Perú en la encrucijada: crimen, economía y una elección que promete definir el rumbo

Perú llega a una nueva votación decisiva con un escenario político y social marcado por la inseguridad, el poder de la minería y una economía que, a pesar de la turbulencia política, mantiene cierto dinamismo. El balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez no es solo la elección de un presidente: es la apuesta de los peruanos por una respuesta a la escalada del crimen, a la persistente corrupción y a cómo gestionar los vastos recursos naturales del país.

La radiografía del temor: criminalidad como eje central

El tema que domina la conversación pública es la inseguridad. Un sondeo nacional citado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 2025 indicó que el 84% de los encuestados en zonas urbanas temía convertirse en víctima de un delito durante los 12 meses siguientes. Esa sensación de vulnerabilidad ha impulsado protestas, ha condicionado campañas y ha convertido la lucha contra la delincuencia en la prioridad central de la mayoría de los candidatos.

Las cifras oficiales refuerzan la percepción ciudadana: en 2025 las denuncias por extorsión se quintuplicaron en cinco años y llegaron a 28,948 casos, mientras que los homicidios se duplicaron hasta alcanzar 2,226 víctimas, según datos estatales citados en informes públicos. El Ministerio de Economía estimó que la inseguridad le cuesta al país alrededor de 5.000 millones de dólares anuales, incluyendo gasto público en seguridad y el desembolso privado en guardias y cámaras.

Dos proyectos opuestos (y en parte complementarios)

Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, plantea una política de mano dura: tecnificación del combate a la extorsión, mayor presencia militar y policial en las zonas de riesgo y medidas de disciplina y trabajo para los presos. En el debate previo al balotaje afirmó que su gobierno logrará estabilidad y seguridad y prometió medidas concretas como “militarizar fronteras” y exigir que los reclusos “paguen a la sociedad” mediante trabajo.

Por su parte, Roberto Sánchez, exministro y candidato que atrae apoyo en zonas rurales, se ha centrado en reformas institucionales, lucha contra la corrupción policial y propuestas para atraer inversión, en especial de China. En el debate dijo que no nacionalizaría grandes empresas extractivas y que buscaría renegociar contratos con criterios técnicos, refiriéndose explícitamente a proyectos como Las Bambas.

El peso de la minería y la paradoja económica

La riqueza minera de Perú es un factor clave en la ecuación nacional. El país es uno de los principales productores mundiales de cobre, un recurso cuya demanda sigue firme por la transición energética global. Esa posición ayudó a que la economía peruana creciera por encima del 3% en 2024 y 2025, pese a la convulsión política que ha visto a varios presidentes en cortos periodos.

Sin embargo, la minería informal y la extracción ilegal —especialmente de oro en la Amazonía— alimentan redes criminales que financian extorsión, violencia y degradación ambiental. En 2025 se estimó que la exportación de oro ilegal alcanzó cerca de las 100 toneladas, una cifra alarmante que refleja la capacidad de las organizaciones criminales para explotar vacíos legales y territoriales.

Voto obligatorio y electorado indeciso

El sistema electoral peruano exige voto obligatorio para ciudadanos de 18 a 70 años, y existen más de 27 millones de electores registrados; alrededor de 1,2 millones de ellos votan desde el exterior. A diferencia de procesos en que la polarización se traduce en mayor movilización, en esta elección gran parte del electorado se mostró indeciso hasta el último momento: en la primera vuelta, ambos finalistas obtuvieron menos del 20% de los votos, una votación fragmentada que habla de desconfianza y dispersión de propuestas.

El analista Iván García señaló que “hay un gran grupo de votantes indecisos… ahí se jugará la batalla emocional final”. Esa incertidumbre obliga a ambos candidatos a modular discursos y a proponer respuestas rápidas a la inseguridad, sin descuidar los problemas estructurales.

Memoria política y heridas abiertas

Keiko Fujimori carga con el peso simbólico y político de su apellido. Es hija del expresidente Alberto Fujimori, cuya gestión (1990-2000) viene asociada con la derrota de la guerrilla del Sendero Luminoso pero también con graves violaciones de derechos humanos y corrupción. Ella ha tratado de reconciliar su mensaje de firmeza con gestos de moderación: “Sé que en mi vida política cometí errores, y he aprendido de ellos”, dijo en el debate, en un intento por suavizar la imagen autoritaria que muchos críticos le atribuyen.

Ese reclamo histórico influye en la percepción internacional y local: para un sector del electorado, su liderazgo promete orden; para otro, revive temores sobre el retorno de prácticas autoritarias.

Propuestas económicas y dilemas por resolver

Ambos candidatos coinciden en la necesidad de reactivar la economía y crear empleo, pero difieren en el enfoque. Fujimori propone una intervención estatal orientada a seguridad y orden público que, según sus apoyos, generaría confianza para la inversión. Sánchez, en cambio, insiste en reformas para combatir la corrupción y en una política más abierta a la inversión extranjera, particularmente china, con la salvedad de renegociaciones contractuales que, según él, protegerían mejor al Estado sin romper confianza con los inversores.

Los retos económicos son reales: la dependencia de las exportaciones mineras deja al país vulnerable a los vaivenes de precios internacionales, y la informalidad reduce la recaudación tributaria. Estas limitaciones explican por qué las promesas de seguridad y empleo se entrelazan con discusiones sobre minería, contratos y gobernabilidad local.

¿Qué puede cambiar tras la elección?

Más allá del ganador, la elección promete marcar el tono político: un triunfo de Fujimori podría traducirse en medidas rápidas y contundentes contra la inseguridad, con el riesgo de tensiones con sectores que temen retrocesos en derechos y controles democráticos. Un triunfo de Sánchez podría facilitar acuerdos con el sector privado y reformas institucionales, pero necesitaría mostrar resultados concretos contra la violencia y la extorsión para ganar legitimidad.

Para la sociedad peruana, el reto inmediato es convertir la indignación y el miedo en exigencia por soluciones efectivas, transparentes y duraderas. Historias de corrupción y deterioro institucional no se corrigen solo con mano dura ni únicamente con promesas de inversión: requieren una estrategia integral que combine seguridad, reformas judiciales, desarrollo alternativo en zonas afectadas por la minería ilegal y un compromiso real con la transparencia.

Escenarios internacionales y la mirada de los mercados

Los mercados observan con cautela: la inversión extranjera, en particular la de empresas mineras, demanda seguridad jurídica. En ese sentido, cualquier señal de confrontación con contratos vigentes o políticas abruptas podría disminuir apetito inversor. Al mismo tiempo, la certeza en el combate a la delincuencia y la estabilidad política son factores que pueden fortalecer la confianza y mejorar el clima de negocios.

En suma, la votación no decidirá solo quién ocupa el Palacio de Gobierno: definirá la hoja de ruta para enfrentar una crisis de seguridad que erosiona la vida cotidiana, para gobernar recursos naturales críticos y para reconstruir instituciones que recuperen la confianza ciudadana. Lo que está en juego va más allá de la retórica de campaña; es la viabilidad de políticas públicas capaces de reducir el temor, distribuir beneficios y sostener el crecimiento en un país de inmensas riquezas y profundas fragilidades.

• Datos de seguridad citados: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y reportes oficiales de 2025.
• Estimación del costo de la inseguridad: Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, informe 2025.
• Declaraciones citadas de los candidatos extraídas de los debates y reportes periodísticos durante la campaña.