Trujillo en llamas: cómo la extorsión y la minería ilegal han transformado la vida cotidiana

Trujillo, la ciudad costera del noroeste peruano conocida por su pujante industria del calzado y su historia precolombina, vive hoy una crisis de inseguridad que permea cada aspecto de la vida pública y privada. En barrios donde se fabrica aproximadamente una cuarta parte del calzado del país, vendedores de mercado, conductores, dueños de negocios y padres de familia conviven con la extorsión, las explosiones, los secuestros y los asesinatos cotidianos.

Una vida marcada por el miedo

Gladys Saavedra, de 49 años, trabaja en un mercado al aire libre en Alto Trujillo. Cuenta que, pese a las ventas magras, su grupo de vendedoras debe reunir colectivamente 300 dólares al mes para pagar a extorsionadores. Cuando las mujeres se negaron, el mercado fue incendiado en junio. Días después marcharon exigiendo protección; la protección no llegó. Saavedra recuerda otra agresión en agosto de 2024, cuando su casa fue atacada con explosivos durante un intento de extorsión. “No puedes ni asomar la cabeza por miedo a que te disparen”, dice, y esa frase resume el estado de ánimo de muchas familias.

La magnitud del fenómeno: números que alarman

En los últimos cinco años la extorsión se disparó en Perú. Según comunicados oficiales citados por analistas locales, los casos registrados se multiplicaron hasta alcanzar cerca de 28.948 denuncias en 2025; durante el mismo periodo los homicidios reportados por autoridades competentes aumentaron hasta 2.226 en ese año. Organizaciones independientes que monitorean la violencia, como el Observatorio de Crimen y Violencia, registraron que al menos 239 conductores de transporte fueron asesinados en el último año, y más de la mitad eran mototaxistas, trabajadores clave en los barrios periféricos con vías sin pavimentar.

El costo económico tampoco es menor: el Ministerio de Economía estimó que el crimen produce pérdidas anuales del orden de los 5.000 millones de dólares, incluyendo inversiones públicas para operaciones policiales y gastos privados en seguridad, cámaras y guardias. Estas cifras no solo representan dinero perdido, sino que describen desplazamiento de recursos que podrían potenciar el desarrollo local.

De la minería ilegal al crimen urbano

Expertos en seguridad pública y miembros de las fuerzas del orden identifican un vínculo decisivo entre la minería ilegal y el fortalecimiento de organizaciones criminales en ciudades como Trujillo. La minería clandestina —principalmente de oro— habría generado ingresos cercanos a los 7.000 millones de dólares anuales, según estimaciones utilizadas por analistas del sector, superando con creces los ingresos atribuibles al narcotráfico, calculados en torno a 1.200 millones de dólares anuales. Ese flujo de recursos permitió a redes criminales comprar armas, contratar sicarios y expandir sus operaciones fuera de los corredores mineros: extorsión, secuestros y control territorial urbano.

En 2025, datos sobre exportaciones indicaron que Perú comercializó alrededor de 100 toneladas de oro procedente de fuentes ilegales, casi igualando las 109 toneladas de oro de origen legal. Esa proximidad entre lo legal y lo ilegal evidencia la dificultad de trazar cadenas de suministro limpias y el desafío regulatorio que enfrenta el país en zonas andinas y amazónicas.

Víctimas y modus operandi

Las primeras víctimas visibles de la extorsión en Trujillo fueron las empresas de transporte. Conductores que se resistieron a pagar fueron asesinados públicamente como ejemplo; estas muertes provocaron paros y protestas de transporte que paralizaron rutas y economía local. Los agresores usan métodos que van desde amenazas anónimas por mensajes y llamadas hasta ataque con explosivos, secuestros con tortura para forzar pagos, y asesinatos selectivos ejecutados por sicarios en motocicletas.

Un caso emblemático es el del empresario Iván Díaz, secuestrado en 2023 por individuos que se hicieron pasar por policías. Durante 11 días la familia recibió videos de tortura, incluidos cortes en dos dedos de la mano del empresario, para forzar el pago de 250.000 dólares. Cuatro miembros de la organización identificada como Los Pulpos fueron condenados a cadena perpetua por ese secuestro, pero el daño físico y psicológico al empresario y su entorno revela la brutalidad utilizada por estas redes.

La normalización de la extorsión

En barrios y avenidas de Trujillo es frecuente ver negocios con calcomanías que señalan que han pagado “protección”: diseños con figuras como un puma, una cruz o incluso un logo de un superhéroe. Esas marcas, más que propaganda, funcionan como certificación de que el local está bajo el control de un grupo y, por tanto, protegido de ataques —a cambio de un cobro regular—. Las autoridades locales han intentado retirar esos distintivos y colocar adhesivos de instituciones policiales, pero la realidad es que la exigencia de pagos se ha vuelto parte de la estructura de costos para cientos de microempresarios.

El problema trasciende comercios: escuelas, restaurantes, talleres mecánicos y mercados han sido objetivo de amenazas y ataques con explosivos. En un barrio donde la industria del calzado agrupa a alrededor de 1.500 pequeños productores, según informes de dirigentes gremiales, la mayoría afirma pagar extorsiones para poder operar. “Todo el mundo paga —incluso me extorsionan a mí—. Nadie está a salvo”, expresó Máximo Varas, líder sindical del sector del calzado en la región.

Respuesta institucional y limitaciones

La debilidad institucional —en términos de recursos, tecnología y legislación— ha facilitado el crecimiento de estos grupos. Muchos distritos periféricos carecen de patrullaje constante; mientras que en zonas acomodadas, como San Borja en Lima, es habitual ver gran cantidad de policías y seguridad privada, los barrios populares de Trujillo padecen carencia de presencia estatal.

