La industria del ‘adolescentes en riesgo’: cuando la atención terapéutica se convierte en negocio

La promesa: un campus junto al lago, perros de terapia, personal joven y entusiasta, y la promesa reiterada de “crear alegría” y devolver a los niños a sus familias con las herramientas para avanzar. La realidad: informes policiales, demandas, padres aterrados, estudiantes que huyen de sus instalaciones y el uso extensivo de fondos públicos diseñados para la educación especial.

Un fenómeno concentrado y lucrativo

Desde su apertura en 2007, Calo Programs —que opera Change Academy at Lake of the Ozarks, en Missouri— se ha expandido hasta una capacidad declarada de 144 camas, en lo que especialistas y reportes describen como un ejemplo paradigmático de la llamada “industria del teen troubled” (programas residenciales privados para adolescentes con comportamientos difíciles). Aunque se presenta como un programa especializado en trauma por adopción —afirmando que alrededor del 90% de sus residentes son adoptados—, su modelo de negocio y su rápida expansión han levantado sospechas entre funcionarios, familias y defensores de derechos infantiles.

Una pieza clave del crecimiento ha sido la conversión del pago directo por familia a un modelo “mayoritariamente reembolsado por terceros”: seguros privados, Medicaid y, sobre todo, fondos de educación especial. Según documentos estatales analizados y testimonios de miles de páginas de reportes, en la última década varios estados, entre ellos Illinois y California, desembolsaron decenas de millones para enviar alumnos a centros como Calo.

Fondos públicos para internamientos privados: el hueco legal

La Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) permite que el dinero destinado a programas de educación especial financie colocaciones residenciales cuando así lo determina el Programa Educativo Individualizado (IEP) del estudiante. Sin embargo, la implementación de esa norma depende en gran medida de los distritos escolares locales y de la supervisión estatal, que en muchos casos resulta parcial o inexistente.

Un estudio encargado por legisladores en California en 2022 encontró que solo la mitad de los estados tiene un proceso formal de certificación para estos centros y que pocos requieren visitas in situ. La mayoría de las políticas estatales se centran en temas educativos y raramente incluyen requisitos vinculantes sobre códigos de construcción, verificación de antecedentes o estándares clínicos. Como resultado, el dinero público puede viajar fácilmente hacia instituciones privadas de otro estado sin mecanismos sólidos que garanticen seguridad o calidad de tratamiento.

Casos, alarmas y ausencia de rendición

Los expedientes del condado y los informes de autoridades locales describen episodios que van desde fugas masivas hasta presuntas agresiones sexuales entre residentes. Documentos del sheriff del condado de Camden muestran múltiples llamadas a la instalación entre 2020 y 2025: chicas que corrieron hacia el bosque y se lanzaron al lago para escapar; casos donde adolescentes fueron hallados presuntamente intoxicados con drogas que, según el informe, habrían sido introducidas por una empleada; y “motines” en habitaciones donde el personal quedó numéricamente superado.

En un episodio dramático, un joven trepó al techo y saltó; resultó herido y tuvo que ser trasladado por aire al hospital. En otro caso, una madre en Illinois relató que su hija —pagada por un programa estatal— sufrió una agresión sexual por parte de otro residente y que la dirección de la institución no informó a la familia, ni a la agencia estatal ni a la policía, lo que ella percibió como un intento de ocultamiento.

Las autoridades educativas estatales, por su parte, han reconocido públicamente que no todas las colocaciones fuera del estado son monitoreadas de manera coherente. En el caso de Maine, por ejemplo, una portavoz declaró que “los niños entran y salen de estas instituciones con frecuencia” y que la supervisión es fragmentaria. California, tras hallazgos preocupantes, aprobó leyes que requieren entrevistas presenciales y comunicaciones trimestrales sin supervisión para estudiantes fuera del estado. No obstante, centenares de alumnos californianos siguen alojados en programas residenciales lejos de sus familias.

