Tierras, sangre y derecho: el litigio que desafía el sistema de tierras para nativos hawaianos

En las últimas semanas se reavivó un debate que combina derecho constitucional, memoria histórica y supervivencia cultural en Hawai‘i: una demanda presentada en un tribunal federal de Honolulu impugna la Ley de Tierras para Hawaianos (Hawaiian Homes Commission Act), la norma federal que desde 1921 reserva tierras del Estado para personas con al menos 50% de ascendencia hawaiana. La controversia no es únicamente legal; expone tensiones potentes sobre quién puede reclamar el derecho a la tierra, cómo se mide la identidad y qué papel debe jugar el Gobierno en la reparación histórica.

El núcleo de la demanda

La demanda, promovida por la Pacific Legal Foundation en representación de un demandante no hawaiano residente de toda la vida en el archipiélago, argumenta que el requisito de 50% de blood quantum constituye una clasificación basada en la ascendencia que resulta inconstitucional. Según los demandantes, la norma vulnera principios de igualdad al condicionar el acceso a un beneficio público —un arrendamiento de 99 años por la simbólica renta de 1 dólar— a un criterio de sangre que deja fuera a la mayoría de residentes de Hawai‘i.

Los demandantes sostienen que la medida impone una discriminación estatal por origen racial o ancestral y que vulnera la protección igualitaria de la Constitución. “No buscamos quitarles nada a nadie; solo queremos que el programa esté disponible para todos en igualdad de condiciones, independientemente de su blood quantum”, declaró Caleb Trotter, abogado de la Pacific Legal Foundation, en declaraciones públicas.

Un programa con casi un siglo de historia

El Hawaiian Homes Commission Act (HHCA) fue aprobado por el Congreso de Estados Unidos en 1921 con la intención declarada de ofrecer tierras a personas de ascendencia hawaiana que habían quedado desposeídas tras la desaparición del Reino de Hawai y las transformaciones del siglo XIX y principios del XX. La idea fue promovida por el entonces delegado del territorio al Congreso, el príncipe Jonah Kūhiō Kalaniana‘ole, quien buscaba dar respuesta a la grave situación de familias hawaianas “sin tierra y muriendo” tras la pérdida de posesiones y el impacto de enfermedades y la colonización.

El criterio fijado por la ley —al menos 50% de ascendencia hawaiana— fue resultado de un compromiso político en su momento. Algunos plantadores y otros intereses favorecían umbrales diferentes, e incluso la exclusión; la solución adoptada buscó crear un estándar claro para determinar elegibilidad, aunque desde entonces ese estándar ha generado críticas y problemas prácticos.

La realidad actual: listas de espera y tensiones sociales

Hoy el programa sigue siendo largamente demandado. Según cifras citadas en la presentación de la demanda y en informes públicos, hay alrededor de 29,000 personas en listas de espera para arrendamientos residenciales o agrícolas. El valor del programa para las comunidades hawaianas no puede subestimarse: para muchas familias representa la única oportunidad real de acceso a tierra asequible en un Estado con uno de los costos de vivienda más altos del país.

Para algunos beneficiarios y defensores del HHCA, la ley es un mecanismo de reparación histórica y una herramienta para preservar la cultura hawaiana. “Nuestra gente todavía está aquí”, afirmó Sanoe Marfil, que creció en una homestead en Nanakuli y hoy posee un arrendamiento bajo el programa. Para Marfil y otros, la posibilidad de que la norma sea invalidada amenaza no solo viviendas sino núcleos comunitarios esenciales para la transmisión cultural.

Argumentos a favor y en contra: identidad, equidad y reparaciones

Los partidarios de mantener el requisito de 50% invocan razones históricas y prácticas: la norma surgió como instrumento de reparación para un grupo específico que sufrió expropiación y marginación, y preservarla garantiza que los recursos destinados a esa reparación lleguen a descendientes con fuerte vínculo de ascendencia con la comunidad hawaiana tradicional. También sostienen que el criterio de blood quantum facilita la administración del programa en un entorno donde la herencia es múltiple y compleja.

Quienes impugnan la norma plantean que los criterios basados en la proporción de la ascendencia son formas de clasificación racial o étnica que no resisten el escrutinio constitucional. Además, argumentan que el requisito excluye a personas con fuertes lazos culturales y sociales con las comunidades hawaianas, incluyendo aquellos descendientes con mezclas ancestrales que, por diferentes motivos históricos, ahora quedan fuera del umbral del 50%.

La singularidad hawaiana en el derecho federal

En la práctica, la relación entre el Gobierno federal y los hawaianos nativos es diferente a la que existe con las tribus nativas americanas en el continente: en Hawai‘i no hay naciones tribales reconocidas con el mismo grado de soberanía que muchas de las 575 tribus reconocidas en el territorio continental de EE. UU., y por ello los mecanismos de reconocimiento y los programas diseñados para los hawaianos adoptaron fórmulas propias, entre ellas el HHCA.

