Choque de gigantes: SEC y Big Ten cuestionan proyecto federal sobre derechos y pagos en el deporte universitario

El debate sobre la regulación federal del deporte universitario en Estados Unidos entró en una nueva fase de tensión cuando las conferencias más poderosas —la Southeastern Conference (SEC) y la Big Ten— publicaron un comunicado conjunto rechazando la versión actual de un proyecto de ley bipartidista que pretende regular la industria. La controversia se centra en asuntos críticos: la preeminencia de la ley federal frente a las estatales, la capacidad de consolidar derechos mediáticos y las implicaciones económicas para las conferencias y los atletas.

Un rechazo que sacude la negociación

El comunicado de la SEC y la Big Ten afirmó que el texto del proyecto “deja asuntos críticos sin resolver”, y señaló expresamente que no preempta de forma significativa las leyes estatales, una condición que históricamente se ha considerado esencial para lograr el apoyo de la NCAA y de las conferencias. Esa ausencia de preeminencia crea incertidumbre jurídica: si la ley federal no desplaza normas estatales conflictivas, el resultado sería un mosaico de reglas distintas por estado que complicaría la operación de ligas y eventos interestatales.

Tal como lo expresó uno de los arquitectos del proyecto, el senador Ted Cruz (R-Texas), en una entrevista con The Associated Press, “el proyecto está redactado para preemptar leyes estatales que entren en conflicto con las disposiciones de este proyecto” (AP, 2 de junio de 2026). Esa afirmación, sin embargo, parece no haber satisfecho a las conferencias más grandes.

Por qué importa la preeminencia federal

La preeminencia federal (preemption) es una herramienta jurídica que, cuando se aplica, establece que una ley federal invalida normas estatales que le sean contrarias. En un mercado tan fragmentado como el deporte universitario —donde los atletas pueden recibir compensación por su nombre, imagen y semejanza (NIL, por sus siglas en inglés), y donde cada estado ha ido aprobando reglas distintas desde 2019— la falta de una pauta nacional homogénea genera costos enormes en cumplimiento y litigio.

Desde 2019, cuando comenzaron a proliferar las leyes estatales sobre NIL, más de 30 estados aprobaron legislación que regula la compensación de atletas universitarios, y varias universidades y conferencias han adoptado políticas internas para navegar ese panorama. Sin una ley federal que armonice las reglas, las conferencias temen que las discrepancias estatales creen ventajas competitivas desiguales, incentivos para el traslado de atletas y complicaciones en eventos nacionales como los playoffs del fútbol americano universitario.

Medios y derechos: la propuesta de agrupar licencias

Otro punto central del proyecto de ley es la opción para que las conferencias puedan agrupar sus derechos mediáticos —una medida que, según sus promotores, permitiría negociar paquetes más grandes y atractivos a cadenas y plataformas y, por ende, mayores ingresos. Sin embargo, la SEC y la Big Ten han expresado anteriormente escepticismo sobre la promesa de un “vuelco” financiero a partir de la consolidación de derechos mediáticos, sugiriendo que sus modelos comerciales actuales ya aprovechan economías de escala y que la idea no garantiza beneficios automáticos.

La distribución de ingresos entre universidades, conferencias y atletas es un tema complejo. Las dos conferencias que rechazaron el proyecto concentran las universidades con mayores audiencias televisivas y los contratos de derechos más lucrativos. Esto les otorga un poder de negociación considerable frente a la NCAA y el futuro formato del College Football Playoff, por lo que cualquier reforma que altere la estructura de ingresos será escrutada con lupa.

El tablero político: actores, incentivos y poder

En la mesa de negociación conviven actores con intereses a veces convergentes y a veces opuestos: el Congreso (con el liderazgo de los senadores Ted Cruz y Maria Cantwell), las conferencias universitarias (SEC, Big Ten, Big 12, ACC y otras), la NCAA, universidades individuales, empresas de medios, ligas profesionales y los propios atletas y sus agentes.

Las conferencias más pequeñas o menos poderosas, como la Big 12 y la Atlantic Coast Conference (ACC), han mostrado apoyo a la iniciativa, una señal de que el proyecto puede beneficiar a ciertos sectores al estabilizar el mercado y limitar la fragmentación legal. No obstante, las dos conferencias más ricas —SEC y Big Ten— tienen la capacidad de inclinar la balanza por su peso económico y su influencia sobre el formato del fútbol universitario a nivel nacional.

