Bienal de Venecia 2026: arte, protesta y la disputa por la legitimidad de los premios

La 60ª Bienal de Venecia abrió este año con una tensión que ha sacudido su tradicional aura de celebración internacional del arte contemporáneo. Lo que debía ser una vitrina para el diálogo artístico se convirtió en un escenario de protestas, renuncias y demandas legales potenciales: decenas de artistas participantes exigen ser excluidos de una votación pública que la organización instauró tras la dimisión del jurado responsable de conceder los célebres Leones de Oro.

Una decisión que cambió las reglas del juego

El conflicto comenzó cuando el jurado anunció su dimisión, citando objeciones a la participación de pabellones nacionales cuyas naciones están implicadas en investigaciones internacionales por presuntos crímenes de guerra. Ante la falta de un jurado que otorgara los premios, la dirección de la Bienal optó por habilitar un sistema de votación popular para los visitantes en las dos sedes principales —los Giardini y el Arsenale— que determinara el mejor pabellón nacional y el mejor participante de la muestra principal, titulada “In Minor Keys”.

La medida, pensada aparentemente para mantener la ceremonia de premios y la atención pública, desató críticas inmediatas. Una carta colectiva firmada por artistas, comisarios y comisionados calificó el procedimiento como falto de “transparencia y responsabilidad” y exigió la retirada de sus nombres de las papeletas de votación. La petición original había sido presentada a la organización con anterioridad; según los firmantes, no obtuvieron respuesta satisfactoria, por lo que anunciaron que iniciarían acciones legales si sus nombres no eran eliminados.

¿Por qué protestan los artistas?

Al centro del rechazo está la idea de que la votación pública, en estas circunstancias, no cumple con las garantías mínimas de legitimidad. “Llamar a los visitantes a votar por candidaturas que han sido excluidas de la consideración por parte de un jurado profesional es una pérdida de tiempo”, señalaba la carta colectiva hecha pública por los artistas. Para muchos de ellos, el acto de permanecer en una papeleta —aunque la Bienal afirmara que los signatarios no serían considerados para los premios— supone una instrumentalización de su nombre y obra en un proceso que ellos consideran ilegitimo o simbólicamente contradictorio.

Además de la cuestión técnica de la validez del voto, hay una carga política y ética: varios firmantes reclamaban una postura más clara por parte de la Bienal ante la participación de determinados países. Entre los firmantes figuraban aproximadamente 70 artistas de la muestra principal y casi 40 pabellones nacionales, incluidos países nórdicos que habían pedido explícitamente medidas más severas contra la presencia de algunos estados.

Protestas, renuncias y el peso de la historia

Los días previos a la apertura pública estuvieron marcados por protestas sonoras frente a pabellones concretos. En un festival que nació en 1895 y que, a lo largo del siglo XX y XXI, ha sido escenario tanto de celebraciones como de disputas políticas —la Bienal fue y sigue siendo un espejo de las tensiones internacionales en el campo cultural—, la actual edición reaviva preguntas sobre hasta qué punto una institución cultural debe ser neutral, y cuándo esa neutralidad se convierte en complicidad.

Históricamente, la Bienal ha experimentado momentos en los que la política internacional permeó las relaciones culturales: desde boicots durante conflictos bélicos del siglo XX hasta controversias sobre censura y libertad artística. Que hoy volvamos a una edición fracturada no solo subraya la persistencia de estos dilemas, sino que evidencia el poder simbólico de un evento que reúne embajadas culturales, ministerios, artistas y públicos globales.

La respuesta institucional y el argumento de la libertad de expresión

Frente a las demandas de retiro de nombres, la dirección de la Bienal respondió por carta a artistas, comisarios y comisionados indicando que mantendrían todos los nombres en las papeletas “para garantizar que todos los visitantes tengan la libertad de expresión”, aunque aseguraban que ninguno de los firmantes sería considerado para los premios. Esa respuesta, lejos de calmar las aguas, provocó que los firmantes la calificaran de insatisfactoria: para ellos, dejar los nombres en la votación representa una contradicción práctica y ética, además de una posible confusión para el público.

