Colombia en la encrucijada: elecciones, paz y el retorno de la violencia

Bogotá vive una jornada electoral que trasciende lo rutinario: más allá de elegir presidente, millones de colombianos están decidiendo la dirección que deberá tomar el país en su intento por superar décadas de violencia. Diez años después del acuerdo histórico con las FARC, la campaña se ha centrado en dos visiones antagónicas sobre la paz: continuar la política de diálogo y negociación, o imponer una respuesta de seguridad contundente contra grupos armados y bandas criminales.

El mapa político y los contendientes

Aunque en el papel hay 14 candidatos inscritos, la contienda se ha reducido a una pugna de tres aspirantes con propuestas muy distintas. Por un lado está el senador Iván Cepeda, cercano al actual presidente Gustavo Petro, que propone profundizar la llamada política de "paz total": abrir canales de negociación con los grupos armados remanentes para alcanzar acuerdos y, complementariamente, impulsar reformas sociales y ambientales.

En el extremo opuesto figuran figuras como Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, que promueven respuestas más duras en materia de seguridad. De la Espriella —apodado "El Tigre" por su estilo contundente— ha atraído votantes con la promesa de aplicar tácticas inspiradas en medidas represivas aplicadas en otros países para reducir la criminalidad. Valencia, por su parte, representa la continuidad del pensamiento del expresidente Álvaro Uribe, partidario de mano fuerte contra los insurgentes y las bandas criminales.

¿Por qué la pugna sobre la paz vuelve a ser central?

El acuerdo con las FARC de 2016 abrió la esperanza de cerrar un ciclo de conflicto que duró más de medio siglo. Sin embargo, la implementación ha sido incompleta y, en muchos territorios, el vacío dejado por la desmovilización fue aprovechado por grupos criminales, disidencias y organizaciones dedicadas al narcotráfico y a la minería ilegal. En los últimos años, los ataques armados, las masacres y la violencia contra líderes sociales han vuelto a alarmar a la población.

La percepción de inseguridad se ha convertido en un factor clave para el votante: para muchos ciudadanos, especialmente en zonas rurales, las causas históricas del conflicto (pobreza, ausencia del Estado, inequidad en la tenencia de la tierra) permanecen sin resolver, mientras que el crimen organizado parece más audaz y violento que antes.

Voces desde la calle: miedo, pragmatismo y esperanza

El pulso social se nota en testimonios recogidos en ciudades como Bogotá. Maria Eugenia, una costurera de 57 años, expresó su apoyo a una política de mano dura en nombre de la seguridad: "Claro que cuando se viene con mano dura, siempre va a haber debate. Pero hay que caer algunos para limpiar lo que debe limpiarse", declaró en la calle central donde trabaja (Fuente: AP).

En contraste, jóvenes como Cristian Morales prefieren no renunciar al eje del diálogo: "La solución no es el enfrentamiento agresivo. Solo traerá más sangre. Es muy difícil, porque es diálogo o armas, y un conflicto interno no es bueno para nadie", dijo Morales al diario durante la campaña (Fuente: AP). Estos contrapuntos reflejan la división sobre el camino a tomar.

Contexto histórico y lecciones recientes

El proceso de paz con las FARC, firmado formalmente en 2016, fue catalogado por la comunidad internacional como un avance significativo para la región. No obstante, su aplicación ha sido lenta y desigual. Según informes de organismos multilaterales, en los años posteriores aumentaron los homicidios de líderes sociales y excombatientes. Por ejemplo, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia registró que entre 2016 y 2020 cientos de excombatientes y líderes fueron asesinados en el proceso de reincorporación (Fuente: Misión de Verificación ONU - Colombia).

Además, el desplazamiento de economías ilegales a nuevas rutas y la fragmentación de antiguos frentes guerrilleros en bandas más pequeñas y móviles dificultó la respuesta estatal. Estas dinámicas explican por qué sectores enteros de la sociedad se inclinan por soluciones más punitivas: la sensación de impunidad y la amenaza directa sobre comunidades genera demandas de respuestas inmediatas.

¿Mano dura versus negociación? Triunfos y riesgos

Los partidarios de la mano dura argumentan que medidas firmes pueden frenar la violencia en el corto plazo. Políticas ejemplares en la región, como las implementadas en ciertos períodos en El Salvador o en otras naciones, muestran que operaciones intensivas pueden reducir indicadores de criminalidad rápidamente. No obstante, esa reducción a menudo viene acompañada de señalamientos sobre violaciones a derechos humanos y riesgos de autoritarismo.

Por otro lado, la negociación ofrece la promesa de soluciones estructurales: desmantelar economías ilegales a través de alternativas productivas, mejorar presencia estatal y reformas agrarias. Pero la negociación es lenta, requiere confianza y garantías, y puede ser percibida como impunidad por víctimas y familias afectadas.

Implicaciones internacionales y relaciones estratégicas

Las propuestas de seguridad también tienen un componente exterior. Algunos candidatos manifiestan empatía con políticas y líderes internacionales que promueven enfoques securitarios. La relación con Estados Unidos sigue siendo relevante: durante las últimas décadas, Washington financió programas de cooperación policial y militar en la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, la intervención internacional es un arma de doble filo: ayuda técnica y recursos pueden fortalecer capacidades estatales, pero la externalización de estrategias sin adaptación al tejido social puede generar rechazo y efectos secundarios no deseados.

Escenarios tras la primera vuelta

En Colombia es excepcional que un candidato supere el 50% en primera vuelta; si nadie lo logra, los dos más votados irán a segunda vuelta. Esa dinámica obliga a coaliciones y reacomodos políticos, con posibilidad de moderar discursos extremos o, por el contrario, radicalizarlos según las alianzas que se formen. La polarización implica que la siguiente etapa electoral podría convertirse en un referendo sobre la dirección de la política de paz.

Qué deberían exigir los ciudadanos

• Transparencia: exigencia de planes claros sobre cómo se garantizarán derechos humanos durante operaciones de seguridad.
• Políticas integrales: combinar acciones policiales con inversión social en educación, salud y desarrollo rural para atacar las causas del conflicto.
• Seguimiento internacional independiente: mecanismos que garanticen que las medidas estatalesen respetan estándares internacionales.

Colombia enfrenta una elección que puede definir si el país sigue apostando por resolver el conflicto a través del diálogo sostenido y transformaciones estructurales, o si cede a la tentación de respuestas rápidas y coercitivas. Ninguna opción es garantía absoluta de éxito; lo que sí parece claro es que la política que elija el próximo gobierno necesitará combinar fuerza, legitimidad y un compromiso real con la justicia social para romper de una vez por todas el ciclo que ha marcado al país por generaciones.