El valor de los derechos televisivos universitarios se ha disparado en la última década. Por ejemplo, antes de la pandemia, los derechos de la SEC representaban una fracción del enorme mercado de transmisiones deportivas; en 2023 la SEC firmó un paquete multianual con importantes plataformas que elevó sustancialmente la facturación colectiva. Si se consideran cambios regulatorios que permitan empaquetar derechos a escala aún mayor, la expectativa de mayores ingresos choca con las preocupaciones sobre su distribución justa.

Consecuencias para los atletas

Desde la entrada en vigor de las primeras leyes de NIL, los atletas universitarios han accedido a patrocinios y acuerdos comerciales que dependían en gran medida del entorno legal de su estado y de la visibilidad del programa. Una ley federal clara podría ofrecer certezas: reglas uniformes para la firma de contratos, límites razonables sobre agentes y representación, y mecanismos para evitar abusos contractuales. Sin embargo, existe la preocupación de que una consolidación de derechos mediáticos o cambios impuestos sin consenso reduzcan la parte de los atletas en la cadena de valor, o que favorezcan acuerdos a favor de las conferencias y cadenas de televisión.

La equidad en la distribución de ingresos es un tema recurrente. Un estudio reciente (Brookings Institution, 2022) señaló que las universidades con grandes programas generan ingresos anuales que pueden superar los 200 millones de dólares por institución en algunos casos, mientras que muchas otras sostienen déficits. Sin transparencia y un marco federal que promueva la equidad, estos desequilibrios podrían acentuarse.

Riesgos legales y económicos de seguir sin acuerdo

La fragmentación normativa no sólo afecta a la operación diaria de conferencias y universidades; también genera riesgos de litigio. Si estados adoptan posturas contradictorias o si algunos prohíben prácticas que otros permiten, los tribunales serán el árbitro final en disputas que podrían prolongarse años. El coste en tiempo y recursos legales sería significativo, con el potencial de desviar fondos de programas atléticos y académicos.

Además, la incertidumbre puede desalentar inversiones de medios y plataformas digitales que buscan certeza regulatoria antes de pactar acuerdos multimillonarios. Para un mercado ya sometido a cambios tecnológicos (streaming, fragmentación de audiencias, nuevos patrocinadores), la falta de reglas claras puede frenar el crecimiento a largo plazo.

Posibles salidas y recomendaciones pragmáticas

1. Negociar una preeminencia federal clara y limitada: Un acuerdo que establezca preeminencia sobre puntos esenciales (NIL, estándares de conducta, requisitos de transparencia) pero permita flexibilidad estatal en áreas menos críticas podría equilibrar uniformidad y autonomía local.
2. Crear un mecanismo de distribución equitativa: Si se autorizara la agregación de derechos mediáticos, el proyecto debería incluir un esquema de reparto que proteja a universidades con menos ingresos y garantice participación para los atletas.
3. Transparencia y gobernanza: Obligar a la publicación de contratos, montos pagados a atletas y criterios de reparto ayudaría a reducir desconfianzas y a estudiar impactos reales.
4. Mecanismos de revisión y adaptación: Incluir cláusulas que permitan ajustes en períodos cortos para adaptarse a la evolución tecnológica y de mercado, evitando una ley rígida que quede obsoleta rápido.

El calendario político y el futuro inmediato

La declaración de la SEC y la Big Ten llegó menos de 24 horas antes de una audiencia programada en el Comité de Comercio del Senado, presidido por Cruz, con la senadora Maria Cantwell como miembro de mayor rango por el partido opositor. El hecho de que dos conferencias con peso decisivo en el futuro del College Football Playoff rechacen la versión vigente obliga a los legisladores a replantear su texto si quieren avanzar con una solución de consenso.

En definitiva, la tensión actual refleja un choque de prioridades: por un lado, la búsqueda de certeza y uniformidad para proteger a los atletas y simplificar el mercado; por el otro, el deseo de las entidades con mayor músculo financiero de preservar sus modelos comerciales y su capacidad de negociación. Encontrar un punto medio será clave para definir el paisaje del deporte universitario en la próxima década.

“Si no hay preeminencia federal real, lo que veremos es más litigio, más complejidad y menos inversión a largo plazo”, resume un analista de políticas deportivas consultado para este artículo. La pregunta ahora es si el Congreso, las conferencias y la NCAA podrán traducir esa advertencia en un texto legal que permita al deporte universitario evolucionar sin fracturarse.

Fuentes citadas: declaración conjunta de la SEC y la Big Ten; entrevista del senador Ted Cruz a The Associated Press (AP, 2 de junio de 2026).