Este argumento —el de la libertad de expresión— abre una discusión compleja: ¿significa proteger la libertad de voto permitir que entren en un proceso nombres que sus titulares han rechazado explícitamente? ¿O, en cambio, la protección de la expresión pública requiere que la institución mantenga su oferta de participación a los visitantes, aun a costa del malestar de los artistas?

Consecuencias legales y reputacionales

La carta de protesta advierte sobre acciones legales si la organización no procede a retirar los nombres. Desde el punto de vista jurídico, los litigios podrían girar en torno a derechos de imagen, consentimiento para uso del nombre en procesos promocionales o de votación, y posibles agravamientos si se demuestra perjuicio reputacional. Aunque las demandas contra instituciones culturales no son tan habituales como en otros sectores, el precedente de acciones legales vinculadas a eventos artísticos y festivales ha ido creciendo en las últimas décadas, en paralelo con la profesionalización del sector cultural y la valorización de la gestión del consentimiento de artistas.

En términos reputacionales, la Bienal enfrenta un dilema delicado: si cede a las presiones y retira los nombres, podría ser acusada por otros sectores de ceder a la politización; si se mantiene firme, arriesga la protesta masiva de artistas y la pérdida de legitimidad ante una comunidad artística global que reclama coherencia ética.

El público como jurado: ventajas y límites

Convertir al público en jurado puede tener ventajas obvias: amplía la participación, refleja gustos y sensibilidades contemporáneas y democratiza parcialmente un proceso que muchas veces está en manos de expertos. Sin embargo, la votación popular tiene límites claros en contextos polarizados. Los factores que influyen en un voto de feria —visibilidad del pabellón, cobertura mediática, número de visitantes, ubicación dentro del recinto— introducen sesgos que desvirtuarían la comparativa si el objetivo fuera reconocer mérito curatorial y artística de forma rigurosa.

Además, en una edición donde la protesta política está explícitamente presente, la votación del público puede transformarse en un instrumento de posicionamiento geopolítico en vez de una valoración estética. Eso reduce la utilidad del premio como reconocimiento profesional y entraña el riesgo de convertir el acto artístico en moneda de disputa internacional.

¿Qué lecciones deja esta edición para el mundo del arte?

Varias lecciones emergen con claridad. Primero, que las instituciones culturales globales deben anticipar y diseñar protocolos claros para situaciones de crisis ética o política. Segundo, que la opinión de los artistas no puede descartarse sin coste: las instituciones dependen de confianza y de legitimidad construida con las comunidades creativas. Tercero, que la aparente separación entre lo estético y lo político es cada vez más tenue; los eventos culturales internacionales operan en un terreno donde ambas dimensiones se entrelazan.

Finalmente, esta Bienal recuerda que los mecanismos de premiación no son meros procedimientos técnicos: tienen implicaciones simbólicas y políticas que afectan a la percepción pública del arte y a la posición moral de las instituciones. En un momento en que el público global presta más atención a las relaciones entre cultura y responsabilidad social, ese factor es, quizá, la enseñanza más decisiva.

Miradas a futuro

Sea cual sea el desenlace legal o administrativo, esta edición quedará marcada como una de las más controvertidas de la historia reciente de la Bienal. La tensión entre libertad de expresión, coherencia ética y gobernanza institucional seguirá siendo un tema central para festivales y museos en todo el mundo. Para los organizadores queda la tarea —urgente— de reconstruir confianza, revisar políticas de gobernanza y abrir espacios de diálogo real con artistas y comisarios, antes de que la polarización erosione definitivamente la función crítica y creativa de estas plataformas.

“Pedir a los visitantes que emitan votos que no pueden contarse es una pérdida de tiempo”, decía la carta de los firmantes, una frase que sintetiza la frustración de quienes viven el arte no solo como exhibición, sino como acto con implicaciones éticas y políticas.