La cuestión terminológica: la categoría “trastorno emocional” como comodín

Un elemento central que facilita estas colocaciones es el uso recurrente de la categoría diagnóstica “trastorno emocional” o “emotional disturbance” en los IEP. Expertos en educación especial advierten que esa etiqueta es tan amplia que puede incluir desde depresión severa hasta comportamientos disruptivos menores, lo que la convierte en un comodín para justificar internamientos costosos.

Aaron Rachelle Campbell, profesor de educación especial, ha señalado que la etiqueta se emplea con frecuencia por encima de criterios clínicos estrictos y que el proceso educativo no está diseñado para diagnosticar trastornos médicos. Cuando los equipos que elaboran los IEP priorizan soluciones de colocación residencial para problemas de conducta sin evaluaciones clínicas exhaustivas, se abre la puerta a que fondos educativos se utilicen para sostener una industria privada de internamiento.

De la filantropía al marketing: la profesionalización de la captación

La transformación de estos centros en actores de gran volumen no se explica únicamente por la necesidad clínica. Documentos internos y manuales de mercadeo —entre ellos materiales formativos que instaban al personal de admisiones a “vender esperanza” cuando las familias estaban en su momento más vulnerable— muestran una estrategia de captación intensiva. En un congreso corporativo fechado en 2020, el libro de ventas incluía sesiones para “superar objeciones” y tratar las admisiones como parte esencial del equipo terapéutico.

La internacionalización y consolidación del sector ocurre también mediante adquisiciones: Calo pasó a formar parte de una red más amplia tras su compra por una firma de capital privado alrededor de 2011. Su entonces director ejecutivo expresó en redes profesionales cifras llamativas sobre creación de programas (38 instalaciones en 20 estados) y un crecimiento extraordinario de ingresos, argumentando la transición hacia un modelo mayoritariamente financiado por terceros. Ese viraje es clave: al integrarse en redes líderes y acordar contratos con distritos escolares, estas instituciones garantizan flujos constantes de dinero público.

Consultores educativos y un mercado opaco

Otra arista preocupante es la participación de consultores educativos privados, un actor poco regulado que facilita la colocación de estudiantes en instituciones residenciales. En algunos estados se ha documentado el pago por referidos o la existencia de listados de consultores vinculados a empresas del sector. Reconociendo el riesgo de conflicto de intereses, Oregon fue pionera al crear un registro de consultores educativos privados y prohibir que estos reciban pagos por referidos hacia centros residenciales.

Según testimonios recogidos, cuando los padres llaman a líneas de admisión de algunas empresas, muchas veces se les refiere de inmediato a consultores que cobran honorarios considerables para gestionar IEP y recomendaciones; algunos padres han llegado a pagar decenas de miles de dólares en asesoría. Autoridades que impulsaron estas reformas han denunciado que la industria se resistió por considerar a los consultores como un canal de captación esencial.

La percepción de las familias: entre agradecimiento y denuncia

No todas las experiencias con Calo y programas similares son negativas; hay padres que aseguran haber visto cambios positivos en sus hijos. Un exempleado y varios progenitores entrevistados señalaron que, para algunos jóvenes con cuadros complejos, ciertas intervenciones residenciales pueden ser útiles cuando la calidad asistencial y educativa es sólida y la supervisión es estricta.

No obstante, la coexistencia de testimonios favorables y acusaciones graves crea un dilema ético y administrativo: ¿cómo permitir tratamientos legítimos y efectivos sin abrir la puerta a abusos y lucro desmedido con fondos públicos? Mientras tanto, las fiscalizaciones y demandas judiciales se multiplican, y los casos más graves alcanzan tribunales y sumarios administrativos.

Economía del sistema: ¿quién gana y quién pierde?

Los números son elocuentes: solo dos agencias estatales en un ejemplo concreto gastaron más de 35 millones de dólares en una década para enviar alumnos a una sola instalación. En 2025, juntas, las agencias de Illinois pagaron más de 2,8 millones para la colocación de 32 estudiantes en esa instalación en particular, sumando fondos de educación y servicios familiares. Al mismo tiempo, la presión sobre distritos escolares para asegurar el cumplimiento del IEP, la escasez de alternativas terapéuticas comunitarias y la avalancha de marketing dirigido a familias desesperadas crean un ecosistema donde el capital privado encuentra oportunidades de alto margen.

