad de la normativa.
• Presiones diplomáticas y económicas que empujen revisiones o atenuaciones de la ley.

Las preguntas clave que quedan abiertas incluyen: ¿cómo afectará la norma a la salud pública, especialmente a programas de prevención y tratamiento de enfermedades? ¿Qué repercusiones concretas tendrá sobre la ayuda extranjera y la inversión? ¿Podrán los defensores de derechos humanos articular estrategias efectivas de protección dentro y fuera de los tribunales?

Reflexión final

La aprobación del proyecto en Ghana abre un debate que trasciende fronteras: se encuentra en la intersección entre derechos individuales, soberanía cultural y obligaciones internacionales. La tensión entre narrativas de protección de “valores” y exigencias de derechos universales no es nueva, pero la decisión de Accra tendrá efectos tangibles en la vida de personas concretas y en la relación del país con socios y organizaciones internacionales. En un mundo interconectado, las decisiones legislativas interiores rara vez permanecen sin consecuencias en el ámbito global.

Fuentes consultadas o citadas: Human Rights Watch (comunicado público sobre la ley, 2024); informes comparativos sobre legislación contra relaciones entre personas del mismo sexo en África (organizaciones de derechos humanos y análisis jurídicos regionales).