Congresistas, policías y expertos en investigación criminal coinciden en que los problemas se concentran en tres ejes: insuficiente financiación a unidades de investigación, corrupción interna en las fuerzas de seguridad y marcos legales que dificultan la detención preventiva y la incautación de activos. Harvey Colchado, congresista electo y exagente policial, señaló que hace cinco años las 70 unidades investigativas del país contaban con un presupuesto mensual de aproximadamente 29.000 dólares cada una; hoy gran parte de esos recursos han sido reasignados y muchas unidades operan con fondos reducidos o inexistentes. Además, modificaciones legales recientes han elevado umbrales para medidas como la detención preliminar o la confiscación de bienes ilícitos, limitando la capacidad operativa de los fiscales y la policía.

Tecnología y seguimiento: una carrera perdida

Los grupos criminales han migrado a métodos de pago digitales y comunicación encriptada. Un agente de investigaciones, que prefirió mantener el anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente, explicó que la policía carece de equipos y software para rastrear teléfonos asociados a billeteras digitales utilizadas para recibir extorsiones. Sin herramientas forenses modernas y sin acceso a plataformas internacionales de rastreo financiero, las investigaciones se vuelven largas y poco efectivas.

La carencia tecnológica se agrava con la infiltración y corrupción: sin controles internos estrictos, algunos miembros de las fuerzas del orden han sido vinculados a redes criminales, lo que debilita la confianza pública y el ánimo de denunciar. Para ciudadanos como Saavedra, la sensación es que el Estado no puede o no quiere proteger a los más vulnerables.

Impacto social y económico

El efecto de la inseguridad en Trujillo es multidimensional. En lo económico, microempresas destinan recursos a seguridad privada —cámaras, rejas, vigilantes— que aumentan costos y precios y reducen la competitividad. A nivel social, la violencia fractura el tejido comunitario: funerales, marchas, y la normalización del miedo moldean la cotidianidad. Los niños crecen viendo escenas de duelo y escuchando relatos traumáticos; las mujeres y ancianos sufren restricciones en su movilidad y los jóvenes se ven empujados hacia la informalidad o actividades delictivas como salida para obtener recursos.

La migración interna también aparece como consecuencia: familias que pueden permitírselo se mudan a distritos con mayor seguridad, generando un fenómeno de segregación socioespacial que refuerza desigualdades.

Historial criminal y grupos locales

Organizaciones con raíces en la década de 1990, como Los Pulpos, comenzaron con actividades de robo, extorsión y contrabando, y con el tiempo diversificaron sus fuentes de ingreso. El paso del tiempo y la proliferación de minería ilegal en la sierra y la selva les proporcionó una base financiera que les permitió profesionalizar la violencia: contratación de sicarios, adquisición de armas de alto calibre y establecimiento de redes de corrupción para facilitar operaciones. Aunque en algunos casos estas organizaciones han sido desarticuladas y líderes encarcelados, la captura parcial no ha desmantelado la estructura económica que sostiene a muchos grupos: el dinero de actividades ilícitas que incorpora miembros jóvenes y franquicias criminales.

Propuestas y desafíos para la reconstrucción de la seguridad

Los especialistas en seguridad pública proponen medidas que van desde la purga anticorrupción en la Policía Nacional hasta la modernización tecnológica de las unidades que investigan crímenes complejos, pasando por reformas legales que permitan detenciones más efectivas y la recuperación de activos criminales. Sin embargo, esos cambios requieren voluntad política sostenida, presupuesto y coordinación entre niveles de gobierno.

Algunas iniciativas concretas planteadas por actores locales y nacionales incluyen:

• Reformar la carrera policial para fortalecer controles internos y sancionar la corrupción.
• Invertir en laboratorios forenses digitales y en sistemas de rastreo financiero para identificar transferencias desde billeteras electrónicas y cuentas ocultas.
• Implementar programas de formalización y protección para microempresarios que reduzcan la dependencia de la “protección” ilegal.
• Establecer proyectos de desarrollo alternativo en zonas afectadas por la minería ilegal para romper el círculo de financiamiento criminal.

La voz de la calle

Para las víctimas y habitantes de Trujillo, las soluciones no sólo son técnicas, sino también simbólicas: desean ver justicia, castigo efectivo a los responsables y señales claras de que el Estado está presente. “Esto es un cáncer”, resume Saavedra, en referencia a la falta de capacidad para rastrear llamadas y mensajes que exigen pagos. Esa metáfora ilustra la percepción de que la delincuencia se ha enraizado y que, sin intervenciones contundentes, seguirá avanzando.

Mientras tanto, familias velan a sus muertos, negocios cierran o asumen el costo de la inseguridad y la ciudad compleja de Trujillo lucha por recuperar la tranquilidad que una vez la caracterizó. La ruta de salida existe, pero exige decisiones políticas serias, recursos sostenidos y una estrategia integral que combine justicia, prevención social y control de las economías ilícitas que alimentan la violencia urbana.

En las próximas semanas, la atención sobre Trujillo y otras ciudades inseguras de Perú seguirá creciendo, en parte por el impacto que la inseguridad tiene sobre procesos electorales y la percepción ciudadana del futuro. Si la agenda de recuperación no se prioriza, el costo humano y económico continuará acumulándose, alimentando una espiral que amenaza con profundizar la desigualdad y el desarraigo social en regiones donde la creatividad productiva y la historia cultural contrastan dramáticamente con el paisaje de violencia que hoy se impone.