Funcionarios de detención juvenil locales subrayan la diferencia entre sus obligaciones públicas y las de estas empresas: mientras que un centro de detención juvenil debe rendir cuentas ante jueces, sistemas de control y estándares públicos, las empresas privadas que alojan a alumnos con fondos educativos operan con menos transparencia y, según críticos, con menor escrutinio.

Regulación y propuestas de reforma

Algunos estados ya han adoptado medidas para mitigar riesgos: requisitos de registro para consultores educativos, prohibición de pagos por referidos y la obligación de entrevistas presenciales y llamadas trimestrales sin supervisión para estudiantes fuera del estado. Otros proponen que todo uso de fondos educativos para colocaciones residenciales incluya auditorías periódicas, visitas técnicas obligatorias, verificación de antecedentes de todo el personal, evaluaciones clínicas independientes y rutas claras de denuncia y protección para los estudiantes.

Organizaciones defensoras de jóvenes que han pasado por estas instituciones reclaman la creación de un sistema nacional de certificación, estándares mínimos obligatorios y un registro público que informe sobre colocaciones fuera del estado y sobre incidentes relevantes. “Es un problema enorme: hay demasiados huecos en la regulación y hay que cerrarlos”, asegura Meg Appelgate, directora ejecutiva de una organización que apoya a ex residentes, citando la urgencia de transparencia y rendición.

Reflexiones finales: entre la urgencia familiar y el interés público

La tensión principal es humana: padres desesperados por ayudar a hijos que a menudo presentan conductas complejas y jóvenes que, en muchos casos, han pasado por adopciones internacionales o situaciones traumáticas. En ese vacío de dolor y urgencia, surgen actores que ofrecen soluciones rápidas y caras, y el dinero público termina financiando un mercado poco regulado.

Las preguntas que quedan abiertas son de responsabilidad colectiva: ¿cómo garantizar que los fondos públicos se utilicen en beneficio del interés superior del menor y no para sostener negocios opacos? ¿Qué controles mínimos deben exigirse para autorizar una colocación residencial con dinero de educación especial? Y, sobre todo, ¿cómo escuchar y proteger a los jóvenes que permanecen lejos de sus familias, muchas veces sin mecanismos efectivos de supervisión y sin rutas seguras para denunciar abusos?

El debate es urgente: afecta la ética del uso del erario público, los derechos de los niños y adolescentes y la obligación del Estado de garantizar cuidados seguros y eficaces. La experiencia de centros como Calo es un recordatorio duro de que, cuando salud mental, educación y lucro privado se entrecruzan sin reglas claras, los más vulnerables pueden acabar pagando el precio más alto.

• Fuentes consultadas: documentos administrativos y fiscales estatales, reportes del condado de Camden, entrevistas con familias, ex empleados, especialistas en educación especial y defensores juveniles; estudios estatales sobre certificación de centros residenciales y leyes recientes en estados como California y Oregon.
• Citas referenciales: declaraciones institucionales de la propia Calo Programs sobre su modelo y resultados; testimonios de funcionarios estatales y defensores de adolescentes que han pasado por estas instalaciones.
• Datos clave: más de 35 millones de dólares en diez años por parte de dos agencias en un estado para una sola instalación; en 2025, más de 2,8 millones de dólares de fondos estatales de educación y familia destinados a colocaciones en ese mismo centro (datos extraídos de registros estatales y contratos educativos).

Para las familias, para los profesionales y para la sociedad en su conjunto, es imprescindible debatir y regular con rigor: no se trata de cerrar puertas a intervenciones legítimas, sino de asegurar que cuando el Estado financia la atención de menores fuera de casa, esa atención cumpla estándares claros, verificables y puestos por escrito.