Retrocesos y contradicciones en la política climática: de las revelaciones corporativas a los recortes a la energía solar en Hawái

La reciente ola de medidas que limitan regulaciones relacionadas con el clima en Estados Unidos está produciendo efectos simultáneos y contrapuestos: por un lado, una regresión en la obligación de las empresas públicas de transparentar riesgos climáticos; por otro, recortes presupuestarios estatales que ponen en peligro proyectos solares comunitarios y comerciales. En este análisis amplio exploramos las implicaciones regulatorias, económicas y sociales de ambos movimientos, qué actores están en juego y qué podrían significar estos cambios para inversionistas, comunidades locales y la transición energética.

Un giro en la cúpula financiera: la propuesta de la SEC para derogar la norma de divulgación climática

En marzo de 2024 la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) aprobó una norma que habría exigido a ciertas empresas públicas reportar sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y divulgar los riesgos financieros relacionados con el cambio climático. Sin embargo, la comisión, ahora con mayoría republicana, propuso recientemente la derogación completa de esa norma, argumentando que excedía la autoridad estatutaria del organismo y que imponía costos sustanciales a las empresas y accionistas sin beneficios informativos equivalentes para la mayoría de los inversionistas.

El presidente de la SEC, Paul Atkins, expresó que la eliminación evitaría “el efecto práctico de dictar el comportamiento corporativo” y garantizaría que las normas de la agencia se impongan solo cuando los beneficios anticipados justifiquen los costos y cargas. La medida se produce en un contexto más amplio de desregulación ambiental promovida por la Administración del presidente Donald Trump en su segundo mandato.

La norma de 2024 fue una de las más esperadas por la autoridad financiera y generó más de 24.000 comentarios de empresas, auditores, legisladores y grupos empresariales durante un proceso de dos años. Su aprobación acercó a Estados Unidos a la práctica regulatoria de la Unión Europea y de estados como California, donde existen requisitos similares de divulgación.

No obstante, la decisión de la SEC se apoya en argumentos jurídicos y económicos: que la agencia habría excedido su competencia, y que el costo de recopilar, auditar y presentar datos —especialmente para pequeñas y medianas empresas— podría ser demasiado oneroso en relación con el valor informativo para la mayoría de inversionistas.

Respuesta de la sociedad civil y del sector ambiental

Un conjunto de 96 organizaciones ambientales calificó la medida como un retroceso que dejaría a los inversionistas sin información clave para evaluar riesgos financieros y otros peligros vinculados al cambio climático. Kathy Fallon, directora de sistemas terrestres de Clean Air Task Force, dijo: “La misión de la SEC es proteger a los inversionistas y al público asegurando que tengan acceso a información material. Aunque imperfecta, la norma era un paso importante para dar a los inversionistas información consistente sobre riesgos climáticos financieramente relevantes, incluyendo el uso de compensaciones de carbono.”

La crítica principal de los grupos ambientales radica en que la información sobre emisiones y riesgos climáticos no es solo una cuestión ambiental, sino un dato material para la valoración de activos: incendios, inundaciones, huracanes y regulaciones futuras pueden afectar ingresos, costos de seguros y la viabilidad de operaciones en el mediano y largo plazo.

Impacto para inversionistas y mercados

Los defensores de la divulgación climática sostienen que una mayor transparencia permite mejores decisiones de inversión y reduce riesgos sistémicos. Un estudio de la Organización Internacional de Valores (IOSCO) y otros organismos internacionales ha señalado que la divulgación consistente de factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) mejora la eficiencia del mercado y la asignación de capital. Sin datos estandarizados, los inversionistas enfrentan asimetrías de información que pueden inflar riesgos ocultos en carteras diversificadas.

Por su parte, los opositores sostienen que obligar a empresas a reportes extensos sin un claro beneficio mayoritario podría incrementar costos de cumplimiento, favorecer a grandes consultoras y auditores y generar una carga administrativa que se traslade a consumidores y accionistas.

¿Un retroceso aislado o parte de una estrategia mayor?

La derogación propuesta por la SEC encaja en una tendencia más amplia en la actual administración federal: anulación o debilitamiento de agencias y regulaciones que se perciben como “pro-clima”. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha eliminado programas importantes sobre cambio climático, revocado hallazgos científicos que fundamentaban la regulación de GEI y cancelado subvenciones de justicia ambiental establecidas en el periodo anterior. El administrador de la EPA, Lee Zeldin, describió sus acciones en términos que van más allá de la técnica regulatoria, calificando al movimiento climático como una “religión” que merece ser desafiada.