La diferencia importa jurídicamente: las políticas de reconocimiento y los beneficios para tribus y pueblos indígenas en el resto del país suelen basarse en genealogía, reconocimiento tribal y estatus de ciudadanía tribal; en Hawai‘i, en cambio, la fórmula del 50% de ascendencia fue la herramienta escogida para canalizar la reparación a una comunidad en particular en un contexto territorial distinto.

Implicaciones legales y el camino judicial

Los demandantes no esperan necesariamente una victoria inmediata ante un juez de distrito en Hawaii; sin embargo, la estrategia parece orientada a forzar un recorrido a través de los tribunales de apelación y, posiblemente, hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Los litigantes confían en precedentes recientes sobre igualdad y clasificación por raza, y en una doctrina judicial que ha mostrado sensibilidad ante las políticas públicas que usan la ascendencia como criterio exclusivo.

En contrapartida, las autoridades del Estado de Hawai‘i, su gobernador y su fiscal general han prometido defender la ley. El Departamento del Interior, responsable en buena medida de la gestión del trust y las tierras federales destinadas por la HHCA, figura como parte demandada en el expediente.

Voces en el terreno: cultura, continuidad y la medición de la identidad

Más allá de los argumentos legales, la disputa reabre interrogantes más profundos sobre cómo se mide la identidad: ¿es la proporción de ascendencia la mejor o la única manera de establecer pertenencia cultural? Robin Puanani Danner, asesora del Sovereign Council of Hawaiian Homestead Associations, ha señalado históricamente que la dimensión del blood quantum fue una imposición externa a la manera tradicional hawaiana de verse a sí misma: “No era nuestra medida”, ha dicho Danner al referirse a la metodología colonial que cuantifica la ascendencia en porcentajes.

Para muchos hawaianos, la pertenencia se construye con idioma, prácticas culturales, genealogía viviente y lazos comunitarios; reducirla a un número puede resultar arbitrario y doloroso. Sin embargo, otros sostienen que sin un umbral claro el propósito reparador de la ley —direccionar recursos limitados a quienes más claramente sufrieron la desposesión— se diluiría con el tiempo.

¿Qué está en juego para la comunidad?

Si la demanda prosperara y el requisito del 50% fuera declarado inconstitucional, podría abrirse la puerta para que personas con menor proporción quilográfica de ascendencia hawaiana accedan a arrendamientos que hoy están reservados. Para algunos esto representaría mayor equidad y rectificación de injusticias individuales; para otros, significaría una pérdida de un recurso escaso usado como reparación distintiva para los hawaianos nativos.

Además, un fallo a favor de los demandantes podría sentar precedente para impugnaciones similares en otros programas basados en ascendencia, con consecuencias que excederían a Hawai‘i y tocarían políticas federales y estatales dirigidas a grupos específicos por razones históricas o de reparación.

Reflexiones finales: equilibrio entre reparación y principios constitucionales

La disputa sobre la HHCA enfrenta dos valores legítimos: por un lado, la necesidad de conservar instrumentos específicos de reparación histórica que atiendan a grupos que sufrieron desposesión y destrucción cultural; por otro, la exigencia constitucional de igualdad y prohibición de clasificaciones basadas en la ascendencia. Encontrar un camino que respete ambos objetivos no será sencillo.

Mientras el litigio avanza por los tribunales federales, la conversación pública en Hawai‘i y fuera de ella obligará a repensar cómo las políticas públicas pueden equilibrar la restitución histórica con las normas constitucionales vigentes. Lo que está claro es que, detrás de los argumentos jurídicos, hay comunidades enteras cuyo acceso a tierra, cultura y posibilidad de reconstrucción depende del resultado.

• Dato relevante: El programa de tierras para hawaianos contempla arrendamientos de 99 años por una renta simbólica de 1 dólar al año para personas con al menos 50% de ascendencia hawaiana; hay decenas de miles en lista de espera.
• Hecho histórico: La Hawaiian Homes Commission Act fue aprobada por el Congreso en 1921 luego de una iniciativa política del príncipe Jonah Kūhiō Kalaniana‘ole para ofrecer tierra a hawaianos desposeídos tras la desaparición del Reino de Hawai.
• Cita relevante: Caleb Trotter, abogado de la Pacific Legal Foundation, ha declarado que la demanda busca igualdad de acceso al programa «independientemente de su blood quantum».

La resolución de este caso no solo definirá un aspecto del acceso a la tierra en Hawai‘i: estará también midiendo la manera en que la ley federal y la sociedad entienden la identidad, la reparación histórica y la justicia distributiva en un territorio marcado por un pasado de colonización y por luchas persistentes por la continuidad cultural.