El auge de Abelardo de la Espriella y la ola de mano dura en América Latina

Abelardo de la Espriella, conocido popularmente como “El Tigre”, irrumpió en la primera vuelta presidencial de Colombia como la expresión más reciente de una tendencia regional: el viraje hacia candidaturas que prometen mano dura contra la delincuencia. Su avance, que lo colocó como vencedor de la primera ronda con casi el 44% de los votos, ha puesto en jaque a la izquierda progresista representada por el senador Iván Cepeda y ha despertado inquietudes sobre los límites de la seguridad, los derechos humanos y la estabilidad democrática en el país.

Un outsider con marca de espectáculo

De la Espriella no procede de la tradicional carrera política: es abogado de alta exposición mediática, defendió a personajes polémicos en el pasado y llevó un estilo de vida acomodado en el exterior antes de lanzarse a la contienda. Su discurso fue deliberadamente escenográfico: se presentó como la figura capaz de replicar en Colombia un modelo de choque contra el crimen que algunos atribuyen al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Esa promesa de eficacia -y de mano dura- encontró eco entre votantes preocupados por la inseguridad, la extorsión y la presencia de grupos armados en amplias zonas del territorio.

¿Por qué resuena la mano dura?

Varios factores explican por qué mensajes de este tipo funcionan hoy en día en Colombia y en otros países latinoamericanos. Primero, la percepción pública sobre inseguridad ha crecido en muchos lugares: delitos cotidianos, bandas criminales organizadas y la persistencia del narcotráfico alimentan una demanda de soluciones inmediatas. Segundo, hay desgaste en las narrativas que priorizan cambios estructurales a largo plazo (educación, empleo juvenil, reforma rural), dado que esos resultados tardan en materializarse. Tercero, la comunicación política contemporánea, alimentada por redes sociales y figuras mediáticas, premia discursos simples, contundentes y emocionalmente movilizadores.

El desafío de comparar modelos

Es frecuente en campañas electorales tomar ejemplos externos exitosos como atajos para prometer resultados rápidos. Sin embargo, replicar políticas de seguridad de un país en otro no es un ejercicio neutro: no solo hay diferencias de tamaño y geografía, sino también de historia institucional, fragmentación de actores armados y capacidades estatales.

Colombia ocupa 1.14 millones de kilómetros cuadrados y alberga una compleja red de grupos armados, bandas criminales y economías ilegales que no se parecen en escala ni en dinámica al fenómeno salvadoreño. En palabras de varios analistas, es imprudente asumir que una táctica de choque que funcionó —bajo determinadas condiciones y costos— en un país pequeño y altamente centralizado, vaya a obtener el mismo resultado en un Estado con las características colombianas.

El costo político y social de las promesas de mano dura

Prometer “tolerancia cero” frente al crimen puede surtir efecto electoral, pero también conlleva riesgos reales: erosión de garantías, aumento de denuncias por abusos, impunidad y represión de opositores. La memoria histórica colombiana recuerda episodios en los que ofensivas militares o estrategias de seguridad resultaron en violaciones a derechos humanos. El escándalo de los llamados “falsos positivos” en la década de 2000, cuando fuerzas de seguridad fueron acusadas de ejecutar civiles para presentarlos como guerrilleros abatidos, sigue siendo una herida abierta que alimenta la desconfianza hacia soluciones puramente represivas.

El mapa electoral: por qué Cepeda enfrenta dificultades

Iván Cepeda, quien hasta poco antes de la votación figuraba como favorito en sondeos, lideró una campaña enmarcada en la continuidad de las políticas de paz y en la profundización de transformaciones socioeconómicas impulsadas por el presidente Gustavo Petro. Esa apuesta, sin embargo, encontró límites en una población que, en las urnas, priorizó la seguridad inmediata sobre promesas de largo plazo. La estrategia de Cepeda de apelarse a un electorado de izquierda resultó insuficiente para contrarrestar la ola de voto por la seguridad.

Quiénes votaron por De la Espriella y por qué

El apoyo a De la Espriella provino de sectores dispares: desde ciudadanos urbanos preocupados por la delincuencia hasta votantes jóvenes desencantados con la política tradicional. Encuentros en las calles, relatos de votantes —como trabajadores, pequeños comerciantes y estudiantes— muestran que la promesa de orden y de respuestas contundentes a la criminalidad activó un sentimiento de urgencia. Para muchos, la retórica fuerte significó, ante todo, la esperanza de escapar de la sensación de impunidad y de vivir en ciudades y barrios más seguros.

La influencia externa y la diplomacia

Otra dimensión de este fenómeno es la influencia de actores extranjeros y la dinámica hemisférica. En los últimos años, gobiernos y administraciones internacionales han puesto un mayor énfasis en la cooperación contra el crimen organizado y el narcotráfico, lo que a su vez legitima —en la opinión pública y entre élites— medidas de mano dura. La coexistencia de presiones diplomáticas, solicitudes de cooperación y la narrativa de seguridad hemisférica amplifica la visibilidad de modelos autoritarios o tecnocráticos que prometen resultados rápidos.

¿Qué cabe esperar rumbo a la segunda vuelta?

La segunda vuelta, prevista para el 21 de junio, será la batalla decisiva. En escenarios como este, el candidato que quedó en primer lugar tras la primera vuelta suele convertirse en foco de alianzas y negociaciones: De la Espriella puede capitalizar votos de conservadores y de electores de partidos que no llegaron al balotaje. Cepeda, por su parte, necesita ampliar su base más allá del núcleo tradicional de la izquierda, convocando a sectores moderados que teman una deriva autoritaria.

Preguntas abiertas para la democracia colombiana

• ¿Puede una agenda basada en mano dura resolver problemas estructurales como la desigualdad rural, la falta de oportunidades para jóvenes y la demanda por tierras y servicios? Probablemente no por sí sola; se necesitarán políticas complementarias.
• ¿Cómo garantizar controles y transparencia si se ampliase el uso de facultades excepcionales en materia de seguridad? La historia muestra que sin supervisión las medidas excepcionales tienden a prolongarse y degradar libertades civiles.
• ¿Qué papel jugarán las instituciones judiciales y de derechos humanos para monitorear posibles abusos? Su fortaleza será clave para evitar que la búsqueda de resultados rápidos devenga en impunidad.

Lecciones históricas y comparaciones útiles

América Latina no es ajena a ciclos donde el temor a la inseguridad abre la puerta a soluciones autoritarias o semiautoritarias: ejemplos del pasado demuestran que, si bien algunas medidas pueden bajar indicadores delictivos en el corto plazo, suelen hacerlo a costa de erosión institucional. La consolidación de la paz y la seguridad duradera exige esfuerzos multisectoriales: inversión en educación y empleo juvenil, reforma policial, acceso a justicia y políticas de prevención del delito.

En el caso colombiano, la conversación pública que viene deberá enfrentar dos retos simultáneos: responder a la demanda legítima de seguridad ciudadana y, al mismo tiempo, defender las garantías democráticas y los derechos humanos. La política posterior a la primera vuelta no solo decidirá quién gobierna, sino qué reglas de juego prevalecen en el país durante los próximos años.

Independientemente del resultado final, la votación de la primera ronda deja una señal clara: millones de colombianos buscan respuestas inmediatas a la inseguridad. La prueba para cualquier futuro gobierno será ofrecer respuestas eficaces sin sacrificar la integridad del Estado de derecho, ni repetir errores del pasado que la sociedad aún recuerda con dolor.