La estrategia, más allá de lo ideológico, tiene impactos prácticos: si las empresas ya no están obligadas a reportar emisiones y riesgos, los inversionistas institucionales —fondos de pensiones, aseguradoras y gestores— podrían contar con menos datos para integrar criterios climáticos en sus decisiones, lo que atenúa incentivos para inversiones en mitigación y adaptación.

El caso de Hawái: el golpe al despliegue solar por una decisión estatal

Simultáneamente a las decisiones federales, un shock de alcance local muestra cómo medidas presupuestarias estatales pueden anular proyectos concretos de energía limpia. En Hawái, los legisladores colocaron un tope de 40 millones de dólares anuales al crédito fiscal estatal para energía solar —que tradicionalmente rondaba los 100 millones al año— y, lo que agravó la situación, hicieron que el tope sea retroactivo a 2026. La retroactividad puso en cuestión proyectos ya en marcha o con contratos firmados, provocando cancelaciones y salidas de inversionistas.

El crédito, oficialmente llamado Renewable Energy Technologies Income Tax Credit, permitía deducir hasta el 35% del costo de un sistema solar del impuesto sobre la renta. Incluye grandes sistemas comerciales e industriales (como centros comerciales o almacenes que generan electricidad) y establece límites para residencias. Desde 2006 el estado ha otorgado 1.36 mil millones de dólares en estos créditos, según datos del Departamento de Tributación de Hawái; en 2023 se desembolsaron más de 100 millones, frente a 43.5 millones destinados a la industria del cine y la televisión.

Consecuencias inmediatas: proyectos detenidos, inversores que se retiran

Larry Veray, presidente de la asociación de propietarios Waiau Gardens Kai B en Pearl City, ideó un proyecto donde un inversor financió la instalación de paneles solares y baterías sin costo para los residentes, quienes hubieran obtenido un 20% de descuento en su factura eléctrica. La retroactividad del recorte hizo que el inversor retirara su compromiso. Veray dijo: “Lo que el estado hizo básicamente mató el proyecto.”

Rocky Mould, director ejecutivo de la Hawaiʻi State Energy Association, señaló que las ocho principales empresas solares ya habían alineado 265 proyectos comerciales para 2026 y asegurado 436 millones de dólares en capital privado. Ahora muchos proyectos están cancelando o pausando su ejecución ante la incertidumbre sobre la compensación fiscal.

Para organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios esenciales, como la Hawaiʻi Primary Care Association, las consecuencias son reales: Emily Chung, directora ejecutiva, explicó que habían planificado instalar sistemas solares y baterías en cinco centros de salud que atienden a más de 160.000 personas al año; ese plan está ahora en riesgo y representa un problema operativo y presupuestario para servicios de salud comunitarios.

El conflicto entre metas estatales y recortes presupuestarios

El recorte al crédito entra en tensión con leyes y órdenes ejecutivas del propio estado: Hawái tiene un mandato legal para que toda la electricidad vendida en el estado provenga de fuentes renovables para 2045, y en 2025 el gobernador Josh Green emitió una orden ejecutiva para “maximizar la energía solar distribuida con almacenamiento en baterías”, con la meta de 50.000 instalaciones solares más almacenamiento en techos y estacionamientos hacia 2045.

El choque muestra un problema común en política pública: la necesidad de equilibrar presupuestos estatales (evitar aumentos de impuestos) frente a la coherencia con objetivos de descarbonización y la seguridad energética. La decisión de limitar los créditos pareció una medida de ahorro fiscal a corto plazo que no considera los costos de oportunidad por la pérdida de despliegue renovable y la desconfianza que crea en el sector privado.

Impactos económicos y sociales

Los recortes al incentivo solar y la incertidumbre en divulgación climática tienen efectos concretos:

• Reducción de inversión privada en proyectos renovables: la falta de certeza fiscal desincentiva capital privado que depende de incentivos para cerrar la rentabilidad de proyectos distribuidos y comunitarios.
• Perjuicio a comunidades vulnerables: instalaciones en centros de salud, viviendas de interés social o asociaciones de propietarios pierden propuestas que reducían costos energéticos y mejoraban resiliencia mediante baterías.
• Riesgo de frenazo tecnológico: la escala y experiencia que se genera con proyectos comerciales y comunitarios ayuda a bajar costos y crear cadenas de suministro locales; la interrupción puede ralentizar ese aprendizaje.
• Mayor exposición al riesgo financiero: la falta de divulgación climática puede ocultar pasivos y riesgos en carteras que luego repercutan en inversionistas minoristas y grandes fondos.

Perspectivas jurídicas y políticas

La propuesta de la SEC deberá abrir un periodo de comentarios públicos (60 días tras su publicación en el Federal Register), lo que sugiere que el debate continuará en foros regulatorios y probablemente en tribunales. La norma original de 2024 quedó en suspenso cuando la comisión republicana pausó su defensa legal ante impugnaciones por parte de grupos empresariales y fiscales estatales conservadores.

En el ámbito estatal, la industria solar solicita una sesión especial para corregir la retroactividad del tope del crédito en Hawái; defensores del medio ambiente y empresas afirman que la retroactividad viola expectativas legítimas y desalienta la inversión. El gobernador y su administración han señalado su intención de buscar soluciones, pero los detalles no estaban claros en el corto plazo.

Lecciones y preguntas pendientes

Estas decisiones sugieren varias lecciones para formuladores de políticas, empresas y sociedad civil:

1. La coherencia intergubernamental es clave: cuando las políticas federales y estatales no se alinean con metas climáticas de largo plazo, se generan costos y contradicciones.
2. La certidumbre normativa es un requisito para la inversión: la retroactividad o la reversión abrupta de incentivos fiscales desplaza capital y merma confianza en proyectos de largo plazo.
3. La transparencia financiera sobre riesgos climáticos no es solo un asunto ambiental: es una cuestión de estabilidad de mercados y protección a inversionistas.
4. Las medidas de corto plazo para ajustar presupuestos deben considerar externalidades y costos indirectos: por ejemplo, la pérdida de proyectos comunitarios que reducen la demanda de la red en momentos pico y mejoran resiliencia local.

Contexto histórico y cifras relevantes

Algunas cifras y antecedentes ayudan a contextualizar:

• Desde 2006, Hawái ha otorgado aproximadamente 1.36 mil millones de dólares en créditos por la tecnología de energía renovable, con más de 100 millones desembolsados en 2023 (Hawaiʻi Department of Taxation).
• La norma de divulgación climática de la SEC recibió más de 24.000 comentarios durante su periodo de consulta, lo que indica un alto interés público y sectorial en la regulación (documentos de la SEC, 2024).
• Los credenciales de Hawái en política renovable son ambiciosos: ley estatal exige 100% de electricidad renovable vendida en el estado para 2045, con metas intermedias y énfasis en energía distribuida.

Estas cifras muestran por qué los ajustes regulatorios y fiscales locales y federales tienen efectos concatenados: no son decisiones aisladas, sino que influyen en expectativas de mercado, decisiones de capital y la viabilidad de la transición energética.

Recomendaciones para distintos actores

A partir de lo ocurrido, se pueden esbozar recomendaciones prácticas:

• Para legisladores estatales: evitar la retroactividad fiscal en incentivos a proyectos en curso; considerar mecanismos de transición que preserven la confianza de inversionistas y no penalicen contratos ya firmados.
• Para reguladores federales: sopesar beneficios de información estandarizada para los mercados frente a cargas administrativas; explorar enfoques escalonados que reduzcan costos para empresas pequeñas.
• Para inversionistas y desarrolladores: buscar cláusulas contractuales que contemplen cambios regulatorios y políticas de seguro político; diversificar estrategias para mitigar riesgos de política pública.
• Para comunidades y organizaciones civiles: mantener vigilancia y presión pública para que las políticas promuevan resiliencia y equidad; documentar impactos locales (salud, costos energéticos) para fortalecer argumentos ante legisladores.

Epílogo: entre reglas, recortes y resiliencia

El escenario actual en Estados Unidos ofrece un panorama fragmentado: por un lado, la posibilidad de menos transparencia financiera sobre riesgos climáticos; por otro, decisiones estatales que reducen incentivos para la generación distribuida y proyectos comunitarios de energía limpia. Ambas tendencias, en conjunto, dificultan la tarea de transitar hacia una economía más descarbonizada y resiliente.

Si el objetivo público es asegurar que la economía avance hacia metas climáticas y que las comunidades —especialmente las más vulnerables— obtengan beneficios tangibles (reducción de facturas, resiliencia energética, menor contaminación local), entonces las políticas deben diseñarse con claridad, previsibilidad y coherencia interinstitucional. La experiencia de Hawái y la controversia sobre la norma de la SEC son un recordatorio de que los detalles regulatorios y fiscales cuentan: alteran inversiones, confianza y, finalmente, la capacidad colectiva para enfrentar una crisis global que se manifiesta localmente.

La discusión continúa: la propuesta de la SEC abrirá un periodo de comentarios y potencial litigio, mientras que en Hawái la presión política y las apelaciones del sector solar y de organizaciones comunitarias podrían forzar rectificaciones. En cualquier caso, lo ocurrido subraya que la gobernanza del clima requiere faros regulatorios confiables y mecanismos que no frustren la inversión privada en soluciones limpias y en proyectos que benefician a la gente en el día a día.